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El amianto en el sector naval de Cádiz: mesotelioma, asbestosis y cáncer de pulmón

El amianto (asbesto) fue utilizado masivamente en los astilleros, refinerías, centrales térmicas y plantas de la provincia de Cádiz desde mediados del siglo XX hasta su prohibición total en España por la Orden de 7 de diciembre de 2001 (con entrada en vigor en 2002). La latencia de las patologías por amianto es muy larga —entre 20 y 50 años desde la primera exposición— por lo que los casos siguen apareciendo hoy en trabajadores que estuvieron expuestos en las décadas de los sesenta, setenta, ochenta y noventa.

Las patologías asociadas al amianto incluidas en el cuadro del RD 1299/2006 son: asbestosis (fibrosis pulmonar progresiva por inhalación de fibras), placas pleurales (engrosamiento del epitelio pleural), mesotelioma pleural y peritoneal (cáncer del mesotelio, fatal en plazos cortos desde el diagnóstico), cáncer de pulmón asociado a exposición a amianto (con efecto multiplicador si concurre tabaquismo), cáncer de laringe y otros tumores en órganos digestivos asociados a inhalación crónica de fibras.

El sector naval de Cádiz —Navantia (antiguamente Bazán e Izar) en sus factorías de San Fernando, Cádiz y Puerto Real, los astilleros privados de la Bahía y los talleres auxiliares— concentra una proporción muy elevada de casos. La exposición se produjo principalmente en operaciones de aislamiento térmico de máquinas y calderas, soldadura, calderería, mantenimiento de tuberías y trabajos en sala de máquinas de buques en construcción o reparación.

El procedimiento de reconocimiento y reclamación por patologías por amianto es complejo. Requiere acreditar la exposición ocupacional (mediante vida laboral, testifical de compañeros, certificaciones de empresas) y la patología (con prueba pericial médica especializada). La indemnización por responsabilidad civil empresarial puede ser muy elevada, especialmente en mesotelioma con corta supervivencia: la jurisprudencia ha reconocido cuantías superiores a 200.000 euros en estos supuestos. En caso de fallecimiento por mesotelioma, los herederos del trabajador pueden continuar el procedimiento o iniciarlo de novo.

Tamayo Abogados acumula experiencia específica en la defensa de trabajadores y familias afectadas por amianto en el sector naval de Cádiz. Coordinamos la documentación laboral con expertos en historia industrial de la Bahía y trabajamos con peritos neumólogos y oncólogos especializados en patología por amianto.

Otras enfermedades profesionales frecuentes en la provincia de Cádiz

Hipoacusia profesional bilateral. La pérdida auditiva por exposición prolongada a ruido es una de las enfermedades profesionales más frecuentes y más infravaloradas. Está incluida en el Grupo 2 del cuadro del RD 1299/2006 (agentes físicos). Afecta especialmente a trabajadores de astilleros, talleres metalúrgicos, construcción, transporte por carretera y aeronáutica. El reconocimiento exige audiometría que muestre el patrón típico (caída en 4000 Hz, recuperación parcial en frecuencias agudas), exposición a ruido superior a 80 dB(A) durante un período prolongado y descarte de causas extralaborales. La incapacidad por hipoacusia profesional permite también reclamar el recargo y la indemnización.

Patología osteomuscular y manguito rotador. Las patologías de hombro (rotura o desgaste del manguito rotador) y de columna lumbar (hernias discales, lumbalgias crónicas) por trabajos repetitivos, posturas forzadas o sobreesfuerzos están incluidas en el Grupo 2 del RD 1299/2006 desde su actualización por el Real Decreto 1170/2018. El reconocimiento es complejo porque suele coexistir con factores degenerativos comunes, pero la doctrina del Tribunal Supremo ha admitido el carácter profesional cuando la exposición laboral es significativa y constituye factor concurrente determinante.

Patologías respiratorias por exposición química. El asma profesional, la bronquitis crónica, la EPOC profesional y la neumonitis por hipersensibilidad están incluidas en el cuadro para múltiples agentes (isocianatos, aldehídos, harinas, polvo de madera, anhídridos, metales). En la provincia de Cádiz son frecuentes en la petroquímica, en la industria conservera, en la construcción y en el sector naval.

Dermatosis profesionales. Las dermatitis irritativas y alérgicas por contacto con agentes químicos, plaguicidas, productos cosméticos o materiales industriales son frecuentes en agricultura (especialmente en la Janda), peluquería, sanidad, limpieza industrial y construcción. Están incluidas en el Grupo 5 del cuadro.

Cánceres profesionales. Además de los asociados al amianto, son cánceres profesionales reconocidos los derivados de exposición a benceno (leucemia mieloide aguda, especialmente en petroquímica y refino), aminas aromáticas (cáncer de vejiga en industria del caucho y colorantes), arsénico (cáncer de pulmón y de piel en minería e industria) y cloruro de vinilo (angiosarcoma hepático).

Patologías por radiaciones ionizantes. Aunque infrecuentes, pueden presentarse en trabajadores de sanidad (radiología, radioterapia), industria (gammagrafía industrial) o investigación con material radiactivo. Incluyen leucemias, cataratas y cánceres asociados.

Procedimiento de reconocimiento y reclamación: del INSS a los tribunales

Primer paso: tramitación administrativa ante el INSS. El procedimiento se inicia con la solicitud del reconocimiento del carácter profesional de la patología y, simultánea o sucesivamente, de la prestación correspondiente (incapacidad temporal, permanente o muerte y supervivencia). La calificación profesional puede solicitarse de oficio por el médico de cabecera o el médico de empresa, por la mutua que cubre las contingencias profesionales, por el INSS de oficio cuando aprecie indicios, o a instancia del propio trabajador. Lo más frecuente en patologías de larga latencia (amianto) es la iniciativa del trabajador, que debe acreditar la exposición ocupacional.

Segundo paso: actuación de la mutua. Cuando la enfermedad se manifiesta durante la relación laboral, la atención sanitaria y la incapacidad temporal corren a cargo de la mutua que cubre las contingencias profesionales del empresario. En patologías de manifestación tardía tras el cese laboral, la cobertura corresponde al INSS. En ambos casos, la mutua o el INSS puede oponerse al carácter profesional, lo que abre el camino al recurso administrativo y judicial.

Tercer paso: reclamación previa y demanda al Juzgado de lo Social. Si el INSS deniega el carácter profesional o la prestación correspondiente, se sigue el procedimiento general de reclamación previa (30 días hábiles) y demanda al Juzgado de lo Social (30 días hábiles más). La prueba pericial médica es esencial: debe acreditar la patología, su etiología profesional y, en el caso de incapacidad, las limitaciones funcionales.

Cuarto paso: solicitud del recargo de prestaciones. Una vez declarada la enfermedad profesional, puede solicitarse el recargo del artículo 164 LGSS si se acredita falta de medidas preventivas. El procedimiento es independiente y se tramita ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, que instruye el expediente y, en su caso, eleva propuesta al INSS para que dicte resolución de imposición del recargo.

Quinto paso: demanda de indemnización civil ante el orden social. Reconocida la enfermedad profesional, el trabajador puede demandar al empresario en reclamación de los daños y perjuicios no cubiertos por las prestaciones públicas. La demanda se dirige al Juzgado de lo Social (artículo 2.b) LRJS). La indemnización se cuantifica por el baremo de la Ley 35/2015 y comprende lucro cesante, daño emergente, daño moral y, en su caso, fallecimiento.

Sexto paso: en su caso, vía penal. Cuando la conducta empresarial es especialmente grave (omisión deliberada de medidas elementales con conocimiento del riesgo y resultado lesivo grave), pueden concurrir los presupuestos del delito contra los derechos de los trabajadores (artículos 316 y siguientes CP) o del delito de lesiones imprudentes (artículos 152 CP). La vía penal es excepcional pero se abre paso en supuestos de extrema gravedad.

El recargo de prestaciones del artículo 164 LGSS: una institución única

El recargo de prestaciones es una institución específica del Derecho español, sin paralelo en otros sistemas europeos comparables. Su finalidad es doble: sancionadora respecto al empresario incumplidor y reparadora respecto al trabajador perjudicado. Su naturaleza jurídica ha sido objeto de discusión doctrinal, pero el Tribunal Supremo lo ha caracterizado como una prestación de Seguridad Social con función disuasoria.

Los presupuestos para imponer el recargo son tres: que se haya producido un accidente o enfermedad profesional; que medie infracción de norma sobre prevención de riesgos laborales (general del artículo 14 LPRL o específica del puesto); y relación de causalidad adecuada entre la infracción y el daño. El recargo no procede cuando el empresario ha cumplido todas las medidas exigibles o cuando el daño es atribuible exclusivamente a culpa del trabajador o fuerza mayor.

El recargo se impone en porcentajes del 30%, 40% o 50% sobre todas las prestaciones (incapacidad temporal, permanente, viudedad, orfandad, prestación a favor de familiares) que se causen por el accidente o enfermedad. La cuantía se gradúa en función de la gravedad de la falta. Es a cargo exclusivo del empresario, no asegurable (lo que lo hace especialmente disuasorio) y compatible con cualquier otra indemnización por daños y perjuicios.

El procedimiento de imposición se inicia normalmente con un acta de la Inspección de Trabajo que constata la infracción. La Inspección eleva propuesta al INSS, que oye al empresario y dicta resolución imponiendo el recargo en el porcentaje que corresponda. La resolución es impugnable por el empresario (en el orden contencioso-administrativo cuando se discute la propia infracción, en el social cuando se discute el porcentaje o la atribución de la responsabilidad).

La acción del trabajador o de sus causahabientes para solicitar la imposición del recargo prescribe a los cinco años desde la declaración firme de la enfermedad profesional o del accidente. Es un plazo más amplio que el general de la responsabilidad civil y conviene aprovecharlo cuando hay dudas razonables sobre la procedencia.