Usted se lesionó en el trabajo, o de camino a él, acudió a la mutua de su empresa y allí le dijeron que aquello no era un accidente laboral, que lo suyo era una dolencia común y que fuera a su médico de cabecera. Si la mutua no reconoce su accidente de trabajo, no está ante una simple cuestión de papeles: de esa calificación dependen el subsidio que cobra mientras está de baja, quién le atiende, si su empresa puede tener que pagar un recargo, si se activa el seguro de su convenio y cómo se valorará una futura incapacidad permanente. En la provincia de Cádiz lo vemos a diario en astilleros, en la industria auxiliar, en hostelería, en el campo y en la limpieza. En este artículo le explicamos qué es la determinación de contingencia, qué plazos corren, cómo se prueba el origen laboral y por qué conviene actuar con un abogado desde el primer momento.
Qué significa que la mutua no reconozca su accidente de trabajo
Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son asociaciones privadas de empresarios que colaboran en la gestión de la Seguridad Social, y es frecuente que la empresa tenga concertada con una de ellas la cobertura de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Cuando un trabajador se lesiona y acude a la mutua, es ella la que decide en un primer momento si aquello es una contingencia profesional, es decir, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o una contingencia común, que comprende la enfermedad común y el accidente no laboral.
Esa primera decisión no es la última palabra. La ley atribuye a la mutua una calificación inicial, pero deja abierta su revisión por la entidad gestora, que en la mayoría de los casos es el Instituto Nacional de la Seguridad Social y, para los trabajadores del mar, el Instituto Social de la Marina. Lo dice expresamente el artículo 82 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015.
— Artículo 82.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
El mismo precepto exige que los actos de la mutua por los que reconozca, suspenda, anule o extinga derechos sean motivados y se formalicen por escrito, y supedita su eficacia a la notificación al interesado. En la práctica, muchos trabajadores salen del centro de la mutua con una indicación verbal o con un informe escueto que se limita a remitirles a su centro de salud. Es normal que el sistema resulte confuso en ese momento, con dolor y con prisa por volver a casa, pero conviene saber desde el principio que la negativa de la mutua puede discutirse y que existe un procedimiento específico para hacerlo.
Por qué la mutua le manda al médico de cabecera
Cuando la mutua rechaza el carácter laboral, el trabajador queda en manos del servicio público de salud, que en Andalucía es el Servicio Andaluz de Salud. Si el médico de familia considera que no puede trabajar, emitirá un parte de baja, pero lo hará por contingencia común, porque es la única que le corresponde gestionar. Desde ese momento, la baja sigue el régimen de la enfermedad común: otro momento de inicio del subsidio, otros requisitos de cotización y otra entidad responsable.
Las razones por las que una mutua rechaza un caso son variadas. A veces la mutua entiende que la lesión no guarda relación con la tarea, otras veces considera que existía una dolencia previa, que el trabajador no comunicó el accidente a tiempo o que el relato de lo ocurrido no es coherente con la lesión. Hay que recordar que el sistema reparte el coste de cada contingencia entre entidades distintas, y que la calificación que se haga determina quién asume la asistencia sanitaria y la prestación económica. Por eso la calificación es tan discutida y por eso no conviene aceptar sin más la primera respuesta.
Lo que el trabajador debe tener claro es que acudir al médico de cabecera no significa renunciar a que se reconozca el accidente. Al contrario: el parte de baja que emita el servicio público de salud es precisamente el punto de partida del procedimiento de determinación de contingencia, del que hablaremos más adelante. Lo importante es que en esa visita se explique con claridad cómo, cuándo y dónde se produjo la lesión, porque lo que quede anotado en la historia clínica será una prueba decisiva.
Los casos que más se repiten en la provincia de Cádiz
El tejido productivo de la provincia explica buena parte de los conflictos. En la Bahía de Cádiz, la construcción y reparación naval en Navantia y en las empresas auxiliares que trabajan para ella concentra lesiones por sobreesfuerzo, caídas en altura, golpes con piezas y trabajos en espacios confinados, a menudo en cadenas de subcontratación en las que el trabajador ni siquiera tiene claro cuál es su mutua. En el Campo de Gibraltar, la siderurgia de Acerinox y la industria química y energética vinculada a Moeve (antigua Cepsa) generan lesiones traumáticas y dolencias por exposición a ruido, calor o agentes químicos. Si trabaja usted en este sector, le resultará útil conocer cómo defendemos a los trabajadores del metal y de los astilleros en sus procesos de incapacidad, porque allí la contingencia se discute con especial intensidad.
La hostelería de la costa, desde Chiclana y Conil hasta Tarifa, Rota o El Puerto de Santa María, acumula cortes, quemaduras, caídas en cocinas y lesiones de espalda por cargas, muchas veces en temporada alta y con contratos de pocas semanas. En el campo de Jerez, Sanlúcar, Arcos o la Janda son frecuentes las lesiones por herramientas, caídas desde vehículos agrícolas y los accidentes de tráfico en caminos rurales. En la limpieza, tanto de edificios como industrial, predominan los trastornos musculoesqueléticos por movimientos repetidos y las caídas por suelos mojados.
En todos estos sectores hay un patrón común que conviene identificar: la lesión aparece en el trabajo, pero no hay un golpe espectacular ni una ambulancia. Es la lumbalgia que se dispara al levantar una carga, el hombro que se resiente tras semanas de movimientos por encima de la cabeza, el dolor torácico que empieza en mitad de la jornada. Son precisamente los casos que la mutua tiende a desviar hacia la contingencia común, y son también los casos en los que una buena estrategia de prueba marca la diferencia.
Qué es legalmente un accidente de trabajo
El artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social define el accidente de trabajo como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Es un concepto amplio, deliberadamente más amplio que la idea popular de accidente: no exige un suceso violento ni súbito, basta con que la lesión tenga conexión con el trabajo. El mismo artículo incluye expresamente supuestos que la mutua a veces pasa por alto, como las lesiones sufridas al realizar tareas distintas de las propias del grupo profesional por orden del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa, o los accidentes en actos de salvamento relacionados con el trabajo.
Pero la pieza más importante para el trabajador es la presunción del apartado 3. Si la lesión se produce durante el tiempo y en el lugar de trabajo, la ley presume que es accidente laboral, y es a quien lo niega a quien corresponde demostrar lo contrario.
— Artículo 156.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
Esta presunción cambia por completo la forma de plantear el caso cuando la mutua no reconoce el accidente de trabajo. No es el trabajador quien tiene que demostrar con detalle médico que su lesión la causó el trabajo cuando ocurrió en su puesto y durante su jornada; lo que hay que acreditar con solidez es precisamente eso, que ocurrió allí y entonces. Por eso tantos casos se ganan o se pierden con la prueba de la hora, el lugar y las circunstancias, y no con discusiones médicas abstractas.
El artículo 156 incluye además dos supuestos que conviene conocer. Por un lado, las enfermedades o defectos que el trabajador padecía antes y que se agravan como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Por otro, las consecuencias del accidente que resulten modificadas por enfermedades intercurrentes que sean complicaciones del propio proceso. Que existiera una dolencia previa, por tanto, no excluye por sí solo el carácter laboral, que es uno de los argumentos que con más frecuencia aparecen en las negativas de las mutuas.
El accidente in itinere rechazado por la mutua
El artículo 156.2.a) considera accidente de trabajo el que sufre el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. Es lo que se conoce como accidente in itinere, y en una provincia con desplazamientos largos por carretera, como los de quienes viven en Chiclana, San Fernando o Medina Sidonia y trabajan en la Bahía, o los de quienes recorren el Campo de Gibraltar a diario, es una de las fuentes de conflicto más habituales.
La ley no fija en ese precepto un listado de requisitos, y por eso la discusión suele girar sobre hechos concretos: si el trayecto era el habitual entre el domicilio y el centro de trabajo, si el accidente se produjo en un tiempo razonablemente próximo a la entrada o a la salida, si hubo desvíos o paradas por motivos personales, y si el medio de transporte era el adecuado. Cada uno de esos extremos debe poder acreditarse con documentos: el atestado o el parte amistoso si fue un accidente de tráfico, el registro de jornada, el cuadrante de turnos, el justificante de la asistencia médica con su hora y cualquier testigo.
Cuando la mutua rechaza un accidente in itinere, lo habitual es que alegue una interrupción del trayecto o una desconexión entre el recorrido y el trabajo. Es una cuestión que exige reconstruir con precisión el día del accidente, y conviene hacerlo cuanto antes, cuando los recuerdos y los documentos están frescos. Los registros de jornada, los mensajes con la empresa y los datos de geolocalización que muchos trabajadores tienen en su propio teléfono pueden ser decisivos si se conservan a tiempo.
Dolencias que la mutua califica como enfermedad común
No todo daño de origen laboral es un golpe o una caída. Hay dolencias que aparecen poco a poco, como las tendinopatías del hombro o del codo, el síndrome del túnel carpiano, las hernias discales o las hipoacusias. La ley distingue aquí dos caminos. El artículo 157 define la enfermedad profesional como la contraída a consecuencia del trabajo en las actividades que se especifiquen en el cuadro aprobado reglamentariamente y provocada por los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen. Ese cuadro es el aprobado por el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, y si la dolencia y la actividad encajan en él, el camino de la prueba es muy distinto.
Cuando la dolencia no figura en el cuadro, todavía queda la vía del artículo 156.2.e), que considera accidente de trabajo las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. La exigencia de causa exclusiva hace que estos expedientes requieran un esfuerzo probatorio importante: historia laboral, descripción detallada del puesto, evaluaciones de riesgos de la empresa e informes médicos que expliquen el mecanismo de la lesión.
Las patologías derivadas del amianto en el sector naval, las afecciones respiratorias y las sorderas por ruido industrial tienen un tratamiento propio que conviene estudiar con detalle. Si su caso es de este tipo, le recomendamos conocer nuestro trabajo como abogados especializados en enfermedades profesionales en Cádiz, porque la calificación y la prueba siguen reglas que no son las del accidente ordinario.
Cuándo la ley excluye el carácter laboral y cuándo no
El artículo 156.4 establece que no tendrán la consideración de accidente de trabajo los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendida como aquella que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba, y los debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado. La propia ley aclara que en ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza, algo especialmente relevante para quienes trabajan al aire libre en los veranos de la campiña o de la costa gaditana.
Frente a esas exclusiones, el artículo 156.5 dispone que no impedirán la calificación de un accidente como de trabajo la imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira, ni la concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo. Es decir, que el trabajador se haya confiado en una tarea que hace todos los días, o que la culpa sea de otro, no le quita el carácter laboral a la lesión.
Esta distinción es muy importante porque algunas negativas se basan, de forma más o menos explícita, en que el trabajador hizo algo mal. La frontera entre la imprudencia profesional, que no excluye el accidente, y la imprudencia temeraria, que sí lo excluye, no se resuelve con una etiqueta en un informe de la mutua, sino con el análisis concreto de lo que ocurrió, y es una de las cuestiones en las que la intervención de un abogado resulta más útil.
La determinación de contingencia ante el INSS: quién puede pedirla
El procedimiento administrativo de determinación de la contingencia está regulado en el artículo 6 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, en la redacción que le dio el Real Decreto 625/2014. Es el cauce previsto para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social decida si un proceso de incapacidad temporal deriva de contingencia común o profesional, y se puede iniciar a partir de la fecha de emisión del parte de baja médica.
La norma prevé tres vías de inicio. De oficio, por iniciativa del propio Instituto o como consecuencia de petición motivada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del servicio público de salud o, en su caso, a propuesta del Instituto Social de la Marina. A instancia del trabajador o de su representante legal. Y a instancia de las mutuas o de las empresas colaboradoras en los asuntos que les afecten directamente. Para el trabajador al que la mutua ha rechazado, lo relevante es que puede iniciarlo él mismo, sin esperar a que nadie lo haga por él.
El reglamento exige que las solicitudes vayan acompañadas de toda la documentación necesaria para poder determinar la contingencia, incluidos los informes y pruebas médicas realizados. Aquí está el primer error que más cuesta: presentar una solicitud con un relato escueto y sin documentos, confiando en que el Instituto investigará por su cuenta. El Instituto puede solicitar informes y realizar actuaciones, pero un expediente que llega bien armado desde el principio tiene mucho más recorrido que uno que se limita a manifestar disconformidad.
Revisamos el parte, los informes médicos y la resolución de la mutua o del INSS, y le decimos si procede pedir la determinación de contingencia, reclamar o demandar, y en qué plazo. Que su baja se califique bien influye en el subsidio, en el recargo y en una futura incapacidad.
Cómo se tramita la determinación de contingencia y en qué plazos
Cuando el procedimiento no lo ha iniciado la mutua, el Instituto le comunica su inicio, igual que al servicio público de salud cuando tampoco ha partido de él, para que en el plazo improrrogable de cuatro días hábiles aporten los antecedentes de que dispongan e informen sobre la contingencia de la que consideran que deriva el proceso. Si no lo ha iniciado el trabajador, se le da traslado con un plazo de diez días hábiles para aportar documentación y hacer alegaciones. Ese plazo de diez días es la oportunidad de defender el carácter laboral cuando el procedimiento lo ha promovido otro, y no conviene desaprovecharlo.
El paso siguiente es el informe preceptivo del Equipo de Valoración de Incapacidades, que se eleva al director provincial del Instituto y se pronuncia sobre la contingencia que ha originado el proceso. Es el mismo órgano que interviene en los expedientes de incapacidad permanente, y su forma de trabajar es conocida: si le interesa, puede ver cómo se prepara un expediente ante el tribunal médico o EVI en la provincia de Cádiz. En la determinación de contingencia lo decisivo no es tanto el grado de las limitaciones como la relación entre la lesión y el trabajo, y eso es lo que la documentación debe dejar claro.
Emitido el informe, el director provincial dicta resolución en el plazo máximo de quince días hábiles desde la aportación de la documentación por las partes o desde que se agotan los plazos para hacerlo. La resolución debe pronunciarse sobre si la contingencia es común o profesional y si el proceso es o no recaída de otro anterior, sobre los efectos cuando coincidan dolencias de distintas contingencias y sobre el sujeto responsable de las prestaciones económicas y sanitarias. Se comunica al interesado, a la empresa, a la mutua y al servicio público de salud.
| Trámite | Plazo que fija la norma | Precepto |
|---|---|---|
| Informe de la mutua y del servicio público de salud cuando no han iniciado el procedimiento | Cuatro días hábiles, improrrogables | Artículo 6.2 del Real Decreto 1430/2009 |
| Alegaciones del trabajador cuando no ha iniciado él el procedimiento | Diez días hábiles | Artículo 6.2 del Real Decreto 1430/2009 |
| Resolución del director provincial del INSS | Quince días hábiles desde la aportación de la documentación o el agotamiento de los plazos | Artículo 6.5 del Real Decreto 1430/2009 |
| Reclamación previa en materia de prestaciones | Treinta días desde la notificación de la resolución, cuando sea exigible (la resolución de contingencia puede tener efectos de reclamación previa, artículo 6.8 del Real Decreto 1430/2009) | Artículo 71.2 de la Ley 36/2011 |
| Contestación de la entidad a la reclamación previa | Cuarenta y cinco días; si no contesta, se entiende denegada | Artículo 71.5 de la Ley 36/2011 |
| Demanda ante la Sección de lo Social | Treinta días desde la notificación de la denegación o desde el silencio | Artículo 71.6 de la Ley 36/2011 |
Qué cobra mientras se decide si fue accidente de trabajo
Una de las preocupaciones más inmediatas del trabajador es el dinero. Mientras se tramita el procedimiento, la baja emitida por el servicio público de salud por contingencia común no queda en suspenso: el reglamento prevé que se abone la prestación que corresponda por esa contingencia hasta que se resuelva, y que después se regularice en uno u otro sentido.
— Artículo 6.3 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre
Las diferencias no son pequeñas en las primeras semanas. El artículo 173.1 de la Ley General de la Seguridad Social establece que, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el subsidio se abona desde el día siguiente al de la baja, estando a cargo del empresario el salario íntegro del día de la baja; en cambio, en la enfermedad común o el accidente no laboral, el subsidio se abona a partir del cuarto día. Además, el artículo 172 exige en la enfermedad común un periodo mínimo de cotización de ciento ochenta días dentro de los cinco años anteriores, mientras que en caso de accidente, sea o no de trabajo, y de enfermedad profesional no se exige ningún periodo previo. Para un trabajador joven o con contratos temporales encadenados en la hostelería de temporada, esa diferencia puede decidir si cobra o no cobra.
La cuantía, la base reguladora y el modo de cálculo en cada contingencia tienen sus propias reglas, que explicamos con detalle en el artículo sobre las diferencias entre la incapacidad por accidente de trabajo y por enfermedad común. Aquí basta con subrayar que esas diferencias se arrastran a todo lo que venga después.
Si el INSS da la razón a la mutua: reclamación previa y demanda
Cuando la resolución del Instituto confirma que la contingencia es común, el trabajador puede acudir a la jurisdicción social. El artículo 71 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, exige como regla general en materia de prestaciones de Seguridad Social una reclamación previa ante la entidad gestora, que debe interponerse en el plazo de treinta días desde la notificación de la resolución. La entidad dispone de cuarenta y cinco días para contestar expresamente, y si no lo hace la reclamación se entiende denegada por silencio.
En la determinación de contingencia hay un matiz que conviene conocer. El artículo 6.8 del Real Decreto 1430/2009 dispone que las resoluciones emitidas por la entidad gestora en este procedimiento podrán considerarse dictadas con los efectos atribuidos a la resolución de una reclamación previa, conforme al artículo 71 de la Ley 36/2011. Que la norma diga que podrán considerarse así obliga a leer con atención la resolución concreta, su pie de recursos y el resto del expediente, porque de ello depende si el siguiente paso es la reclamación o directamente la demanda. Equivocarse en este punto puede costar el plazo, y por eso es una de las decisiones que debe tomar un profesional con el expediente delante.
— Artículo 71.6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
La demanda se presenta ante la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia que corresponda. En la provincia de Cádiz hay sedes de lo Social en Cádiz, Jerez de la Frontera y Algeciras, y cada una conoce de los asuntos de su demarcación. En el juicio se discute con plenitud el origen de la lesión, y es allí donde la prueba testifical, la documental y la pericial médica despliegan todo su valor. El cómputo de los plazos procesales tiene sus propias reglas, distintas de las administrativas: el artículo 43.4 de la misma ley declara inhábiles, salvo en determinadas modalidades, los días de agosto y los que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Cada plazo debe calcularse día a día sobre el caso concreto.
Cómo se prueba que fue un accidente laboral
La prueba es el núcleo de estos asuntos. El primer documento que se examina es el parte de accidente de trabajo, cuyos modelos y forma de transmisión electrónica regula la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. Si la empresa lo cumplimentó, su contenido es muy relevante; si no lo hizo, o lo hizo describiendo los hechos de forma que no se corresponde con lo ocurrido, hay que dejar constancia de ello cuanto antes y reunir otras pruebas que reconstruyan el suceso.
Junto al parte, tienen un peso enorme los informes de la primera asistencia médica, en urgencias, en el centro de salud o en la propia mutua. El relato que el trabajador dio en ese momento, con su hora y su descripción del mecanismo de la lesión, suele ser la prueba más difícil de discutir. A ello se suman los testigos, compañeros o encargados que vieron lo ocurrido o que atendieron al trabajador inmediatamente después; el registro de jornada y los cuadrantes; las comunicaciones con la empresa; la evaluación de riesgos del puesto; y, en las dolencias de aparición progresiva, una descripción detallada de las tareas y del tiempo dedicado a cada una.
La pericial médica completa el cuadro. Un informe que explique por qué el mecanismo descrito es compatible con la lesión diagnosticada, o por qué una dolencia previa se ha agravado como consecuencia del accidente, permite al juzgador valorar la relación causal con criterio técnico. Lo que no debe hacerse es encargar ese informe a última hora, sin haber ordenado antes los hechos y la documentación, porque un perito solo puede trabajar sobre lo que se le aporta.
Errores que cuestan caro cuando la mutua no reconoce el accidente de trabajo
El primero es no decir nada. Hay trabajadores que, ante la negativa de la mutua, acuden al médico de cabecera y le explican solo que les duele la espalda, sin mencionar que el dolor empezó al levantar una pieza en el taller. Esa omisión, comprensible cuando uno no conoce las consecuencias, deja una historia clínica sin rastro del origen laboral, y luego es muy difícil de corregir.
El segundo tiene que ver con los documentos que se firman en esos primeros días. En ocasiones se pide al trabajador que firme declaraciones o formularios en los que se describe el suceso de una forma que no coincide con lo ocurrido, o en los que se sugiere una causa ajena al trabajo. Antes de firmar cualquier documento sobre cómo se produjo la lesión, conviene leerlo con calma y, si no refleja la realidad, no firmarlo o hacer constar su disconformidad.
El tercero es dejar pasar el tiempo. Los plazos administrativos y judiciales son cortos, y las pruebas se deterioran: los testigos cambian de empresa, las grabaciones se borran, los recuerdos se difuminan. Esperar a ver cómo evoluciona la lesión antes de reclamar suele ser un error. También lo es confundir este procedimiento con el de impugnación del alta: si más adelante la mutua o el servicio de salud le dan de alta sin estar recuperado, existen vías específicas que explicamos en el artículo sobre cómo impugnar un alta médica indebida, con plazos propios y distintos.
Por qué la contingencia condiciona su futuro
La calificación de la baja no se agota en la incapacidad temporal. Si las lesiones dejan secuelas y llega a plantearse una incapacidad permanente, el origen reconocido en el proceso inicial será un antecedente de peso en el expediente. Además, el artículo 169.2 de la Ley General de la Seguridad Social considera recaída la nueva baja por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes al alta anterior, y la propia resolución de contingencia debe pronunciarse sobre si el proceso es o no recaída de otro anterior. Una calificación errónea al principio se arrastra a cada nueva baja.
Por otro lado, el artículo 164 prevé que todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumenten, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento cuando la lesión se produzca por falta de medidas de seguridad, y atribuye la responsabilidad del pago directamente al empresario infractor, sin que pueda ser objeto de seguro alguno. Ese recargo solo existe si la contingencia es profesional. Lo mismo ocurre con muchas mejoras voluntarias y seguros previstos en los convenios colectivos de la provincia, que suelen activarse únicamente cuando el origen es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional; hay que revisar en cada caso el convenio aplicable y sus condiciones.
Finalmente, cuando el accidente obedece a un incumplimiento empresarial, el trabajador puede reclamar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, una acción independiente que también parte de que el daño tiene origen laboral. Todo esto explica por qué una discusión que empieza en la puerta de la mutua puede tener consecuencias económicas durante años.
Por qué conviene un abogado especialista desde el primer momento
La determinación de contingencia parece un trámite sencillo, y formalmente lo es: un escrito, unos documentos, una resolución. Lo que no es sencillo es saber qué documentos pedir, cómo ordenar los hechos para que la presunción del artículo 156.3 juegue a favor del trabajador, cómo responder a los argumentos concretos de la mutua y del informe del Equipo de Valoración de Incapacidades, y en qué momento conviene encargar una pericial médica. Esas decisiones se toman al principio y condicionan todo lo que viene después.
Un abogado especialista revisa el expediente completo, identifica la vía adecuada en cada momento, calcula los plazos sobre las fechas reales de notificación y prepara el caso pensando ya en el juicio, porque si la vía administrativa no prospera será ante la Sección de lo Social donde se decida. No se trata de prometer un resultado, que depende de los hechos y de la prueba, sino de que su caso se presente con todo su peso y sin perder ninguna oportunidad por un error de forma o de plazo.
En Tamayo Abogados trabajamos a diario con trabajadores de la Bahía de Cádiz, de la campiña de Jerez y del Campo de Gibraltar cuyas lesiones laborales han sido desviadas a la contingencia común. Conocemos los sectores, los puestos y la forma en que se tramitan estos expedientes en la provincia, y sabemos que la diferencia la marca casi siempre la prueba que se reúne en las primeras semanas.
Preguntas Frecuentes sobre la Mutua que No Reconoce un Accidente de Trabajo
¿Qué puedo hacer si la mutua no reconoce mi accidente de trabajo?
Puede solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social que determine la contingencia de su baja, a través del procedimiento del artículo 6 del Real Decreto 1430/2009. Puede iniciarlo usted mismo desde la fecha del parte de baja, aportando informes médicos y cualquier prueba de cómo ocurrió la lesión. Si la resolución tampoco le da la razón, la decisión puede discutirse ante la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia, respetando los plazos de la Ley 36/2011.
¿La mutua me manda al médico de cabecera, pierdo algo por ir?
No pierde la posibilidad de reclamar. El médico de familia emitirá la baja por contingencia común, y ese parte es precisamente el que permite iniciar la determinación de contingencia ante el INSS. Lo importante es explicar en esa visita que la lesión se produjo trabajando o en el trayecto, para que quede anotado en la historia clínica. Si después se reconoce el origen profesional, la mutua debe abonarle las diferencias que resulten a su favor.
¿Qué pasa si me lesiono en el trabajo y la mutua dice que es una dolencia previa?
La ley presume que es accidente de trabajo la lesión sufrida durante el tiempo y en el lugar del trabajo, salvo prueba en contrario. Además, el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social incluye como accidente de trabajo las enfermedades o defectos anteriores que se agravan como consecuencia de la lesión del accidente. Que existiera una dolencia previa no excluye por sí solo el carácter laboral, pero conviene acreditar bien cómo y cuándo se produjo el empeoramiento.
¿Un accidente yendo o volviendo del trabajo es accidente laboral?
Sí. El artículo 156.2.a) de la Ley General de la Seguridad Social considera accidente de trabajo el que sufre el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. Cuando la mutua lo rechaza, la discusión suele centrarse en si el trayecto era el habitual, si el tiempo era próximo a la entrada o salida y si hubo desvíos por motivos personales. Por eso conviene conservar el atestado o parte de tráfico, el registro de jornada y la hora de la asistencia médica.
¿Qué plazo tengo para reclamar si el INSS confirma que es enfermedad común?
La Ley 36/2011 fija con carácter general treinta días para la reclamación previa desde la notificación de la resolución y treinta días para presentar la demanda desde la denegación de esa reclamación. En la determinación de contingencia, el reglamento prevé que la resolución del INSS pueda tener efectos de reclamación previa, por lo que hay que leer cada resolución con atención. Como el cómputo varía según el caso, conviene que un abogado lo calcule sobre la fecha real de notificación.
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