Abogado de Incapacidad Permanente en Villamartín

Villamartín, Jerez y Sevilla: el mapa real de su expediente

Lo primero que conviene situar es dónde se juega el asunto. Las demandas de incapacidad permanente de los vecinos de Villamartín se resuelven en la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Jerez de la Frontera. Si la sentencia de instancia no reconoce el grado solicitado, el recurso de suplicación se sustancia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla. Ese es el recorrido completo, y conviene conocerlo desde el primer día y no cuando ya ha llegado una resolución desfavorable.

Ese mapa se explica por un dato que sorprende a mucha gente: en toda la provincia de Cádiz solo existen tres sedes de lo social, las de Cádiz, Jerez y Algeciras. No hay una en cada cabecera comarcal. Quien vive en Villamartín, por tanto, tiene su órgano judicial a una distancia que obliga a planificar. No es un problema jurídico, es un problema logístico, y se resuelve con organización.

Conviene además emplear bien los nombres. Desde la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, la organización judicial de primer grado ya no se articula en juzgados unipersonales, sino en Tribunales de Instancia divididos en secciones. Lo que antes se llamaba de otro modo es hoy la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia correspondiente. Puede parecer una cuestión de etiqueta, pero no lo es: los escritos, las notificaciones y las citaciones que usted reciba vendrán con esa denominación, y saber leerlas evita sustos y confusiones innecesarias.

El procedimiento se rige por la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, y el derecho sustantivo por el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Son las dos normas que van a gobernar su asunto de principio a fin, y ninguna de las dos hace distinciones por el tamaño del municipio en que viva el solicitante. La ley es la misma para el vecino de Villamartín que para el de la capital. Lo que cambia es la facilidad práctica para ejercer los derechos que esa ley reconoce, y ahí es donde entra el trabajo del despacho.

Cómo se lleva un expediente desde Villamartín sin vivir en la carretera

La pregunta que nos hacen casi todos los clientes de la sierra y la campiña es siempre la misma: cuántas veces voy a tener que desplazarme. La respuesta honesta es que muchas menos de las que teme, pero que hay dos momentos en los que su presencia es difícilmente sustituible. El primero es el reconocimiento por el equipo de valoración de incapacidades, dentro del expediente administrativo regulado en el Real Decreto 1300/1995. El segundo es el acto del juicio ante la Sección de lo Social de Jerez. Todo lo demás se puede, y se debe, resolver sin que usted se mueva de Villamartín.

La presentación de la solicitud, la aportación de documentación médica, la reclamación previa, la demanda, los escritos de prueba, la proposición de pericial y las comunicaciones con la entidad gestora se tramitan por vía telemática. El abogado comparece en el procedimiento en nombre de su cliente y recibe las notificaciones en su propia dirección electrónica. Dicho de otro modo: el expediente viaja, usted no. Esa es la regla que aplicamos desde el primer día en los asuntos de la sierra de Cádiz.

El trabajo de recopilación documental también se organiza a distancia. La historia clínica, los informes de especialista, los partes de baja, el informe de vida laboral y el informe de bases de cotización se solicitan y se reciben en formato digital. Cuando falta un documento concreto que solo puede obtenerse presencialmente, lo identificamos cuanto antes para que usted haga un único viaje y no tres. Nada irrita más, y con razón, que descubrir a mitad de procedimiento que faltaba un papel que podría haberse pedido tres meses antes.

Para las entrevistas de trabajo con el cliente utilizamos el canal que a cada persona le resulte más cómodo: teléfono, videollamada o visita presencial en el despacho. Muchos vecinos de Villamartín prefieren una primera reunión presencial, para ver la cara de quien va a llevar su asunto, y después continuar a distancia. Nos parece razonable y así lo hacemos. Lo importante es que la elección del canal la marque la comodidad del cliente y no la inercia del despacho.

Sobre el día del juicio conviene ser claro desde el principio. Es una jornada que hay que reservar entera, porque los señalamientos se concentran por la mañana y el orden de llamada no se conoce de antemano. Avisamos con toda la antelación posible, preparamos previamente lo que se le va a preguntar y explicamos qué se va a discutir, para que nadie llegue a Jerez sin saber a qué va. La preparación previa del interrogatorio es especialmente importante cuando el cliente vive lejos, porque no hay margen para una segunda reunión de última hora la víspera.

Los plazos vistos desde la sierra: dónde se pierden los expedientes

La distancia tiene un efecto silencioso y peligroso sobre los plazos. Cuando la resolución del INSS llega por correo a un domicilio de Villamartín, empieza a correr un cómputo que no se detiene por vacaciones, por campaña agrícola ni por dificultades para conseguir cita con el abogado. El artículo 71 de la Ley reguladora de la jurisdicción social exige interponer reclamación previa ante la entidad gestora en el plazo de 30 días desde la notificación de la resolución. La entidad dispone de 45 días para contestar y, si no contesta, la reclamación se entiende denegada por silencio administrativo.

A partir de la denegación expresa o de ese silencio se abre un nuevo plazo de 30 días para presentar la demanda. Son plazos breves y preclusivos: cuando vencen, el derecho a discutir esa resolución concreta se pierde, con independencia de lo grave que sea la patología o de lo justa que sea la pretensión. No hay recurso posible frente al calendario.

El mismo artículo 71 contiene un detalle práctico que a menudo pasa desapercibido y que resulta decisivo cuando se trabaja a distancia: el justificante de presentación de la reclamación previa debe acompañarse inexcusablemente con la demanda. Si ese acuse se traspapela, el problema no es documental, es procesal. Por eso, en cuanto asumimos un asunto de Villamartín, lo primero que hacemos es construir el expediente digital completo, con la resolución, su fecha de notificación, el acuse de la reclamación previa y la contestación o su ausencia, todo fechado y ordenado.

Hay un supuesto con un ritmo distinto que conviene conocer: la impugnación del alta médica. Cuando se discute un alta emitida al agotarse el plazo máximo de la incapacidad temporal, los plazos son mucho más cortos que los ordinarios. Quien recibe un alta que considera prematura no dispone de semanas para pensárselo. En un municipio donde el despacho no está a la vuelta de la esquina, eso significa que la llamada debe hacerse el mismo día en que llega el documento, no cuando se pueda pasar por Puerto Real. Una llamada de cinco minutos puede salvar un derecho; una espera de dos semanas puede cerrarlo.

Si su resolución ya ha sido denegada y no sabe en qué punto del calendario se encuentra, le recomendamos leer nuestra guía sobre qué hacer cuando el INSS deniega la incapacidad permanente, donde el recorrido de la reclamación previa y la demanda se explica paso a paso.

El Sistema Especial Agrario: una vida laboral que se lee mal

Villamartín vive, en buena parte, del campo. La agricultura y la ganadería de la campiña y de la sierra de Cádiz, la industria agroalimentaria que transforma esa producción, la construcción, el comercio y los servicios componen el tejido productivo del municipio. Eso significa que una proporción muy relevante de los expedientes de incapacidad permanente que llegan a nuestro despacho desde Villamartín corresponden a personas encuadradas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios.

Ese sistema especial está regulado en el artículo 252 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social, y comprende a quienes realizan labores agrarias —agrícolas, forestales o pecuarias— o labores complementarias o auxiliares de aquellas en explotaciones agrarias. No es un régimen distinto: es el Régimen General con particularidades. Pero esas particularidades pesan mucho, y pesan casi siempre en contra del trabajador cuando nadie las trabaja con antelación.

La primera particularidad es la estructura de la cotización. El artículo 255 distingue con nitidez dos situaciones. Durante los períodos de actividad, el empresario es el responsable de cotizar y debe comunicar las jornadas reales realizadas; puede optar entre cotizar por bases diarias en función de esas jornadas o por bases mensuales. Durante los períodos de inactividad, en cambio, es el propio trabajador quien responde del ingreso de la cuota, con carácter mensual, sobre la base mínima por contingencias comunes del grupo 7 de la escala de cotización y con un tipo del 11,50 por ciento.

La segunda particularidad es la que más disgustos da. El artículo 256 establece que durante los períodos de inactividad la acción protectora del sistema especial comprende, entre otras, la incapacidad permanente derivada de contingencias comunes, pero añade un requisito que no admite matices: para el reconocimiento de las prestaciones económicas es necesario hallarse al corriente en el pago de las cotizaciones correspondientes a los períodos de inactividad, de cuyo ingreso responde el trabajador. Un descubierto en esas cuotas puede bloquear el reconocimiento de una prestación que, por lo demás, estaría perfectamente justificada.

Por eso el orden de trabajo en un expediente agrario de Villamartín no empieza por el informe médico, sino por el informe de vida laboral y el de bases de cotización. Antes de discutir si una espalda aguanta o no una jornada en el campo, hay que saber si el expediente está en condiciones administrativas de prosperar. Detectar a tiempo un descubierto permite regularizarlo o, al menos, plantear la estrategia con conocimiento de causa. Descubrirlo cuando llega la resolución denegatoria es mucho peor.

La base reguladora del trabajador agrario: la regla que hunde la pensión

Aquí está, probablemente, el punto técnico más importante de esta página. La base reguladora de la incapacidad permanente derivada de enfermedad común se calcula, según el artículo 197 de la Ley General de la Seguridad Social, dividiendo por 112 las bases de cotización de los 96 meses anteriores al mes previo al hecho causante, actualizando esas bases conforme al índice de precios salvo las de los 24 últimos meses. Ocho años de vida laboral, por tanto, entran en el cálculo.

El apartado 4 de ese mismo artículo contiene lo que se conoce como integración de lagunas: si dentro de ese período aparecen meses en los que no existió obligación de cotizar, las primeras 48 mensualidades se integran con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento, y el resto con el 50 por ciento de esa base mínima. Es un mecanismo de protección pensado precisamente para las carreras laborales discontinuas.

Pues bien: el artículo 256.7 excluye expresamente esa protección para el sistema agrario. Dice, con todas las letras, que para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes causadas por los trabajadores agrarios por cuenta ajena, respecto de los períodos cotizados en ese sistema especial, solo se tendrán en cuenta los períodos realmente cotizados, sin que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 197.4. Los huecos no se rellenan.

El efecto práctico es demoledor y explica muchas caras de incredulidad en nuestro despacho. Una persona que ha trabajado en el campo de la campiña y de la sierra durante décadas, que ha hecho todas las campañas que se le han puesto por delante y que ha cotizado cuanto ha podido, se encuentra con una base reguladora muy inferior a la que esperaba. No es un error de cálculo del INSS ni un descuido de nadie: es una regla legal. Y conviene subrayarlo con claridad, porque muchas personas llegan convencidas de que han hecho algo mal. No lo han hecho. La discontinuidad de la vida laboral agraria no es una elección personal, es la forma en que está organizado el trabajo en el campo.

Lo que sí se puede hacer es trabajar con ese dato en la mano. Conocer de antemano cómo va a quedar la base reguladora permite valorar el momento del hecho causante, revisar si todos los períodos de actividad están correctamente comunicados, comprobar si hay jornadas reales no declaradas que deban reclamarse, verificar si parte de la carrera se desarrolló en el Régimen General ordinario —donde la integración de lagunas sí opera— y, sobre todo, calibrar con realismo qué grado conviene sostener. La explicación general de los grados y de sus efectos económicos está desarrollada en nuestra sección de incapacidad permanente en Cádiz y en el artículo sobre patología musculoesquelética e incapacidad permanente.

Campañas, eventualidad y la profesión habitual de quien ha hecho de todo

El trabajo agrario de la campiña y de la sierra de Cádiz se organiza por campañas. Recolección, poda, siembra, tratamientos, faenas de ganadería, trabajo en almazara o en bodega según la época del año. Una misma persona puede haber encadenado, a lo largo de treinta años, decenas de contratos con empresarios distintos y ocupaciones formalmente diversas, aunque en la práctica todas ellas exigiesen lo mismo: estar de pie muchas horas, levantar peso, trabajar agachado, repetir el mismo gesto miles de veces y aguantar el sol y el frío.

Esa realidad choca con uno de los conceptos centrales del expediente: la profesión habitual. Los grados de incapacidad del artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social se miden, salvo la absoluta y la gran incapacidad, en relación con la profesión habitual del solicitante. Y cuando la vida laboral es un mosaico de contratos eventuales, la determinación de cuál es esa profesión deja de ser evidente y se convierte en terreno de discusión.

El riesgo es conocido: que el expediente se resuelva tomando como referencia el último contrato, o el que aparezca con una denominación más liviana, en lugar del conjunto real de tareas desempeñadas a lo largo de la carrera. Un peón agrícola que los últimos meses figuró en una categoría administrativa menos exigente puede ver cómo se valora su capacidad frente a un puesto que nunca fue el suyo de verdad.

Nuestro trabajo consiste en reconstruir la profesión habitual con pruebas, no con afirmaciones. Eso significa cruzar el informe de vida laboral con los contratos, con las nóminas, con los certificados de empresa, con el convenio colectivo aplicable y con la descripción real de las tareas del puesto. Significa acreditar qué se levantaba, cuánto pesaba, cuántas horas se estaba en flexión de tronco, qué maquinaria se manejaba y con qué frecuencia. Cuanto más concreta sea esa descripción, más difícil resulta reducir una carrera entera a una etiqueta administrativa.

Hay además una consecuencia que conviene anticipar y que ha cambiado hace poco. Desde la Ley 2/2025, de 29 de abril, la declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad ya no extingue automáticamente el contrato de trabajo. El artículo 49.1.n) del Estatuto de los Trabajadores concede a la persona trabajadora un plazo de 10 días naturales para comunicar por escrito su voluntad de continuar, y la empresa dispone de 3 meses para realizar los ajustes razonables o extinguir de forma motivada y por escrito. Esa misma ley sustituyó además la denominación de gran invalidez por la de gran incapacidad. Para un trabajador de Villamartín con relación laboral viva en una empresa agroalimentaria o de la construcción, ese plazo de 10 días puede marcar la diferencia entre conservar el empleo adaptado y perderlo.

Columna, hombro, rodilla y mano: las lesiones que deja el campo

El cuadro clínico que llega desde el campo de Villamartín se repite con una regularidad que no es casual. La columna lumbar es la primera protagonista: lumbalgias crónicas, discopatías multinivel, hernias discales y, con frecuencia, cirugías que alivian el dolor irradiado pero dejan una espalda que ya no tolera la carga. Después viene el hombro, castigado por años de trabajo con los brazos por encima de la línea de los hombros, con roturas del manguito rotador y hombros operados que no recuperan el arco de movilidad completo.

La rodilla paga el terreno irregular, el trabajo en cuclillas y los años de carga: meniscopatías, condropatías y artrosis avanzada que acaba en prótesis. Y la mano y la muñeca acumulan el desgaste del gesto repetido: síndrome del túnel carpiano, epicondilitis, tenosinovitis y rizartrosis. A ese conjunto se suman, en muchos expedientes, las consecuencias de la exposición al sol, al calor y al polvo durante décadas de trabajo a la intemperie.

El problema no es diagnosticar. Una resonancia describe con exactitud una hernia discal o una rotura tendinosa. El problema es que la resolución del INSS no se pronuncia sobre imágenes, sino sobre capacidad funcional residual. Por eso los expedientes se pierden cuando el escrito se limita a enumerar diagnósticos y ganan solidez cuando traducen cada patología en limitaciones concretas: cuánto peso se puede manejar, cuánto tiempo se puede permanecer de pie, si se tolera la flexión repetida de tronco, si se puede trabajar con los brazos elevados, si la mano conserva fuerza de agarre suficiente para sostener una herramienta durante una jornada completa.

Hay un argumento que aparece casi siempre en las denegaciones y que conviene estar preparado para rebatir: el de la degeneración y la edad. Se dice que los hallazgos son propios del paso de los años y no del trabajo. Es un razonamiento que ignora que la intensidad y la precocidad de la afectación no se explican solo por la biología, y que la cuestión relevante no es el origen del desgaste, sino si la persona, hoy, puede o no desempeñar su profesión habitual. Hemos desarrollado ese análisis con detalle en la página sobre incapacidad permanente por hernia discal y patología de columna.

Conviene añadir algo que no siempre se dice. El dolor crónico sostenido durante años, la pérdida del oficio y la incertidumbre económica acaban teniendo consecuencias sobre el estado anímico de muchas personas. Cuando existe un cuadro psíquico documentado, ignorarlo empobrece el expediente: las limitaciones psíquicas y las físicas se valoran en conjunto. Ese enfoque lo tratamos en nuestra página de incapacidad permanente por trastornos mentales.

Maquinaria agrícola y accidente: las secuelas más graves y la contingencia

Las lesiones más severas que vemos en los expedientes procedentes de Villamartín y de su entorno no proceden del desgaste lento, sino del accidente con maquinaria. El tractor, el remolque, la desbrozadora, la toma de fuerza, los aperos de labranza, las cintas y las máquinas de la industria agroalimentaria concentran los siniestros más graves: atrapamientos, amputaciones, fracturas complejas, aplastamientos y politraumatismos. Son los casos en los que la secuela es irreversible desde el primer día y en los que el grado que se discute suele ser el más alto.

En estos supuestos, la calificación de la contingencia es tan importante como el grado. El artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social define el accidente de trabajo y establece la presunción de laboralidad de las lesiones sufridas en tiempo y lugar de trabajo. Contempla también el accidente in itinere y la agravación por la lesión de una patología previa. Y precisa algo que conviene subrayar: la imprudencia profesional derivada del ejercicio habitual del trabajo no impide la calificación como accidente de trabajo. Quien lleva veinte años manejando una máquina y automatiza gestos no pierde por ello su protección.

La diferencia no es teórica. Cuando la incapacidad deriva de accidente de trabajo o de enfermedad profesional no se exige período mínimo de cotización, la base reguladora se calcula con reglas propias y se abre la vía de responsabilidades adicionales. El artículo 164 regula el recargo de prestaciones del 30 al 50 por ciento cuando la lesión se produce por falta de medidas de seguridad; lo paga directamente la empresa infractora, no es asegurable y es compatible e independiente de las demás responsabilidades. En un accidente con maquinaria agrícola sin protecciones, ese recargo puede tener un peso económico muy considerable.

El marco preventivo lo fija la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo artículo 24 impone deberes de coordinación de actividades empresariales que alcanzan también a los trabajadores autónomos presentes en el centro de trabajo. Es una previsión especialmente pertinente en el campo, donde conviven en la misma explotación personal de la empresa, trabajadores de empresas de servicios agrícolas y autónomos con su propia maquinaria.

Junto al accidente está la enfermedad profesional. El artículo 157 la define como la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro reglamentario y provocada por los elementos o sustancias que ese cuadro indique para cada enfermedad. El cuadro vigente es el del Real Decreto 1299/2006, e incluye patologías derivadas de posturas forzadas y movimientos repetitivos, de vibraciones mecánicas, de agentes químicos y de agentes biológicos, siempre que la actividad figure en la lista. Cuando el encuadre es posible, cambia por completo la posición del solicitante, y por eso lo revisamos siempre. Puede consultar este análisis ampliado en nuestra página sobre enfermedades profesionales y el enfoque específico del sector en la de incapacidad permanente en el campo y la agricultura.

La prueba médica cuando la asistencia se presta en el sistema público

El material probatorio de un expediente de incapacidad permanente procede, en la inmensa mayoría de los casos, del sistema sanitario público. Ahí están los informes de atención primaria, las derivaciones a traumatología, reumatología, neurocirugía, neumología, cardiología o salud mental, las pruebas de imagen, los informes de rehabilitación y los partes de baja. Ese es el fondo documental con el que se trabaja, y hay que saber leerlo.

El informe asistencial tiene una limitación estructural: está escrito para tratar, no para valorar la capacidad laboral. Describe con precisión la lesión y guarda silencio sobre lo que la persona puede o no puede hacer durante una jornada de ocho horas. Es perfectamente lógico —el especialista escribe para otro médico, no para un expediente administrativo— pero deja un vacío que el INSS interpretará a su manera si nadie lo cubre.

Nuestro trabajo consiste en cerrar ese vacío. Ordenamos cronológicamente toda la documentación, identificamos la evolución real del cuadro, localizamos las pruebas objetivas que sostienen cada diagnóstico y detectamos los períodos en los que faltan informes. Después, cuando resulta necesario, solicitamos informes complementarios al especialista tratante en los que se pronuncie expresamente sobre limitaciones funcionales, y valoramos la conveniencia de una pericial médica independiente que aborde la capacidad laboral residual en relación con las tareas concretas del puesto.

Hay un aspecto que en los asuntos de la sierra tiene relevancia especial: la acreditación de la irreversibilidad. El reconocimiento de la incapacidad permanente exige, como regla, que las reducciones anatómicas o funcionales sean previsiblemente definitivas. Acreditar que el tratamiento está agotado —que se han probado las opciones conservadoras, que la cirugía se ha realizado o se ha descartado, que la rehabilitación ha alcanzado su techo— requiere documentar un recorrido asistencial que puede prolongarse durante años. Ese recorrido hay que reconstruirlo con los informes, no con afirmaciones.

Conviene añadir un matiz normativo reciente y relevante. La Ley 3/2024, de 30 de octubre dio nueva redacción al artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social y permite no exigir el tratamiento previo cuando, por las características de la patología, el estadio de la enfermedad, su previsible evolución y la gravedad de las reducciones, estas queden suficientemente objetivadas y sean previsiblemente definitivas. En esos supuestos tampoco se exige que la incapacidad permanente derive de una situación previa de incapacidad temporal. Es una vía que valoramos siempre que el cuadro clínico sea grave, progresivo e irreversible.

Por último, sobre el reconocimiento por el equipo de valoración de incapacidades. Es una exploración breve y quien acude debe ir preparado: llevar consigo la documentación clave, saber describir con precisión lo que hace y lo que no puede hacer en su puesto real, y no exagerar ni minimizar. Muchas personas, por pudor o por costumbre de aguantar, restan importancia a sus limitaciones justo en el momento en que más importa describirlas con exactitud. Prepararse para esa cita es parte del trabajo del despacho, y cuando el cliente vive lejos esa preparación se hace por teléfono o por videollamada con la misma seriedad que si fuera presencial. Puede completar esta información con nuestra guía sobre cómo preparar el reconocimiento del tribunal médico.

Cómo trabajamos su expediente de Villamartín, de principio a fin

El primer paso es siempre el mismo: leer la resolución completa y fijar el calendario. Antes de opinar sobre el fondo hay que saber cuántos días quedan, qué trámite corresponde y si el asunto está en fase administrativa o judicial. En los asuntos que llegan desde Villamartín esto se hace el mismo día en que recibimos la documentación, porque el margen de maniobra no admite esperas.

El segundo paso es el análisis de viabilidad, y aquí procuramos ser francos aunque la respuesta no sea la que el cliente espera. Revisamos la vida laboral, las bases de cotización, el encuadramiento en el Sistema Especial Agrario o en el Régimen General ordinario, la situación de alta, el cumplimiento del período de carencia cuando se exige y el estado de las cuotas de inactividad. Con todo ello evaluamos qué grado es realista sostener y qué contingencia procede defender. Plantear un grado que la documentación no sostiene no ayuda a nadie, y menos a quien ha puesto sus esperanzas en el procedimiento.

El tercer paso es la construcción de la prueba médica: recopilación, ordenación cronológica, detección de lagunas documentales, solicitud de informes complementarios y valoración de la pericial independiente. En paralelo se documenta la profesión habitual con contratos, nóminas, convenio y descripción real de tareas, que es la pieza que más veces se descuida y más veces decide el asunto.

El cuarto paso es la fase administrativa: solicitud o reclamación previa, con un escrito que no se limita a discrepar sino que razona, apoyado en la documentación, por qué las limitaciones acreditadas impiden el desempeño de la profesión habitual o de toda profesión. Una reclamación previa bien construida no siempre revierte la resolución, pero fija desde ese momento el marco de la discusión posterior.

El quinto paso es el judicial ante la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Jerez de la Frontera: demanda, proposición de prueba, preparación del cliente para el acto del juicio y defensa en sala. Y si la sentencia no reconoce lo que corresponde, se estudia el recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, en Sevilla, cuya técnica es distinta de la de la instancia y exige un trabajo específico que explicamos en la página de recursos en materia de incapacidad permanente.

A lo largo de todo ese recorrido mantenemos una regla que nos parece elemental cuando el cliente vive a distancia: nada de silencios largos. Cada trámite relevante se comunica, cada plazo se explica y cada desplazamiento se avisa con antelación suficiente. Si usted vive en Villamartín y tiene una resolución del INSS sobre la mesa, o un alta médica que no encaja con cómo se encuentra, lo sensato es revisar el calendario antes que cualquier otra cosa. Estamos en Calle Castellar 27, en Puerto Real, y puede plantearnos su caso por teléfono en el 623 183 997, por WhatsApp o a través del formulario de contacto, sin necesidad de moverse de casa para dar el primer paso.