Abogados de Incapacidad y Tutelas Puerto Real y Cádiz

De la Tutela Histórica a las Medidas de Apoyo: Régimen Transitorio y Adaptaciones

La supresión por la Ley 8/2021 del régimen de incapacitación y tutela de los adultos planteó la necesidad de adaptar las tutelas vigentes al nuevo modelo. La disposición transitoria quinta de la propia Ley 8/2021 establece un régimen específico para las personas que a la fecha de entrada en vigor estaban sujetas a tutela: estas tutelas se entienden de pleno derecho como curatelas y, a partir de la solicitud de la propia persona, de sus familiares o del Ministerio Fiscal, se procede a la revisión judicial para adaptar las medidas al nuevo paradigma. Mientras no se realice esa revisión, las tutelas vigentes continúan rigiéndose por la normativa anterior en cuanto a su contenido, pero deben adecuarse en su funcionamiento al respeto de la voluntad, deseos y preferencias del beneficiario.

La tutela de los menores no emancipados conserva su régimen tradicional regulado en los artículos 199 a 232 del Código Civil, pues la reforma de 2021 afectó al régimen de la capacidad de obrar de los adultos pero mantuvo la tutela como institución protectora ordinaria de los menores que han quedado sin patria potestad por fallecimiento, ausencia o privación judicial de la misma. El tutor del menor es designado por el juez previa audiencia del menor mayor de doce años, atendiendo a la voluntad expresada por los progenitores en testamento o documento público y, en defecto de ella, a los criterios del artículo 209 del Código Civil que priorizan al cónyuge, los progenitores, abuelos, hermanos y demás parientes próximos.

La rendición de cuentas del tutor es una de las obligaciones más exigentes del cargo. El artículo 232 del Código Civil obliga al tutor a rendir cuentas al juez al cesar en sus funciones, y los artículos 271 y 287 del Código Civil tras la reforma de 2021 mantienen para el curador el deber de rendir cuentas anuales al juez cuando el beneficiario tiene patrimonio significativo o cuando así lo ordene el órgano judicial. La rendición se materializa mediante un escrito en el que se detallan los ingresos y gastos del periodo, los actos de disposición realizados y los rendimientos del patrimonio, acompañados de la documentación justificativa. La rendición es objeto de aprobación judicial previa audiencia del beneficiario y del Ministerio Fiscal, y solo tras su aprobación queda liberado el tutor o curador de su responsabilidad por la gestión del periodo.

Las medidas voluntarias anticipadas constituyen una alternativa creciente al sistema judicial de apoyos. El artículo 255 del Código Civil reconoce la posibilidad de que toda persona mayor de edad o menor emancipada pueda establecer en escritura pública medidas para su autonomía y protección personal o patrimonial para el caso de que en el futuro precise apoyo, designando a las personas que considere apropiadas, fijando reglas de actuación y, en su caso, prohibiendo determinados actos. Estas medidas voluntarias prevalecen sobre las judiciales en lo que sean coincidentes y pueden incluir tanto poderes preventivos del artículo 1732 del Código Civil como la autocuratela del artículo 271. Su otorgamiento es una de las formas más eficaces de planificación personal anticipada y conviene asesorarse adecuadamente para su correcta articulación.

Responsabilidad del Tutor y del Curador y Régimen Sancionador

Los cargos de tutor y curador llevan aparejada una responsabilidad civil específica regulada en los artículos 222 y 289 del Código Civil tras la reforma de 2021. El tutor o curador responde de los daños causados al beneficiario por el incumplimiento doloso o gravemente negligente de sus obligaciones, incluyendo la mala gestión patrimonial, la omisión del cuidado debido, la apropiación indebida de bienes, la realización de actos sin la autorización judicial requerida o la actuación en conflicto de intereses no declarado. Esta responsabilidad es personal del tutor o curador y se extiende a sus herederos en los términos generales de la responsabilidad civil hereditaria.

Cuando el cargo lo desempeña una persona jurídica (fundación tutelar, asociación tuitiva), la responsabilidad es de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los administradores y empleados que hayan intervenido directamente en los hechos generadores del daño. Las entidades de tutela y curatela están sujetas a un régimen de supervisión específico que combina el control judicial ordinario con la inspección administrativa de las consejerías autonómicas con competencia en servicios sociales. En Andalucía, esta función corresponde a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Las garantías patrimoniales del beneficiario se refuerzan con la posibilidad de que el órgano judicial exija al tutor o curador la prestación de fianza, conforme al artículo 285 del Código Civil. La fianza puede consistir en aval bancario, hipoteca, prenda de valores o depósito de cantidad líquida, y su importe se fija atendiendo al patrimonio del beneficiario y a la naturaleza de las facultades conferidas. La fianza no es obligatoria en todos los casos pero resulta especialmente recomendable cuando el patrimonio es significativo y cuando el cargo recae en una persona no especialmente vinculada por lazos familiares estrechos con el beneficiario.

Competencia Territorial en Cádiz y Coste de los Procedimientos de Apoyo

La competencia territorial para los procedimientos de provisión, modificación o extinción de medidas de apoyo corresponde, conforme al artículo 756 LEC en relación con el artículo 769, al Juzgado de Primera Instancia del lugar en que resida la persona a la que se refiere la solicitud. En la provincia de Cádiz, este criterio implica acudir al Juzgado de los partidos judiciales de Cádiz capital, Jerez de la Frontera, Algeciras, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Barbate, Medina-Sidonia o Arcos de la Frontera, según el municipio de residencia efectiva del beneficiario. En los expedientes de jurisdicción voluntaria el cauce es el mismo, con las especialidades del articulado de la Ley 15/2015.

El coste del procedimiento varía en función de la complejidad del caso, de la concurrencia o no de oposición de partes y de la cuantía del patrimonio del beneficiario. Las personas con recursos económicos limitados tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita conforme a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que garantiza el acceso a la justicia con independencia de la situación económica. La designación de abogado y procurador por el turno de oficio se gestiona ante el Colegio de Abogados de Cádiz, y la solicitud se presenta acompañada de la documentación económica y familiar requerida por el reglamento de la propia ley.