Le ha llegado una notificación del Ayuntamiento que le ordena reparar la fachada, sanear una cornisa, consolidar un forjado o rehacer la cubierta en un plazo concreto, o bien le requieren el informe de la inspección técnica de edificios que su comunidad nunca encargó. En la provincia de Cádiz, con un parque de viviendas antiguas en el casco histórico de la capital, en San Fernando, en El Puerto de Santa María o en Jerez, y con edificios expuestos durante décadas al salitre y al levante, la orden de ejecución de obras del Ayuntamiento es un acto frecuente y costoso. Tiene detrás un deber legal real, pero también límites que la propia ley fija con precisión. En este artículo le explicamos de dónde nace esa obligación, hasta dónde llega lo que usted debe pagar, qué ocurre si no cumple, cómo se reparte el coste en una comunidad de propietarios y qué margen de defensa tiene frente a una orden desproporcionada.
Qué es una orden de ejecución de obras del Ayuntamiento y por qué le ha llegado a usted
La orden de ejecución es una resolución municipal que obliga a la persona propietaria de un terreno, una construcción o un edificio a realizar determinadas obras dentro de un plazo. No es una sanción ni presupone que usted haya cometido una infracción: es el instrumento con el que el Ayuntamiento hace efectivo el deber de conservación que la ley impone a todo propietario. Por eso puede dirigirse contra quien acaba de heredar un inmueble deteriorado o contra quien lo compró hace pocos meses, con independencia de quién provocó el deterioro.
Conviene leerla con calma desde el primer día. Una orden de ejecución bien construida identifica el inmueble, describe las deficiencias con apoyo en un informe técnico, concreta las obras que se exigen, fija un plazo para comenzarlas y otro para terminarlas, y le indica los recursos procedentes. Cuando falta alguno de estos elementos, o cuando las obras exigidas no guardan relación con las deficiencias descritas, hay argumentos para discutirla, como veremos más adelante.
El deber de conservación: la obligación legal que está detrás de la orden
El punto de partida es estatal. El artículo 15.1 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (el TRLSRU), dispone que el derecho de propiedad de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones comprende, cualquiera que sea su situación, el deber de conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato y las demás que exijan las leyes. El mismo precepto añade el deber de realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde alcance el deber legal de conservación.
La LISTA desarrolla esta obligación en Andalucía con una redacción algo más amplia. Su artículo 144.1 habla de mantener los inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad, accesibilidad universal, eficiencia energética, ornato público y demás que exijan las leyes, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, aunque para ello sea necesario el uso de espacios libres o de dominio público. Y añade un matiz que suele pasar desapercibido: para construcciones y edificaciones, el deber está condicionado por el alcance de las obras autorizables según el concreto régimen jurídico en que se encuentren, algo relevante en edificios catalogados o en situación de fuera de ordenación.
La inspección técnica de edificios en Andalucía: qué dice la LISTA
La inspección técnica de edificios en Andalucía, que la ley denomina inspección técnica de construcciones y edificaciones, es una revisión periódica de carácter preventivo a cargo de un técnico competente. La regula el artículo 145 de la LISTA en estos términos:
— Artículo 145 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
De este precepto se extraen tres ideas prácticas. La primera, que la obligación de pasar la inspección técnica de edificios en Andalucía depende de que su Ayuntamiento la haya implantado mediante ordenanza y de que su edificio esté en el área delimitada. La segunda, que es la ordenanza la que fija la periodicidad, con el límite legal de que no puede ser inferior a diez años. La tercera, que si usted no la realiza, el municipio puede ordenar que se haga o encargarla directamente y pasarle el coste.
En el plano estatal existe además el Informe de Evaluación de los Edificios. El artículo 29.1 del TRLSRU permite a la Administración competente requerir a los propietarios de inmuebles en edificaciones de tipología residencial de vivienda colectiva que acrediten su situación, al menos en cuanto al estado de conservación, al cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad universal y al grado de eficiencia energética. De ese artículo solo permanece vigente hoy el apartado 1, de modo que el contenido detallado, los plazos y los técnicos habilitados dependen de la regulación autonómica y municipal aplicable.
La inspección técnica de edificios en Cádiz y en el resto de la provincia
Cuando se busca información sobre la inspección técnica de edificios en Cádiz, la respuesta honesta es que no hay una regla única para toda la provincia. Cada Ayuntamiento decide si aprueba una ordenanza que la regule, qué zonas delimita, qué antigüedad del edificio desencadena la obligación y qué plazos concede. Lo que rige en la capital puede no coincidir con lo que rige en San Fernando, en El Puerto de Santa María, en Jerez de la Frontera o en Sanlúcar de Barrameda, y en muchos municipios pequeños puede no existir ordenanza alguna.
Por eso, antes de dar por buena cualquier afirmación general, conviene comprobar tres cosas en el propio Ayuntamiento o en su boletín oficial: si existe ordenanza de inspección técnica vigente, si su edificio está incluido en el ámbito y en el calendario que esa ordenanza fija, y qué formato de informe y qué documentación exige. Cuando el requerimiento ya ha llegado, la propia notificación suele indicar la norma municipal en la que se apoya, y ese es el texto que hay que leer.
Cómo se tramita una orden de ejecución y qué derechos tiene durante el procedimiento
La orden de ejecución es el resultado de un procedimiento administrativo y, como tal, se rige por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Lo normal es que se inicie con un informe de los servicios técnicos municipales que describe el estado del inmueble y propone las obras necesarias, y que después se dé traslado a la persona propietaria para que alegue antes de dictar la resolución.
Ese trámite de audiencia está previsto con carácter general en el artículo 82 de la Ley 39/2015, que concede a los interesados un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Es el momento para aportar un informe técnico propio que discuta el diagnóstico municipal, para advertir de que parte de las obras ya se han realizado, para señalar que algunas actuaciones no son de conservación sino de mejora, o para pedir una ampliación razonable del plazo cuando la envergadura de la obra o la necesidad de licencia lo justifican.
El límite del deber de conservación: la mitad del valor de un edificio nuevo
El deber de conservación no es ilimitado, y este es el aspecto más importante cuando la orden es costosa. La ley estatal fija un techo económico a lo que debe pagar el propietario:
— Artículo 15.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
La LISTA recoge la misma regla en su artículo 144.3, al señalar que el contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del valor del coste de reposición de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o de dimensiones equivalentes a la preexistente. Fíjese en que la comparación no se hace con el valor de mercado de su vivienda ni con lo que usted pagó por ella, sino con lo que costaría construir hoy un edificio equivalente. Es un cálculo técnico, que depende de la superficie y de las características constructivas, y que puede discutirse con un informe pericial.
El límite tiene dos consecuencias. Por un lado, si el coste de las obras ordenadas por motivos de mejora de interés general supera ese techo, el exceso corre a cargo de la Administración que las ordena, según el artículo 15.2 del TRLSRU y el artículo 144.3 de la LISTA. Por otro, si lo que supera el límite es el coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad y la seguridad a un edificio en manifiesto deterioro, entramos en el terreno de la ruina urbanística, que tiene un régimen propio.
La ley castiga la pasividad del propietario elevando el techo. El artículo 144.4 de la LISTA dispone que el contenido normal del deber de conservación podrá ser elevado hasta el setenta y cinco por ciento del coste de reposición de la construcción o el edificio correspondiente en los casos de inejecución injustificada de las obras ordenadas. El artículo 15.4 del TRLSRU contempla la misma posibilidad cuando así lo disponga la legislación autonómica, que en Andalucía lo hace.
La situación legal de ruina urbanística: qué es y qué obligaciones genera
El artículo 146 de la LISTA regula la declaración de la situación legal de ruina urbanística. Procede en dos supuestos. El primero, cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructural a un edificio en situación de manifiesto deterioro supere el límite del deber normal de conservación. El segundo, cuando el propietario acredite haber cumplido puntual y adecuadamente las recomendaciones de, al menos, las dos últimas inspecciones periódicas y el coste acumulado de esas obras, sumado al de las que quedan por hacer, supere ese límite, con una tendencia constante y progresiva al incremento de las inversiones.
La declaración corresponde al Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte, tras un procedimiento en el que debe darse audiencia al propietario y a los demás titulares de derechos afectados, como los inquilinos. El plazo máximo para notificar la resolución es de seis meses desde el acuerdo de iniciación o desde la presentación de la solicitud. La resolución debe pronunciarse sobre si ha existido o no incumplimiento del deber de conservación, y la ley excluye ese incumplimiento cuando la ruina se debe a fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, o cuando el propietario ha sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.
Declarada la ruina, el propietario debe optar entre la demolición o la completa rehabilitación y adoptar las medidas urgentes para mantener la estabilidad y la seguridad. La demolición no procede si el edificio está catalogado, protegido o sujeto a un procedimiento de catalogación, algo relevante en el conjunto histórico de Cádiz y en otros centros históricos de la provincia. El inmueble se incluye además en el Registro Municipal de Solares y edificaciones ruinosas, y el propietario dispone de un año para actuar; transcurrido ese plazo, la edificación queda en situación de ejecución por sustitución.
Hay situaciones que no admiten la tramitación ordinaria. El artículo 146.4 de la LISTA habilita al Ayuntamiento para disponer todas las medidas precisas, incluido el apuntalamiento y el desalojo, cuando una construcción o alguna de sus partes amenace con derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o para el patrimonio protegido. Estas medidas no presuponen ni implican la declaración de ruina: son actuaciones de emergencia. Las indemnizaciones que el municipio satisfaga por ellas son repercutibles al propietario hasta el límite del deber normal de conservación.
| Situación | Qué supone para el propietario | Límite de lo que debe pagar |
|---|---|---|
| Orden de ejecución de obras | Realizar las obras de conservación o rehabilitación ordenadas en el plazo fijado | La mitad del coste de reposición de un edificio nuevo equivalente |
| Obras de mejora de interés general | Ejecutar obras adicionales por motivos turísticos, culturales o de calidad del medio urbano | El mismo límite; el exceso corre a cargo de la Administración que las ordena |
| Inejecución injustificada de la orden | Multas coercitivas, ejecución subsidiaria o venta forzosa | Hasta el setenta y cinco por ciento del coste de reposición |
| Situación legal de ruina urbanística | Optar entre demoler o rehabilitar por completo y adoptar medidas urgentes | La ruina se declara precisamente cuando las reparaciones superan el límite |
| Amenaza de derrumbe inminente | Apuntalamiento, desalojo y medidas de urgencia acordadas por el Ayuntamiento | Indemnizaciones repercutibles hasta el límite del deber normal de conservación |
Qué ocurre si no cumple la orden de ejecución: multas coercitivas y ejecución subsidiaria
La LISTA concreta con cifras exactas las consecuencias de no cumplir una orden de ejecución:
— Artículo 144.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
La multa coercitiva no es una sanción. Es un medio de ejecución forzosa que busca vencer la resistencia del obligado, y el artículo 103.2 de la Ley 39/2015 aclara que es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. Por eso no se tramita como un procedimiento sancionador; si además de la multa coercitiva le abren un expediente sancionador por una infracción urbanística, ese expediente sí tiene sus propias reglas de alegaciones, prueba y caducidad, que explicamos en nuestro artículo sobre el expediente sancionador de la Administración y cómo defenderse.
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La ejecución subsidiaria consiste en que el Ayuntamiento realiza las obras, por sí o mediante un contratista, a costa del obligado. El artículo 102 de la Ley 39/2015 permite liquidar el importe de forma provisional y exigirlo antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. Esto significa que puede recibir una liquidación por el presupuesto estimado antes de que la obra empiece, y que después habrá que comprobar si lo realmente ejecutado coincide con lo cobrado.
La LISTA va un paso más allá: el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilita a la Administración para colocar el edificio en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución. Y el artículo 15.4 del TRLSRU añade que el acto firme que aprueba la orden de ejecución determina la afección real directa e inmediata del inmueble al cumplimiento del deber de conservación, que se hace constar mediante nota marginal en el Registro de la Propiedad. En otras palabras, la deuda sigue a la finca aunque usted la venda.
Orden de ejecución en una comunidad de propietarios: quién paga las obras
Cuando el edificio está dividido en propiedad horizontal, la mayoría de las órdenes de ejecución afectan a elementos comunes: fachadas, cubiertas, estructura, patios, bajantes o instalaciones generales. En ese caso, el obligado frente al Ayuntamiento es la comunidad de propietarios. El artículo 17.5.b) del TRLSRU atribuye a las comunidades de propietarios la realización de las actuaciones sobre el medio urbano respecto de los elementos comunes de la construcción o el edificio, sin perjuicio del deber de cada propietario de contribuir a los gastos en los términos de los estatutos.
La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, es tajante en su artículo 10.1.a): tienen carácter obligatorio y no requieren acuerdo previo de la Junta los trabajos y obras necesarios para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble, incluidas las derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación. Una orden de ejecución no se vota: se cumple.
— Artículo 10.2 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal
La Junta, por tanto, no decide si se hacen las obras, sino cómo se reparte y cuándo se paga su coste. El reparto sigue la cuota de participación fijada en el título o lo especialmente establecido, conforme al artículo 9.1.e) de la misma ley, y los pisos y locales quedan afectos al pago de estos gastos en los mismos términos que los gastos generales. El fondo de reserva, que el artículo 9.1.f) destina precisamente a las obras de conservación, reparación y rehabilitación, puede aplicarse a cubrir una parte. Las cuestiones de funcionamiento de la Junta, mayorías e impugnación de acuerdos las tratamos en nuestro artículo sobre los problemas más habituales en las comunidades de propietarios de Cádiz; el cobro al propietario que no paga su parte tiene su propio cauce y no lo desarrollamos aquí.
Si un vecino se opone, la consecuencia la marca el artículo 10.2.b) de la Ley de Propiedad Horizontal: quien se oponga o demore injustificadamente la ejecución de la orden responde individualmente de las sanciones que puedan imponerse en vía administrativa. Es un mecanismo pensado para que la comunidad no cargue con la sanción provocada por un solo vecino, y conviene que el acta de la Junta y las comunicaciones posteriores reflejen con claridad quién ha impedido o retrasado las obras.
Si la vivienda está alquilada: propietario, inquilino y obras ordenadas
Frente al Ayuntamiento, la obligada es la propiedad. Pero el artículo 17.5.a) del TRLSRU prevé que las actuaciones sobre el medio urbano corresponden a los propietarios y a los titulares de derechos de uso otorgados por ellos en la proporción acordada en el contrato y, si nada se ha pactado, en función de si las obras tienen o no el carácter de reparaciones menores motivadas por el uso diario de la vivienda.
En los arrendamientos de vivienda, el artículo 21 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, obliga al arrendador a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, salvo que el deterioro sea imputable al arrendatario. El inquilino debe soportar la obra de conservación que no pueda diferirse razonablemente hasta el final del contrato y, si dura más de veinte días, la renta ha de disminuirse en proporción a la parte de la vivienda de la que se vea privado. Las pequeñas reparaciones por desgaste del uso ordinario corren a cargo del arrendatario.
La orden de ejecución y el título habilitante para hacer las obras
Recibir una orden de ejecución no significa que pueda empezar a trabajar al día siguiente sin más trámite. Dependiendo del alcance de la intervención, del régimen del edificio y de lo que diga la propia orden, puede ser necesario presentar un proyecto técnico, obtener licencia o presentar declaración responsable, y en edificios protegidos pueden intervenir además otras administraciones. La diferencia entre licencia urbanística y declaración responsable en Andalucía, y los riesgos de construir sin título, los explicamos en nuestro artículo sobre licencia de obras o declaración responsable en Andalucía.
Lo recomendable es preguntar por escrito al Ayuntamiento, desde el primer momento, si la orden ampara por sí misma la ejecución de las obras o si debe tramitarse un título habilitante, y dejar constancia de la fecha de la solicitud. Si el plazo concedido en la orden se agota mientras el Ayuntamiento tramita la licencia, esa circunstancia debe alegarse: difícilmente puede calificarse de injustificada la inejecución cuando el retraso obedece a la propia Administración.
Cómo recurrir una orden de ejecución de obras del Ayuntamiento
Las resoluciones de la Alcaldía, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local ponen fin a la vía administrativa, según el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y lo mismo ocurre con las dictadas por delegación de la Alcaldía. Contra ellas cabe un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, conforme al artículo 124 de la Ley 39/2015, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación, según el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia que corresponda.
Los motivos de impugnación más habituales son de fondo y técnicos. Se discute que las obras exigidas sean realmente de conservación y no de mejora; que su coste supere el límite legal del deber de conservación, lo que obliga a comparar el presupuesto con el coste de reposición de un edificio equivalente; que el informe municipal no justifique la necesidad de alguna partida; que el plazo sea materialmente imposible; que la orden se dirija contra quien no es el obligado; o que se haya prescindido del trámite de audiencia. En todos estos casos, un informe técnico independiente es la pieza central.
Hay que tener muy en cuenta que recurrir no paraliza por sí solo la orden. El artículo 117 de la Ley 39/2015 establece que la interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto, salvo que se acuerde la suspensión por causar perjuicios de imposible o difícil reparación o por fundarse en una causa de nulidad de pleno derecho. Si pide la suspensión y en un mes no se resuelve, la ejecución se entiende suspendida. Pedirla expresamente, y justificarla, es imprescindible cuando la orden implica un desembolso elevado.
Casco histórico de Cádiz, San Fernando y El Puerto: edificios antiguos y deber de conservación
En los centros históricos de Cádiz, San Fernando, El Puerto de Santa María, Jerez o Sanlúcar, muchos edificios tienen algún grado de protección en el planeamiento municipal, lo que refuerza el deber de conservar y condiciona técnicas, materiales y plazos. En estos inmuebles es frecuente, además, que concurran varios titulares, herederos que no han partido la herencia, arrendamientos antiguos y locales comerciales, lo que complica tanto la ejecución de las obras como el reparto del coste. También es frecuente que la orden llegue tras años de mantenimiento insuficiente, y ahí la discusión sobre el límite del deber de conservación y sobre la posible declaración de ruina adquiere una importancia económica decisiva. Si la situación de su edificio le plantea dudas de este tipo, nuestro equipo de abogados de derecho urbanístico en Cádiz puede revisar la orden, el informe técnico y el régimen de protección aplicable.
En cuanto a las ayudas, el artículo 144.4 de la LISTA permite a los Ayuntamientos establecer ayudas públicas en las condiciones que estimen oportunas, incluida la explotación conjunta del inmueble y bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias. Además, existen programas de rehabilitación que convocan periódicamente otras administraciones. Su existencia, cuantía y requisitos cambian con cada convocatoria, por lo que no podemos darle cifras generales: lo prudente es consultar las convocatorias vigentes antes de contratar las obras, porque muchas exigen solicitar la ayuda antes de empezar.
Qué hacer desde el día en que recibe la orden de ejecución
Desde el día en que recibe la notificación, anote la fecha, calcule los plazos de alegaciones o de recurso y pida el expediente completo, en especial el informe técnico municipal. Después conviene encargar una valoración técnica propia que diga qué es urgente, qué es necesario para la conservación y qué es mejora, y que estime el coste de las obras y el coste de reposición de un edificio equivalente. Con esa información se decide si procede cumplir, negociar un calendario con el Ayuntamiento, recurrir total o parcialmente, o solicitar la declaración de ruina. En una comunidad de propietarios, el presidente o el administrador deben convocar la Junta para distribuir la derrama y dejar constancia de la orden y de las decisiones adoptadas.
Por último, documente todo: comunicaciones con el Ayuntamiento, solicitudes de licencia, presupuestos, contratos, certificados de fin de obra y facturas. Si la orden se cumple, esa documentación acredita el cumplimiento; si se discute, es la prueba; y si en el futuro el edificio vuelve a necesitar obras importantes, la acreditación de haber seguido las recomendaciones de las inspecciones puede ser relevante para una eventual declaración de ruina. En los asuntos que afectan a comunidades, nuestro servicio de abogados de comunidades de propietarios en Cádiz acompaña a la Junta en el reparto y en la relación con el Ayuntamiento.
Preguntas Frecuentes sobre la orden de ejecución de obras y la inspección técnica de edificios
¿Puede el Ayuntamiento obligarme a arreglar la fachada de mi edificio?
Sí. La ley impone a todo propietario el deber de conservar sus inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, y en Andalucía el artículo 144 de la LISTA obliga a los Ayuntamientos a ordenar las obras necesarias, de oficio o a petición de cualquier interesado. Si el edificio está en propiedad horizontal y la orden afecta a elementos comunes, la obligada es la comunidad y las obras no necesitan acuerdo previo de la Junta, que solo decide el reparto y el pago de la derrama.
¿Hay un límite a lo que tengo que pagar por una orden de ejecución?
Sí. El deber de conservación tiene como límite la mitad del coste de reposición de un edificio de nueva planta equivalente al suyo, con similares características y superficie útil. Si las obras de mejora ordenadas lo superan, el exceso lo paga la Administración que las ordena. Ese límite puede elevarse hasta el setenta y cinco por ciento si usted incumple sin justificación la orden, por lo que ignorarla suele salir más caro.
¿Es obligatoria la inspección técnica de edificios en Cádiz?
Depende del municipio. La LISTA permite a cada Ayuntamiento delimitar mediante ordenanza las áreas cuyos edificios deben pasar una inspección periódica, con una periodicidad mínima de diez años. Debe comprobar si su Ayuntamiento tiene ordenanza vigente y si su edificio está incluido. Si le requieren el informe y no lo presenta, el municipio puede ordenar su realización o encargarla a costa de los propietarios.
¿Qué pasa si no hago las obras que me ordena el Ayuntamiento?
El Ayuntamiento puede imponer hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, cada una del diez por ciento del coste estimado de las obras, con un mínimo de seiscientos euros y un máximo de cinco mil. También puede ejecutar las obras a su costa, liquidando el importe incluso antes de empezar, o colocar el edificio en situación de venta forzosa. La orden firme, además, grava el inmueble mediante nota en el Registro.
¿Recurrir una orden de ejecución paraliza la obligación de hacer las obras?
No automáticamente. Un recurso no suspende por sí solo la ejecución del acto: hay que pedir expresamente la suspensión y justificarla, por ejemplo por los perjuicios de difícil reparación que causaría un desembolso elevado. Si la Administración no resuelve esa petición en un mes, la ejecución se entiende suspendida. El plazo del recurso de reposición es de un mes y el del contencioso-administrativo de dos meses desde la notificación.
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