Abogado de incapacidad permanente en Puerto Real

Dónde se resuelve realmente su incapacidad permanente si vive en Puerto Real

Puerto Real es partido judicial propio. Tiene su propia sede judicial y, tras la reorganización de la planta, cuenta con la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto Real. Eso lleva a muchos vecinos a dar por hecho que su reclamación de incapacidad se va a ver aquí, a diez minutos de casa. No es así, y conviene saberlo desde el primer día.

En Puerto Real no hay Sección de lo Social. Las demandas de incapacidad permanente de los vecinos de Puerto Real se resuelven en la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Cádiz. Allí es donde se presenta la demanda, donde se señala el juicio, donde declara el perito y donde se dicta la sentencia. Y si esa sentencia le es desfavorable, el recurso de suplicación no se queda en la provincia: lo resuelve la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla.

Merece la pena detenerse en el nombre de los órganos, porque no es una cuestión de etiquetas. Desde la Ley Orgánica 1/2025 ya no existen los antiguos órganos unipersonales del orden social ni los de primera instancia: la planta se organiza en Secciones de los Tribunales de Instancia. Si usted está leyendo una página, un escrito o un presupuesto que sigue nombrando a los órganos con la denominación anterior, está leyendo contenido que no se ha revisado desde antes de la reforma. En materia de plazos y de competencia, eso no es un detalle menor.

Para usted, en la práctica, esto significa tres cosas. La primera, que el procedimiento tiene un componente de desplazamiento: la vista se celebra en Cádiz, no en Puerto Real, y el perito médico que informe su caso tendrá que comparecer allí. La segunda, que la fase administrativa —solicitud, valoración por el Equipo de Valoración de Incapacidades y resolución— se agota íntegramente ante el INSS antes de que ningún tribunal vea el asunto, conforme al Real Decreto 1300/1995. Y la tercera, que el procedimiento judicial de Seguridad Social se rige por la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, con sus propias reglas de prueba y de recurso.

Los plazos son los mismos para cualquier trabajador, pero en Puerto Real los vemos incumplirse por una razón muy concreta: la resolución denegatoria llega por correo o por notificación electrónica en pleno agosto o en Navidad, se queda en un cajón y cuando el asunto llega a nuestras manos ya se han consumido los 30 días hábiles de la reclamación previa. Cuando eso ocurre no está todo perdido, pero la posición de partida empeora. Si ha recibido una denegación, lo primero es contar los días; después, ya hablaremos de estrategia.

El Hospital Universitario de Puerto Real y los informes que deciden un expediente

El hospital de referencia del municipio es el Hospital Universitario de Puerto Real. Es donde se hacen la mayor parte de las pruebas de imagen, donde pasan las consultas externas de traumatología, neurología, reumatología, neumología, cardiología, oncología y salud mental de los vecinos de la ciudad, y donde se generan los informes que después van a decidir el expediente. Esto tiene una ventaja evidente y un riesgo que no siempre se ve.

La ventaja es que la documentación existe y es accesible. Usted tiene derecho a obtener copia de su historia clínica y de todos los informes de especialista, y en un expediente de incapacidad permanente esa documentación es el material de construcción. El riesgo es que los informes hospitalarios están escritos para tratar a un paciente, no para acreditar una incapacidad laboral. Están llenos de diagnósticos y de hallazgos de imagen, y muy vacíos de lo único que de verdad importa a efectos de la valoración: limitaciones funcionales.

Le explicamos la diferencia con un ejemplo cotidiano en esta ciudad. Un informe de traumatología del Hospital Universitario de Puerto Real puede decir que existe una rotura completa del supraespinoso con retracción tendinosa y artropatía acromioclavicular. Es un diagnóstico impecable. Pero el médico del Equipo de Valoración de Incapacidades no está obligado a traducirlo, y el INSS resuelve muchas veces que la lesión es compatible con trabajos ligeros. Lo que cambia el resultado es que ese mismo informe añada que el paciente no puede elevar el brazo por encima de la horizontal, que no puede sostener peso con el miembro afectado, que no tolera el trabajo con brazos por encima de la cabeza y que el dolor nocturno impide un descanso reparador. Eso ya no es un diagnóstico: es un cuadro de limitaciones.

Por eso, cuando asumimos un asunto, lo primero que hacemos es revisar toda la documentación que usted ya tiene del hospital y detectar los huecos. Después le indicamos qué informes conviene solicitar y, sobre todo, en qué términos conviene pedirlos a su especialista, que en la inmensa mayoría de los casos está dispuesto a describir con precisión lo que el paciente puede y no puede hacer si alguien se lo pregunta con claridad. A esa base documental se suman, cuando el caso lo exige, los informes de atención primaria de su centro de salud, los informes de salud mental, los informes de rehabilitación y el propio parte de baja con su evolución.

Hay un tercer elemento que solo aparece en los buenos expedientes: la coherencia temporal. Un cuadro clínico que se sostiene con informes seguidos a lo largo de meses o años resiste mucho mejor que una acumulación de papeles pedidos de golpe tres semanas antes del tribunal médico. Si usted está de baja y prevé que el proceso puede terminar en una incapacidad permanente, el momento de empezar a construir el expediente es ahora, no cuando llegue la denegación. Sobre cómo prepararse para esa cita, tiene una guía detallada en nuestro artículo sobre el tribunal médico del EVI en Cádiz.

Navantia, la industria auxiliar del naval y las patologías que llegan al INSS

Puerto Real es una ciudad industrial. Navantia tiene factoría en Puerto Real y a su alrededor existe un tejido de empresas auxiliares del naval repartidas por la Bahía que emplean a soldadores, caldereros, montadores, tuberos, chapistas, carpinteros de ribera, pintores industriales, gruistas, electricistas y personal de mantenimiento. Buena parte de los expedientes de incapacidad permanente que llegan a este despacho nacen de ese trabajo, y tienen un patrón reconocible.

El primero es el daño osteomuscular por sobreesfuerzo y postura mantenida. Trabajar dentro de un buque en construcción o en reparación significa acceder por espacios estrechos, trabajar agachado, de rodillas, en cuclillas o con los brazos por encima de la cabeza durante horas, y manipular piezas y herramientas pesadas en posiciones en las que el cuerpo no tiene apoyo. El resultado son hernias discales lumbares y cervicales, lumbociatalgias crónicas, patología degenerativa de columna, roturas del manguito rotador, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano y artrosis precoz de rodilla y cadera. La manipulación manual de cargas está regulada en el Real Decreto 487/1997, que define esa manipulación como cualquier operación de transporte o sujeción de una carga —levantamiento, colocación, empuje, tracción o desplazamiento— que entrañe riesgo, en particular dorsolumbar.

El segundo patrón es la hipoacusia. El ruido de un astillero es continuo y de alta intensidad: amoladoras, martillos neumáticos, chorreado, golpeo de chapa, esmerilado. La protección de la salud frente al ruido se regula en el Real Decreto 286/2006, y la hipoacusia por ruido figura en el cuadro de enfermedades profesionales. Junto a ella aparece el daño por vibraciones mecánicas, regulado en el Real Decreto 1311/2005, que en herramienta de mano de larga exposición se traduce en patología vascular y neurológica de los dedos y de la muñeca.

El tercero es el daño respiratorio. Humos de soldadura, disolventes, pinturas industriales, polvo de chorreado y, en la reparación y el desguace de buques antiguos, exposición histórica al amianto. Los trabajos con riesgo de exposición al amianto están regulados en el Real Decreto 396/2006, y la Ley 21/2022 creó un fondo de compensación para las víctimas del amianto cuyas compensaciones se determinan reglamentariamente. Es una vía distinta de la prestación de incapacidad y no la sustituye, pero hay trabajadores de la Bahía a los que les interesa conocerla.

El cuarto, muy presente y muy poco documentado, es el daño psíquico: trastornos ansioso-depresivos ligados a la inestabilidad del empleo en la auxiliar, a los turnos, a la pérdida de función tras una lesión y al miedo tras un accidente en altura o en espacio confinado. Lo tratamos en detalle en nuestra página de incapacidad por trastornos mentales, y en la práctica es el cuadro que con más frecuencia se subvalora en la fase administrativa.

Si su asunto nace del trabajo en el metal o en un astillero, tenemos una página específica dedicada a ese sector, con el detalle de cómo se acreditan estas patologías y qué grado se discute en cada caso: incapacidad permanente para trabajadores del metal y los astilleros.

La cadena de subcontratación en la auxiliar del naval y a quién se reclama

Una parte sustancial del trabajo que se hace en la Bahía no lo ejecuta la empresa principal, sino empresas auxiliares contratadas y, con frecuencia, subcontratadas. Para el trabajador enfermo eso crea un problema práctico muy concreto: no siempre sabe quién es su interlocutor cuando hay que discutir si el daño es profesional, quién tenía el deber de vigilancia preventiva y contra quién se dirige una eventual reclamación de recargo.

El punto de partida es el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que impone la coordinación de actividades empresariales y un deber de vigilancia a quien contrata o subcontrata la propia actividad, deber que alcanza incluso a los trabajadores autónomos presentes en el centro de trabajo. A ello se suma el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que establece la responsabilidad solidaria de la empresa principal por las obligaciones de Seguridad Social durante los 3 años siguientes a la terminación del encargo, y que obliga a informar por escrito de la identidad de la empresa principal.

Cuando el trabajo se ha ejecutado en obra, entra además en juego la Ley 32/2006, cuyo artículo 5 fija límites a la cadena: el tercer subcontratista no puede volver a subcontratar, el trabajador autónomo tampoco, y tampoco las empresas cuya aportación se limita a la mano de obra; solo cabe un nivel adicional excepcional con aprobación de la dirección facultativa y anotación en el Libro de Subcontratación.

¿Por qué le contamos esto en una página de incapacidad permanente? Porque la identificación correcta de la empresa responsable determina quién debe ser demandado, y porque en los expedientes de trabajadores de la auxiliar la documentación preventiva —evaluación de riesgos del puesto, entrega de equipos de protección, formación recibida, reconocimientos de vigilancia de la salud— es a menudo la prueba que convierte una enfermedad común en una contingencia profesional. Reunir esa documentación no es fácil cuando han pasado años y la empresa ya no existe, pero existen cauces para obtenerla y conviene intentarlo antes de presentar la demanda, no después.

Comercio, hostelería, servicios y campus universitario: los otros Puerto Real

Sería un error reducir Puerto Real al naval. En este municipio hay campus de la Universidad de Cádiz, con todo el empleo de servicios, administración, mantenimiento, limpieza y hostelería que arrastra un campus universitario, y hay un tejido de comercio y servicios que emplea a una parte muy importante de la población activa. Los expedientes de incapacidad que nacen de estos sectores tienen sus propias características y su propia manera de perderse ante el INSS.

En el comercio, el perfil habitual es el de la dependienta o el dependiente con muchos años de bipedestación mantenida, manipulación repetida de cajas y de mercancía, y trabajo con brazos en elevación para reponer estanterías. Lo que aparece es patología de columna lumbar y cervical, insuficiencia venosa crónica de miembros inferiores, patología de hombro y artrosis de rodilla. El obstáculo típico es que el INSS considera que un trabajo de comercio es sedentario o ligero. No lo es, y la clave para desmontarlo está en describir con detalle la jornada real: horas de pie, número de referencias manipuladas, altura de los lineales, ausencia de pausas.

En la hostelería, que en Puerto Real tiene un peso considerable tanto en el casco urbano como en la zona de playa, el patrón es el de camareros y cocineros con lesión de columna y de miembro superior, personal de limpieza y de cocina con dermatitis de contacto y con patología de muñeca y hombro, y una incidencia nada despreciable de cuadros ansioso-depresivos derivados de jornadas largas, turnos partidos y presión sostenida. La temporalidad de estos contratos obliga además a revisar con lupa la vida laboral: hay carreras de cotización discontinuas en las que el cumplimiento del período mínimo exigido no es evidente a simple vista y requiere un cálculo cuidadoso antes de presentar nada.

En los servicios y en el entorno del campus aparecen los perfiles administrativos y de atención al público, con patología por trabajo con pantallas, cervicalgias crónicas, síndrome del túnel carpiano y, de nuevo, trastornos mentales. Aquí la dificultad es la contraria a la del naval: como el puesto se percibe como cómodo, cuesta más que el INSS acepte que una patología incapacita para la profesión habitual. Y sin embargo, cuando la limitación afecta a la concentración, a la memoria de trabajo, a la tolerancia al estrés o a la permanencia sentado, el desempeño real de esos puestos se vuelve imposible.

Hay un último grupo que conviene no olvidar: los trabajadores autónomos de Puerto Real, que son muchos en comercio, hostelería y servicios profesionales. Su expediente se valora con los mismos criterios, pero su situación de partida es distinta, porque la continuidad de la actividad durante la baja, la cobertura de contingencias profesionales y el cálculo de la base reguladora introducen matices que conviene tratar desde el principio.

Qué hay que acreditar de verdad: limitaciones funcionales frente a la profesión habitual

La valoración de una incapacidad permanente no consiste en sumar diagnósticos. Consiste en poner frente a frente dos cosas: por un lado, lo que su cuerpo y su mente pueden hacer después de la enfermedad o del accidente; por otro, lo que exige el trabajo que usted venía desempeñando. El artículo 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, distingue cuatro grados, y el que corresponda depende exactamente de ese contraste. La guía completa de esos grados y de su alcance económico la tiene desarrollada en nuestra página principal de incapacidad permanente en Cádiz, y no la repetimos aquí.

Lo que sí queremos explicarle es cómo se construye ese contraste en un caso real de Puerto Real. La primera mitad del trabajo es médica: convertir el diagnóstico en limitaciones. Grados de movilidad articular medidos, no descritos con adjetivos. Capacidad de carga en kilos. Tolerancia a la bipedestación y a la sedestación en minutos. Necesidad de cambios posturales. Alcance del brazo. Capacidad respiratoria funcional. En salud mental, nivel de funcionamiento, adherencia y respuesta al tratamiento, número y gravedad de las descompensaciones, capacidad de sostener una rutina.

La segunda mitad es laboral, y es la que más se descuida. Hay que describir la profesión habitual con el detalle de un informe de puesto: qué tareas concretas se ejecutan, con qué frecuencia, con qué herramientas, con qué pesos, en qué posturas, en qué entorno, con qué jornada y con qué turnos. Un soldador de la auxiliar no hace el mismo trabajo que un soldador de taller, y un cocinero de un restaurante de playa en verano no hace el mismo trabajo que un cocinero de un comedor de campus. Cuando el escrito describe el puesto real, la incompatibilidad entre limitaciones y tareas se vuelve evidente; cuando se despacha con el nombre de la categoría profesional, el INSS rellena el hueco con una imagen genérica que casi nunca favorece al solicitante.

El tercer elemento es el informe pericial médico. No es imprescindible en todos los asuntos, pero en los casos discutidos es el que decide. Un buen informe pericial no contradice a la sanidad pública: se apoya en ella, la ordena, la traduce a limitaciones y la enfrenta a las exigencias del puesto. Y su autor tiene que poder sostenerlo en la vista, en Cádiz, ante preguntas del letrado de la Administración de la Seguridad Social y de la Mutua si está personada. Por eso seleccionamos al perito en función de la especialidad que domina el cuadro clínico, y no al revés.

Los errores que con más frecuencia comete el INSS en estos expedientes

Después de tantos años trabajando estos asuntos en la provincia, los motivos de denegación se repiten. Conocerlos de antemano permite anticiparse en la fase administrativa en lugar de reaccionar tarde en la judicial.

El primero es valorar patologías por separado y no en conjunto. Un trabajador con una columna degenerada, un hombro limitado, una hipoacusia moderada y un cuadro ansioso-depresivo puede recibir una resolución que examina cada cosa por su lado y concluye que ninguna, aisladamente, impide trabajar. Pero la capacidad laboral no se fragmenta: lo que importa es el resultado global sobre una persona concreta con una profesión concreta.

El segundo es fotografiar un momento bueno. Muchas patologías del aparato locomotor y prácticamente todas las de salud mental cursan en brotes. Si el reconocimiento coincide con una fase de mejoría y el expediente no documenta la evolución de los últimos años, la resolución describe a una persona que no existe el resto del tiempo. La defensa frente a esto es documental y se prepara antes: informes seriados, registro de descompensaciones, cambios de tratamiento, ingresos.

El tercero es presumir una recuperación futura que no está acreditada. Se deniega porque la patología es susceptible de mejoría con tratamiento o con una intervención pendiente, sin que conste ni indicación quirúrgica ni pronóstico favorable. Aquí hay que discutir dos cosas distintas: si esa mejoría es previsible de verdad, y si existe un plazo razonable para ella.

El cuarto es redefinir la profesión habitual a la baja, sustituyéndola por una versión aligerada del puesto que la empresa nunca ha ofrecido. Se resuelve que el trabajador puede desempeñar tareas ligeras de su misma categoría. En el naval y en la auxiliar de la Bahía eso casi nunca existe: el puesto es el que es.

Y el quinto, específico de las contingencias profesionales, es calificar como enfermedad común lo que tiene origen laboral. Volveremos sobre ello en el apartado siguiente, porque no es solo una cuestión de etiquetas. Si su resolución ya está denegada y quiere entender cómo se pelea desde el principio, en el blog tiene el recorrido completo en qué hacer cuando el INSS deniega la incapacidad permanente, y si lo que busca es revertir una resolución o una sentencia, la vía está explicada en nuestra página de recurso de incapacidad permanente.

Contingencia común o contingencia profesional: por qué en Puerto Real esa discusión vale dinero

En un municipio con el perfil industrial de Puerto Real, la determinación de contingencia es una de las discusiones más rentables y, a la vez, de las más descuidadas. La diferencia entre que su incapacidad derive de enfermedad común o de accidente de trabajo o enfermedad profesional afecta a tres cosas a la vez, y todas ellas económicas.

La primera es el requisito de cotización. En contingencia profesional no se exige período mínimo de cotización. Para un trabajador joven de la auxiliar del naval, o para alguien con una carrera de cotización discontinua por temporalidad, esa sola diferencia puede decidir si hay derecho a pensión o no lo hay.

La segunda es la base reguladora, que en contingencia profesional se calcula sobre salarios reales, incluyendo conceptos que en enfermedad común quedan fuera. La tercera es el recargo de prestaciones del artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social: cuando la lesión se produce por falta de medidas de seguridad, todas las prestaciones se incrementan de un 30 a un 50 por ciento según la gravedad de la falta, lo paga directamente la empresa infractora, no es asegurable y es compatible e independiente de las demás responsabilidades, incluida la penal.

Para llegar ahí hay dos caminos. El del accidente de trabajo, definido en el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, que incluye la presunción de laboralidad de las lesiones sufridas en tiempo y lugar de trabajo, el accidente in itinere y, muy importante en cuadros degenerativos, la agravación de una patología previa por la lesión sufrida; y que precisa además que la imprudencia profesional derivada del ejercicio habitual del trabajo no impide la calificación. Y el de la enfermedad profesional, a través del cuadro del Real Decreto 1299/2006: cuando la patología figura en ese cuadro y el puesto encaja en las actividades descritas, el nexo causal se presume y no hay que demostrarlo. Ahí caben la hipoacusia por ruido, las patologías por posturas forzadas y movimientos repetidos, las enfermedades de la piel por agentes químicos y las derivadas de la inhalación de polvo y humos.

El problema práctico es que la calificación inicial la hace habitualmente el servicio público de salud o la Mutua, y una vez etiquetado el proceso como enfermedad común nadie lo revisa de oficio. Hay que pedirlo, y hay que pedirlo con prueba. Si su patología encaja en el cuadro y su puesto en la Bahía encaja en la actividad, esa discusión debe plantearse. En nuestra página de enfermedades profesionales explicamos cómo se documenta.

Reconocida la incapacidad, su contrato ya no se extingue solo

Este es probablemente el cambio normativo que más consultas nos genera en Puerto Real, y también el que más se desconoce. Durante décadas, la declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez extinguía el contrato de trabajo de manera prácticamente automática. Ya no es así.

La Ley 2/2025, de 29 de abril, añadió la letra n) al apartado 1 del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores y cambió el punto de partida. La declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad ya no extingue el contrato por sí sola. La persona trabajadora dispone de un plazo de 10 días naturales para comunicar por escrito a la empresa su voluntad de continuar en ella, y la empresa dispone entonces de 3 meses para realizar los ajustes razonables necesarios o para reubicar a la persona en un puesto compatible, o bien para extinguir el contrato de forma motivada y por escrito si esos ajustes suponen una carga excesiva. En empresas de menos de 25 personas trabajadoras, la carga se considera excesiva cuando el coste de la adaptación supera la mayor de estas dos cifras: la indemnización del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores o seis meses de salario.

La misma Ley 2/2025 cambió además la terminología: desde el 1 de mayo de 2025, lo que antes se llamaba gran invalidez es gran incapacidad, y la invalidez no contributiva es incapacidad no contributiva. Si un escrito, una resolución o una página web sigue usando la terminología anterior, conviene preguntarse cuándo se revisó.

El plazo de 10 días naturales es corto y empieza a correr con la notificación de la resolución. En la práctica, muchos trabajadores lo dejan pasar porque están pendientes de otra cosa: de si van a recurrir el grado, de cuándo cobrarán, de qué dice el médico. Si le reconocen una incapacidad y tiene interés en conservar el vínculo con su empresa, lo primero que hay que preparar es ese escrito. Es un trámite breve, pero deja de serlo cuando se pierde.

Enfermedades graves e irreversibles: la reforma del artículo 193 de la LGSS

Hay una regla clásica en esta materia que dice que la incapacidad permanente se declara cuando el trabajador, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas. Esa exigencia de tratamiento previo se ha utilizado durante mucho tiempo para denegar expedientes de personas con enfermedades gravísimas por el mero hecho de que quedaba alguna línea terapéutica sin agotar.

La Ley 3/2024, de 30 de octubre, dio nueva redacción al artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social, en vigor desde el 1 de noviembre de 2024, y corrigió esa situación. Permite no exigir el tratamiento previo cuando, por las características de la patología, el estadio de la enfermedad, su previsible evolución y la gravedad de las reducciones, estas queden suficientemente objetivadas y sean previsiblemente definitivas. Y en esos mismos supuestos tampoco es necesario que la incapacidad permanente derive de una situación previa de incapacidad temporal. El Real Decreto 969/2025, de 28 de octubre, establece los criterios para identificar los procesos irreversibles y de alta complejidad.

Es un argumento de primer orden en enfermedades graves, progresivas e irreversibles, y en Puerto Real lo hemos empleado en procesos oncológicos avanzados, en enfermedades neurodegenerativas y en patología respiratoria terminal. La clave está en objetivar: no basta con invocar la gravedad, hay que acreditar con informes del especialista el estadio, la evolución previsible y el carácter definitivo de las limitaciones. Cuando eso se documenta bien, el expediente puede resolverse sin esperar meses de tratamiento que no van a cambiar el resultado funcional.

Para una persona enferma y para su familia, ese adelanto no es un tecnicismo. Es la diferencia entre cobrar una prestación cuando se necesita y cobrarla cuando ya ha dejado de servir para lo que hacía falta.

Cómo trabajamos su asunto desde Puerto Real

Trabajamos con una secuencia fija, porque en estos expedientes el orden importa. Empezamos por leer entera la documentación médica que usted ya tiene y la vida laboral completa, y por identificar la contingencia y el grado que resultan defendibles con lo que hay. De esa primera revisión sale una respuesta honesta: a veces es que el asunto se sostiene, a veces es que falta prueba y hay que obtenerla antes de mover nada, y a veces es que no hay recorrido. Le decimos las tres cosas con la misma claridad, porque embarcar a alguien en un procedimiento que no va a ninguna parte no le hace ningún favor.

Después construimos el expediente. Le indicamos qué informes pedir en el Hospital Universitario de Puerto Real y en su centro de salud, y en qué términos, para que describan limitaciones y no solo diagnósticos. Redactamos la descripción del puesto real con el detalle que hemos explicado más arriba. Y decidimos si el caso necesita informe pericial y de qué especialidad.

A partir de ahí vamos por las fases que marca la norma. Solicitud o, si ya hay denegación, reclamación previa dentro de los 30 días hábiles. Preparación del reconocimiento por el Equipo de Valoración de Incapacidades, que en esta provincia se celebra en Cádiz, con usted informado de qué se le va a preguntar y de qué documentación debe llevar consigo. Y, si la resolución sigue siendo negativa, demanda ante la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Cádiz dentro de los 30 días hábiles siguientes, con la prueba ya cerrada y el perito disponible para el día de la vista.

Le acompañamos también después. Reconocida la prestación, hay que comprobar que el grado, la base reguladora, la fecha de efectos y los atrasos se han calculado correctamente, y hay que estar atentos al plazo de revisión que fija la propia resolución. Y si el reconocimiento afecta a su relación laboral, hay que activar en plazo el escrito del artículo 49.1.n) del Estatuto de los Trabajadores.

Estamos en la calle Castellar 27, en Puerto Real. Usted habla siempre con el abogado que lleva su asunto, sin intermediarios, y se le explica en cada momento en qué fase está y qué se espera de la siguiente. Si le han denegado la incapacidad permanente, o si le han reconocido un grado que no se corresponde con lo que su cuerpo puede hacer, lo razonable es revisarlo cuanto antes: en esta materia, el tiempo juega a favor de quien ha preparado la prueba y en contra de quien espera.