Negligencias Médicas

Reclamar una Negligencia del SAS en Cádiz: Responsabilidad Patrimonial, Plazo y Dónde se Demanda

Por Miguel Ángel Tamayo Martín, Abogado (Col. 1881 ICAC)
Reclamar una Negligencia del SAS en Cádiz: Responsabilidad Patrimonial, Plazo y Dónde se Demanda
Qué hacer si ha sufrido un daño en un hospital del SAS en Cádiz: la reclamación de responsabilidad patrimonial, el plazo de un año, el silencio a los seis meses y ante qué órgano judicial se demanda después.

Usted o un familiar ha sufrido un daño en un hospital o en un centro de salud del Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Cádiz: una intervención que dejó secuelas, un diagnóstico que llegó tarde, una complicación que nadie supo explicar. Quizá ya rellenó una hoja de reclamaciones y la respuesta fue una carta de disculpa. Si su intención es reclamar una negligencia médica al SAS y obtener una indemnización, conviene saber desde hoy que existe un único cauce legal para ello, la reclamación de responsabilidad patrimonial, y que tiene un plazo de un año que no espera a nadie. En este artículo le explicamos con normativa vigente cómo funciona ese procedimiento, cuándo empieza a correr el plazo, qué debe contener la reclamación, qué ocurre si el SAS no contesta y ante qué órgano judicial se demanda después, para que pueda decidir con información real qué hacer con su caso.

Por qué reclamar una negligencia médica al SAS exige un camino propio

Cuando el daño se produce en la sanidad pública andaluza, quien responde no es el médico que le atendió ni el hospital como edificio, sino la Administración titular del servicio. El Servicio Andaluz de Salud es, según el artículo 64.1 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, un organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía adscrito a la Consejería de Salud. Esa naturaleza jurídica lo cambia todo: la reclamación no se plantea ante la jurisdicción civil como si se tratara de una clínica privada, sino a través de un procedimiento administrativo y, si este fracasa, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El fundamento de su derecho está en el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que reconoce a los particulares el derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. El apartado 2 del mismo artículo añade que el daño ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

Además, el artículo 36.1 de esa misma ley establece que los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños causados por el personal a su servicio. En la práctica significa que usted no demanda al cirujano, a la enfermera o al médico de urgencias: reclama al SAS. Si quiere entender con más detalle en qué se diferencia este camino del que se sigue frente a una clínica, puede leer nuestro artículo sobre cómo reclamar una negligencia en un hospital público o privado de Cádiz. Aquí nos centraremos exclusivamente en lo que ocurre cuando enfrente está el Servicio Andaluz de Salud.

Quién resuelve su reclamación: el Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud

Es frecuente encontrar información que sitúa la reclamación ante la Consejería, ante el propio hospital o ante la gerencia del área sanitaria. La norma andaluza es clara sobre quién tiene la última palabra en vía administrativa, y conviene conocerla porque condiciona a quién se dirige el escrito y qué órgano dicta la resolución que después se impugnará.

"Corresponde al Director gerente del Servicio Andaluz de Salud la representación legal del mismo, así como la resolución de los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos y anulables y la declaración de lesividad de los actos dictados por el organismo autónomo, además de la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial del mismo y cuantas otras funciones tenga reglamentariamente atribuidas."
— Artículo 69.1 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía

Que la resolución corresponda a un órgano con sede en Sevilla no significa que usted tenga que desplazarse ni presentar nada allí. La solicitud puede presentarse por los registros y medios electrónicos habituales de la Administración, y la instrucción del expediente se apoya en la información que remite el centro donde se produjo la asistencia. Lo relevante es que el expediente se tramite como lo que es, un procedimiento de responsabilidad patrimonial, y no como una queja más.

Este dato tiene también consecuencias judiciales que veremos más adelante: el acto que se impugna en los tribunales es el del Director Gerente, y es la ley procesal la que determina, a partir de esa circunstancia y de la naturaleza del SAS, qué órgano judicial conoce del asunto y dónde puede usted presentar la demanda.

La hoja de reclamaciones no es una reclamación de responsabilidad patrimonial

Muchas personas que han pasado por una mala experiencia en Urgencias o en planta lo primero que hacen es pedir la hoja de reclamaciones en el servicio de atención a la ciudadanía del hospital. Es una reacción comprensible, y no tiene nada de malo hacerlo: deja constancia de lo sucedido en caliente. El problema aparece cuando se piensa que con eso ya se ha reclamado, porque el sistema utiliza la misma palabra para dos cosas jurídicamente muy distintas y es normal que resulte confuso.

La hoja de reclamaciones es un instrumento de queja sobre el funcionamiento del servicio, con su propia regulación y su propia respuesta, que suele consistir en un informe de la dirección del centro o en una explicación del servicio implicado. No pide una indemnización, no cuantifica nada y no abre el procedimiento que la ley prevé para reparar un daño. La reclamación de responsabilidad patrimonial, en cambio, es una solicitud formal que debe reunir el contenido mínimo que impone el artículo 67.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y que resuelve el Director Gerente conforme al artículo 69.1 de la Ley de Salud de Andalucía que acabamos de ver.

La diferencia no es formal. Una carta de disculpa del hospital, o la explicación de que el retraso se debió a la presión asistencial, no es una resolución sobre su derecho a ser indemnizado, y no puede recurrirse ante los tribunales como tal. Por eso no conviene dejar pasar los meses en la creencia de que la queja ya puesta mantiene viva la reclamación.

Importante: Si presentó una hoja de reclamaciones, consérvela junto con la respuesta recibida, porque puede ser un documento útil. Pero no dé por hecho que ha reclamado una indemnización ni que el plazo de un año ha quedado protegido. Para eso hace falta presentar la solicitud de responsabilidad patrimonial ante el SAS.
AspectoHoja de reclamaciones del centroReclamación de responsabilidad patrimonial
FinalidadQuejarse del funcionamiento del servicioObtener la reparación económica del daño
ContenidoRelato libre de lo ocurridoLesiones, relación de causalidad, evaluación económica, momento de la lesión y prueba (artículo 67.2 de la Ley 39/2015)
Quién respondeEl centro o el servicio implicadoEl Director Gerente del SAS (artículo 69.1 de la Ley 2/1998)
TramitaciónRespuesta informativaProcedimiento con informe del servicio, audiencia y, según la cuantía, dictamen del Consejo Consultivo
Qué permite despuésNo abre la vía judicial para pedir indemnizaciónSu resolución, expresa o presunta, abre el recurso contencioso-administrativo

El plazo de un año para reclamar al SAS y cuándo empieza a contar

De todos los errores que pueden cometerse en una reclamación sanitaria, el del plazo es el único que no tiene arreglo. Si el derecho a reclamar ha prescrito, ni la mejor pericial ni la negligencia más evidente permitirán obtener una indemnización. La regla está en el primer apartado del artículo 67 de la Ley 39/2015, y merece leerse con atención porque contiene la clave para los daños personales.

"Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas."
— Artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

La última frase es la que más interesa al paciente. Cuando el daño es físico o psíquico, el año no se cuenta necesariamente desde el día de la operación, del parto o de la visita a Urgencias, sino desde la curación o desde que se determina el alcance de las secuelas. Es decir, desde el momento en que puede saberse con razonable certeza qué daño definitivo ha quedado. Esto da margen a quien sigue en tratamiento, en rehabilitación o pendiente de nuevas pruebas, pero también encierra una trampa: fijar ese momento no siempre es sencillo, y la Administración tenderá a situarlo lo antes posible.

Piense en un paciente intervenido en el Hospital Universitario de Puerto Real que meses después sigue acudiendo a revisiones y a la unidad de rehabilitación. El día en que un informe da por estabilizadas sus secuelas puede ser el que marque el inicio del año, pero también puede discutirse si ese momento llegó antes, con un informe anterior que ya describía la limitación. Por eso no es prudente apurar el plazo ni hacer el cálculo por cuenta propia: la fecha de referencia se fija leyendo la historia clínica completa y, ante la duda, se presenta antes.

Plazo: Un año desde el hecho o desde que se manifiesta su efecto lesivo y, en los daños físicos o psíquicos, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Si su asistencia ocurrió hace meses y todavía no ha reclamado, revise cuanto antes en qué punto está ese año, porque el margen puede ser menor de lo que parece.

En los casos de fallecimiento del paciente, lo prudente es contar el año, como muy tarde, desde la fecha del fallecimiento, que es cuando el efecto lesivo se manifiesta de forma definitiva para la familia. Y cuando el daño se descubre tiempo después, como ocurre en algunos retrasos diagnósticos, el debate se desplaza al momento en que se manifestó el efecto lesivo. Cada supuesto tiene sus matices; en el ámbito de los servicios de urgencias, por ejemplo, el análisis temporal suele ir unido al de qué se hizo y qué se dejó de hacer en esas horas, como explicamos en nuestro artículo sobre cuándo el retraso o la mala atención en urgencias hospitalarias es reclamable.

Qué debe contener la reclamación de responsabilidad patrimonial al SAS

La solicitud no es un formulario que se rellena en diez minutos. El artículo 67.2 de la Ley 39/2015 exige que, además de los datos generales de cualquier solicitud, se especifiquen las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo. La solicitud debe ir acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

Cada uno de esos elementos tiene peso. Describir las lesiones con precisión obliga a apoyarse en informes médicos, no en impresiones. Explicar la relación de causalidad exige razonar por qué ese daño procede de la asistencia recibida y no de la evolución natural de la enfermedad, que es justo lo que la Administración discutirá. Fijar el momento de la lesión conecta directamente con el plazo del artículo 67.1. Y la proposición de prueba determina qué podrá hacerse valer dentro del expediente.

La evaluación económica merece un comentario aparte. La ley dice "si fuera posible", porque en ocasiones las secuelas no están cerradas y no puede cuantificarse todavía. Pero cuando es posible, una cifra razonada da seriedad a la reclamación y delimita el debate. El artículo 34.2 de la Ley 40/2015 permite tomar como referencia, en los casos de muerte o lesiones corporales, la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de la Seguridad Social. Cómo se construye esa cifra concepto a concepto lo desarrollamos en nuestro artículo sobre cuánto puede reclamar por una negligencia médica en Cádiz y cómo se calcula; aquí basta saber que la cuantía que se pida tiene además consecuencias de procedimiento, como veremos con el Consejo Consultivo y con el recurso de apelación.

La historia clínica, primera pieza que hay que pedir

Antes de redactar la reclamación es imprescindible disponer de la documentación clínica completa. El artículo 18.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, reconoce al paciente el derecho de acceso a la documentación de su historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella, y el apartado 2 permite ejercerlo por representación debidamente acreditada. Si el paciente ha fallecido, el apartado 4 prevé que los centros faciliten el acceso a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente.

Conviene pedir la historia completa y no solo el informe de alta. Las hojas de evolución, los registros de enfermería, las constantes, las órdenes de tratamiento, los consentimientos firmados y los resultados de pruebas son los que permiten reconstruir qué pasó hora a hora. El informe de alta es un resumen redactado por el propio servicio y, por su naturaleza, no recoge todo lo que un perito necesita para valorar si la actuación se ajustó a lo exigible.

La ley prevé también límites: el derecho de acceso no puede ejercerse en perjuicio de terceros ni de los profesionales que participaron en su elaboración, que pueden reservarse sus anotaciones subjetivas. Es normal que la entrega tarde o llegue incompleta; lo importante es pedirla por escrito, conservar el justificante y no esperar a tenerla para empezar a controlar el plazo de un año, porque ese plazo corre igual mientras se espera.

El perito médico, desde el principio y no al final

En una reclamación de responsabilidad patrimonial sanitaria la Administración no discute que usted haya sufrido un daño: discute que ese daño se deba a una actuación incorrecta del servicio. El artículo 34.1 de la Ley 40/2015 establece que no son indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos. Toda la defensa del SAS se construye sobre esa idea: lo ocurrido era un riesgo conocido, la actuación fue la correcta y el resultado no podía evitarse.

Frente a eso no basta con la convicción de la familia ni con lo que otro médico comentó de pasada en una consulta posterior. Hace falta un informe pericial elaborado por un especialista de la misma rama, que examine la historia clínica, explique qué debió hacerse, qué se hizo y por qué la diferencia causó el daño. Ese informe es el que permite cumplir con seriedad la exigencia del artículo 67.2 de explicar la relación de causalidad y proponer prueba.

Encargar la pericial al principio tiene una ventaja que a menudo se pasa por alto: permite saber si el caso tiene recorrido antes de iniciar un procedimiento que puede prolongarse durante años. Un buen perito también puede decir que la actuación fue correcta, y esa respuesta, aunque dura, ahorra a la familia un desgaste inútil.

Cómo se tramita el expediente: informe del servicio y audiencia

Una vez presentada la reclamación, el SAS debe instruir el procedimiento. El artículo 81.1 de la Ley 39/2015 dispone que en los procedimientos de responsabilidad patrimonial es preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, sin que el plazo de emisión pueda exceder de diez días. Es decir, el propio servicio cuya actuación se cuestiona explica su versión de lo ocurrido. Ese informe suele ser la pieza central de la defensa de la Administración, y es lógico que tienda a justificar la actuación.

Concluida la instrucción, el artículo 82 de la misma ley obliga a poner el expediente de manifiesto a los interesados inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. El apartado 2 concede un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes. Este trámite de audiencia es, en la práctica, el momento de rebatir el informe del servicio con la pericial propia, señalando una a una sus contradicciones con la historia clínica.

Durante todo el procedimiento, el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015 reconoce al interesado el derecho a conocer el estado de la tramitación, el sentido del silencio, el órgano competente y los actos de trámite dictados, así como a acceder y obtener copia de los documentos del expediente. Y la letra e) del mismo apartado le permite formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia, que deberán tenerse en cuenta al redactar la propuesta. Un expediente bien seguido no se deja en manos del tiempo.

Cuándo interviene el Consejo Consultivo de Andalucía

En las reclamaciones de mayor importe la ley añade un control previo a la resolución. El artículo 81.2 de la Ley 39/2015 exige solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. En Andalucía esa cuantía la fija la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, cuyo artículo 17.10.a) incluye entre las consultas preceptivas las reclamaciones administrativas de indemnización por daños y perjuicios de cuantía superior a 70.000 euros.

¿Ha sufrido un daño en un hospital o centro del SAS?

El plazo de un año para reclamar corre desde la curación o desde que se conoce el alcance de las secuelas, y la hoja de reclamaciones no lo sustituye. Revisamos su historia clínica con un perito médico y preparamos la reclamación de responsabilidad patrimonial y, si hace falta, la demanda.

Por tanto, cuando lo reclamado al SAS supera los 70.000 euros, el expediente debe pasar por el Consejo Consultivo antes de resolverse. Según el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, el órgano instructor remite una propuesta de resolución en el plazo de diez días desde que finaliza la audiencia, y el dictamen se emite en el plazo de dos meses, pronunciándose sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y la lesión y, en su caso, sobre la valoración del daño y la cuantía y modo de la indemnización.

Este trámite tiene una lectura práctica para el reclamante: el dictamen analiza el expediente tal como ha quedado instruido, de modo que lo que no se aportó, no se alegó o no se rebatió en audiencia difícilmente aparecerá en él. Y la cuantía que se reclama no es solo una cifra de llegada: también decide si el caso tendrá o no ese análisis añadido, por lo que debe estar bien fundada y no inflada ni recortada sin razón.

Si el SAS no contesta: el silencio a los seis meses

Muchas reclamaciones sanitarias no reciben respuesta expresa en plazo. La ley lo prevé y da una solución al reclamante para que no quede atrapado en la espera.

El artículo 91.3 de la Ley 39/2015 dispone que, transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. En coherencia, el artículo 24.1 de la misma ley atribuye efecto desestimatorio al silencio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y su apartado 2 aclara que la desestimación por silencio tiene los solos efectos de permitir a los interesados interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

Dos ideas importantes se desprenden de esos preceptos. La primera, que el silencio no es una resolución en su contra sobre el fondo: el artículo 24.3.b) obliga a la Administración a seguir resolviendo, y la resolución expresa posterior se adopta sin vinculación alguna al sentido del silencio. La segunda, que usted no está obligado a esperar indefinidamente: pasados los seis meses, puede acudir a los tribunales. Decidir si conviene esperar a la resolución expresa o demandar ya frente al silencio es una decisión estratégica que depende del estado del expediente y de la solidez de la prueba reunida.

Si la resolución es desestimatoria: reposición o recurso contencioso-administrativo

Cuando el Director Gerente dicta una resolución que deniega la indemnización, o la reconoce en una cuantía que usted considera insuficiente, esa resolución agota la vía administrativa. Lo dice expresamente el artículo 114.1.e) de la Ley 39/2015: ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

Frente a un acto que pone fin a la vía administrativa, el artículo 123.1 de la misma ley permite elegir: interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó o impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Si se opta por la reposición, el artículo 124.1 fija un plazo de un mes cuando el acto es expreso, y el artículo 123.2 impide acudir al contencioso hasta que la reposición se resuelva o se entienda desestimada. La reposición puede tener sentido si hay un error concreto que la Administración pueda corregir, pero en la mayoría de los casos sanitarios lo que se discute es la valoración médica, y lo habitual es acudir directamente a los tribunales.

El plazo para el recurso contencioso-administrativo frente a una resolución expresa es de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Para los actos presuntos, el texto de ese mismo artículo prevé un plazo de seis meses, que se cuenta a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Cómo opera ese plazo cuando el silencio es desestimatorio tiene matices que conviene revisar caso por caso con un abogado, y lo prudente es no tratar el silencio ni como una cuenta atrás que se apura hasta el último día ni como una espera sin límite, sino planificar la demanda con el expediente en la mano.

Atención: Los dos meses del recurso contencioso-administrativo frente a una resolución expresa se cuentan desde el día siguiente a su notificación. Si ha recibido una resolución del SAS denegando su reclamación, anote la fecha en que se la notificaron y no la guarde en un cajón: ese plazo es breve y la demanda requiere preparación.

Dónde se demanda al SAS: la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia

La pregunta de qué órgano judicial conoce de una demanda contra el SAS tiene una respuesta que se obtiene leyendo la ley procesal, y conviene hacerlo con cuidado porque en este punto circula información errónea. El artículo 8.3 de la Ley 29/1998 atribuye a los órganos unipersonales de lo contencioso-administrativo, que la ley sigue denominando Juzgados de lo Contencioso-administrativo y que hoy se integran como Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia, el conocimiento en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional.

El Servicio Andaluz de Salud es exactamente eso: un organismo autónomo de la Junta de Andalucía, como dice el artículo 64.1 de la Ley de Salud de Andalucía, cuya competencia se limita al territorio andaluz. Por tanto, el recurso contra la resolución del Director Gerente en materia de responsabilidad patrimonial corresponde en primera instancia a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia, y el texto del artículo 8.3 no condiciona esa atribución a la cuantía reclamada.

Queda por saber qué Sección territorial, y aquí la ley le da una opción. La regla segunda del artículo 14.1 de la Ley 29/1998 establece un fuero electivo para los asuntos de responsabilidad patrimonial.

"Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones será competente, a elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección a que se refiere esta regla segunda se entenderá limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado."
— Artículo 14.1, regla segunda, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Aplicado a un vecino de la provincia de Cádiz, esto significa que puede presentar la demanda ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia en cuya circunscripción tenga su domicilio, o bien ante la de Sevilla, donde tiene su sede el Director Gerente que dictó la resolución. Como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene jurisdicción en toda la comunidad autónoma, la elección del domicilio funciona con normalidad para quien vive en Andalucía. El segundo párrafo de la regla sí importa a quien fue atendido en Cádiz pero reside fuera de Andalucía, por ejemplo durante unas vacaciones en Conil o en Tarifa: su elección queda limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla

La sentencia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo no siempre es la última palabra. El artículo 81.1 de la Ley 29/1998 dispone que las sentencias de estos órganos son susceptibles de recurso de apelación, salvo, entre otros supuestos, los asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. Por encima de esa cifra, la parte que pierda, sea usted o sea el SAS, puede apelar, y el apartado 2 del mismo artículo añade algunos casos en que la apelación cabe siempre, como las sentencias que declaren la inadmisibilidad del recurso en asuntos de esa cuantía.

La apelación de los asuntos de la provincia de Cádiz se resuelve en Sevilla. El artículo 2.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, establece que las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla tienen jurisdicción limitada a las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. No son competentes, por tanto, ni la Sala de Granada ni la de Málaga.

Esta segunda instancia tiene consecuencias prácticas desde el inicio del procedimiento. La cuantía que se fije en la demanda determina si cabe o no la apelación, y la prueba que se practique en primera instancia, especialmente la pericial médica, es la base sobre la que la Sala revisará el caso. Un pleito contra el SAS se prepara pensando desde el principio en que puede llegar a Sevilla. La postulación también lo refleja: el artículo 23.1 de la Ley 29/1998 exige que ante los órganos unipersonales las partes sean asistidas en todo caso por abogado, y el apartado 2 añade que ante los órganos colegiados, como la Sala, deben además conferir su representación a un procurador.

Reclamar una negligencia médica al SAS en los hospitales de la provincia de Cádiz

La provincia tiene una red pública amplia y dispersa, y el procedimiento es el mismo con independencia del centro: el Hospital Universitario Puerta del Mar en la capital, el Hospital Universitario de Puerto Real, el Hospital Universitario de Jerez, el Hospital Punta de Europa en Algeciras, el hospital de La Línea de la Concepción o cualquier centro de salud de atención primaria de la sierra, la campiña o el litoral. En todos ellos, si el centro pertenece al SAS, la reclamación se dirige al Servicio Andaluz de Salud y la resuelve su Director Gerente.

Lo que sí cambia de un caso a otro es la realidad de la persona que reclama. Un trabajador de Navantia en San Fernando o en Puerto Real, una camarera de la hostelería de Chiclana o de Conil, un jornalero de la campiña de Jerez o un pescador de Barbate tienen en común que una secuela física puede afectar directamente a su capacidad de trabajar, y esa dimensión laboral y económica forma parte del daño que se reclama. Por eso la reclamación no se limita al relato médico: debe recoger cómo ha cambiado la vida del paciente.

Cuando el daño se produjo en el principal hospital de la capital, en nuestra página dedicada a las reclamaciones por negligencia en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz explicamos cómo trabajamos esos expedientes concretos. El método es el mismo para cualquier hospital de la provincia: historia clínica completa, pericial independiente, reclamación bien fundada y seguimiento del expediente hasta la vía judicial si es necesaria.

Por qué conviene contar con un abogado especialista desde el primer momento

A lo largo de este artículo habrá visto que una reclamación al SAS se decide en buena medida en las primeras semanas: en la elección de la fecha a partir de la cual se cuenta el año, en la historia clínica que se pide, en la pericial que se encarga, en cómo se describen las lesiones y la relación de causalidad, en la cuantía que se reclama y en lo que se alega en el trámite de audiencia. Cuando el expediente llega a los tribunales, lo que no se hizo entonces es muy difícil de recuperar.

No se trata de que el sistema sea opaco por mala fe. Es un procedimiento técnico, con normas estatales y autonómicas que se combinan, plazos de distinta naturaleza y una Administración que se defiende con sus propios servicios jurídicos y médicos. Es normal que a quien acaba de sufrir un daño o de perder a un familiar le resulte difícil moverse en ese terreno, y no tiene por qué hacerlo solo. Entre las decisiones que conviene tomar con asesoramiento está también si, junto a la reclamación al SAS, procede valorar la acción directa que el artículo 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, reconoce al perjudicado o a sus herederos contra el asegurador, una vía con régimen propio que no sustituye a la responsabilidad patrimonial y que se estudia caso por caso.

En nuestra área de abogados de negligencias médicas en Cádiz trabajamos estos asuntos de principio a fin, coordinando con peritos médicos especialistas y diciendo con honestidad, después de estudiar la documentación, si el caso tiene recorrido y qué puede esperarse razonablemente. Nadie puede prometer el resultado de una reclamación sanitaria; lo que sí está en nuestra mano es que no se pierda por un plazo mal contado o por un expediente mal construido.

Preguntas Frecuentes sobre cómo reclamar una negligencia médica al SAS

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar una negligencia médica al SAS?

El artículo 67.1 de la Ley 39/2015 fija un año desde el hecho que motiva la indemnización o desde que se manifiesta su efecto lesivo. En los daños físicos o psíquicos, el año empieza a contar desde la curación o desde la determinación del alcance de las secuelas. Fijar esa fecha exige revisar la historia clínica completa, y lo prudente es no apurar el plazo.

¿Sirve la hoja de reclamaciones del hospital para pedir una indemnización?

No. La hoja de reclamaciones es una queja sobre el funcionamiento del servicio y no abre el procedimiento para reparar el daño. Para pedir una indemnización hay que presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial con el contenido del artículo 67.2 de la Ley 39/2015, que resuelve el Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud según el artículo 69.1 de la Ley de Salud de Andalucía.

¿Qué pasa si el SAS no responde a mi reclamación?

Según el artículo 91.3 de la Ley 39/2015, si pasan seis meses desde el inicio del procedimiento sin resolución expresa notificada, puede entenderse que la resolución es contraria a la indemnización. Ese silencio le permite acudir a la vía contencioso-administrativa, aunque la Administración sigue obligada a resolver y su resolución posterior no queda vinculada por el silencio.

¿Ante qué órgano judicial se demanda al SAS si vivo en la provincia de Cádiz?

Ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia, porque el artículo 8.3 de la Ley 29/1998 le atribuye los recursos contra organismos cuya competencia no se extiende a todo el territorio nacional, como el SAS. Por la regla segunda del artículo 14.1 puede elegir la Sección de su domicilio o la de Sevilla, sede del Director Gerente.

¿Se puede recurrir la sentencia y quién resuelve la apelación?

El artículo 81.1 de la Ley 29/1998 permite el recurso de apelación salvo, entre otros casos, en los asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. En la provincia de Cádiz la apelación la resuelve la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, conforme al artículo 2.2 de la Ley 38/1988.

Si su situación encaja con alguno de los supuestos descritos en este artículo, en Tamayo Abogados contamos con más de treinta años de experiencia en negligencias médicas en la provincia de Cádiz. Si ha sufrido un daño en un centro del SAS o ha recibido la resolución o el silencio del Servicio Andaluz de Salud, revisamos su historia clínica y el expediente y le decimos qué plazos tiene y qué posibilidades reales hay. Contacte con nosotros para que analicemos su caso.

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