Derecho Urbanístico

Me Han Denegado el AFO en Cádiz: Motivos, Recurso y Qué Pasa Después

Por Miguel Ángel Tamayo Martín, Abogado (Col. 1881 ICAC)
Me Han Denegado el AFO en Cádiz: Motivos, Recurso y Qué Pasa Después
Qué hacer si el Ayuntamiento deniega, archiva o no resuelve su solicitud de AFO: motivos que permite la LISTA, recurso de reposición y contencioso, plazos, nueva solicitud y riesgo de expediente de restablecimiento.

Ha pedido al Ayuntamiento que reconozca su vivienda en suelo rústico como asimilada a fuera de ordenación y la respuesta ha sido negativa: una resolución que deniega, un decreto que le tiene por desistido, un archivo porque faltaba un papel o, sencillamente, meses de silencio. Tener el AFO denegado en Cádiz no significa que la casa vaya a derribarse ni que el asunto esté perdido, pero sí abre una etapa en la que los plazos corren deprisa y en la que un paso mal dado puede empeorar su situación de partida. Es normal que el sistema resulte confuso, porque la denegación, la inadmisión, el archivo y el silencio se parecen en el efecto inmediato y se tratan de forma muy distinta. Aquí se explica qué tipo de respuesta ha recibido, qué motivos puede invocar la ley, qué recursos caben, en qué plazo, cuándo compensa una nueva solicitud y qué riesgo existe de que la denegación active un expediente de restablecimiento de la legalidad.

Qué significa tener el AFO denegado y qué no significa

La declaración de asimilado a fuera de ordenación es el reconocimiento formal de una situación de hecho: que una edificación irregular terminada ya no puede ser objeto de medidas de restablecimiento porque ha transcurrido el plazo que la ley concede a la Administración. El artículo 173.1 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, la conocida LISTA, sitúa en ese régimen a las edificaciones terminadas, en cualquier clase de suelo y cualquiera que sea su uso, frente a las que ya no resulta posible adoptar medidas de protección de la legalidad. El Reglamento General de la LISTA, aprobado por el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, añade en su artículo 410.1 un matiz que conviene retener desde el principio: la declaración es un acto reglado.

Que sea un acto reglado quiere decir que el Ayuntamiento no decide por conveniencia ni por criterio de oportunidad. Si concurren los requisitos, debe reconocer la situación; si no concurren, debe denegarla. Por eso un AFO denegado no es una opinión municipal contra la que nada cabe hacer, sino una decisión que tiene que apoyarse en un motivo previsto en la norma y que puede revisarse, primero por la propia Administración y después por los tribunales, si ese motivo no existe o está mal apreciado.

Lo que la denegación no hace por sí sola es ordenar la demolición, imponer una multa ni declarar ilegal lo que antes era legal. La vivienda sigue estando donde estaba y en la misma situación jurídica que antes de pedir nada. Lo que sí cambia es que el Ayuntamiento ha examinado la edificación, conoce su existencia y tiene en su poder la documentación técnica que usted aportó. Ese dato es el que convierte la etapa posterior a la denegación en un momento delicado, y sobre él se vuelve más adelante. Los requisitos y el trámite de la solicitud ya los explicamos en nuestra guía sobre cómo regularizar una vivienda en suelo no urbanizable mediante el AFO en Cádiz; aquí se parte de que la solicitud ya está presentada y la respuesta ha sido negativa.

Denegación, inadmisión, archivo y silencio: cuatro respuestas que no son iguales

La primera tarea, antes de pensar en recursos, es identificar con exactitud qué le han notificado. En la práctica llegan cuatro tipos de respuesta negativa y cada una tiene un régimen propio. La denegación expresa es una resolución que entra en el fondo y concluye que no se cumplen los requisitos. La inadmisión es una decisión que ni siquiera llega a examinar el fondo, y el artículo 88.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, la reserva para solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento o manifiestamente carentes de fundamento.

El archivo por falta de documentación suele presentarse como una resolución que le tiene por desistido de su petición después de un requerimiento de subsanación no atendido, o como una declaración de caducidad del procedimiento por paralización imputable al solicitante. Y el silencio es la ausencia de respuesta: pasa el plazo máximo para resolver y no se notifica nada. Ninguna de estas cuatro situaciones equivale a las otras, y confundirlas lleva con frecuencia a recurrir lo que no hacía falta recurrir o a dejar pasar el plazo de lo que sí lo exigía.

Respuesta recibidaQué significa jurídicamentePlazo de reacción
Denegación expresaEl Ayuntamiento entra en el fondo y considera que falta algún requisito; debe indicar las causas y el régimen aplicableUn mes para reposición o dos meses para el contencioso, desde el día siguiente a la notificación
InadmisiónNo se examina el fondo por considerar la solicitud carente de fundamento o ajena a un derecho reconocidoLos mismos plazos que la denegación expresa
Desistimiento tras requerimientoSe tiene por abandonada la solicitud porque no se subsanó en el plazo concedidoRecurrible como resolución expresa; cabe valorar una nueva solicitud completa
Caducidad por paralizaciónArchivo de las actuaciones tras advertencia y tres meses de paralización imputable al interesadoRecurrible; no resuelve el fondo
SilencioA los seis meses sin resolución notificada la solicitud se entiende desestimadaReposición en cualquier momento; contencioso en seis meses según el artículo 46.1 de la Ley 29/1998

La tabla recoge la regla general. Cada notificación debe leerse con atención, porque el artículo 88.3 de la Ley 39/2015 obliga a que la resolución exprese los recursos que proceden, el órgano ante el que deben presentarse y el plazo para interponerlos. Ese pie de recursos es una primera orientación útil, aunque no sustituye el análisis de qué conviene hacer en su caso concreto.

Los motivos de denegación del AFO que la ley permite

Como la declaración es reglada, los motivos de denegación están tasados. El artículo 405 del Reglamento exige tres requisitos para el reconocimiento: que haya transcurrido el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad conforme al artículo 153.1 de la LISTA, que la edificación reúna las condiciones mínimas de seguridad y salubridad requeridas para su habitabilidad o uso, y que no se encuentre sobre suelos afectados por procesos naturales o actividades que generen riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos, salvo que se hayan adoptado previamente las medidas exigidas por la Administración competente.

El artículo 173.4 de la LISTA formula esos mismos supuestos en negativo: no procede el reconocimiento en las edificaciones para las que no haya transcurrido el plazo, en las que no reúnan las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, salvo que previamente se hubieran hecho por orden del Ayuntamiento las obras necesarias, y en las levantadas sobre suelos con riesgos ciertos, salvo que se hayan adoptado las medidas exigidas. A ellos se suma un motivo que en la provincia aparece con frecuencia: que la edificación esté en alguno de los supuestos del artículo 153.2, en los que el restablecimiento puede ordenarse en todo momento y, por tanto, el plazo nunca llega a transcurrir.

Esos supuestos sin límite temporal comprenden las actuaciones sobre dominio público y servidumbres de protección, las realizadas en suelo rústico preservado con riesgos ciertos mientras subsistan, las situadas en suelo rústico en zona de influencia del litoral, las que afectan a bienes inscritos individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, las que afectan a zonas verdes y espacios libres y las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico, con la salvedad que la propia norma reserva a la parcela concreta sobre la que existe una edificación cuyo plazo ya ha transcurrido. Cuando la denegación se apoya en uno de estos supuestos, lo que se discute ya no es la antigüedad de la casa, sino la delimitación del suelo: dónde pasa la línea de deslinde, qué categoría asigna el planeamiento o si existe de verdad una parcelación.

Fuera de esa lista no hay más causas de fondo. Una denegación motivada en razones genéricas, en que la edificación no se ajusta al planeamiento o en que el uso no está permitido en suelo rústico confunde el AFO con la legalización. El reconocimiento parte precisamente de que la edificación es irregular y no se puede legalizar; si fuera conforme con la ordenación, la vía sería otra. Detectar que la denegación descansa en un motivo que la ley no prevé es, muchas veces, el núcleo del recurso.

La resolución que deniega el AFO tiene que explicar por qué

El Reglamento no permite una denegación escueta. Su artículo 409, tras detallar el contenido de la resolución favorable, dedica un apartado específico a la negativa y le impone dos contenidos mínimos: las causas que la motivan y la advertencia expresa del régimen que resulta aplicable a la edificación.

"Si la resolución fuera denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia expresa del régimen que resulte aplicable a la misma."
— Artículo 409.2 del Reglamento General de la Ley 7/2021, aprobado por el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre

Esta exigencia enlaza con el artículo 35.1.a) de la Ley 39/2015, que obliga a motivar, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Una resolución que se limita a decir que no concurren los requisitos, sin señalar cuál falla ni por qué, o que no explica en qué situación queda la edificación tras la denegación, no cumple lo que la norma pide. El defecto de motivación no es un formalismo: impide saber contra qué hay que defenderse y, por eso mismo, es un argumento de impugnación con peso propio.

La advertencia sobre el régimen aplicable tiene además una utilidad práctica que suele pasar desapercibida. Le dice al propietario si la Administración considera que la edificación está todavía dentro del plazo de restablecimiento, si la sitúa en un suelo sin límite temporal o si entiende que el problema es solo de condiciones de seguridad y salubridad subsanables. De esa advertencia depende en buena medida el riesgo que se analiza más adelante, porque una denegación por plazo no transcurrido equivale a una afirmación municipal de que la potestad de restablecimiento sigue viva.

Por la misma razón conviene pedir copia completa del expediente antes de decidir nada. El artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015 reconoce a los interesados el derecho a acceder y obtener copia de los documentos del procedimiento. Los informes técnicos y jurídicos municipales y los informes sectoriales que pudiera haber recabado el Ayuntamiento son los que revelan el verdadero motivo de la denegación, que a veces no coincide con lo que dice la resolución.

El silencio en el AFO: seis meses y desestimación

Una situación frecuente es la falta de respuesta. La propia LISTA fija el plazo máximo y el sentido del silencio, de modo que no hay que acudir a la regla general de la Ley 39/2015, que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado es el silencio positivo salvo que una ley disponga lo contrario.

"El plazo máximo para resolver será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo. Si el procedimiento fue iniciado de oficio, se producirá la caducidad del mismo."
— Artículo 173.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía

El artículo 409.3 del Reglamento repite esa misma regla. La consecuencia es clara: transcurridos seis meses sin resolución expresa, su solicitud no se ha concedido. El artículo 24.2 de la Ley 39/2015 precisa que la desestimación por silencio tiene los solos efectos de permitir la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. No es una resolución sobre el fondo, sino una ficción legal que le abre la puerta de los recursos para que la espera no se prolongue indefinidamente.

El silencio no extingue la obligación de resolver. El artículo 21.1 de la misma ley obliga a la Administración a dictar resolución expresa en todo caso, y el artículo 24.3.b) añade que, en la desestimación por silencio, la resolución posterior se adopta sin vinculación alguna al sentido del silencio. Puede llegar, por tanto, una resolución tardía favorable, pero también una desfavorable con una motivación que hasta entonces no conocía. Por eso no suele ser prudente esperar sin más: conviene decidir si se recurre la desestimación presunta, si se solicita información sobre el estado de la tramitación al amparo del artículo 53.1.a) o si ambas cosas.

Plazo: Los seis meses se cuentan desde que la solicitud entró en el registro electrónico del Ayuntamiento, conforme al artículo 21.3.b) de la Ley 39/2015. Guarde el justificante de presentación con su fecha: es el punto de partida de todos los cómputos posteriores si no llega respuesta.

El archivo por falta de documentación o por desistimiento

Muchas solicitudes no llegan a resolverse en el fondo porque el Ayuntamiento requiere documentación y el requerimiento no se atiende a tiempo. El artículo 68.1 de la Ley 39/2015 prevé que, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requiera al interesado para que en diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido, previa resolución. El apartado 2 permite ampliar ese plazo hasta cinco días cuando la aportación de los documentos presente dificultades especiales, a petición del interesado o por iniciativa del órgano.

En el AFO el requerimiento casi siempre afecta al documento técnico que exige el artículo 406 del Reglamento: identificación de la finca, régimen del suelo, riesgos, características de la edificación, fecha de terminación acreditada, certificado de condiciones mínimas de seguridad y salubridad y, si se trata de una parcelación, la descripción de la parcela. Diez días hábiles es muy poco tiempo si el técnico tiene que volver a la finca o recabar documentos de terceros, y por eso pedir la ampliación dentro del plazo es una decisión que debe tomarse en cuanto llega el requerimiento.

Distinto es el caso de la caducidad. El artículo 95.1 de la Ley 39/2015 dispone que, si un procedimiento iniciado a solicitud del interesado se paraliza por causa imputable a él, la Administración le advertirá de que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad, y que, consumido ese plazo sin actividad, acordará el archivo. El mismo precepto aclara que contra la resolución que declare la caducidad proceden los recursos pertinentes, y su apartado 2 impide declararla por la simple inactividad en trámites que no sean indispensables para resolver.

Tanto el desistimiento como la caducidad tienen un rasgo común: según el artículo 21.1, la resolución se limita a declarar la circunstancia que concurre, con indicación de los hechos y de las normas aplicables. No hay pronunciamiento sobre si la edificación cumple o no los requisitos. Si el requerimiento fue correcto y el archivo procedente, la vía razonable suele ser presentar una nueva solicitud completa; si el requerimiento pedía documentos que la norma no exige, o el archivo se acordó sin advertencia previa, lo indicado es recurrir.

Recurso contra la denegación del AFO: reposición o contencioso directo

La resolución sobre el AFO la dicta el Ayuntamiento, normalmente el Alcalde, la Junta de Gobierno Local o un órgano que actúa por delegación de ellos. El artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que ponen fin a la vía administrativa las resoluciones del Pleno, los Alcaldes y las Juntas de Gobierno, y las de órganos inferiores cuando resuelven por delegación de aquellos. Su apartado 1 permite, contra esos actos, acudir a la jurisdicción competente o interponer antes, con carácter potestativo, recurso de reposición.

Esa es la misma regla del artículo 123 de la Ley 39/2015: los actos que ponen fin a la vía administrativa pueden recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El artículo 112.1 permite fundar el recurso en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48. Si se elige la reposición, el apartado 2 del artículo 123 impide acudir al contencioso hasta que se resuelva expresamente o se produzca su desestimación presunta.

Los plazos están en el artículo 124. La reposición se interpone en un mes si el acto es expreso; si no lo es, puede interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. La Administración dispone de un mes para resolverla y, transcurrido ese plazo, el recurso se entiende desestimado, porque el artículo 24.1 de la misma ley atribuye sentido desestimatorio al silencio en los procedimientos de impugnación de actos. El artículo 124.1 añade una advertencia que no debe pasarse por alto: vencido el mes de la reposición contra un acto expreso, solo queda el contencioso.

Elegir entre una y otra vía depende del motivo de la denegación. Si el problema es un error de hecho que el propio Ayuntamiento puede corregir a la vista de un documento que no valoró, o una omisión que se subsana fácilmente, la reposición permite reconducir el expediente sin coste procesal. Si la discrepancia es de fondo, por ejemplo sobre la categoría del suelo o la fecha de terminación, la reposición suele retrasar sin aportar, y puede ser preferible acudir directamente al contencioso con la prueba ya preparada.

Atención: Los plazos fijados en meses se computan de fecha a fecha a partir del día siguiente a la notificación, según el artículo 30.4 de la Ley 39/2015, y si el último día es inhábil se prorroga al primer día hábil siguiente, conforme a su apartado 5. Un mes no son treinta días ni cuatro semanas, y un error de un solo día convierte la resolución en firme.

El recurso contencioso-administrativo contra el AFO denegado

El artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, fija el plazo para interponer el recurso en dos meses contados desde el día siguiente a la notificación del acto que pone fin a la vía administrativa, si es expreso. Si no lo es, el plazo es de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produce el acto presunto. Cuando se ha interpuesto reposición, el artículo 46.4 hace correr el plazo desde la notificación de su resolución expresa o desde que deba entenderse presuntamente desestimada. Y el artículo 128.2 dispone que durante el mes de agosto no corre el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, regla que no se aplica a la reposición, que es un recurso administrativo.

El recurso contra actos de las entidades locales corresponde en primera instancia a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia, a la que el artículo 8.1 de la Ley 29/1998 sigue denominando Juzgado de lo Contencioso-administrativo. Para la competencia territorial, la regla tercera del artículo 14.1 atribuye las actuaciones urbanísticas y, en general, las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada al órgano en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados. En una vivienda en el término de Chiclana, Conil o Vejer, la competencia viene así determinada por la ubicación de la finca. El artículo 23.1 exige que, ante estos órganos unipersonales, las partes sean asistidas en todo caso por abogado, y les permite conferir su representación a un procurador.

Lo que se pide en el recurso también importa. El artículo 31 de la Ley 29/1998 permite pretender la declaración de que el acto no es conforme a derecho y su anulación, pero también el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento. Como el AFO es un acto reglado, cuando la prueba lo permite tiene sentido pedir no solo que se anule la denegación, sino que se declare que la edificación reúne los requisitos y que el Ayuntamiento debe reconocer su situación. La diferencia práctica entre una sentencia que solo anula y otra que reconoce es considerable, porque la primera devuelve el expediente al Ayuntamiento y la segunda lo cierra.

¿Le han denegado, archivado o no contestado el AFO?

Estudiamos la resolución, los plazos de recurso que tiene abiertos y la prueba de antigüedad de su vivienda, y le explicamos si conviene recurrir, presentar una nueva solicitud con mejor documentación o prepararse ante un posible expediente de restablecimiento de la legalidad.

La preparación de este recurso exige combinar el análisis del expediente municipal, la prueba técnica y la estrategia procesal desde el primer día. Es el trabajo que desarrollamos como abogados de recursos contencioso-administrativos en Cádiz, y conviene empezarlo con margen suficiente dentro del plazo de dos meses, no en sus últimos días.

La fecha de terminación y la carga de la prueba

Muchas denegaciones se apoyan, de un modo u otro, en el primer requisito: que no consta acreditado que hayan transcurrido seis años desde la completa terminación de la obra. El artículo 153.1 de la LISTA fija ese plazo desde la completa terminación o, si es posterior, desde la aparición de signos externos que permitan conocer los actos, y el artículo 404.2 del Reglamento remite a su artículo 355 para determinar cuándo una obra está terminada. El modo de computar esos seis años y sus excepciones se explican con detalle en nuestro artículo sobre la prescripción de la infracción urbanística en suelo rústico en Andalucía.

Lo que importa aquí es quién debe probar. El artículo 355.2 del Reglamento admite cualquier medio de prueba para fijar la fecha de terminación de las obras ejecutadas sin título habilitante, pero atribuye la carga de la prueba al titular de la actuación, quien deberá, en su caso, desvirtuar el resultado de las comprobaciones realizadas por los servicios técnicos correspondientes. El mismo precepto considera terminadas las obras cuando están ultimadas y dispuestas a servir al fin previsto, sin necesidad de obra complementaria alguna, salvo las puntuales para las condiciones mínimas de seguridad y salubridad o las indispensables para el ornato público.

En el recurso, por tanto, no basta con afirmar que la casa es antigua. Hay que oponer prueba a la prueba municipal. Si el informe técnico del Ayuntamiento sitúa la terminación en una fecha a partir de una ortofotografía concreta, la respuesta eficaz es un informe pericial que analice la serie completa de vuelos fotogramétricos, la certificación catastral, la documentación de suministros y cualquier otro rastro documental, y que explique por qué la lectura municipal es errónea. Una denegación por plazo no transcurrido suele ganarse o perderse en ese contraste técnico.

Hay una cuestión adicional que exige cuidado. Si la edificación tuvo ampliaciones posteriores, como un porche cerrado, una planta añadida o una piscina, cada actuación tiene su propia fecha de terminación. El artículo 404.6 del Reglamento permite reconocer la situación de asimilado en una parte de la edificación que constituya una unidad funcional y constructiva independiente, siempre que en ella concurran los requisitos. Plantear el recurso o la nueva solicitud distinguiendo cuerpos y fechas puede abrir una salida cuando el conjunto no la tiene.

En la práctica: Antes de recurrir una denegación basada en la fecha, conviene contrastar con un técnico la prueba que se aportó y la que manejó el Ayuntamiento. Si la prueba nueva es sólida, el recurso tiene fundamento; si no la hay, recurrir solo con alegaciones rara vez cambia el resultado.

Cuando la denegación se basa en la seguridad y la salubridad

El segundo motivo de denegación es que la edificación no reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. En ausencia de normativa municipal, el artículo 407 del Reglamento las concreta: seguridad estructural sin lesiones que pongan en peligro a ocupantes, terceros o predios colindantes; estanqueidad y aislamiento frente al agua y las humedades; un sistema de abastecimiento de agua y de suministro eléctrico ajustado a la normativa, con garantía en todo caso de la aptitud de las aguas para el consumo humano; y evacuación y depuración de aguas residuales en buen funcionamiento, con sistemas homologados y contrato de mantenimiento si son autónomos. Para el uso residencial añade una estancia de estar y descanso, equipo de cocina y aseo independiente, y piezas habitables que no estén en sótano y tengan iluminación y ventilación naturales.

Este motivo es distinto de los demás porque, en principio, es subsanable. El artículo 173.4 de la LISTA exceptúa expresamente de la causa de denegación las edificaciones en las que previamente se hayan realizado, por orden del Ayuntamiento, las obras necesarias para alcanzar esas condiciones. Y el artículo 408.5 del Reglamento permite que, durante la instrucción, se ordene al propietario la ejecución de obras para cumplir los requisitos del artículo 407, con un plazo para presentar el proyecto cuando sea preceptivo y para terminarlas, quedando suspendido el procedimiento mientras tanto.

De ahí se derivan dos líneas de actuación. Si el Ayuntamiento denegó por falta de condiciones sin haber utilizado antes esa posibilidad, el recurso puede sostener que lo procedente era ordenar las obras y no cerrar el procedimiento. Si, por el contrario, se ordenaron las obras y no se ejecutaron, lo razonable suele ser ejecutarlas con el correspondiente respaldo técnico y presentar una nueva solicitud que acredite su realización. Lo que nunca debe hacerse es acometerlas por propia iniciativa, sin orden municipal, porque eso choca con la prohibición que se explica más adelante.

Un problema frecuente en diseminados del interior y de la campiña de Jerez o de Medina Sidonia es el saneamiento autónomo. Una fosa antigua sin homologación ni contrato de mantenimiento no cumple el artículo 407.1.d), y la denegación por este motivo es técnicamente fundada. En esos casos el trabajo útil no está en el recurso, sino en definir con el técnico la solución que el Ayuntamiento puede ordenar y aceptar.

El riesgo de que el AFO denegado abra un expediente de restablecimiento

Esta es la cuestión que más preocupa a quien recibe una denegación, y con razón. Al pedir el AFO, el propietario pone en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de una edificación irregular, su superficie, sus características y una fecha de terminación. Si el Ayuntamiento concluye que el plazo del artículo 153 no ha transcurrido o que la edificación está en un suelo sin límite temporal, está afirmando, en realidad, que conserva la potestad de restablecer la legalidad. La Ley 39/2015 lo contempla expresamente al regular el contenido de la resolución.

"En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede."
— Artículo 88.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

El precepto protege y advierte a la vez. Protege porque la resolución del AFO no puede, por sí misma, empeorar la situación del solicitante: no puede ordenar la demolición ni imponer una sanción dentro de un procedimiento que solo tenía por objeto reconocer una situación. Advierte porque deja a salvo la incoación de oficio de un procedimiento distinto. Ese procedimiento es el de restablecimiento de la legalidad regulado en el artículo 152 de la LISTA, con su plazo de un año para notificar la resolución desde el acuerdo de iniciación, sus informes técnico y jurídico sobre la compatibilidad de lo ejecutado y su trámite de audiencia. Cómo se desarrolla y cómo se defiende lo explicamos en el artículo sobre el expediente de protección de la legalidad y la sanción en la disciplina urbanística andaluza.

No toda denegación desemboca en un expediente de restablecimiento, y sería alarmista afirmarlo. Si la denegación se debe a las condiciones de seguridad y salubridad o a la falta de un documento, la Administración no está diciendo que pueda actuar contra la edificación. El riesgo se concentra en las denegaciones por plazo no transcurrido y por suelo sin límite temporal. En ellas, recurrir no es solo una forma de obtener el AFO: es también la forma de evitar que la afirmación municipal sobre la fecha quede firme y sirva de base a una orden de reposición.

El artículo 152.7 de la LISTA ofrece, en sentido inverso, una herramienta útil: si en el procedimiento de restablecimiento no procede la legalización pero se comprueba que ha transcurrido el plazo, así debe declararse en la resolución, y esa declaración también puede efectuarse a solicitud del interesado. Para quien tiene una prueba de antigüedad sólida, la discusión sobre la fecha no se agota en el AFO y puede trasladarse a cualquier procedimiento posterior.

Recurrir o presentar una nueva solicitud con mejor prueba

Ante un AFO denegado, la alternativa al recurso es presentar otra solicitud. Ninguna norma la prohíbe, pero no siempre es la mejor opción. Si la denegación es firme por no haberse recurrido, presentar otra solicitud con la misma documentación conduce previsiblemente al mismo resultado. La nueva solicitud tiene sentido cuando cambia algo relevante: cuando hay prueba de antigüedad que antes no se aportó, cuando se han ejecutado por orden municipal las obras de seguridad y salubridad, cuando se han adoptado las medidas frente a un riesgo exigidas por la Administración competente o cuando se reconsidera el alcance de lo solicitado, por ejemplo limitándolo a una parte de la edificación.

El recurso, en cambio, tiene sentido cuando el Ayuntamiento se equivocó con los elementos que ya tenía: cuando valoró mal la prueba, aplicó un motivo que la ley no prevé, no motivó la resolución, omitió la advertencia del régimen aplicable o se apoyó en informes que no puso de manifiesto. Sobre esto último, el artículo 82.4 de la Ley 39/2015 solo permite prescindir del trámite de audiencia cuando no figuran en el procedimiento ni se tienen en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas que los aducidos por el interesado. Una denegación basada en un informe sectorial o técnico que el solicitante no pudo conocer ni discutir presenta un defecto de procedimiento que debe hacerse valer.

Las dos vías pueden también combinarse. Hay casos en que conviene recurrir para impedir que la denegación por plazo quede firme y, al mismo tiempo, preparar la prueba técnica que se presentará en el proceso o en una futura solicitud. La decisión exige valorar a la vez el motivo de la denegación, la calidad de la prueba disponible y el riesgo de restablecimiento, y no admite una respuesta general.

Si el motivo era el plazo y el problema real es que la obra aún no había cumplido seis años al presentar la solicitud, la tentación es esperar y volver a pedirlo cuando se cumplan. Es una opción que solo puede valorarse con el expediente delante, porque durante ese tiempo la Administración conserva intacta su potestad y ahora conoce la edificación con detalle.

Qué no conviene hacer mientras se recurre la denegación

El error más costoso tras un AFO denegado es actuar sobre la vivienda como si la denegación fuera un trámite menor. El artículo 173.3 de la LISTA impide que las edificaciones irregulares en situación de asimilado accedan a los servicios básicos y que se realice en ellas obra alguna hasta que se haya producido la resolución de reconocimiento, salvo las que el Ayuntamiento ordene para la seguridad y la salubridad. El artículo 404.4 del Reglamento reitera esa prohibición. Mientras no haya AFO, cualquier obra es una actuación nueva, con su propia fecha de terminación y su propio plazo de restablecimiento.

Tampoco conviene tratar el recurso como si paralizara cualquier actuación municipal. El artículo 117.1 de la Ley 39/2015 establece que la interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo disposición en contrario. Frente a una denegación, que es un acto negativo, esto tiene poco efecto inmediato, pero si en paralelo el Ayuntamiento incoa un procedimiento de restablecimiento y dicta medidas, ese procedimiento sigue su curso propio. Si llegara a dictarse una orden de demolición, la solicitud de suspensión en vía administrativa y, en su caso, la medida cautelar en el proceso, que el artículo 130 de la Ley 29/1998 permite cuando la ejecución pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso, dejan de ser trámites accesorios.

Hay un tercer error frecuente: contestar por escrito al Ayuntamiento, sin asesoramiento, reconociendo fechas o características de la obra que no se corresponden con la realidad o que no se pueden probar. Lo que se escribe en esta fase queda en el expediente y puede utilizarse después. Es preferible una respuesta tardía pero exacta, dentro de plazo, que una respuesta inmediata que fije hechos desfavorables.

El AFO denegado en la provincia de Cádiz: litoral, diseminados y parcelaciones

La provincia reúne casi todos los supuestos que complican un AFO. Los diseminados de Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate, el entorno rural de El Puerto de Santa María y Puerto Real y las campiñas de Jerez, Medina Sidonia o Arcos de la Frontera concentran un número muy elevado de viviendas levantadas sin licencia a lo largo de décadas, muchas de ellas nacidas de la división informal de fincas matrices. A esa realidad se superponen el litoral, las marismas, los parques naturales y una red densa de vías pecuarias y cauces.

Por eso, en la costa gaditana, el motivo de denegación que con más frecuencia hay que examinar es la ubicación de la parcela en un suelo sin límite temporal: dominio público o servidumbre de protección, o suelo rústico en zona de influencia del litoral. En el interior, la cuestión más habitual es la parcelación urbanística y el alcance de la salvedad que el artículo 153.2.f) reserva a la parcela concreta en la que existe una edificación cuyo plazo ha transcurrido. En unos y otros casos, la discusión es técnica y cartográfica, y exige comparar la delimitación que maneja el Ayuntamiento con la que resulta del planeamiento, de los deslindes y de los informes sectoriales que el artículo 408.2 del Reglamento le obliga a solicitar durante la instrucción.

No es posible dar aquí una respuesta por municipio, porque cada Ayuntamiento tiene su planeamiento, puede desarrollar el procedimiento mediante ordenanza conforme al artículo 404.5 del Reglamento y fija sus propias tasas en su ordenanza fiscal. Lo que sí puede afirmarse es que la denegación debe analizarse con el expediente completo y con la delimitación del suelo a la vista. Ese análisis, junto con la preparación de la prueba y la elección de la vía de impugnación, es el centro del trabajo que realizamos como abogados especialistas en AFO en Cádiz.

Cada mes que pasa tras la notificación reduce las opciones disponibles. El primer mes es el de la reposición; los dos primeros, el del contencioso contra una resolución expresa. Dentro de ese margen hay que obtener el expediente, valorar el motivo, decidir con el técnico si existe prueba nueva y elegir el camino. Hacerlo bien no asegura el resultado, que depende de los hechos y de la prueba, pero hacerlo tarde lo compromete casi siempre.

Preguntas Frecuentes sobre el AFO denegado

¿Qué plazo tengo para recurrir si me han denegado el AFO?

Si la denegación es expresa y la dictó el Alcalde, la Junta de Gobierno Local o un órgano por delegación de ellos, puede interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o acudir directamente al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ambos contados desde el día siguiente a la notificación. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha. Si deja pasar el mes sin recurrir en reposición, solo queda el contencioso, y si vencen los dos meses la denegación queda firme.

¿Qué pasa si el Ayuntamiento no contesta a mi solicitud de AFO?

La Ley 7/2021 de Andalucía fija un plazo máximo de seis meses para resolver el reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación. Si transcurre sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo. Esa desestimación presunta le permite recurrir, en reposición en cualquier momento o en vía contencioso-administrativa en el plazo que fija la Ley 29/1998. El Ayuntamiento sigue obligado a resolver y puede hacerlo después sin quedar vinculado por el silencio.

¿Pueden derribar mi casa después de denegarme el AFO?

La denegación no ordena por sí misma ninguna demolición, porque la resolución de un procedimiento iniciado a su solicitud no puede agravar su situación inicial. Sin embargo, si el Ayuntamiento considera que no han transcurrido los seis años o que la vivienda está en un suelo sin límite temporal, puede iniciar de oficio un procedimiento de restablecimiento de la legalidad. Por eso conviene recurrir la denegación cuando se apoya en esos motivos y existe prueba para discutirlos.

¿Puedo volver a solicitar el AFO después de una denegación?

Ninguna norma impide presentar una nueva solicitud, pero repetir la misma documentación lleva previsiblemente al mismo resultado. Tiene sentido cuando cambia algo relevante, como una prueba de antigüedad que antes no se aportó, la ejecución por orden municipal de las obras de seguridad y salubridad o la adopción de las medidas frente a riesgos exigidas por la Administración competente. Si el Ayuntamiento se equivocó con los elementos que ya tenía, lo indicado suele ser recurrir.

¿Por qué motivos puede el Ayuntamiento denegar el AFO?

La declaración de asimilado a fuera de ordenación es un acto reglado, así que solo puede denegarse por los motivos que prevé la ley andaluza: que no hayan transcurrido seis años desde la completa terminación de la obra, que la edificación esté en un suelo en el que el restablecimiento puede ordenarse en todo momento, que no reúna las condiciones mínimas de seguridad y salubridad o que se asiente sobre suelos con riesgos ciertos sin haberse adoptado las medidas exigidas. La resolución debe indicar la causa concreta.

Si su situación encaja con alguno de los supuestos descritos en este artículo, en Tamayo Abogados contamos con más de treinta años de experiencia en derecho urbanístico y regularización de viviendas en suelo rústico en la provincia de Cádiz. Contacte con nosotros para que analicemos su caso. Si le han denegado el AFO, le han archivado la solicitud o el Ayuntamiento no le contesta, revisamos el expediente municipal y le decimos qué plazos tiene, qué riesgo existe y qué posibilidades reales hay de obtener el reconocimiento.

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