Abogados de Derecho Inmobiliario Puerto Real y Cádiz

Las arras confirmatorias son un anticipo del precio: si cualquiera de las partes incumple, la otra puede exigir el cumplimiento forzoso del contrato o una indemnización por daños. Las arras penitenciales, reguladas en el artículo 1454 del Código Civil, actúan como un mecanismo de desistimiento: si desiste el comprador, pierde la señal entregada; si desiste el vendedor, debe devolver el doble. Es fundamental identificar correctamente el tipo de arras pactado en el contrato, pues de ello dependen las consecuencias del incumplimiento. En Tamayo Abogados revisamos y redactamos contratos de arras en toda la provincia de Cádiz para proteger su inversión desde el primer momento.

El Código Civil distingue entre la acción redhibitoria —que busca la resolución del contrato— y la acción quanti minoris —que persigue una rebaja del precio—. Ambas deben ejercerse en el plazo de seis meses desde la entrega del bien (art. 1490 CC), plazo que la práctica considera de caducidad. Para inmuebles de obra nueva, la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (LOE), establece garantías específicas: un año por defectos de acabado, tres años por defectos que afecten a la habitabilidad, y diez años por defectos estructurales, con la acción personal prescribiendo a los dos años desde la aparición del daño.

No. Desde la entrada en vigor de la Ley 12/2023, la actualización anual de la renta está sujeta a un índice específico publicado por el INE, independiente del IPC. En zonas declaradas de mercado residencial tensionado, la renta del nuevo contrato no puede superar la del contrato anterior actualizado según dicho índice, con restricciones adicionales para los grandes tenedores. Para contratos anteriores a la reforma, las cláusulas de actualización vinculadas al IPC siguen siendo válidas pero limitadas en su aplicación. Antes de firmar cualquier actualización o nuevo contrato de arrendamiento en Cádiz, es recomendable verificar si el inmueble se encuentra en zona tensionada.

En la compraventa de vivienda de segunda mano, el comprador tributa por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), cuyo tipo general en Andalucía es del 7% desde 2021, con tipos reducidos del 3,5% para jóvenes menores de 35 años, familias numerosas y personas con discapacidad. En las compraventas de obra nueva o primera transmisión, se aplica el IVA (10% general, 4% para viviendas de protección oficial) y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). El vendedor, por su parte, puede estar sujeto a IRPF por la ganancia patrimonial y al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal). Una planificación fiscal previa a la operación puede suponer un ahorro significativo.

El plazo varía en función de la situación del arrendatario y de la carga del Juzgado de Primera Instancia competente. Un desahucio por impago sin incidencias puede resolverse en un plazo de entre tres y seis meses desde la presentación de la demanda. Sin embargo, si el arrendatario acredita una situación de vulnerabilidad social o económica, los servicios sociales deben ser notificados y el proceso puede verse suspendido. Los Juzgados de la Bahía de Cádiz —competentes para los municipios de la zona— tienen cargas de trabajo variables que conviene tener en cuenta a la hora de planificar la estrategia procesal. Tamayo Abogados gestiona procedimientos de desahucio y reclamación de rentas con rapidez y eficacia, minimizando el tiempo en que el inmueble permanece sin generar renta para su propietario.