Abogado de incapacidad permanente por enfermedades digestivas, hepáticas y renales

Una enfermedad que va por brotes frente a una valoración hecha en un solo día

La incapacidad permanente se declara a partir de un estado de salud que se considera definitivo. El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social recoge en su artículo 194 los cuatro grados posibles, que son la incapacidad permanente parcial, la total, la absoluta y la gran incapacidad. Y el Real Decreto 1300/1995 atribuye a los equipos de valoración de incapacidades la función de examinar la situación y de elevar al director provincial un dictamen-propuesta que, conviene subrayarlo, es preceptivo pero no vinculante.

Ese esquema encaja razonablemente bien con una lesión traumática que se estabiliza en un punto y ahí se queda. Encaja mucho peor con una enfermedad inflamatoria intestinal, con una hepatopatía crónica o con una pancreatitis de repetición, porque en estos cuadros lo que se examina no es un destino sino un momento de una trayectoria irregular. La persona puede llegar a la cita en una fase tranquila, con una analítica aceptable y un aspecto normal, después de un año con tres brotes, dos visitas a urgencias y un cambio completo de tratamiento. Si el expediente solo aporta la fotografía de ese día, la valoración se hará sobre ella.

Aquí conviene detenerse en lo que dice exactamente el artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social, porque suele citarse a medias. Define la incapacidad permanente como la situación de quien, tras el tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Y añade de inmediato que no obsta a esa calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral si esa posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. Esa última frase es decisiva en estas patologías: la remisión de un brote no es una recuperación cierta ni definitiva, sino una fase que precede a otra de la que nadie sabe cuándo llegará.

El razonamiento que se emplea para negar el carácter permanente tiene, por tanto, un defecto de base. Confunde ausencia de síntomas en una fecha con capacidad laboral estable, y en estas enfermedades esa equivalencia no se sostiene. Un brote no avisa, y un puesto de trabajo no puede organizarse alrededor de algo que no avisa. La imprevisibilidad no es un adorno del cuadro clínico: es, en sí misma, la limitación principal. Ningún empleador puede contar con una prestación de servicios regular cuando la persona puede quedar fuera de juego durante semanas sin previo aviso, y ninguna persona puede comprometerse a un rendimiento continuado cuando su propio cuerpo no se lo garantiza.

De ahí la primera regla de trabajo en estos asuntos: documentar la evolución y no solo el estado actual. Un expediente bien armado permite comparar, con documentación objetiva, cómo estaba la persona hace tres o cinco años y cómo está hoy; cuántos episodios ha habido y de qué intensidad; cuántos ingresos y cuántas asistencias urgentes; qué tratamientos se han sucedido y por qué se han ido cambiando; qué complicaciones han aparecido; qué actividades se han abandonado por el camino. Esa línea temporal es la que convierte un diagnóstico en una limitación funcional acreditada y la que da sentido a la declaración de permanencia.

La carga del tratamiento como limitación laboral por derecho propio

El segundo error sistemático es más sutil y, en la práctica, más costoso. La valoración administrativa se concentra en el órgano enfermo y en los parámetros que lo miden, y deja fuera lo que el tratamiento exige de la persona. Sin embargo, en estas enfermedades el tratamiento no es un paréntesis, sino una estructura permanente que ocupa tiempo, impone restricciones y genera efectos adversos propios. Quien valora la capacidad laboral de un paciente renal atendiendo únicamente a su filtrado glomerular está midiendo el órgano y no la vida.

El ejemplo más claro es el tratamiento sustitutivo renal. Una persona en hemodiálisis hospitalaria acude al centro tres veces por semana, permanece conectada varias horas en cada sesión y necesita después un tiempo de recuperación en el que la hipotensión, los calambres, las náuseas y el agotamiento hacen inviable cualquier actividad de provecho. Si a eso se añade el desplazamiento de ida y de vuelta, el resultado aritmético es que tres días completos de cada semana están comprometidos, y los días intermedios no son días plenos, porque el paciente los atraviesa con la sobrecarga de líquido y de toxinas que se irá corrigiendo en la sesión siguiente. Ninguna jornada laboral ordinaria se acomoda a eso, y la diálisis peritoneal, que parece más flexible, impone a cambio intercambios diarios en condiciones de asepsia que tampoco toda actividad permite.

La inmunosupresión funciona de manera parecida. Un tratamiento con fármacos biológicos o con inmunosupresores clásicos, necesario para mantener a raya una enfermedad inflamatoria intestinal o para preservar un injerto, coloca a la persona en una situación de vulnerabilidad frente a infecciones que resulta incompatible con determinados entornos laborales. No se trata de una recomendación prudente, sino de una contraindicación con contenido propio en trabajos que suponen contacto estrecho con personas enfermas, manipulación de residuos, exposición a agentes biológicos o presencia en espacios cerrados con gran afluencia de público.

La urgencia defecatoria merece una mención específica, porque es la limitación que con más frecuencia se oculta y la que con más rotundidad condiciona la jornada. Una persona con enfermedad de Crohn activa o con colitis ulcerosa en brote puede necesitar acudir al aseo muchas veces al día, con muy poco margen entre el aviso y la necesidad, y con episodios de incontinencia. Eso no es compatible con una cadena de producción, con la conducción profesional, con la atención presencial al público, con el trabajo en altura o en espacios confinados, ni con ninguna tarea que no pueda interrumpirse en cualquier momento. La dificultad está en que se trata de una limitación que nadie describe espontáneamente, porque es incómoda de contar, y que por tanto no llega al expediente si no se recoge de forma expresa.

A todo ello se añaden las restricciones dietéticas y el estado nutricional. Muchos de estos pacientes deben comer poco y a menudo, evitar determinados alimentos, respetar horarios estrictos, controlar la ingesta de líquidos, de potasio o de fósforo, o sostener una nutrición enteral o parenteral. Un turno rotatorio, un turno de noche, un trabajo con desplazamientos continuos o una actividad sin pausas reguladas convierten esas prescripciones en imposibles. Y cuando la nutrición falla, aparece la astenia persistente, que es la queja más repetida en todas estas enfermedades y la peor acreditada, porque no se ve, no se mide en una exploración convencional y se confunde con el cansancio ordinario de cualquiera.

Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa: cómo se documenta un curso en brotes

La enfermedad inflamatoria intestinal concentra, ella sola, casi todas las dificultades de este grupo. Su curso alterna periodos de actividad con periodos de remisión, y esa alternancia es exactamente el argumento que se utiliza con más frecuencia para negar el carácter definitivo de la situación: si hay remisión, se sostiene, no hay permanencia, y procede esperar. Ya hemos visto que el propio artículo 193 desmonta ese razonamiento cuando la recuperación es incierta. Queda la parte práctica, que consiste en dejar constancia de esa incertidumbre con documentación y no con adjetivos.

Documentar un curso en brotes exige, en primer lugar, informes seriados. No sirve un único informe reciente, por completo que sea, porque describe un momento. Sirve la sucesión de informes de consulta de digestivo a lo largo de los años, en los que se aprecie cuándo hubo actividad, con qué intensidad y cuánto duró. Esa serie es la que dibuja el patrón, y el patrón es lo que permite afirmar que la enfermedad no está resuelta sino contenida de manera precaria.

En segundo lugar, los ingresos hospitalarios y las asistencias en urgencias. Cada informe de alta hospitalaria y cada atención urgente son piezas objetivas, fechadas y ajenas a la voluntad del paciente, que acreditan por sí solas la gravedad de los episodios. Es frecuente que no se aporten porque se presume que el organismo ya dispone de ellos, y esa presunción es arriesgada: lo que no consta en el expediente no existe para quien lo resuelve.

En tercer lugar, la historia terapéutica completa. La secuencia de tratamientos es, en realidad, una narración de fracasos sucesivos, y como tal se lee: los corticoides que hubo que repetir, la corticodependencia, el inmunosupresor que no controló la enfermedad, el primer biológico, la pérdida de respuesta, el cambio de diana terapéutica, la intensificación de la pauta. Cada escalón documenta que el anterior no bastó. Que un paciente se encuentre estable con el cuarto tratamiento ensayado no significa que esté curado, sino que se le sostiene con el último recurso disponible y que la reserva terapéutica es escasa.

En cuarto lugar, los índices de actividad. Los servicios de digestivo aplican escalas validadas para medir la actividad de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa, y esos índices, junto con los marcadores biológicos y los hallazgos endoscópicos, aportan una medida objetiva que el expediente necesita. Lo relevante no es el valor aislado del día de la consulta, sino la serie de valores a lo largo del tiempo, porque es la serie la que demuestra la inestabilidad. Cuando esos datos se acompañan de la descripción de la repercusión funcional, la afirmación de que existe una limitación grave deja de ser una opinión de parte.

Y en quinto lugar, las complicaciones y las secuelas. Las fístulas perianales, los abscesos, las estenosis, las resecciones intestinales previas, la afectación articular, ocular o cutánea asociada, la anemia de repetición y la desnutrición son elementos que pesan de manera decisiva y que con frecuencia quedan dispersos en informes de otros servicios que nadie reúne. El trabajo de reunirlos y de ordenarlos en un relato coherente es, en buena medida, lo que separa un expediente que se resuelve favorablemente de otro que no.

Celiaquía refractaria, síndrome de intestino corto y ostomías

La celiaquía común, bien controlada con dieta, no plantea por sí sola un problema de capacidad laboral, y conviene decirlo con claridad. La celiaquía refractaria es otra cosa. En ella la lesión intestinal persiste pese al cumplimiento estricto de la dieta, con malabsorción mantenida, pérdida de peso, déficits nutricionales, diarrea crónica y necesidad de tratamientos adicionales. Cuando ese cuadro se prolonga, la repercusión sobre el estado general es profunda y la astenia resultante impide sostener un rendimiento laboral continuado. Documentarla exige informes de digestivo que acrediten la refractariedad, el seguimiento del estado nutricional y las pruebas que descarten otras causas, porque el expediente debe cerrar por sí mismo la objeción evidente de que bastaría con cumplir la dieta.

El síndrome de intestino corto, consecuencia habitual de resecciones amplias, sitúa el problema en otro plano. Aquí no hay brotes: hay un déficit anatómico permanente y una dependencia de la nutrición que no admite discusión. La diarrea de alto débito, la deshidratación recurrente, los trastornos hidroelectrolíticos, la necesidad de suplementos o de nutrición parenteral domiciliaria y el tiempo que todo ello consume configuran una situación que resulta incompatible con la inmensa mayoría de las actividades laborales. En estos casos el expediente debe apoyarse en el informe de la unidad de nutrición, que es quien conoce el detalle del soporte, y no solo en el informe quirúrgico que describe la resección.

Las ostomías, ya sean ileostomías, colostomías o urostomías, plantean un problema distinto y son un buen ejemplo de por qué la calificación no puede hacerse por el diagnóstico. Llevar un estoma no determina automáticamente ningún grado, porque lo que se valora es la repercusión funcional en relación con la profesión habitual. Hay personas con un estoma bien adaptado que desarrollan sin dificultad un trabajo de oficina, y personas con el mismo estoma para quienes su profesión resulta sencillamente imposible.

Lo relevante, por tanto, es cómo se comporta ese estoma en la vida real y qué exige el puesto. La frecuencia de vaciado, la presencia de fugas, la dermatitis periestomal de repetición, la hernia paraestomal, la necesidad de acceso inmediato y reservado a un aseo con condiciones mínimas de higiene, la limitación para los esfuerzos que aumentan la presión abdominal, la mala tolerancia al calor, a los uniformes ajustados o a los arneses de seguridad, y la restricción para agacharse o para mantener determinadas posturas son datos concretos que pueden documentarse y que, confrontados con las tareas reales del puesto, permiten sostener una incapacidad permanente total con argumentos objetivos. Cuando además concurre el cuadro de base que motivó la cirugía, con su propia actividad y su propio tratamiento, la discusión puede plantearse en un grado superior.

En todos estos supuestos hay un elemento común que conviene anticipar: la objeción de que el paciente puede realizar tareas sedentarias. Esa objeción solo se responde bien si el expediente ha acreditado previamente que la limitación no depende de la postura ni del esfuerzo, sino de la imprevisibilidad, del tiempo consumido por el tratamiento y del estado general, porque todos ellos afectan igual a una tarea sentada que a una de pie.

Cirrosis, hepatopatía crónica y pancreatitis crónica

Las enfermedades hepáticas crónicas presentan una particularidad que las hace especialmente vulnerables a una valoración superficial: durante largos periodos son silentes, y una persona con una cirrosis compensada puede tener un aspecto excelente y una exploración poco llamativa. La enfermedad, sin embargo, avanza, y lo hace por escalones marcados por las descompensaciones. Cada episodio de ascitis, cada hemorragia digestiva por varices, cada peritonitis bacteriana espontánea y, sobre todo, cada episodio de encefalopatía hepática señalan un cambio de estadio que no revierte del todo.

La encefalopatía merece atención particular porque es, con diferencia, lo que más limita y lo peor documentado. En sus formas mínimas no produce desorientación evidente, sino lentitud de procesamiento, fallos de atención, alteración del ritmo sueño-vigilia y torpeza en tareas que exigen precisión. Nada de eso se aprecia en una entrevista breve, y sin embargo es incompatible con la conducción, con el manejo de maquinaria, con el trabajo en altura y con cualquier actividad que requiera concentración sostenida o responsabilidad sobre terceras personas. El riesgo de que un episodio se desencadene sin aviso convierte esas actividades en peligrosas, no solo en difíciles.

A la encefalopatía se suman la astenia profunda, que en la hepatopatía crónica alcanza una intensidad que poco tiene que ver con el cansancio ordinario; el prurito incoercible de las colestasis, que impide dormir y arrastra el rendimiento del día siguiente; la sarcopenia y la desnutrición, que reducen la tolerancia al esfuerzo; y el riesgo hemorrágico derivado de la coagulopatía y de la trombopenia, que contraindica los trabajos con riesgo de traumatismo. Documentar todo esto exige un informe de hepatología que vaya más allá del estadio y describa la repercusión, los episodios sufridos y el pronóstico, junto con los informes de alta de cada descompensación.

Conviene recordar además que determinadas hepatopatías tienen un origen laboral reconocible. El cuadro de enfermedades profesionales incluye un grupo dedicado a las enfermedades causadas por agentes químicos y otro a las causadas por agentes biológicos, y en determinadas actividades y con determinados agentes una hepatopatía tóxica o una infección vírica pueden tener cabida en él. La contingencia de la que deriva la incapacidad no es un detalle menor, porque condiciona la forma de calcular la prestación y el sujeto responsable, y por eso conviene analizarla desde el principio y no cuando el expediente ya está resuelto. Tratamos esta cuestión con más detalle en la página dedicada a las enfermedades profesionales.

La pancreatitis crónica cierra este bloque con un perfil propio. Su elemento dominante es el dolor, que es continuo o recurrente, de intensidad elevada, desencadenado o agravado por la ingesta y con frecuencia refractario. A ello se añaden la insuficiencia pancreática exocrina, con esteatorrea, malabsorción y pérdida de peso pese al tratamiento enzimático sustitutivo, y la insuficiencia endocrina en forma de diabetes de difícil control. La objeción habitual es que el dolor no se mide con ninguna prueba objetiva, lo que es cierto; lo que sí puede documentarse es todo lo que lo rodea, esto es, la escalada terapéutica analgésica, las asistencias urgentes, los ingresos, los hallazgos de imagen, la pérdida ponderal sostenida y los efectos del tratamiento sobre la atención y la vigilia. La coherencia entre la exploración, las pruebas y el tratamiento pautado es lo que sostiene la credibilidad del conjunto.

Insuficiencia renal crónica y diálisis: cuando el tratamiento ocupa la jornada

La enfermedad renal crónica avanzada se valora con excesiva frecuencia atendiendo casi en exclusiva a las cifras de función renal, como si la capacidad laboral fuese una función matemática del filtrado glomerular. No lo es. Antes de llegar al tratamiento sustitutivo, el paciente ya arrastra anemia, alteraciones del metabolismo mineral, hipertensión de difícil control, sobrecarga de líquidos, prurito, calambres, trastornos del sueño y una astenia que reduce de forma apreciable la tolerancia al esfuerzo. Todo ello, además, en un contexto de comorbilidad frecuente con diabetes o con cardiopatía, que multiplica el efecto.

Cuando se inicia la hemodiálisis, la situación cambia de naturaleza. Ya no se trata solo de un órgano que funciona mal, sino de una vida organizada alrededor de un calendario terapéutico inamovible. Tres sesiones semanales de varias horas cada una, con desplazamiento, con el tiempo previo de preparación y con el periodo posterior de recuperación, no dejan espacio para una jornada laboral ordinaria. Y los días sin sesión no son días normales: son los días en que se acumula el líquido y los productos de desecho que la sesión siguiente retirará, con la sintomatología que eso conlleva.

Hay además elementos que rara vez se ponderan y que conviene incorporar al expediente. El acceso vascular, sea una fístula arteriovenosa o un catéter, impone cuidados y restricciones permanentes: nada de cargas ni de esfuerzos con ese brazo, nada de compresiones, cuidado extremo con los traumatismos y con la exposición a ambientes sucios por el riesgo de infección. Un catéter venoso central añade limitaciones adicionales y un riesgo infeccioso que contraindica determinados entornos. Las complicaciones del acceso, que son frecuentes, obligan a intervenciones y a periodos de inactividad que fragmentan aún más cualquier intento de continuidad laboral.

La diálisis peritoneal se presenta a veces como una alternativa compatible con el trabajo, y en algunos casos lo es, pero no sin condiciones. Exige varios intercambios diarios o una conexión nocturna prolongada, en ambos casos con requisitos estrictos de higiene y de espacio que la mayoría de los centros de trabajo no reúne. Exige también una disciplina horaria que los turnos rotatorios hacen imposible. Y conlleva un riesgo de peritonitis que se agrava en entornos polvorientos, húmedos o contaminados. Afirmar sin matices que la diálisis peritoneal permite trabajar es tan inexacto como afirmar que la impide siempre: depende de la profesión, y por eso el expediente debe describir la profesión con el mismo detalle con que describe la enfermedad.

Un punto final sobre el momento de solicitar. Es habitual que se aconseje esperar a ver cómo evoluciona el paciente tras el inicio de la diálisis o tras la inclusión en lista de espera de trasplante. Esa espera tiene un coste, porque mientras tanto la situación se sostiene con prestaciones de duración limitada y porque los informes de la fase aguda, que describen el deterioro con un detalle que después ya nadie vuelve a recoger, van quedando atrás. Encontrar el equilibrio entre no precipitar la solicitud y no dejar que el expediente se enfríe forma parte del trabajo del despacho, y se decide caso por caso, nunca por una regla general.

El paciente trasplantado: estar bien y ser inmunodeprimido de por vida

El trasplante es el supuesto en el que la distancia entre la apariencia y la realidad alcanza su máximo. Una persona trasplantada de riñón, de hígado o de páncreas puede presentarse a la valoración con buen aspecto, con una analítica correcta y con una vida cotidiana razonablemente normal, y esa impresión pesa. Pero un trasplante no es una curación: es la sustitución de una insuficiencia de órgano por una situación nueva, la de inmunodepresión farmacológica mantenida de por vida, con sus propias exigencias y sus propios riesgos.

La inmunosupresión permanente implica una susceptibilidad aumentada a las infecciones, incluidas las oportunistas, y un riesgo neoplásico incrementado a largo plazo. Implica también efectos adversos propios de los fármacos, que van de la nefrotoxicidad a la hipertensión, la diabetes postrasplante, la dislipemia, el temblor, la cefalea, los trastornos digestivos y la astenia. Implica controles analíticos y clínicos frecuentes, con ajustes de dosis que obligan a acudir al hospital con una periodicidad que ninguna empresa organiza con facilidad. Y implica, sobre todo, la posibilidad siempre abierta del rechazo, agudo o crónico, que puede aparecer años después y devolver al paciente al punto de partida.

Desde el punto de vista laboral, la consecuencia es que hay profesiones objetivamente incompatibles con esa condición, con independencia de que la persona se encuentre bien. El trabajo sanitario y sociosanitario con contacto estrecho con personas enfermas, la manipulación de residuos, la limpieza hospitalaria, el trabajo en laboratorios con agentes biológicos, la actividad agrícola y ganadera con exposición a tierra, polvo orgánico o animales, la manipulación de alimentos y cualquier ocupación en entornos cerrados con gran afluencia de público colocan al paciente ante un riesgo que no es teórico. A ello se añaden las profesiones que se desarrollan lejos de asistencia médica accesible, como el trabajo embarcado o los destinos en el extranjero sin cobertura sanitaria equivalente, en las que una complicación del injerto o una infección podrían no atenderse a tiempo.

Ese último grupo tiene relevancia especial en el entorno del Campo de Gibraltar y de la bahía de Cádiz, donde el trabajo en el mar es una realidad laboral de primer orden. El régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar ordena la protección social de este colectivo, y en él la cuestión del acceso a asistencia durante la navegación adquiere un peso que no tiene en tierra. Un paciente en diálisis o un paciente trasplantado no puede embarcar en condiciones de seguridad, y esa imposibilidad debe quedar expresamente razonada en el expediente y no darse por supuesta.

Para que todo esto llegue a la resolución hace falta un informe de la unidad de trasplante que no se limite a certificar que el injerto funciona. Debe detallar el tratamiento inmunosupresor y su carácter indefinido, los efectos secundarios presentes, la frecuencia de los controles, los episodios de rechazo o de infección ya sufridos y las contraindicaciones laborales concretas que de todo ello se derivan. Un informe redactado en esos términos cambia por completo el punto de partida de la valoración.

Profesiones que no admiten estas patologías

La incapacidad permanente total se define por referencia a la profesión habitual, y esa referencia es la clave de todo el análisis en este grupo de enfermedades. Dos personas con idéntico cuadro clínico pueden merecer resoluciones distintas porque sus profesiones son distintas, y eso no es una anomalía del sistema sino su lógica interna. Por eso un expediente que describe con detalle la enfermedad y despacha la profesión con una etiqueta genérica está desaprovechando la mitad de su fuerza.

La manipulación de alimentos es el ejemplo más evidente. La normativa de higiene alimentaria excluye de la manipulación directa a quien presenta determinados procesos infecciosos o lesiones cutáneas, y un paciente inmunodeprimido con brotes de diarrea, o portador de un estoma, se sitúa en una posición difícilmente sostenible en hostelería, en industria alimentaria o en cocina colectiva. El sector sanitario y sociosanitario plantea el problema inverso y complementario: el riesgo no es solo para terceros, sino para el propio trabajador inmunodeprimido expuesto a enfermos.

La conducción profesional se ve afectada por varias vías simultáneas. La urgencia defecatoria hace inviable un trayecto sin paradas previsibles; la encefalopatía hepática mínima compromete la atención y el tiempo de reacción; los efectos de la analgesia mayor en la pancreatitis crónica afectan a la vigilia; y la fatiga de la enfermedad renal avanzada reduce la capacidad de mantener una conducción segura durante horas. El trabajo con maquinaria, en altura, en espacios confinados o con riesgo eléctrico comparte esas objeciones y añade la del riesgo hemorrágico en los pacientes con coagulopatía.

La atención presencial al público, en cualquiera de sus formas, choca frontalmente con la imprevisibilidad intestinal, con la imposibilidad de abandonar el puesto en cualquier momento y, en el paciente inmunodeprimido, con la exposición continua a personas que pueden estar cursando procesos infecciosos. Los turnos rotatorios y el trabajo nocturno son incompatibles con los horarios rígidos de medicación, con las pautas dietéticas fraccionadas y con el calendario de diálisis, y además desestabilizan por sí mismos el control de la enfermedad inflamatoria intestinal. El trabajo físico intenso queda excluido por la sarcopenia, la desnutrición, la anemia y, en el portador de estoma, por la restricción de esfuerzos que aumentan la presión abdominal.

Queda un último grupo que suele olvidarse: las profesiones que exigen desplazamientos prolongados o estancias en lugares sin acceso rápido a un centro sanitario de referencia. El transporte internacional, la construcción en obras aisladas, el trabajo embarcado o los proyectos en el extranjero sitúan al paciente lejos del equipo que lo controla y del hospital donde constan sus antecedentes, en condiciones en las que una descompensación o una infección pueden convertirse en un problema mayor. Ninguna de estas incompatibilidades se presume: todas deben describirse en el expediente con las tareas concretas del puesto, y por eso pedimos siempre al cliente que nos explique su jornada tal como es, con lo que hace de verdad y no con lo que dice el nombre de su categoría profesional.

Qué informes sostienen de verdad un expediente digestivo, hepático o renal

El informe del servicio que lleva el seguimiento es el eje del expediente, pero rinde poco si se limita al diagnóstico y al tratamiento actual. Debe recoger la fecha de inicio de la enfermedad, el número y la gravedad de los brotes o de las descompensaciones, los índices de actividad aplicados y su evolución, las pruebas que los sustentan, los tratamientos ensayados con las razones de cada cambio, las complicaciones aparecidas y las secuelas ya consolidadas. Y debe describir, en un apartado propio, las limitaciones funcionales concretas que de todo ello se derivan, en términos de lo que la persona puede y no puede hacer durante una jornada.

Alrededor de ese informe se sitúan los demás. Los informes de alta hospitalaria y las asistencias en urgencias, que son las piezas objetivas por excelencia. El informe de nefrología con el calendario real de sesiones de diálisis, su duración, las incidencias intradiálisis y el estado posterior. El informe de hepatología con el estadio, los episodios de descompensación y la valoración de la encefalopatía. El informe de la unidad de trasplante en los términos que hemos descrito. El informe de la unidad de nutrición cuando hay malabsorción, soporte nutricional o pérdida ponderal sostenida, porque el estado nutricional explica buena parte de la astenia y casi nadie lo aporta. Y los informes de las especialidades que atienden las manifestaciones asociadas, que en la enfermedad inflamatoria intestinal pueden ser reumatología, dermatología u oftalmología.

Hay dos piezas más que conviene no descuidar. La primera es la documentación del grado de discapacidad si se tiene reconocido. El grado de discapacidad y el grado de incapacidad permanente son cosas distintas y responden a normas distintas: el primero se rige por el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y por el baremo del Real Decreto 888/2022, mientras que el segundo se resuelve conforme a la Ley General de la Seguridad Social. Tener reconocido un grado de discapacidad no determina el resultado del expediente de incapacidad, pero la documentación generada en aquel procedimiento suele ser muy útil y con frecuencia no se aporta.

La segunda es la repercusión psíquica, que en estas enfermedades es alta y sistemáticamente ignorada. Convivir durante años con una enfermedad impredecible, con un estoma, con una dependencia de la diálisis o con la incertidumbre de un injerto produce con frecuencia cuadros ansioso-depresivos que se tratan en paralelo y que nadie incorpora al expediente de incapacidad. Cuando existen y están documentados, deben aportarse, porque la valoración se hace sobre el conjunto de las limitaciones y no patología por patología. Lo explicamos con más detalle en la página sobre incapacidad por trastornos mentales.

Hay un último punto que no debe descuidarse: la preparación del reconocimiento ante el equipo de valoración. No se trata de ensayar respuestas, sino de acudir sabiendo qué se va a preguntar y por qué, y siendo consciente de que la tendencia natural a restar importancia a las dificultades propias, que es humana y comprensible, puede dejar fuera del acta lo más relevante. En estas enfermedades ese riesgo se multiplica, porque hablar de deposiciones, de fugas, de incontinencia o de dependencia es incómodo y lo natural es abreviar. Lo tratamos a fondo en nuestro artículo sobre cómo preparar el reconocimiento del tribunal médico.

Cómo trabaja TAMAYO ABOGADOS un expediente por enfermedad digestiva, hepática o renal

El trabajo empieza antes de que exista expediente. Lo primero es el estudio completo de la documentación médica disponible y de la vida laboral, con dos preguntas en la mano: qué limitaciones funcionales pueden acreditarse hoy con lo que hay, y qué falta por documentar. De ese análisis sale un plan concreto, que casi siempre incluye solicitar informes complementarios y recuperar documentación antigua que el paciente no conserva. También sale una valoración franca del recorrido del asunto, porque con más de 33 años de experiencia hemos aprendido que decir desde el principio lo que se ve es más útil que alimentar expectativas que después no se sostienen.

La segunda fase es la construcción del expediente. Consiste en ordenar cronológicamente toda la documentación, reunir los informes dispersos entre servicios, elaborar la línea temporal de brotes, ingresos y cambios de tratamiento, y describir la profesión habitual con el detalle de las tareas reales, los turnos, los desplazamientos, las posturas y los riesgos del puesto. Es en esta fase donde se decide qué grado se va a discutir y con qué argumentos, porque plantear desde el inicio una petición coherente con lo que la documentación sostiene es mucho más eficaz que pedir el grado máximo y confiar en la suerte.

La tercera fase es la preparación del reconocimiento y el seguimiento del procedimiento hasta la resolución. Y si esa resolución es desfavorable o reconoce un grado inferior al que corresponde, se interpone reclamación previa en el plazo de 30 días desde la notificación, conforme al artículo 71 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, y, desestimada de forma expresa o por silencio, se formula demanda ante la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia en el plazo de 30 días. Son plazos breves y de caducidad, y su pérdida cierra la vía. Explicamos esa secuencia en nuestro artículo sobre qué hacer cuando el INSS deniega la incapacidad permanente, y desarrollamos la estrategia de impugnación en la página dedicada al recurso frente a la resolución del INSS.

Conviene además tener presente lo que ocurre con el contrato de trabajo, porque desde el 1 de mayo de 2025 el panorama ha cambiado. La Ley 2/2025, de 29 de abril sustituyó las denominaciones de gran invalidez e invalidez no contributiva por las de gran incapacidad e incapacidad no contributiva, y, sobre todo, introdujo el artículo 49.1.n) del Estatuto de los Trabajadores, conforme al cual la declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad ya no extingue automáticamente el contrato. La persona trabajadora dispone de 10 días naturales para comunicar por escrito su voluntad de continuar, y la empresa cuenta con 3 meses para realizar los ajustes razonables o para extinguir la relación de forma motivada y por escrito. En empresas de menos de 25 personas la carga se considera excesiva cuando el coste de la adaptación supera la mayor de estas dos cifras: la indemnización del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores o seis meses de salario. En estas patologías el margen de adaptación puede ser real —proximidad a un aseo, horario compatible con la diálisis, exclusión de tareas con riesgo biológico—, y por eso conviene analizar esa vía antes de que transcurra el plazo.

Por último, la revisión. El artículo 200 de la Ley General de la Seguridad Social obliga a que toda resolución haga constar el plazo a partir del cual puede instarse la revisión por agravación o mejoría, y en enfermedades de curso progresivo esa vía es ordinaria y no excepcional. Funciona en las dos direcciones, y el propio organismo puede promoverla, de modo que mantener el seguimiento clínico al día no es solo una cuestión de salud sino también de defensa. Si desea conocer el marco general de grados, cuantías y trámites, lo encontrará desarrollado en nuestra página sobre incapacidad permanente en Cádiz; si lo que necesita es que alguien mire su caso concreto, con sus informes y su profesión delante, eso es exactamente lo que hacemos aquí.