Abogados de Reclamación a Seguros Puerto Real y Cádiz

El artículo 23 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro establece que las acciones derivadas del contrato de seguro prescriben a los dos años en los seguros de daños y a los cinco años en los seguros de personas. El plazo comienza a contar desde el momento en que la acción pudo ejercitarse, que normalmente coincide con la consolidación del siniestro o con la negativa formal de la aseguradora a abonar la indemnización. En siniestros de larga evolución —incapacidades, secuelas— el cómputo se inicia cuando el daño queda consolidado, no en la fecha del hecho. En Tamayo Abogados analizamos cada caso para determinar el plazo real y evitar que prescriba.

Solo si la cláusula excluyente cumple los requisitos del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro: estar destacada de forma especial en la póliza y haber sido específicamente aceptada por escrito por el tomador. La jurisprudencia del Tribunal Supremo —entre otras, la STS 853/2006 y la doctrina consolidada en posteriores resoluciones— distingue entre cláusulas delimitadoras del riesgo (válidas con la simple aceptación del contrato) y cláusulas limitativas de los derechos del asegurado (que exigen aceptación expresa y destacado tipográfico). Muchas negativas de pago se sustentan en cláusulas limitativas no firmadas específicamente: en esos casos el siniestro debe abonarse íntegramente.

El artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro sanciona el retraso injustificado de la aseguradora en el pago de la indemnización con un interés moratorio especial. Durante los dos primeros años el tipo aplicable es el interés legal del dinero incrementado en un 50%; transcurridos esos dos años desde el siniestro sin pago, el tipo se eleva a un mínimo del 20% anual, calculado sobre la suma debida. Estos intereses son automáticos —no requieren reclamación previa— y solo se exoneran cuando la falta de pago obedece a causa justificada o no imputable a la aseguradora, según ha reiterado el Tribunal Supremo en la STS 270/2021 y resoluciones concordantes.

La oferta motivada de la aseguradora es solo el punto de partida del proceso de cuantificación, no la indemnización definitiva. En siniestros con lesiones personales —accidentes de tráfico, caídas, accidentes laborales—, la cuantía debe calcularse conforme al baremo de la Ley 35/2015, valorando perjuicio personal básico, particular, patrimonial, días de baja y secuelas según las tablas oficiales actualizadas anualmente. En siniestros de daños materiales debe contemplarse el valor real del bien, su depreciación, los gastos accesorios y la pérdida de uso. Es frecuente que la primera oferta de la compañía esté entre un 30 y un 60% por debajo de la indemnización que correspondería conforme a baremo y a la jurisprudencia aplicable. Antes de firmar un finiquito, conviene un análisis técnico independiente.

Sí, en la mayoría de los casos es obligatorio agotar la vía interna antes de acudir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) o a los Juzgados de Primera Instancia. El procedimiento empieza por una reclamación formal al Servicio de Atención al Cliente o al Defensor del Asegurado de la entidad, que dispone de dos meses para resolver. Si la respuesta es negativa o no llega en plazo, queda abierta la vía ante la DGSFP —que emite informes no vinculantes pero técnicamente sólidos— y, en último término, la judicial. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, determinadas reclamaciones civiles deben pasar por un medio adecuado de solución de controversias (MASC) con carácter previo a la demanda. En Tamayo Abogados diseñamos la estrategia más eficiente caso por caso.