Incapacidad Permanente

Me Deniegan la Incapacidad porque Tengo una Operación Pendiente: Lista de Espera del SAS en Cádiz

Por Miguel Ángel Tamayo Martín, Abogado (Col. 1881 ICAC)
Me Deniegan la Incapacidad porque Tengo una Operación Pendiente: Lista de Espera del SAS en Cádiz
Si el INSS le deniega la incapacidad porque tiene una operación pendiente o está en la lista de espera del SAS, le explicamos qué dice la ley, qué plazo corre y cómo se defiende cada situación en Cádiz.

Lleva meses de baja, el cirujano le ha propuesto una intervención o figura en la lista de espera quirúrgica del Servicio Andaluz de Salud, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social le contesta que sus lesiones "no son definitivas" y que todavía queda tratamiento por hacer. Si le deniegan la incapacidad por tener una operación pendiente, no está ante un trámite menor: corre un plazo corto para reclamar, su baja tiene fecha de caducidad y la decisión de esperar a la cirugía o pelear ya la resolución tiene consecuencias económicas que no se pueden deshacer después. En la provincia de Cádiz lo vemos con frecuencia en pacientes que esperan cita en el Puerta del Mar, en el Hospital de Puerto Real, en el de Jerez o en el Punta de Europa. En este artículo le explicamos qué dice exactamente la ley sobre el tratamiento pendiente, cómo se defiende cada situación y qué errores conviene evitar desde el primer día.

Por qué el INSS deniega la incapacidad cuando hay una operación pendiente

La resolución suele repetir una fórmula parecida: las lesiones que presenta el trabajador "no pueden considerarse previsiblemente definitivas", "existen posibilidades terapéuticas pendientes" o "no se ha agotado el tratamiento". Detrás de esas frases hay una lectura del dictamen del Equipo de Valoración de Incapacidades, el conocido como tribunal médico, que ha visto en su historial una cirugía propuesta, una inclusión en lista de espera o un tratamiento que todavía no se ha completado, y ha concluido que mientras esa puerta siga abierta no puede afirmarse que su capacidad de trabajo esté perdida de forma estable.

Conviene entender que no se trata de un juicio sobre si usted puede o no trabajar hoy. Es un juicio sobre el futuro: el INSS sostiene que, si la operación sale bien, la situación puede cambiar, y que por tanto es prematuro reconocer una pensión. Esa es la razón de fondo, y es también su punto débil, porque la ley no exige certeza absoluta de que nada vaya a mejorar, sino una valoración médica razonable sobre si la recuperación es probable, cercana y suficiente para volver a la profesión habitual.

El problema práctico es que esa denegación llega muchas veces en el peor momento. El trabajador lleva un año largo de baja, ha llegado al límite de la incapacidad temporal o está a punto de hacerlo, la fecha de la intervención no existe o se ha ido aplazando, y se encuentra con que ni tiene pensión ni sabe cuándo podrá operarse. Por eso la reacción de las primeras semanas es decisiva.

Qué dice el artículo 193.1 de la Ley General de la Seguridad Social sobre el tratamiento pendiente

La definición legal de incapacidad permanente está en el artículo 193.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015. Es el precepto que el INSS invoca para denegar y, al mismo tiempo, el que da las herramientas para reclamar, porque contiene dos matices que con frecuencia se pasan por alto en las resoluciones.

"La incapacidad permanente contributiva es la situación de la persona trabajadora que, después de haber estado sometida al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral de la persona incapacitada, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."
— Artículo 193.1, párrafo primero, del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

La primera frase es la que el INSS cita: tratamiento prescrito y lesiones previsiblemente definitivas. La segunda es la que muchas veces se omite. Que exista una posibilidad de recuperación no impide reconocer la incapacidad si esa posibilidad, valorada médicamente, es incierta o se sitúa a largo plazo. La palabra clave es "previsiblemente": la ley no pide que las lesiones sean definitivas con seguridad, sino que lo previsible sea que no van a desaparecer en un horizonte razonable.

Esto cambia por completo la forma de abordar una denegación por cirugía pendiente. La pregunta no es si hay una operación posible, sino qué probabilidad real tiene esa operación de devolverle la capacidad para su trabajo, en cuánto tiempo y con qué riesgos. Si la cirugía es de resultado dudoso, si su propio especialista no garantiza la mejoría funcional o si la fecha es completamente indeterminada, el argumento del INSS se debilita mucho.

La reforma de la Ley 3/2024: cuándo el tratamiento previo puede no ser exigible

Desde el 1 de noviembre de 2024, el artículo 193.1 tiene un segundo párrafo nuevo, introducido por la disposición final segunda de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, la llamada ley de la ELA. Aunque la norma nació pensando en enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, el texto que añadió a la Ley General de la Seguridad Social es general y se aplica a cualquier trabajador.

"El requisito de haber estado sometido previamente al tratamiento prescrito podrá no ser exigible en aquellos supuestos en los que, atendiendo a las características de la patología de la persona trabajadora, el estadio de la enfermedad, su previsible evolución, y la gravedad de las reducciones anatómicas y funcionales, estas queden suficientemente objetivadas y sean previsiblemente definitivas."
— Artículo 193.1, párrafo segundo, del Real Decreto Legislativo 8/2015, en la redacción dada por la Ley 3/2024, de 30 de octubre

La ley enumera cuatro elementos que hay que examinar: las características de la patología, el estadio de la enfermedad, su evolución previsible y la gravedad de las limitaciones. Cuando esos cuatro elementos dejan las reducciones objetivadas y con apariencia de permanencia, el hecho de que quede un tratamiento por hacer no es, por sí solo, motivo para denegar. Es un cambio relevante, porque antes de esa reforma el tratamiento previo aparecía en la ley como un requisito sin matices.

La redacción es potestativa, "podrá no ser exigible", y no obliga al INSS a prescindir del tratamiento en todos los casos. Pero sí le obliga a valorar, y una resolución que se limita a decir que hay una cirugía pendiente, sin analizar el estadio de la enfermedad ni la gravedad de las limitaciones ya acreditadas, está dejando sin examinar un supuesto que la ley contempla expresamente. Ese es un argumento que debe aparecer en la reclamación previa con los informes que lo sostengan. La misma reforma añadió al apartado 2 del artículo 193 que, en estos casos, tampoco es necesario que la incapacidad permanente derive de una incapacidad temporal.

Cuatro situaciones distintas que el INSS suele tratar igual

La frase "tiene tratamiento pendiente" agrupa realidades muy diferentes, y una buena reclamación empieza por identificar en cuál de ellas se encuentra usted. No es lo mismo tener la operación programada para dentro de unas semanas que llevar un año en la lista sin noticia alguna, ni es lo mismo una cirugía con alta probabilidad de éxito que una intervención de rescate cuyo resultado el propio cirujano califica de incierto.

La primera situación es la de la cirugía con fecha cercana y pronóstico favorable. Aquí el argumento del INSS es más sólido, y lo prudente suele ser valorar con calma si conviene reclamar o preparar el expediente para después de la intervención. La segunda es la de la lista de espera sin fecha, que es la más frecuente y la que más se presta a discusión, porque la recuperación no solo es incierta en su resultado, sino también en su momento. La tercera es la de la cirugía de resultado incierto o con riesgos relevantes, donde la segunda frase del artículo 193.1 cobra todo su sentido. La cuarta es la del paciente que, después de recibir información, decide no operarse.

Si está en la lista de espera quirúrgica del SAS sin fecha

En Andalucía existe una norma que da a los pacientes del sistema público una garantía de plazo para determinadas intervenciones programadas: el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, sobre la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. No es una norma de Seguridad Social y no decide su incapacidad, pero es muy útil para situar en el tiempo la "operación pendiente" que invoca el INSS.

"Las intervenciones quirúrgicas que se precisen para la atención de los procedimientos quirúrgicos relacionados en el Anexo 1 de este Decreto deberán realizarse en un plazo no superior a los 180 días naturales, contados desde la fecha de presentación por el paciente, o persona autorizada para ello, del documento de inscripción en el Registro de Demanda Quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, sin perjuicio de que se aprueben plazos de respuesta inferiores para determinadas intervenciones, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de este Decreto."
— Artículo 3 del Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, sobre la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía

La garantía no cubre cualquier cirugía, sino los procedimientos incluidos en el anexo del decreto, y el plazo empieza a contar desde que usted presenta el documento de inscripción en el Registro de Demanda Quirúrgica. Por eso es importante conservar ese documento y saber qué procedimiento figura en él. Además, ese plazo general de 180 días se ha acortado por órdenes posteriores de la Consejería para algunos procedimientos: la Orden de 20 de diciembre de 2006 fijó 120 días naturales para varias de las intervenciones más frecuentes, y la Orden de 2 de junio de 2016, 90 días para determinadas cirugías cardiacas. Conviene comprobar qué plazo corresponde exactamente a la suya. El artículo 11.1 del mismo decreto prevé que, transcurrido el plazo de respuesta, el paciente podrá requerir el tratamiento en un centro sanitario privado, en las condiciones que el propio decreto regula.

Hay dos matices que conviene conocer. El artículo 6 permite suspender el cómputo cuando, según criterio facultativo, no es conveniente realizar la intervención por circunstancias de su proceso asistencial, y el artículo 5 prevé que la garantía queda sin efecto si el paciente, requerido de forma fehaciente, se niega o no acude a la citación, o demora voluntariamente la intervención de forma injustificada. Si en su caso se ha producido alguna de esas incidencias, hay que saberlo antes de construir la reclamación.

Lo relevante para su expediente de incapacidad es esto: si usted acredita con documentos cuánto tiempo lleva inscrito, que la intervención no tiene fecha y, cuando proceda, que se ha superado el plazo de garantía, el argumento del INSS de que la recuperación está "pendiente" se convierte en una recuperación de momento indeterminado, que es justo lo que la segunda frase del artículo 193.1 describe como posibilidad incierta o a largo plazo. Lo que no debe hacerse es afirmar tiempos de espera que no estén documentados: el dato tiene que salir de su propio historial y de los justificantes del hospital.

Si la cirugía tiene un resultado incierto o riesgos importantes

Hay intervenciones que no prometen curar, sino aliviar. Cirugías de rescate tras una primera operación fallida, artrodesis múltiples de columna, revisiones de prótesis o intervenciones en pacientes con otras patologías asociadas que elevan el riesgo. En estos casos el informe del especialista que la propone suele ser muy prudente y habla de "posible mejoría", de "intento de control del dolor" o de "objetivo de evitar progresión", no de recuperación funcional.

Ese lenguaje es oro para la reclamación, siempre que conste por escrito. Lo que necesita la reclamación es un informe del cirujano o del especialista que responda a las preguntas que el INSS no se hizo: qué se espera razonablemente de la intervención, si permitiría volver a las tareas concretas de su profesión, cuánto tiempo de recuperación exigiría y qué riesgos plantea en su caso. Si ese informe dice que el resultado es incierto, la ley es clara en que la posibilidad de recuperación no impide la calificación.

En la provincia vemos este escenario con mucha frecuencia en patología de columna y hombro de trabajadores de los astilleros de la bahía, de la construcción o del campo. Si su caso es de este tipo, en el artículo sobre la incapacidad permanente por hernia discal y otras patologías musculoesqueléticas en Cádiz encontrará qué pruebas objetivas suelen ser decisivas para acreditar las limitaciones. Lo importante aquí es que una operación de pronóstico reservado no puede tratarse como si fuera una curación segura.

En la práctica: el informe que más pesa en estos expedientes no es el que describe la lesión, que el tribunal médico ya conoce, sino el que explica qué puede esperarse de la cirugía. Pídalo a su especialista por escrito y con la mayor precisión posible sobre pronóstico funcional y tiempos de recuperación.

No quiero operarme: el derecho a negarse al tratamiento y cómo afecta a la incapacidad

Es una de las dudas que más angustia genera. Muchas personas, después de escuchar los riesgos de una intervención, deciden no someterse a ella, y temen que esa decisión les cierre para siempre la puerta de la incapacidad. La respuesta exige separar dos planos: el derecho sanitario a decidir y la valoración que hace la Seguridad Social de sus lesiones.

"Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito."
— Artículo 2.4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente

En el plano sanitario, la ley es inequívoca. El artículo 2.3 de la Ley 41/2002 reconoce el derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles después de recibir información adecuada, y el artículo 8 exige el consentimiento libre y voluntario del paciente, por escrito en el caso de las intervenciones quirúrgicas, con la posibilidad de revocarlo en cualquier momento. Nadie puede obligarle a operarse.

En el plano de la Seguridad Social, en cambio, la negativa no es neutra. Durante la incapacidad temporal, el artículo 175.2 de la Ley General de la Seguridad Social permite suspender el subsidio cuando, sin causa razonable, el beneficiario rechace o abandone el tratamiento que le fuere indicado. Y en la incapacidad permanente, el INSS puede razonar que unas lesiones que podrían mejorar con un tratamiento rechazado no son previsiblemente definitivas. Por eso lo decisivo no es la negativa en sí, sino sus razones: si la cirugía tiene riesgos relevantes, un pronóstico incierto, contraindicaciones por otras enfermedades o una expectativa de mejoría escasa, la negativa tiene una causa razonable y encaja con la idea legal de recuperación incierta.

Si está en esta situación, la negativa debe quedar documentada como exige la propia ley, junto con la información que recibió y los motivos médicos o de riesgo que la justifican. Una negativa sin explicación en el historial es fácil de usar en su contra; una negativa razonada, con el informe del especialista sobre riesgos y beneficios, es una decisión legítima que el INSS tiene que valorar en sus propios términos.

Qué está en juego mientras espera: la baja, el subsidio y la prolongación de efectos

La denegación por cirugía pendiente no llega en el vacío. Casi siempre aparece en el tramo final de una baja larga, y lo que ocurra con su incapacidad temporal depende de cómo se abrió el expediente. El artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social fija en 545 días naturales el plazo máximo del subsidio y regula qué pasa después; en nuestra página sobre la baja de 365 y 545 días y el paso a la incapacidad permanente explicamos ese calendario con detalle, y aquí solo nos interesa la parte que tiene que ver con el tratamiento pendiente.

Hay una previsión que encaja exactamente con su situación. Cuando el subsidio se extingue por agotar los 545 días, el artículo 174.2 obliga a examinar al trabajador para calificar la incapacidad, pero permite retrasar esa calificación cuando, continuando la necesidad de tratamiento médico por la expectativa de recuperación o la mejora del trabajador con vistas a su reincorporación, la situación clínica lo hiciera aconsejable, sin que puedan rebasarse los 730 días naturales sumando la incapacidad temporal y la prolongación de sus efectos. Durante ese periodo, dice el propio precepto, no subsiste la obligación de cotizar.

Además, el artículo 174.5 prevé que, cuando la incapacidad temporal se extingue por agotamiento de los 545 días o por alta con propuesta de incapacidad permanente, el trabajador queda en prolongación de efectos económicos hasta que se notifique la resolución que califica la incapacidad. Es decir, la notificación de la denegación es también, en muchos casos, el momento en que deja de cobrar. Y si el expediente se inició antes de los 545 días y se le deniega, el artículo 174.1 reserva a la inspección médica del INSS, durante los 180 días naturales siguientes a la resolución, la competencia para emitir una nueva baja por la misma o similar patología.

¿Le han denegado la incapacidad por una operación que aún no tiene fecha?

Que el INSS diga que sus lesiones no son definitivas no cierra el expediente. Hay que ver qué informe médico manejó el tribunal, cuánto tiempo lleva en la lista de espera y qué pronóstico tiene la cirugía. Revisamos la resolución con usted y le explicamos si conviene presentar la reclamación previa dentro de los treinta días hábiles o preparar una nueva solicitud.

Importante: el día en que le notifican la denegación pueden ocurrir a la vez tres cosas: empieza a correr el plazo de reclamación, termina la prolongación de efectos y cambian las reglas para una nueva baja. Conviene revisar las tres con la resolución delante, porque cada una tiene su propio cauce.

El plazo para reclamar no espera a la operación

Este es el error más caro y el más comprensible. Si el INSS le dice que espere a operarse, la reacción natural es esperar. Pero el plazo para impugnar la resolución corre desde que se la notifican, no desde que le operan, y si deja pasar ese plazo la denegación queda firme y lo normal será tener que empezar de nuevo con otra solicitud, con todo lo que eso supone para los efectos económicos de la prestación.

El artículo 71.2 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, exige presentar reclamación previa ante el órgano que dictó la resolución en el plazo de 30 días desde su notificación. Al tratarse de un trámite ante la Administración, el cómputo se hace por días hábiles conforme al artículo 30.2 de la Ley 39/2015, excluyendo sábados, domingos y festivos, y agosto cuenta como mes hábil. El artículo 71.5 da a la entidad gestora 45 días para contestar, y si no lo hace la reclamación se entiende denegada por silencio; desde la denegación, el artículo 71.6 abre otros 30 días para presentar la demanda ante la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia.

No vamos a repetir aquí cómo se construye ese recurso paso a paso, porque lo tratamos en el artículo sobre qué hacer cuando el INSS deniega la incapacidad permanente: reclamación previa y demanda en Cádiz. Lo que sí importa subrayar es que la decisión de reclamar o no hay que tomarla dentro de ese plazo, con información, y no dejarla en manos del calendario quirúrgico.

Plazo: 30 días hábiles desde la notificación de la resolución para presentar la reclamación previa. Anote la fecha exacta en que recibió la carta o la notificó la sede electrónica: es el dato del que depende todo lo demás.

Reclamar ya o esperar a la cirugía: cómo se toma la decisión

No hay una respuesta única, y desconfíe de quien se la dé sin ver su resolución y sus informes. La decisión depende de la fecha y el pronóstico de la intervención, de la solidez de las limitaciones ya acreditadas, de su situación económica durante la espera y de cuánto puede perder si la denegación queda firme. A veces lo correcto es reclamar con todo; otras, reclamar dejando constancia de la evolución; y otras, preparar el expediente para cuando la cirugía haya mostrado su resultado.

SituaciónQué suele aconsejarseQué hay que documentar
Cirugía con fecha próxima y buen pronósticoValorar si compensa reclamar o preparar una nueva solicitud tras la intervenciónFecha prevista, pronóstico funcional, tiempo estimado de recuperación
Lista de espera sin fechaReclamar dentro de plazo alegando recuperación de momento inciertoDocumento de inscripción en el registro, tiempo transcurrido, ausencia de cita
Cirugía de resultado incierto o con riesgoReclamar con apoyo en el segundo inciso del artículo 193.1Informe del especialista sobre expectativas y riesgos
Paciente que no acepta operarseReclamar acreditando que la negativa tiene causa razonableNegativa por escrito, información recibida, motivos médicos
Limitaciones graves y ya objetivadasReclamar invocando el segundo párrafo del artículo 193.1 tras la Ley 3/2024Estadio de la enfermedad, evolución, pruebas objetivas de las limitaciones

La tabla es orientativa: un mismo caso puede encajar en dos filas a la vez. Lo que sí es constante es que la reclamación previa no se gana repitiendo lo que ya estaba en el expediente. Si el INSS denegó porque vio una operación pendiente, la reclamación tiene que aportar algo que conteste precisamente a eso: el tiempo real de espera, el pronóstico, los riesgos o la gravedad ya objetivada.

Cómo se prueba que la recuperación es incierta o lejana

La carga práctica de demostrar que su recuperación no es previsible recae en usted, y se prueba con documentos. El tribunal médico trabaja con lo que figura en su expediente, y lo que no está escrito tiende a no existir a efectos de la valoración. Por eso la reclamación necesita un conjunto documental pensado para contestar a la causa concreta de la denegación.

El primer bloque es el sanitario: el informe del especialista que propone la intervención, con su pronóstico y su estimación de recuperación; el documento de inscripción en el Registro de Demanda Quirúrgica, si la intervención está en la lista de espera; cualquier comunicación del hospital sobre aplazamientos o suspensiones; y las pruebas objetivas recientes que acrediten las limitaciones actuales. Todo ello puede pedirse a través de su historia clínica en el Servicio Andaluz de Salud.

El segundo bloque es el laboral: una descripción precisa de las tareas de su profesión habitual, porque la incapacidad se valora en relación con ellas. No es lo mismo esperar una cirugía de rodilla siendo administrativo que siendo marinero en Barbate, peón en un invernadero de Chipiona o soldador en la industria auxiliar del naval. El tercer bloque, cuando el caso lo requiere, es una pericial médica independiente que relacione las limitaciones con esas tareas y valore críticamente qué cabe esperar del tratamiento pendiente.

En nuestra página sobre el recurso contra la denegación de la incapacidad permanente explicamos cómo se organiza esa prueba a lo largo de la reclamación previa y del juicio. En los casos de tratamiento pendiente, la clave es que cada documento responda a una pregunta concreta que la resolución dejó sin contestar.

Errores frecuentes que se pagan caros en estos expedientes

El primero ya lo hemos visto: dejar correr el plazo de reclamación esperando la cirugía. Es la consecuencia lógica de una resolución que parece decirle que vuelva cuando esté operado, y por eso conviene leer bien lo que la resolución dice y lo que no dice. Una denegación no es una invitación a esperar, sino un acto que hay que impugnar en plazo si se quiere discutir.

El segundo es presentar una reclamación previa genérica, que insiste en el dolor y en las limitaciones sin abordar la razón concreta de la denegación. Si la resolución dice que hay una cirugía pendiente y la reclamación no dice nada sobre esa cirugía, el INSS no tiene motivos para cambiar de criterio. El tercero es no pedir por escrito al especialista el pronóstico de la intervención, de modo que la única información sobre la operación que llega al expediente es la que sugiere que puede curar.

El cuarto aparece cuando la operación se realiza: no documentar la evolución posterior. Si la cirugía no da el resultado esperado, las secuelas, las complicaciones y la nueva situación funcional son hechos nuevos que deben quedar registrados con la misma precisión que la lesión original. Y el quinto, muy habitual cuando el paciente decide no operarse, es que esa decisión no conste por escrito ni con sus motivos, como exige el artículo 2.4 de la Ley 41/2002, lo que permite presentarla como un simple rechazo sin causa.

Ninguno de estos errores se debe a descuido: se deben a que el sistema obliga a tomar decisiones técnicas en el peor momento personal, con dolor, sin ingresos y con la incertidumbre de la cirugía. Por eso merece la pena que alguien con experiencia revise la resolución en los primeros días.

Cuando la reclamación llega al tribunal médico y al juicio

Si la reclamación previa se desestima y el asunto llega a la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia, el juez no queda vinculado por el dictamen del tribunal médico. Valora de nuevo el cuadro clínico con la prueba que se practique, y en los casos de tratamiento pendiente esa prueba gira casi siempre en torno a la misma cuestión: si, a la fecha que se toma como referencia, era previsible que las lesiones fueran definitivas o que la recuperación fuera cercana y suficiente.

También es importante preparar bien el reconocimiento médico, si se produce una nueva valoración. En el artículo sobre cómo preparar el reconocimiento ante el tribunal médico en Cádiz explicamos qué documentación conviene llevar y cómo describir sus limitaciones sin minimizarlas ni exagerarlas. En un caso de cirugía pendiente, conviene llevar además todo lo relativo a la intervención: fecha o ausencia de fecha, pronóstico y riesgos.

Si al final se opera: qué ocurre con su expediente de incapacidad

La operación no cierra la cuestión, solo la cambia de fase. Si la intervención le devuelve la capacidad para su trabajo, el problema se resuelve por la vía más deseable. Si no lo hace, o lo hace solo en parte, las secuelas que queden son las que habrá que valorar, y esa valoración ya no tropieza con la objeción del tratamiento pendiente.

Lo que conviene saber es que el resultado de la operación, por sí solo, no se traslada automáticamente al expediente. Hay que documentarlo con los informes posteriores del especialista, con las pruebas de control y, cuando proceda, con la valoración de la rehabilitación. Si la reclamación previa o el juicio siguen en curso, esos informes pueden ser relevantes; si la denegación ya es firme, habrá que valorar una nueva solicitud con el cuadro actualizado.

Mientras tanto, la relación con su empresa sigue su propio curso. Qué ocurre con el contrato, si debe reincorporarse o si cabe una nueva baja tras la denegación es una cuestión distinta que tratamos en otro artículo de este blog dedicado al limbo laboral tras la denegación de la incapacidad. Aquí solo conviene recordar que reclamar la incapacidad y gestionar la situación laboral son dos frentes que deben coordinarse, porque los plazos de uno y otro corren a la vez.

Por qué conviene un abogado desde la notificación de la denegación

Una denegación por tratamiento pendiente parece, a primera vista, un aplazamiento. En realidad es una resolución que puede quedar firme en poco más de un mes, que suele coincidir con el final de los ingresos de la baja y que obliga a decidir con criterio técnico si se reclama, cómo y con qué documentos. La diferencia entre una reclamación que se limita a protestar y otra que contesta punto por punto a la razón de la denegación está en conocer bien el artículo 193.1, su reforma de 2024 y la forma de probar que la recuperación no es previsible.

En Tamayo Abogados revisamos la resolución, el dictamen del tribunal médico y sus informes, le explicamos qué plazo tiene exactamente y valoramos con usted si conviene reclamar ya o preparar el expediente para después de la cirugía. No le prometemos un resultado, porque cada caso depende de su cuadro clínico y de su profesión, pero sí que la decisión se tomará a tiempo y con toda la información sobre la mesa. Atendemos a trabajadores de toda la provincia, desde Algeciras y La Línea hasta Jerez, Sanlúcar, Chiclana, San Fernando o la Sierra.

Preguntas Frecuentes sobre la Incapacidad Denegada por Operación Pendiente

¿Pueden denegarme la incapacidad permanente porque tengo una operación pendiente?

Sí, el INSS puede denegarla si considera que sus lesiones no son previsiblemente definitivas porque queda un tratamiento por hacer. Pero el artículo 193.1 de la Ley General de la Seguridad Social añade que la posibilidad de recuperación no impide la incapacidad si es médicamente incierta o a largo plazo, y desde la Ley 3/2024 el tratamiento previo puede no exigirse cuando las limitaciones ya están suficientemente objetivadas. Por eso esa denegación puede discutirse.

¿Tengo que esperar a operarme para reclamar la denegación?

No. El plazo para presentar la reclamación previa es de 30 días desde la notificación de la resolución, según el artículo 71.2 de la Ley 36/2011, y se computa en días hábiles. Ese plazo corre aunque la operación no tenga fecha. Si lo deja pasar, la denegación queda firme. Lo que hay que decidir dentro de ese plazo es si conviene reclamar o preparar una nueva solicitud tras la cirugía.

¿Pierdo la incapacidad si decido no operarme?

No necesariamente. La Ley 41/2002 reconoce su derecho a negarse al tratamiento, y esa negativa debe constar por escrito. Lo que valorará el INSS es si la negativa tiene una causa razonable, como riesgos relevantes, un pronóstico incierto o contraindicaciones médicas. Una negativa documentada y razonada encaja con la idea legal de recuperación incierta; una negativa sin explicación es más fácil de usar en su contra.

¿Sirve de algo llevar mucho tiempo en la lista de espera del SAS?

Sí, siempre que esté documentado. En Andalucía, el Decreto 209/2001 fija con carácter general, para los procedimientos de su anexo, un plazo máximo de 180 días naturales desde la inscripción en el Registro de Demanda Quirúrgica. Acreditar cuánto tiempo lleva esperando y que la intervención no tiene fecha ayuda a demostrar que la recuperación invocada por el INSS es incierta en el tiempo, que es lo que la ley tiene en cuenta.

¿Qué pasa con mi baja si me deniegan la incapacidad por tratamiento pendiente?

Depende de cómo se abrió el expediente. Si llegó tras agotar los 545 días o tras un alta con propuesta de incapacidad, la prolongación de efectos económicos termina cuando se notifica la resolución. Si el expediente se inició antes de los 545 días, durante los 180 días siguientes a la denegación solo la inspección médica del INSS puede dar una nueva baja por la misma o similar patología, según el artículo 174.1 de la Ley General de la Seguridad Social.

Si el INSS le ha denegado la incapacidad porque tiene una operación pendiente, revisamos la resolución y sus informes y le decimos qué plazo tiene y si conviene reclamar ya o esperar a la cirugía. En Tamayo Abogados contamos con más de treinta años de experiencia en incapacidad permanente en la provincia de Cádiz. Contacte con nosotros para que analicemos su caso.

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