Abogados de Provisión de Apoyos y Curatela en Puerto Real y Cádiz

De la Tutela a los Apoyos: La Reforma de la Ley 8/2021

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, supuso un cambio de paradigma absoluto. La modificación traspone la Convención de Nueva York de 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y abandona el modelo de sustitución de la voluntad (tutela, patria potestad prorrogada) en favor de un modelo de apoyo a la toma de decisiones. Las personas con discapacidad mantienen plena capacidad jurídica y reciben los apoyos necesarios para ejercerla, respetando su voluntad, deseos y preferencias.

La figura de la curatela persiste tras la reforma pero con un alcance radicalmente distinto. La curatela puede ser asistencial —el curador acompaña, asesora y refuerza la decisión de la persona, sin sustituirla— o, excepcionalmente y solo cuando sea estrictamente necesario, representativa, en la que el curador actúa en nombre de la persona para actos concretos. La sentencia debe motivar individualizadamente qué actos exigen apoyo, qué tipo de apoyo y por qué no caben medidas menos intrusivas. La revisión periódica es obligatoria conforme al artículo 268 del Código Civil.

Las medidas voluntarias de apoyo previstas en la reforma (artículos 255 a 262 del Código Civil) merecen atención preferente: cualquier persona mayor de edad puede otorgar en escritura pública medidas de apoyo para el caso de que en el futuro necesite asistencia. Estas medidas anticipadas son prioritarias sobre cualquier medida judicial, salvo que sean manifiestamente contrarias a su mejor interés. Su uso preventivo evita procesos judiciales y permite a la persona definir con autonomía quién, cómo y para qué le va a apoyar si llegado el caso lo necesita.

Procedimiento Judicial de Provisión de Apoyos: Tramitación Práctica

El procedimiento judicial para la provisión de apoyos a una persona con discapacidad se sustancia conforme a los artículos 42 bis a) a 42 bis c) de la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria o, cuando exista oposición o conflicto de intereses, mediante el procedimiento contencioso del artículo 756 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La competencia corresponde al Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la persona afectada y la intervención del Ministerio Fiscal es preceptiva en todo caso.

El elemento procesal más relevante es la entrevista personal con la persona afectada, que debe celebrarse necesariamente y con las adaptaciones que requiera (lectura fácil, intérprete de lengua de signos, apoyos personales). Su voluntad, deseos y preferencias son el criterio rector de la decisión judicial. Junto a la entrevista, se incorpora informe médico pericial sobre la naturaleza y alcance de la discapacidad, audiencia de los familiares más próximos, y, cuando proceda, dictamen pericial social o psicológico. La sentencia debe ser motivada, individualizada y revisable, evitando fórmulas generales y previendo el régimen de rendición de cuentas.

Procedimiento de Provisión de Apoyos Paso a Paso

El Nuevo Modelo de Apoyos tras la Ley 8/2021 y la Curatela como Régimen Ordinario

La Ley 8/2021, de 2 de junio, ha derogado el régimen tradicional de la incapacitación judicial y la tutela de los adultos, sustituyéndolo por un sistema de apoyos a la persona con discapacidad orientado a respetar su voluntad, deseos y preferencias. La curatela, regulada en los artículos 268 a 297 del Código Civil, se ha convertido en el régimen ordinario de apoyo continuado, con un carácter principalmente asistencial y residualmente representativo. Esto significa que la persona con discapacidad mantiene en todo caso su capacidad jurídica de obrar y que el curador no actúa por ella sino con ella, asistiéndola en los actos que precisen apoyo según se determine en la resolución judicial.

La curatela representativa, en la que excepcionalmente el curador actúa por la persona con discapacidad en los actos determinados, está reservada para supuestos en los que resulta imposible determinar la voluntad de la persona pese a todos los apoyos prestados. Para estos casos, el curador debe siempre tener en cuenta la trayectoria vital del beneficiario, sus creencias y valores, los factores que el beneficiario hubiera tomado en consideración, con el fin de tomar la decisión que este habría adoptado de no requerir apoyo. Esta búsqueda activa de la voluntad presunta es uno de los aspectos más innovadores de la reforma y exige del curador una diligencia cualificada en el conocimiento personal del beneficiario.

La provisión de medidas de apoyo se solicita por la vía del procedimiento especial regulado en los artículos 756 a 763 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando existe oposición, o por la jurisdicción voluntaria de los artículos 42 bis a) y siguientes de la Ley 15/2015 cuando concurre acuerdo de todas las partes. La persona con discapacidad debe ser oída personalmente por el juez en lenguaje accesible, con los ajustes razonables necesarios, y puede comparecer asistida por persona de su confianza. El Ministerio Fiscal es parte preceptiva del procedimiento y vela por la correcta delimitación de los apoyos al mínimo imprescindible para garantizar la autonomía y los derechos del beneficiario.

El curador es designado por la propia persona en autocuratela mediante escritura pública otorgada con anterioridad a la necesidad del apoyo, lo que constituye una de las novedades más importantes de la reforma (artículo 271 del Código Civil). En defecto de autocuratela, el juez designa al cónyuge no separado, al descendiente, ascendiente o hermano que reúna mejores condiciones para el desempeño del cargo, atendiendo a las relaciones afectivas y a la voluntad expresada por el beneficiario. Excepcionalmente cabe designar a una persona jurídica de las previstas en el artículo 274 del Código Civil (fundaciones, asociaciones tuitivas, instituciones públicas). El curador presta fianza si el patrimonio del beneficiario lo justifica y rinde cuentas anualmente al órgano judicial conforme al artículo 292 del Código Civil.

Otras Medidas de Apoyo: Guarda de Hecho, Asistente y Poderes Preventivos

Junto a la curatela, el ordenamiento español tras la reforma de 2021 reconoce otras medidas de apoyo que pueden adaptarse mejor a las necesidades específicas de cada persona. La guarda de hecho, regulada en los artículos 263 a 267 del Código Civil, es la situación de quien atiende habitualmente a una persona con discapacidad sin nombramiento formal, lo que constituye la realidad mayoritaria en España. El guardador de hecho puede realizar actos de gestión ordinaria del patrimonio sin autorización específica, mientras que los actos de mayor trascendencia requieren autorización judicial puntual. Esta figura tiene la ventaja de la flexibilidad y la informalidad, evitando la judicialización en supuestos en los que el apoyo familiar resulta suficiente.

La figura del asistente, regulada en algunos derechos forales como el catalán, permite designar a una persona de confianza para asistir al beneficiario en los actos en que precise apoyo, con efectos similares a la curatela pero con un trámite más sencillo. En el derecho común español la asistencia se canaliza habitualmente a través de la curatela asistencial, en la que el curador no actúa por la persona con discapacidad sino con ella, prestando la asistencia personal que requiera para tomar sus decisiones. Esta distinción terminológica refleja una diferencia conceptual relevante en la concepción del apoyo.

Los poderes preventivos del artículo 1732 del Código Civil constituyen otra herramienta valiosa de planificación anticipada. Mediante escritura pública otorgada cuando la persona conserva plena capacidad, puede apoderarse a otra para que la represente en el caso de que en el futuro pierda capacidad de obrar, con las facultades y limitaciones que el otorgante establezca. El poder preventivo subsiste pese a la pérdida de capacidad del otorgante (a diferencia del poder ordinario, que se extingue) y permite gestionar el patrimonio y los intereses del beneficiario sin necesidad de procedimiento judicial. Su otorgamiento es altamente recomendable como medida de planificación personal, especialmente en personas con antecedentes familiares de deterioro cognitivo o con factores de riesgo identificados.

Competencia Territorial en Cádiz y Coste de los Procedimientos de Apoyo

La competencia territorial para los procedimientos de provisión, modificación o extinción de medidas de apoyo corresponde, conforme al artículo 756 LEC en relación con el artículo 769, al Juzgado de Primera Instancia del lugar en que resida la persona a la que se refiere la solicitud. En la provincia de Cádiz, este criterio implica acudir al Juzgado de los partidos judiciales de Cádiz capital, Jerez de la Frontera, Algeciras, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Barbate, Medina-Sidonia o Arcos de la Frontera, según el municipio de residencia efectiva del beneficiario. En los expedientes de jurisdicción voluntaria el cauce es el mismo, con las especialidades del articulado de la Ley 15/2015.

El coste del procedimiento varía en función de la complejidad del caso, de la concurrencia o no de oposición de partes y de la cuantía del patrimonio del beneficiario. Las personas con recursos económicos limitados tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita conforme a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que garantiza el acceso a la justicia con independencia de la situación económica. La designación de abogado y procurador por el turno de oficio se gestiona ante el Colegio de Abogados de Cádiz, y la solicitud se presenta acompañada de la documentación económica y familiar requerida por el reglamento de la propia ley.