Seguro de convenio por incapacidad permanente en Cádiz

Qué es el seguro de convenio y por qué no tiene nada que ver con la pensión del INSS

Cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce una incapacidad permanente, la atención se concentra, con toda lógica, en la pensión: su grado, su base reguladora, su porcentaje. Pero en muchos casos la resolución del INSS abre la puerta a un segundo derecho, completamente independiente del anterior, que no gestiona la Seguridad Social y que nadie va a pagar de oficio. Se trata del capital asegurado que numerosos convenios colectivos obligan a las empresas a garantizar a su plantilla para el caso de muerte o de incapacidad permanente, y que en el lenguaje de los centros de trabajo se conoce como seguro de convenio, póliza colectiva o seguro de accidentes del convenio.

Jurídicamente, esta figura pertenece a la categoría de las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. El artículo 238 de la Ley General de la Seguridad Social permite que las empresas mejoren las prestaciones del Régimen General, y el artículo 239 precisa que pueden hacerlo directamente, costeándolas a su exclusivo cargo. La palabra voluntaria puede inducir a error: la mejora es voluntaria en su origen, porque ninguna ley obliga a pactarla, pero deja de serlo en cuanto un convenio colectivo la incorpora. A partir de ese momento es una obligación empresarial exigible como cualquier otra condición de trabajo.

El mismo artículo 239 añade una garantía que conviene tener presente: cuando al amparo de una mejora un trabajador ha causado ya el derecho, ese derecho no puede ser anulado o disminuido si no es de acuerdo con las normas que regulan su reconocimiento. Dicho de otro modo, la empresa no puede desentenderse del capital una vez producido el hecho que lo genera, ni reducirlo alegando dificultades posteriores.

La consecuencia práctica es clara. La pensión y el capital del convenio son dos créditos distintos, frente a deudores distintos, que se reclaman por vías distintas y que prescriben en plazos distintos. Cobrar la primera no significa haber cobrado el segundo. El capital del convenio puede quedar sin reclamar sencillamente porque nadie informó de su existencia a la persona afectada en el momento oportuno. En TAMAYO ABOGADOS revisamos esta cuestión en todos los expedientes de incapacidad permanente que llevamos, porque es un dinero que corresponde a quien ha perdido su capacidad de trabajo y que no se recupera si se deja pasar el tiempo.

Cómo averiguar si su convenio colectivo incluye esta cobertura

El primer paso es identificar qué convenio colectivo se aplica a su relación laboral. En la provincia de Cádiz coexisten convenios de empresa, convenios provinciales de sector y convenios estatales, y el aplicable depende de la actividad real de la empresa y de su ámbito. La nómina suele indicar el convenio, aunque no siempre con precisión, y el contrato de trabajo también puede mencionarlo. Cuando existe duda, el registro oficial de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo permite localizar el código del convenio y el boletín en el que se publicó su texto, que en los convenios provinciales es el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

Localizado el convenio, hay que buscar la cláusula concreta, que suele figurar en el capítulo dedicado a mejoras sociales, acción social o prestaciones complementarias, bajo rúbricas como seguro colectivo, póliza de accidentes o indemnización por muerte o invalidez. Un ejemplo real de la provincia es el Convenio Provincial de Hostelería de Cádiz, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 153, de 12 de agosto de 2025, cuyo artículo 30, bajo el título de seguro colectivo, obliga a las empresas a concertar un seguro para su personal asumiendo el coste total de las primas, con capitales para el caso de muerte y para el caso de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, cualquiera que fuera la causa. El convenio conserva la expresión gran invalidez, que la Ley 2/2025, de 29 de abril sustituyó por gran incapacidad en la Ley General de la Seguridad Social. Cada convenio, sin embargo, tiene su propia redacción, y lo que dice uno no puede trasladarse a otro.

La lectura de la cláusula debe responder a cuatro preguntas. La primera, qué contingencias cubre: muerte, incapacidad permanente total, absoluta, gran incapacidad y, en ocasiones, parcial. La segunda, si exige un origen determinado, porque hay convenios que protegen cualquier causa y otros que solo cubren la incapacidad derivada de accidente, sea o no de trabajo. La tercera, qué capital fija y desde qué fecha, porque los importes se actualizan con cada convenio y con frecuencia con cada año de vigencia. La cuarta, qué exclusiones o condiciones establece, como antigüedad mínima o supuestos excluidos.

También hay que prestar atención a la sucesión de convenios. Una misma plantilla puede haber estado sometida a varios convenios a lo largo de los años, con coberturas diferentes, y el artículo 82.4 del Estatuto de los Trabajadores permite que el convenio que sucede a uno anterior disponga sobre los derechos reconocidos en aquel. Por eso no basta con consultar el convenio que está en vigor hoy: hay que determinar cuál estaba vigente en la fecha que la póliza toma como siniestro, cuestión a la que dedicamos un apartado propio más abajo.

Con la cláusula identificada, el siguiente paso consiste en pedir a la empresa, por escrito, la identificación de la aseguradora, el número de póliza y el certificado individual de seguro. Si la empresa no contesta, o contesta que no tiene póliza, ese silencio o esa respuesta es ya un dato relevante para decidir contra quién se reclama.

Accidente, enfermedad y grado: el encaje de su incapacidad en la póliza

Una vez localizada la cobertura, la cuestión decisiva es si su incapacidad concreta encaja en ella. La primera variable es el grado. Hay convenios que limitan la protección a la incapacidad permanente total para la profesión habitual, a la absoluta para todo trabajo y a la gran incapacidad, y dejan fuera la parcial, y otros que amplían o restringen ese abanico. Lo que importa es que el grado reconocido por el INSS, o el que se obtenga después en vía judicial, coincida con alguno de los que el convenio protege. Los grados, sus requisitos y la forma de calcular la pensión se explican en nuestra página de incapacidad permanente en Cádiz, y no los repetimos aquí.

La segunda variable es el origen. Cuando el convenio protege la incapacidad cualquiera que sea su causa, basta con la declaración de incapacidad en el grado cubierto. Cuando solo protege la derivada de accidente, empieza una discusión que no siempre se plantea bien. En Seguridad Social, el concepto de accidente de trabajo del artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social es muy amplio: presume la laboralidad de las lesiones sufridas en tiempo y lugar de trabajo, incluye el accidente in itinere e incluso la agravación de una patología previa por la lesión. El concepto de accidente de la Ley de Contrato de Seguro es, en cambio, mucho más estrecho.

El artículo 100 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro entiende por accidente, sin perjuicio de la delimitación del riesgo que las partes efectúen en el contrato, la lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte. Una lesión lumbar por sobreesfuerzo, un infarto en el puesto de trabajo o una enfermedad profesional pueden estar calificados como contingencia profesional por el INSS y, sin embargo, ser discutidos por la aseguradora como no accidentales en el sentido de la póliza. En estos casos, la pieza clave es el texto exacto del convenio: si el convenio garantiza el capital para la incapacidad derivada de accidente de trabajo, remitiéndose a su calificación en Seguridad Social, la aseguradora no puede reducir por su cuenta lo que el convenio obliga a cubrir, y si la póliza contratada por la empresa cubre menos de lo que el convenio exige, la diferencia es un problema de la empresa, no de la persona trabajadora.

Por esa razón, cuando la calificación de la contingencia está en juego, la estrategia tiene que ser global. Si el INSS ha calificado su incapacidad como derivada de enfermedad común y usted considera que tiene origen laboral, discutir esa calificación puede ser la condición previa para acceder al capital del convenio. Las diferencias entre ambas contingencias las explicamos en nuestro artículo sobre incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad común. Si además el accidente se produjo por falta de medidas de seguridad, puede proceder el recargo de prestaciones del artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social, que es una responsabilidad distinta, a cargo directo de la empresa infractora y no asegurable, y que tratamos de forma separada.

La fecha del hecho causante: la cuestión técnica más delicada

Si hubiera que señalar una cuestión técnica capaz de decidir por sí sola una reclamación de seguro de convenio, sería esta. Entre el accidente o el inicio de la enfermedad y la resolución del INSS que declara la incapacidad permanente pueden pasar meses o años: la incapacidad temporal, la propuesta, el dictamen del Equipo de Valoración de Incapacidades, la resolución, y a veces la reclamación previa y un procedimiento judicial que termina reconociendo un grado que el INSS había negado. Durante ese tiempo pueden ocurrir muchas cosas: que el convenio cambie y con él el capital asegurado, que la empresa cambie de aseguradora, que la persona deje de trabajar en la empresa o que la póliza se cancele.

La pregunta es entonces qué fecha fija el siniestro a efectos del seguro. Las fórmulas que se encuentran en convenios y pólizas son variadas: la fecha del accidente, la fecha del dictamen médico que objetiva las lesiones con carácter definitivo, la fecha de la resolución administrativa que declara la incapacidad o la de la sentencia que la reconoce. Cada una conduce a un resultado distinto. Si la fecha relevante es la del accidente, responde la aseguradora que cubría el riesgo entonces y con el capital de ese momento, aunque la declaración llegue años después, cuando la persona ya no está en la empresa. Si la fecha relevante es la de la declaración, puede ocurrir que en ese momento ya no exista cobertura.

Estos desajustes permiten rechazos cruzados basados solo en fechas. Puede ocurrir que la aseguradora actual responda que el siniestro es anterior a la vigencia de su póliza y que la anterior responda que la incapacidad se declaró cuando ya no la cubría. En esa situación, el análisis tiene que empezar por el convenio, que es la fuente de la obligación, y seguir por las pólizas sucesivas, sus condiciones generales y particulares y las cláusulas sobre siniestros en curso. Si ninguna aseguradora queda obligada por un defecto en la forma en que la empresa organizó la cobertura, la consecuencia, de nuevo, es que la obligación convencional sigue viva y recae sobre la empresa.

Por esa razón, en TAMAYO ABOGADOS reconstruimos siempre la cronología completa antes de dirigir ninguna reclamación: fecha del accidente o de la primera baja, partes de incapacidad temporal, fechas del dictamen y de la resolución, fecha de efectos económicos de la pensión, fechas de alta y de baja en la empresa, versiones del convenio y periodos de vigencia de cada póliza. Solo con esa secuencia a la vista se puede saber a quién reclamar, qué capital pedir y qué plazo está corriendo.

Si la empresa no contrató la póliza o la contrató mal

La obligación de asegurar nace del convenio colectivo, y el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que los convenios obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación durante todo el tiempo de su vigencia. Si la empresa no contrató el seguro, lo dejó caducar por impago de primas, o contrató una póliza con capitales inferiores o coberturas más estrechas que las exigidas, el derecho de la persona trabajadora no desaparece. Lo que cambia es el destinatario de la reclamación, que deja de ser una aseguradora y pasa a ser la propia empresa, obligada a abonar lo que el convenio garantizaba.

Cuando el capital para incapacidad permanente o muerte tiene la naturaleza de compromiso por pensiones, entra además en juego la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Esa norma obliga a las empresas a instrumentar sus compromisos por pensiones con el personal mediante contratos de seguro, planes de pensiones o ambos, desde el momento en que se inicia el devengo de su coste, y el artículo 8.6 del mismo texto incluye entre las contingencias protegibles la incapacidad permanente total para la profesión habitual, la absoluta para todo trabajo y la gran invalidez, además de la muerte. La misma disposición precisa que, una vez instrumentados, la obligación y responsabilidad de la empresa se circunscriben a lo asumido en dichos contratos. La lectura inversa es la relevante para usted: si la empresa no los instrumentó, o lo hizo por debajo de lo comprometido, difícilmente puede ampararse en esa limitación de responsabilidad.

La situación contraria también se da. Hay empresas que tienen contratada una póliza correcta, pero que no comunican el siniestro a la aseguradora ni facilitan a la persona trabajadora los datos necesarios para reclamar. En esos casos, la reclamación se puede dirigir a la aseguradora con la documentación que se obtenga por otras vías y, si es necesario, frente a ambas, porque es frecuente que no se sepa con certeza cuál de las dos acabará respondiendo hasta que se examinan las pólizas.

En la práctica, lo más prudente cuando existen dudas sobre la cobertura es plantear la reclamación de forma que no se pierda ninguna vía: frente a la aseguradora que figure como tal y frente a la empresa como obligada por el convenio. Es una decisión técnica que conviene tomar con toda la documentación reunida, y que en nuestra forma de trabajar se adopta antes de enviar el primer escrito.

Qué exige la Ley de Contrato de Seguro a la aseguradora y a usted

Cuando existe póliza, la relación con la aseguradora se rige por la Ley de Contrato de Seguro y por las condiciones del contrato. La norma impone deberes a ambas partes. Del lado del asegurado, el artículo 16 establece que el tomador, el asegurado o el beneficiario deben comunicar el siniestro dentro del plazo máximo de siete días desde que lo conocieron, salvo que la póliza fije un plazo más amplio. El incumplimiento de ese plazo no hace perder el derecho: permite a la aseguradora reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración, efecto que no se produce si se prueba que la aseguradora conoció el siniestro por otro medio. El mismo artículo impone el deber de informar sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro, y solo su incumplimiento con dolo o culpa grave provoca la pérdida del derecho.

Del lado de la aseguradora, el artículo 18 la obliga a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en cualquier caso, a pagar dentro de los cuarenta días siguientes a la recepción de la declaración el importe mínimo de lo que pueda deber según las circunstancias por ella conocidas. En un seguro de incapacidad permanente, donde el hecho relevante es una resolución administrativa o judicial, ese margen de investigación es normalmente reducido.

El artículo 20 regula las consecuencias del retraso. La aseguradora incurre en mora cuando no ha cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no ha pagado el importe mínimo en los cuarenta días citados, y la indemnización por mora consiste en un interés anual igual al interés legal del dinero incrementado en un 50 por ciento, que no puede ser inferior al 20 por ciento anual una vez transcurridos dos años desde el siniestro. Esos intereses se imponen de oficio por el órgano judicial y se consideran producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial. Solo se excluyen cuando la falta de pago está fundada en una causa justificada o que no sea imputable a la aseguradora.

Por último, el artículo 3 exige que las condiciones generales y particulares se redacten de forma clara y precisa, y que las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados se destaquen de modo especial y sean específicamente aceptadas por escrito. En un seguro colectivo, quien firma la póliza es la empresa como tomadora, y la persona asegurada rara vez ha visto las condiciones. Por eso, cuando la aseguradora opone una exclusión o una limitación, uno de los primeros análisis consiste en comprobar si esa cláusula cumple las exigencias del artículo 3 y si es compatible con lo que el convenio obliga a cubrir.

Plazos de prescripción: por qué no conviene esperar

El plazo para reclamar el seguro de convenio es una de las cuestiones más delicadas de esta materia, porque concurren dos normas con plazos muy distintos. El artículo 23 de la Ley de Contrato de Seguro establece que las acciones derivadas del contrato de seguro prescriben en el término de dos años si se trata de seguro de daños y de cinco si el seguro es de personas, categoría en la que se sitúan los seguros de vida y de accidentes. Por su parte, el artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores dispone que las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescriben al año, y su apartado 2 precisa que, cuando se exigen percepciones económicas, ese año se computa desde el día en que la acción pudo ejercitarse.

Qué plazo se aplica, y desde qué fecha se cuenta, depende de contra quién se dirige la acción y con qué fundamento: no es lo mismo reclamar a la aseguradora el cumplimiento de su póliza que reclamar a la empresa el incumplimiento de su obligación convencional de asegurar. Tampoco es indiferente cuál sea el hecho que pone en marcha el plazo, cuestión que enlaza con el problema de la fecha del hecho causante que hemos explicado antes. Son dos plazos distintos que se confunden a diario, y la diferencia entre uno y otro es la diferencia entre cobrar y no cobrar.

Ante esa incertidumbre, la única regla segura es la de prudencia: actuar como si rigiera el plazo más corto, que es el de un año, y contarlo desde la fecha más temprana que razonablemente pueda sostenerse, que suele ser la de la resolución que declara la incapacidad permanente. Si la resolución del INSS está recurrida, conviene igualmente interrumpir la prescripción frente a la empresa y la aseguradora mediante una reclamación fehaciente, sin esperar al final del procedimiento sobre el grado.

La interrupción se consigue con una reclamación escrita que deje constancia de su contenido y de su recepción, dirigida a quien corresponda y con identificación suficiente del derecho que se reclama. Un burofax con certificación de texto y acuse de recibo es el medio más habitual. Lo que no interrumpe nada son las llamadas telefónicas a la aseguradora, los correos a un departamento de recursos humanos sin constancia de recepción o las gestiones a través de un mediador de seguros que después no pueden acreditarse.

Documentación necesaria y vía para reclamar: de la reclamación extrajudicial a la Sección de lo Social

La reclamación de un seguro de convenio es, ante todo, un ejercicio documental. La primera pieza es la resolución del INSS que declara la incapacidad permanente, junto con el dictamen propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades, porque ahí constan el grado, la contingencia y las fechas que la aseguradora examinará. Si el grado se reconoció en vía judicial, hará falta la sentencia y, en su caso, la declaración de firmeza. Los partes de incapacidad temporal y los informes médicos que acrediten la fecha de inicio del proceso pueden ser decisivos cuando la póliza vincula el siniestro al origen de la lesión y no a su declaración.

La segunda pieza es el propio convenio colectivo, en la versión vigente en la fecha relevante, con la cláusula que establece el seguro. La tercera es la documentación laboral: contrato, nóminas que identifiquen el convenio aplicable y la categoría profesional, informe de vida laboral y, si ha habido extinción del contrato, la carta de extinción o el documento de finiquito. Este último merece una revisión cuidadosa, porque las fórmulas de saldo y finiquito se firman con frecuencia en momentos de gran vulnerabilidad y conviene comprobar qué conceptos incluye realmente.

La cuarta pieza es la documentación del seguro: identidad de la aseguradora, número de póliza, certificado individual, condiciones generales y particulares, y justificantes de comunicación del siniestro. Esta documentación está en poder de la empresa y de la aseguradora, y la persona trabajadora rara vez la tiene. Cuando no se facilita voluntariamente, se solicita por escrito y, si persiste la negativa, se pide su aportación en el procedimiento judicial.

Si ha fallecido un trabajador y son sus beneficiarios quienes reclaman, habrá que añadir el certificado de defunción, la documentación que acredite la condición de beneficiario según la póliza o el convenio y, en su caso, el certificado del Registro de Actos de Última Voluntad y la declaración de herederos. Este tipo de reclamación comparte la mayoría de los problemas descritos en esta página, aunque aquí nos centramos en la incapacidad permanente.

El itinerario habitual comienza con una reclamación extrajudicial por escrito dirigida a la aseguradora y a la empresa, en la que se identifica el convenio, la póliza si se conoce, la resolución de incapacidad y el capital reclamado, y se pide el pago en un plazo razonable. Esta reclamación cumple varias funciones a la vez: comunica formalmente el siniestro a efectos del artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro, interrumpe la prescripción, fija el inicio del cómputo de los plazos de pago del artículo 18 y deja constancia de la posición de cada parte. Cuando la documentación es completa y la cobertura es clara, esta fase puede bastar para obtener el pago.

Si no hay pago, la reclamación judicial corresponde al orden social. El artículo 2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social atribuye a los órganos de este orden, en su letra q), las cuestiones litigiosas en la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social, incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que su causa derive de una decisión unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo. El seguro de convenio encaja de lleno en ese supuesto, de modo que la demanda se dirige a la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia, que es la denominación que resulta del artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tras su reforma por la Ley Orgánica 1/2025. En la provincia de Cádiz, las sedes de lo Social están en Cádiz, Jerez de la Frontera y Algeciras.

Antes de la demanda, el artículo 63 de la Ley reguladora de la jurisdicción social exige con carácter general el intento de conciliación o mediación ante el servicio administrativo correspondiente, y el artículo 64 recoge las excepciones a ese requisito. Si procede o no en el caso concreto depende de cómo se configure la reclamación y frente a quién, y es una de las cuestiones que valoramos al preparar el asunto. La sentencia que se dicte puede recurrirse en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla.

La vía judicial no es incompatible con la negociación. Una vez presentada la demanda y a la vista de la documentación, la aseguradora o la empresa pueden reconsiderar su posición. Lo importante es que la negociación no se convierta en una razón para dejar correr los plazos, y que cualquier acuerdo recoja con precisión el concepto pagado, para que no pueda confundirse después con otras cantidades.

La reclamación del seguro de convenio también se coordina con otras decisiones que siguen a la declaración de incapacidad, como la continuidad o la extinción del contrato de trabajo tras la reforma del artículo 49.1.n) del Estatuto de los Trabajadores, que explicamos en nuestro artículo sobre la compatibilidad de la incapacidad permanente con el trabajo y el despido.

Sectores de la provincia de Cádiz donde el seguro de convenio pesa más

El seguro de convenio no es un fenómeno propio de un sector concreto, pero su relevancia práctica es mayor allí donde la siniestralidad y el desgaste físico son elevados. La hostelería, sector de gran peso en la economía de la costa gaditana, cuenta con un convenio provincial que, como hemos visto, protege la incapacidad permanente total, absoluta y la gran invalidez cualquiera que fuera la causa. Camareras de piso, cocineros, camareros y personal de mantenimiento de hoteles de Chiclana, Conil, Rota o Sanlúcar que acceden a una incapacidad permanente deberían comprobar siempre esta cobertura. En nuestra página sobre incapacidad en hostelería y camareras de piso tratamos los problemas específicos del sector.

La industria del metal tiene también convenio provincial propio en Cádiz, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y es un sector con fuerte presencia en la Bahía de Cádiz y en el Campo de Gibraltar a través de la construcción naval, las industrias auxiliares y las contratas y subcontratas que trabajan para ellas. En el metal, además, es frecuente que el trabajador haya pasado por varias empresas de la cadena de contratación, lo que obliga a precisar qué empresa era la empleadora en la fecha relevante y qué convenio le resultaba de aplicación. Lo desarrollamos en nuestra página sobre incapacidad en el metal y los astilleros.

En la construcción, el campo y el transporte, la cobertura dependerá del convenio aplicable, provincial o estatal, que habrá que localizar en cada caso. Son sectores con alta rotación de empresas, contratos por obra o campaña y periodos de inactividad, y en ellos la cuestión de la fecha del siniestro y de la empresa obligada adquiere especial importancia, porque puede ocurrir que la incapacidad se declare cuando la persona ya no trabaja para la empresa en la que se lesionó. En nuestra página sobre incapacidad en la construcción abordamos los problemas propios de las obras.

La misma lógica se aplica a los sectores industriales y energéticos de la provincia: cuando la relación laboral se rige por un convenio de empresa, su capítulo de mejoras sociales se revisa del mismo modo. En todos los casos el método es idéntico: identificar el convenio, leer la cláusula, reconstruir la cronología y reclamar a quien corresponda dentro de plazo.

Cómo trabajamos estos asuntos en TAMAYO ABOGADOS

Con más de 33 años de experiencia en Seguridad Social, en TAMAYO ABOGADOS abordamos el seguro de convenio como una parte más del expediente de incapacidad permanente, no como un asunto aislado. Cuando usted acude al despacho con una resolución del INSS, o con un procedimiento todavía abierto, revisamos desde el principio si existe un capital de convenio o de póliza colectiva que pueda reclamarse, porque esa revisión condiciona también decisiones del procedimiento principal, como la discusión sobre el grado o sobre la contingencia.

El trabajo sigue un orden. Primero identificamos el convenio o los convenios aplicables y leemos la cláusula en su versión vigente en cada momento. Después reconstruimos la cronología completa del asunto y solicitamos a la empresa y a la aseguradora la documentación de la póliza. Con todo ello decidimos frente a quién dirigir la reclamación y en qué orden, y enviamos la reclamación extrajudicial que interrumpe la prescripción. Si no hay pago, preparamos la demanda ante la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia que corresponda y llevamos el procedimiento hasta su final.

Si la resolución del INSS le ha denegado la incapacidad o le ha reconocido un grado inferior al que el convenio protege, el primer paso será discutirla, porque sin el grado cubierto no hay capital que reclamar. Lo explicamos en nuestra página sobre el recurso contra la denegación de la incapacidad permanente. En cualquiera de los supuestos le explicaremos con claridad qué documentación tiene, qué le falta, qué riesgos presenta el asunto y qué plazos están corriendo, sin anticiparle un resultado que nadie puede garantizar.

Nuestro despacho está en Puerto Real, en la Calle Castellar 27, y atendemos asuntos de toda la provincia de Cádiz. Buena parte de la gestión documental puede hacerse a distancia, y cuando es necesario acudir a la Sección de lo Social de Cádiz, Jerez o Algeciras, nos desplazamos nosotros.