Nuestra práctica

Estos son ejemplos reales de asuntos que ha llevado el despacho. De cada uno se explica qué le ocurría al cliente cuando llegó y qué hicimos, y cuando la resolución consta en el expediente se indica también cómo terminó. Despliegue el que se parezca a su caso.

Sobre esta página. Todos los asuntos están anonimizados. Se han suprimido nombres, municipios, números de procedimiento, fechas, importes y cualquier dato clínico o personal que pudiera permitir identificar a alguna de las personas implicadas, incluida la parte contraria. No figuran los asuntos cubiertos por un acuerdo de confidencialidad. Un asunto solo se presenta como resuelto cuando la resolución consta en el expediente. Cada procedimiento depende de sus propias circunstancias y de la prueba disponible, de modo que nada de lo que aquí se cuenta puede tomarse como anticipo del resultado de otro caso.

Incapacidad permanente y Seguridad Social

Expediente de incapacidad permanente con reconocimiento previo de discapacidad
La situación
Una persona con limitaciones de salud acreditadas administrativamente planteó su situación frente a la Seguridad Social en relación con una posible incapacidad permanente. En el expediente obraba también documentación laboral y un historial de cotizaciones en el extranjero.
Nuestra actuación
El despacho recopiló y ordenó la documentación administrativa y laboral aportada por la persona interesada, incluido el historial de cotizaciones en el extranjero.
Solicitud de incapacidad con dolor crónico y múltiples patologías
La situación
Una persona de mediana edad, en situación de baja laboral prolongada, acudió al despacho con un cuadro de dolencias crónicas de larga evolución, seguidas por varias especialidades del sistema público de salud, que limitaban de forma persistente su capacidad para trabajar. Se le había denegado la prestación de incapacidad temporal.
Nuestra actuación
El despacho recopiló y ordenó la documentación clínica aportada por el cliente, con los informes de distintas especialidades hospitalarias y el parte médico de confirmación de incapacidad temporal.
Denegación de pensión de incapacidad permanente por falta de cotización
La situación
Una familia acudió al despacho por la situación del padre, a quien la entidad gestora de la Seguridad Social le había denegado la pensión de incapacidad permanente. La denegación se apoyaba en que no presentaba reducciones anatómicas o funcionales graves objetivables y en que no reunía el periodo mínimo de cotización exigido para causar derecho a los grados de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez sin estar en alta ni en situación asimilada.
Nuestra actuación
El despacho recopiló y ordenó la resolución denegatoria de la entidad gestora, aportada en fotografía, junto con el resto de la documentación facilitada por la familia.
Expediente de incapacidad de una trabajadora comercial de campo
La situación
Una persona que desarrollaba su trabajo como comercial de campo, con desplazamientos constantes en vehículo, bipedestación prolongada y manipulación habitual de material promocional, planteó al despacho su situación de salud frente a las exigencias físicas de su puesto. El expediente se orientaba a acreditar el contenido real de esas funciones de cara a una valoración de incapacidad.
Nuestra actuación
El despacho elaboró una memoria técnica o profesiograma del puesto, describiendo funciones esenciales, factores físicos y ambientales y riesgos laborales asociados, y recopiló la documentación laboral y médica aportada por la cliente.
Historial clínico y vida laboral para valorar una incapacidad permanente
La situación
Una persona con un cuadro de dolor abdominal crónico de larga evolución, múltiples intervenciones quirúrgicas previas y reagudizaciones frecuentes acudió al despacho para valorar su situación frente a la Seguridad Social. Contaba con una resolución administrativa previa de reconocimiento de grado de discapacidad que no le reconocía grado alguno.
Nuestra actuación
El despacho recabó y ordenó el historial clínico completo y la vida laboral de la persona para valorar la viabilidad de la reclamación.
Alegaciones en un expediente de incapacidad permanente iniciado de oficio
La situación
El cliente venía desempeñando un trabajo manual y quedó afectado por una dolencia que le impedía seguir realizándolo. La entidad gestora inició de oficio un expediente de incapacidad permanente y, tras el dictamen del órgano de valoración, le dio traslado del expediente para que pudiera pronunciarse antes de resolver.
Nuestra actuación
El despacho asumió la dirección del asunto en el trámite de audiencia: revisó el contenido del expediente administrativo, el dictamen propuesta y los datos profesionales y de cotización incorporados, para formular las alegaciones que procedieran frente a la propuesta de la entidad gestora.
Reclamación previa frente a la denegación de una incapacidad permanente
La situación
Una trabajadora en alta permaneció de baja médica durante un proceso que se prolongó hasta agotar el periodo máximo legal, sin recuperar condiciones para volver a su puesto. Iniciado de oficio el expediente de incapacidad permanente, el organismo gestor le denegó la pensión por entender que no presentaba reducciones funcionales de entidad suficiente, pese a que el propio reconocimiento médico había dejado constancia de varias limitaciones y de un tratamiento continuado.
Nuestra actuación
El despacho formuló reclamación previa a la vía jurisdiccional social sosteniendo que la resolución no confrontó las limitaciones apreciadas con las tareas reales de la profesión habitual de la clienta y que dejó fuera de valoración hallazgos recogidos en el propio expediente. Ordenó además todo el dossier documental para la demanda.
Expediente de incapacidad permanente por una dolencia sobrevenida
La situación
La persona acudió al despacho por una dolencia sobrevenida que le impedía seguir desempeñando su trabajo habitual y por la tramitación de la correspondiente prestación de incapacidad ante la Seguridad Social.
Nuestra actuación
El despacho recabó y ordenó la documentación médica y administrativa aportada por el cliente para determinar la vía a seguir y preparar el escrito que correspondía.
Incapacidad permanente de una trabajadora embarcada con patología sobrevenida
La situación
La clienta venía desempeñando su trabajo embarcada cuando le sobrevino una patología que exigía un tratamiento médico continuado. Esa situación resultaba incompatible con las condiciones de aptitud que la normativa exige para trabajar a bordo, de modo que no podía seguir desempeñando su profesión habitual.
Nuestra actuación
El despacho preparó la reclamación previa frente a la resolución del organismo gestor en materia de incapacidad permanente, apoyándose en la normativa específica de aptitud para el trabajo embarcado y en la documentación médica aportada por la clienta.
Impugnación de alta médica tras una baja prolongada por dolencias crónicas
La situación
Una trabajadora del sector de la hostelería llevaba mucho tiempo de baja por un cuadro crónico y degenerativo que le impedía desempeñar las tareas de su puesto, en el que pasaba la jornada de pie, caminaba de forma constante, cargaba peso y adoptaba posturas forzadas. La entidad gestora le dio el alta por curación o mejoría cuando aún tenía pendiente de iniciar un tratamiento especializado que le había sido prescrito.
Nuestra actuación
El despacho preparó la demanda de impugnación del alta médica, apoyada en las pruebas de imagen y en los informes de los especialistas que constan en su historia clínica, y presentó en paralelo la solicitud de incapacidad permanente con su informe de síntesis.
Solicitud de un grado superior de incapacidad permanente por patología psíquica
La situación
Un trabajador manual con una larga vida laboral en un mismo oficio desarrolló una patología de origen psíquico que le mantenía prácticamente recluido en su domicilio, con seguimiento especializado y respuesta solo parcial al tratamiento. La entidad gestora le reconoció un grado de incapacidad permanente que él consideraba insuficiente, porque sus limitaciones le impedían cualquier ocupación, no solo la suya.
Nuestra actuación
El despacho formuló reclamación previa interesando un grado superior de incapacidad y trabajó además en dos frentes conexos: la reclamación a la aseguradora del capital del seguro previsto en el convenio colectivo y la revisión de la extinción de su contrato de trabajo por la empresa.
Determinación de contingencia de una baja iniciada tras un accidente en el trabajo
La situación
Un trabajador sufrió un episodio lesional mientras realizaba sus tareas en el centro de trabajo y causó baja poco después. El proceso se tramitó como enfermedad común pese a su relación con la actividad laboral, lo que condicionaba tanto la prestación que percibía como una eventual calificación posterior de su capacidad para trabajar.
Nuestra actuación
El despacho recopiló los partes de baja, el contrato, las comunicaciones con la empresa y las pruebas médicas y preparó la solicitud de determinación de contingencia para que la baja se declarara derivada de accidente de trabajo.
Solicitud de incapacidad permanente de una limpiadora con patología de columna
La situación
Una trabajadora del sector de la limpieza, con una intervención quirúrgica de columna practicada en su juventud y una dolencia sobrevenida que se fue agravando, permanecía en situación de baja laboral. La Inspección médica le dio el alta pese al criterio de su médico de cabecera y su reclamación previa frente a esa alta fue desestimada, encontrándose con que su puesto exigía un esfuerzo físico que ya no podía asumir.
Nuestra actuación
El despacho preparó la solicitud de declaración de incapacidad permanente ante la entidad gestora a instancia de la propia trabajadora, acompañada de un informe de síntesis jurídica que ordenaba su historial, contrastaba las limitaciones objetivadas con los requerimientos reconocidos a su ocupación y fundamentaba el grado solicitado, junto con el dossier documental numerado.
Solicitud de incapacidad permanente por una patología crónica de mal pronóstico
La situación
Un trabajador con una larga carrera de cotización, buena parte de ella como autónomo, padecía desde hacía años una patología de curso crónico y pronóstico desfavorable, en seguimiento médico continuado y sin mejoría pese al tratamiento pautado. Sus limitaciones le impedían mantener la atención, la constancia y la relación con otras personas que exige cualquier ocupación, por lo que acudió al despacho para solicitar el reconocimiento de una incapacidad permanente.
Nuestra actuación
El despacho ordenó toda la documentación médica y laboral, elaboró un informe jurídico de síntesis que razonaba la calificación que se interesaba y presentó ante la Seguridad Social la solicitud de incapacidad permanente en grado de absoluta y, subsidiariamente, de total para la profesión habitual.
Incapacidad permanente total de un técnico de prevención con dolencias osteoarticulares
La situación
Un trabajador con más de tres décadas de cotización, dedicado a tareas técnicas de prevención y seguridad en un entorno industrial que exigen esfuerzo físico continuado e inspecciones de campo, causó baja por una dolencia de columna. Durante la incapacidad temporal se le detectó además una patología articular sobrevenida que requirió cirugía, quedando con limitaciones funcionales permanentes incompatibles con las tareas esenciales de su puesto.
Nuestra actuación
El despacho reunió y numeró toda la documentación clínica y laboral, redactó un escrito de síntesis jurídica que relacionaba las limitaciones funcionales con los requerimientos concretos del puesto de trabajo y presentó ante la Seguridad Social la solicitud de incapacidad permanente total para la profesión habitual.
Revisión del grado de incapacidad permanente por agravación de las dolencias
La situación
El cliente tenía reconocida desde hacía años una incapacidad permanente para su profesión habitual a causa de una patología de columna. Pese a las intervenciones y tratamientos seguidos, su estado no mejoró y las dolencias se extendieron y agravaron, con limitaciones que le impedían mantenerse de pie o sentado durante periodos prolongados. Acudió al despacho para que se revisara el grado que tenía reconocido.
Nuestra actuación
El despacho ordenó y numeró toda la documentación médica y administrativa, elaboró un informe jurídico de síntesis que fundamentaba la revisión por agravación y presentó la solicitud ante el organismo gestor de la Seguridad Social.
Solicitud de incapacidad permanente por un cuadro de dolencias de origen congénito
La situación
El cliente arrastraba desde la infancia una patología de origen congénito que había requerido intervenciones y que se había ido agravando, afectando de forma simultánea a varias esferas de su salud. Tenía reconocidos por la administración autonómica un grado de discapacidad y una situación de dependencia, y su vida laboral había sido muy fragmentada. Acudió al despacho para solicitar el reconocimiento de una incapacidad permanente.
Nuestra actuación
El despacho elaboró un informe de síntesis jurídica que ordenaba la cronología clínica y administrativa, preparó la documentación acreditativa numerada y presentó la solicitud de incapacidad permanente ante el organismo gestor, y advirtió al cliente de los puntos que debían verificarse en cuanto a los requisitos de acceso.
Revisión de oficio a la baja de una incapacidad permanente reconocida
La situación
El cliente tenía reconocida una prestación de incapacidad permanente por un cuadro de varias dolencias de larga evolución, en tratamiento continuado. El organismo gestor revisó de oficio su situación y acordó rebajar el grado que le había sido reconocido. Acudió al despacho al recibir la notificación, al entender que sus limitaciones seguían siendo las mismas.
Nuestra actuación
El despacho formuló reclamación previa frente a la resolución de revisión, sosteniendo que no había existido mejoría de las limitaciones funcionales y señalando errores en la valoración del órgano evaluador. Con el escrito aportó la documentación clínica que acreditaba la persistencia del cuadro.
Incapacidad permanente solicitada por un trabajador de mantenimiento industrial
La situación
El cliente llevaba muchos años trabajando en mantenimiento industrial, en un entorno con exposición continuada a ruido. Una dolencia sensorial de evolución desfavorable, con tratamiento quirúrgico aún pendiente, comprometía su seguridad y su rendimiento en el puesto, hasta el punto de causar baja médica. Acudió al despacho para valorar si podía instar el reconocimiento de una prestación.
Nuestra actuación
El despacho elaboró un informe jurídico de síntesis que sistematizaba las limitaciones funcionales y su repercusión sobre la profesión habitual, y presentó la solicitud de incapacidad permanente ante el organismo gestor acompañada de la documentación médica y de vigilancia de la salud.
Demanda de incapacidad permanente por secuelas neurológicas en ambas manos
La situación
La clienta trabajaba en un puesto de atención telefónica, actividad que exigía el uso continuado y preciso de ambas manos. Padecía una patología neurológica de curso crónico que le había dejado secuelas permanentes en las dos manos, con alteración de la sensibilidad y pérdida de destreza fina, además de fatiga persistente. El organismo gestor denegó su solicitud al considerar que no presentaba limitaciones relevantes.
Nuestra actuación
Interpuesta reclamación previa y transcurrido el plazo sin resolución expresa, el despacho presentó demanda ante el juzgado de lo social, articulando las pretensiones por grados de mayor a menor y apoyándose en el informe del servicio hospitalario que calificaba las secuelas como permanentes. Anunció prueba pericial médica y solicitó la remisión del expediente administrativo.
Pensión de viudedad denegada a una divorciada por una reforma legal posterior
La situación
La clienta estuvo casada durante muchos años y se divorció bastante antes de que una reforma legal endureciera los requisitos de acceso a la pensión de viudedad de las personas divorciadas. Al fallecer quien había sido su cónyuge solicitó la pensión y el organismo gestor se la denegó, aplicándole requisitos que no existían cuando se produjo su ruptura matrimonial.
Nuestra actuación
El despacho interpuso reclamación previa y, ante la falta de resolución expresa, presentó demanda ante el juzgado de lo social. En ella defendió la aplicación del régimen transitorio previsto para las rupturas anteriores a la reforma e invocó la doctrina del Tribunal Supremo sobre esa disposición transitoria, además de los principios de seguridad jurídica e igualdad.
Denegación de incapacidad permanente pese al agravamiento de un cuadro antiguo
La situación
El cliente ya tenía reconocida una prestación por las secuelas de una lesión antigua en una extremidad superior. Tras una intervención quirúrgica con evolución desfavorable, su mano quedó prácticamente sin función, y después apareció sintomatología similar en el otro miembro superior junto con otras dolencias asociadas. El organismo gestor denegó el reconocimiento de la prestación por entender que no había limitaciones relevantes.
Nuestra actuación
El despacho formuló reclamación previa frente a la resolución denegatoria, argumentando la agravación y la extensión del cuadro y la falta de valoración de su repercusión funcional real sobre la profesión habitual. De forma subsidiaria solicitó una nueva valoración una vez se practicaran las pruebas diagnósticas.
Denegación de incapacidad permanente a trabajadora de oficio manual
La situación
Una trabajadora que desempeñaba un oficio manual con esfuerzo físico continuado, manejo de cargas y jornada de pie arrastraba desde hacía años un cuadro degenerativo por el que sus médicos le habían prohibido por escrito precisamente ese tipo de tareas. Solicitó el reconocimiento de una incapacidad permanente y la resolución administrativa se la denegó, entendiendo que sus lesiones no eran valorables todavía y que debía continuar en tratamiento.
Nuestra actuación
El despacho formuló reclamación previa frente a esa resolución, argumentando que el tratamiento no agotado no impide la calificación, señalando la contradicción interna del expediente y defendiendo la valoración conjunta de todas las dolencias en relación con las tareas propias de su oficio. Aportó la documentación clínica oficial y pidió que se completaran las pruebas diagnósticas.
Solicitud de incapacidad permanente por un cuadro clínico complejo
La situación
Una trabajadora con un puesto de dirección y alta responsabilidad en el sector financiero llevaba mucho tiempo de baja por un cuadro que fue agravándose pese al tratamiento. A las dolencias psíquicas se sumaron otros procesos concurrentes de distintas especialidades, hasta anular la concentración, la capacidad de decisión y la relación con terceros que su puesto exigía de forma constante. Al acercarse el agotamiento del plazo máximo de la baja, acudió al despacho.
Nuestra actuación
El despacho preparó y presentó la solicitud de incapacidad permanente ante el organismo gestor, acompañada de un informe jurídico de síntesis que ordenaba el historial, exponía la valoración conjunta de todas las dolencias y las confrontaba con el contenido funcional real de su profesión habitual, con la documentación clínica numerada.
Alta médica emitida sin valorar todo el cuadro clínico del trabajador
La situación
Un trabajador del sector de la hostelería, cuyo puesto exige estar de pie y en movimiento durante toda la jornada, llevaba más de un año de baja por varias patologías activas simultáneas, entre ellas procesos oncológicos en seguimiento y una lesión que le obligaba a desplazarse con muletas. La Administración le dio el alta médica pese a ello, y una de las enfermedades graves ni siquiera figuraba en el expediente que se valoró.
Nuestra actuación
El despacho interpuso reclamación previa contra el alta médica, denunciando la instrucción incompleta del expediente y la falta de valoración integral del estado de salud, y solicitó que se dejara sin efecto, que se practicara una nueva valoración que contemplara todas las patologías y que se mantuviera la situación de baja.
Impugnación de la revocación de una prestación de ingreso mínimo vital
La situación
A una persona con hijos a su cargo, tras una ruptura matrimonial, se le había reconocido una prestación económica de carácter asistencial. La entidad gestora acordó después revocar esa prestación al atribuir a la unidad familiar unos ingresos que no se correspondían con los realmente percibidos por la interesada. La pérdida de la prestación afectaba directamente al sostenimiento del hogar.
Nuestra actuación
El despacho formuló reclamación previa frente al acuerdo de revocación, acreditando la composición real de la unidad familiar y los ingresos efectivamente percibidos con la documentación oficial. Desestimada la reclamación, presentó demanda ante el juzgado de lo social solicitando el mantenimiento de la prestación.
Denegación de incapacidad permanente a un operario de producción industrial
La situación
Un trabajador de un puesto de producción que exige manipulación de cargas, movimientos repetitivos, bipedestación mantenida y trabajo a turnos venía arrastrando unas dolencias progresivas que motivaron una baja prolongada. Pese al seguimiento médico y a los tratamientos seguidos, no recuperó capacidad para su actividad. La entidad gestora resolvió denegarle la pensión de incapacidad permanente por entender que no concurrían limitaciones suficientes.
Nuestra actuación
El despacho interpuso reclamación previa frente a la denegación, apoyándose en los informes periciales aportados, en el informe médico de síntesis del propio organismo y en el profesiograma del puesto, y planteó la contradicción entre esos informes y la resolución administrativa. Presentó demanda ante el juzgado de lo social solicitando el reconocimiento del grado de incapacidad que correspondiera a las limitaciones acreditadas.

Urbanismo, suelo y AFO

Precinto municipal de obras en una finca rústica de la provincia de Cádiz
La situación
La titular de una parcela rústica de más de una hectárea, con una edificación de uso vivienda y almacén construida en los años setenta y suministros contratados desde los años ochenta, recibió de un ayuntamiento una orden de paralización y precinto de las obras que se estaban ejecutando, abriéndose expediente de protección de la legalidad urbanística.
Nuestra actuación
Se recopiló y ordenó la documentación acreditativa de la finca y de la antigüedad de la edificación (certificación catastral descriptiva y gráfica, póliza y factura histórica de suministro eléctrico, autorización e inscripción del pozo, plano de medición visado y recibos de IBI) y se presentó escrito de contestación a la notificación municipal.
Caducidad de un expediente de disciplina urbanística y levantamiento del precinto
La situación
La titular de una parcela rústica soportaba desde hacía más de un año una orden municipal de paralización y precinto de unas obras. El recurso de reposición frente a esa orden fue desestimado y ese mismo día el ayuntamiento incoó el procedimiento de protección de la legalidad urbanística, fijando expresamente un plazo máximo de un año para resolver. Transcurrió ese año sin que se dictara ni notificara resolución alguna, manteniéndose el precinto.
Nuestra actuación
El despacho presentó ante el ayuntamiento un escrito solicitando la declaración de caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones por vencimiento del plazo máximo de resolución, y, como consecuencia necesaria, el levantamiento del precinto y el alzamiento de la orden de paralización, al tratarse de medidas provisionales que decaen al extinguirse el procedimiento del que traen causa.
Ocupación de parcela industrial privada por infraestructura eléctrica sin título
La situación
Un matrimonio propietario de una parcela en un polígono industrial de la provincia de Cádiz se encontró con que la administración urbanizadora había construido dentro de su parcela, en terreno privado, dos armarios de infraestructura eléctrica sin haber tramitado expropiación ni servidumbre alguna. Además se les requirió para que aceptaran la solución ya ejecutada, advirtiéndoles de que en caso contrario su parcela quedaría sin punto físico de conexión eléctrica.
Nuestra actuación
El despacho contestó en plazo al requerimiento administrativo mediante burofax, negando la versión de los hechos, calificando la ocupación como vía de hecho por falta de título expropiatorio y formulando requerimiento de cesación, y al mismo tiempo planteó una oferta vinculante confidencial como medio adecuado de solución de controversias, ofreciendo aceptar el mantenimiento de los armarios a cambio de que la administración ejecutase íntegramente y a su costa el cerramiento en el que debían integrarse.
Alegaciones frente a la paralización de una instalación de placas solares
La situación
Un propietario presentó ante el ayuntamiento una declaración responsable para instalar placas solares fotovoltaicas de autoconsumo sobre la cubierta de su vivienda, acompañada de toda la documentación técnica y del pago de tasas. Tras una inspección urbanística, el ayuntamiento declaró la ineficacia de la declaración responsable, ordenó la paralización inmediata de la actuación y propuso incoar un procedimiento de restablecimiento de la legalidad, al entender que la instalación se asentaba sobre una construcción sin licencia.
Nuestra actuación
El despacho formuló alegaciones solicitando la nulidad o subsidiaria anulabilidad de la resolución y el archivo del expediente, denunciando la falta de notificación personal al propietario, la omisión del trámite de audiencia y del plazo de subsanación previo a declarar la ineficacia, y la indebida confusión entre la instalación fotovoltaica declarada y la supuesta ilegalidad de la edificación preexistente, que debía tramitarse en expediente separado.
Consulta jurídica sobre regadío y segregación de finca rústica
La situación
Una persona propietaria de suelo rústico en la provincia de Cádiz planteó una consulta jurídica sobre la situación de regadío de la finca y sobre la posibilidad de segregarla.
Nuestra actuación
El despacho atendió la consulta en formato telemático.
Alegaciones frente a un expediente de restauración de la legalidad urbanística
La situación
El propietario de una finca rústica en la provincia de Cádiz recibió la incoación de un procedimiento de protección de la legalidad urbanística por una losa de hormigón ejecutada en la parcela. La resolución ordenaba además la suspensión de los suministros de agua y electricidad, pese a que en la misma finca existía una vivienda anterior utilizada como domicilio efectivo y ajena a la obra, y pese a que las obras estaban paralizadas desde más de un año antes.
Nuestra actuación
El despacho compareció en el trámite de audiencia y formuló alegaciones en las que asumió un compromiso expreso y vinculante de retirada voluntaria de la losa a costa del interesado, solicitó un plazo razonable para ejecutarla, pidió que se dejara sin efecto el corte de suministros por desproporcionado e innecesario y ofreció la terminación convencional del procedimiento con archivo una vez acreditada fotográficamente la reposición de la realidad física alterada.
Paralización y precinto municipal de una vivienda prefabricada en suelo rústico
La situación
El propietario de una parcela rústica levantó en ella una construcción de tipo prefabricado y un muro de cierre sin licencia municipal de obras. Tras una inspección, el ayuntamiento ordenó la paralización cautelar y el precinto de las obras, dio traslado a las suministradoras para el corte de suministros e inició después el procedimiento de protección de la legalidad urbanística y un expediente sancionador por infracción grave.
Nuestra actuación
El despacho asumió la defensa frente al ayuntamiento en el expediente urbanístico, interponiendo recurso potestativo de reposición contra la orden de paralización y precinto y actuando en los trámites de audiencia y alegaciones de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad y sancionador.
Oposición registral a una georreferenciación vecina que invadía la vivienda
La situación
Una pareja propietaria de una vivienda en la provincia de Cádiz recibió notificación del Registro de la Propiedad porque el vecino colindante pretendía inscribir la representación gráfica georreferenciada de su finca. Esa delimitación incluía dentro del patio del vecino el espacio sobre el que se asienta el cuarto de baño de la vivienda de los clientes, aprovechando una discrepancia entre la superficie catastral y la realidad física.
Nuestra actuación
El despacho promovió un informe técnico de validación gráfica frente al parcelario catastral y presentó en plazo escrito de alegaciones de oposición al amparo del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, solicitando que no se accediera a la inscripción de la representación gráfica por invadir la finca colindante.
Consulta sobre licencia de obra y final de obra de vivienda
La situación
Una persona promovía la construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina y edificación auxiliar en un municipio de la provincia de Cádiz. Acudió al despacho con la documentación administrativa y técnica de la obra para que se revisara su situación urbanística. Se trataba de una consulta, no de un procedimiento contencioso.
Nuestra actuación
El despacho revisó la resolución municipal de concesión de la licencia de obra mayor, con sus condicionantes y garantías, y el certificado final de obra visado por los colegios profesionales, para valorar la corrección del expediente.
Alegaciones al plan urbanístico por agrupación de viviendas rurales
La situación
Varios propietarios de parcelas situadas en una agrupación de viviendas en suelo rústico de la provincia de Cádiz se veían afectados por la tramitación de un nuevo plan de ordenación urbanística municipal, que analizaba si la agrupación era integrable en el modelo de ordenación general. Además, un proyecto municipal de calmado de tráfico y creación de infraestructura peatonal en la carretera de acceso afectaba a suelo de propiedad privada.
Nuestra actuación
El despacho preparó alegaciones al plan de ordenación urbanística en defensa de los propietarios afectados y trabajó un documento de puesta a disposición del ayuntamiento de una franja de suelo privado para ejecutar las obras de retranqueo, con reserva expresa de la propiedad y de los aprovechamientos urbanísticos y sin coste para el propietario.
Recurso contra la orden municipal de paralizar una casa móvil
La situación
Una persona propietaria de una parcela en la provincia de Cádiz recibió un decreto municipal, dictado en un expediente de protección de la legalidad urbanística, que ordenaba la paralización de unas supuestas obras de construcción de una casa de madera sobre base de hormigón. En realidad lo que había en la parcela era una estructura móvil autosuficiente ya instalada, sin obra alguna en ejecución.
Nuestra actuación
El despacho interpuso recurso de reposición contra el decreto de paralización, sosteniendo que no existía obra en ejecución, que la estructura era un bien mueble desmontable y autosuficiente no sujeto a licencia urbanística, que los apoyos niveladores no eran cimentación y que la medida vulneraba los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y confianza legítima, con petición subsidiaria de plazo de regularización y reserva de acciones contencioso-administrativas.
Estudio catastral de una gran parcela rústica con múltiples edificaciones
La situación
Un colectivo vecinal de la provincia de Cádiz planteó una cuestión relativa a una gran parcela rústica de uso agrario, sin división horizontal, en la que figuraban catastralmente numerosas viviendas y almacenes construidos a lo largo de los años sobre una misma finca.
Nuestra actuación
El despacho recabó y analizó la información catastral y de titularidad de la finca, incluida la consulta descriptiva y gráfica y la ortofoto, como paso previo al estudio de la situación urbanística y registral del conjunto.
Personación como interesado en un expediente municipal por obras junto al lindero
La situación
El cliente era copropietario de una vivienda que lindaba directamente con una parcela en la que se venían ejecutando obras de piscina al amparo de una declaración responsable. Presentó denuncia ante el ayuntamiento por entender que la obra no respetaba la posición ni las distancias declaradas respecto del muro medianero. Tras la inspección municipal las obras quedaron paralizadas, pero el cliente no recibía traslado del curso del expediente ni conocía las actuaciones incorporadas al mismo.
Nuestra actuación
El despacho presentó ante el ayuntamiento un escrito de personación formal del cliente como interesado en el expediente y en los que trajeran causa de él, solicitando vista y copia íntegra de lo actuado, notificación de todas las actuaciones sucesivas, trámite de audiencia previo a cualquier resolución, traslado singular de cualquier nueva solicitud de título habilitante y la comprobación técnica que el propio informe municipal había dejado pendiente.
Asociación de vecinos de una finca rústica en proindiviso con múltiples copropietarios
La situación
Una asociación de vecinos agrupaba a los titulares de cuotas indivisas de una finca rústica de gran extensión, adquiridas a lo largo de los años por compraventas sucesivas ante distintos notarios. La finca permanecía en proindiviso, con titularidades muy fragmentadas, cargas anotadas sobre alguna de las cuotas y transmisiones aún pendientes de despacho registral, lo que dificultaba cualquier actuación conjunta de los vecinos.
Nuestra actuación
El despacho recopiló y ordenó el soporte documental del asunto: identificó a todos los copropietarios y sus respectivas cuotas y comprobó la situación registral actualizada de la finca, como paso previo a definir y formalizar la actuación colectiva encomendada por la asociación.
Revisión documental previa a la compra de una vivienda en proindiviso sobre suelo en desarrollo
La situación
Un particular se planteaba adquirir una vivienda situada en una finca de gran extensión dividida de hecho en múltiples parcelas, con edificaciones ya levantadas y pendiente de su desarrollo urbanístico. Antes de comprometerse quería saber qué estaba comprando realmente y a qué riesgos se exponía.
Nuestra actuación
El despacho revisó la documentación del inmueble y del ámbito: título de compraventa, situación registral, información catastral, el proyecto de segregación de la finca matriz y el instrumento de delimitación del ámbito de ejecución, a fin de advertir al cliente de la situación jurídica y urbanística real y de las consecuencias de la adquisición en proindiviso.

Vicios ocultos y compraventa

Defectos constructivos generalizados en vivienda de nueva construcción
La situación
Una familia extranjera propietaria de una vivienda de nueva construcción en la provincia de Cádiz detectó un número muy elevado de defectos constructivos repartidos por toda la casa: humedades y filtraciones en sótano, planta baja y planta alta, grietas en paramentos, cristales rotos y carpinterías con fugas, y problemas de nivelación que provocaban acumulaciones de agua. La documentación reflejaba que la relación con la empresa constructora estaba estancada.
Nuestra actuación
El despacho recopiló y sistematizó el listado de daños por plantas aportado por la propiedad, junto con las ofertas de reparación recibidas, para preparar la reclamación frente a la constructora con apoyo de arquitecto y perito externo.
Contrato de arras penitenciales para la compra de una vivienda con cargas
La situación
Una pareja quiso comprar una vivienda unifamiliar en la provincia de Cádiz cuya propietaria residía en el extranjero y no podía comparecer. La finca presentaba varias complicaciones: figuraba gravada con hipoteca a favor de una entidad financiera y con afecciones fiscales, existían discrepancias de superficie entre realidad física, Registro y Catastro, posible obra sin declarar, y defectos visibles en la edificación. La compra dependía además de obtener financiación hipotecaria.
Nuestra actuación
El despacho redactó un contrato de arras penitenciales que blindaba la posición de la parte compradora: obligación de entregar la finca libre de cargas con cancelación de la hipoteca a cargo de la vendedora, condición resolutoria sin penalización si no se obtenía financiación, reconocimiento expreso de los desperfectos con obligación de repararlos antes de la escritura, reserva de las acciones por vicios ocultos, y previsiones específicas sobre la firma a distancia y el otorgamiento de poder consular.
Humedades y fisuras ocultas aparecidas tras la compra de una vivienda
La situación
Una persona compró una vivienda que en el momento de la entrega estaba recién pintada y aparentaba buen estado de conservación. Pocos meses después comenzaron a aflorar humedades activas en salón, cocina y pasillo, así como fisuras en un dormitorio. Al comunicarlo a la parte vendedora, esta realizó unas reparaciones que resultaron superficiales e insuficientes, persistiendo los daños.
Nuestra actuación
El despacho encargó un informe pericial de tasación de daños que identificó las patologías, acreditó que se trataba de defectos preexistentes no apreciables mediante una inspección visual ordinaria y que las reparaciones previas habían tenido finalidad de ocultación, y cifró el coste de reparación, todo ello como base técnica de la reclamación frente a la parte vendedora por vicios ocultos.
Reclamación por defectos constructivos en vivienda dentro del plazo de garantía
La situación
La persona propietaria de una vivienda unifamiliar de obra nueva en la provincia de Cádiz detectó, dentro del periodo legal de garantía, filtraciones y humedades en el interior de la casa y en el arranque de las fachadas. Un informe técnico atribuyó los daños a defectos en la canalización de aguas pluviales, a fallos de impermeabilización en los encuentros con las carpinterías y en el frente de fachada, y a partidas del proyecto que no llegaron a ejecutarse. Las quejas dirigidas de forma reiterada a la empresa no habían obtenido respuesta y los daños iban a más.
Nuestra actuación
El despacho remitió un burofax de reclamación formal por vicios constructivos, apoyado en la Ley de Ordenación de la Edificación, en el Código Civil, en la normativa de consumidores y en el Código Técnico de la Edificación, acompañado del informe técnico de daños, y requirió la reparación íntegra de todas las deficiencias en un plazo de treinta días naturales o la propuesta de una solución técnica alternativa.
Compraventa de vivienda bloqueada durante años por cargas registrales sin cancelar
La situación
Una familia joven firmó un contrato privado de compraventa de una vivienda en la provincia de Cádiz, entregó una cantidad a cuenta, se instaló en la casa en régimen de alquiler mientras se resolvía la situación registral e invirtió en una reforma integral. Cinco años después la escritura pública seguía sin otorgarse porque la parte vendedora no había conseguido inscribir su título ni cancelar las cargas anteriores, y las respuestas que recibía la familia eran siempre verbales y tranquilizadoras pero sin resultado.
Nuestra actuación
El despacho estudió la nota simple, los contratos y las resoluciones judiciales que afectaban a la cadena de titularidad, explicó a los clientes en qué punto estaba realmente el bloqueo registral y preparó un burofax dirigido a la parte vendedora exigiendo por escrito información del estado del procedimiento y el otorgamiento de la escritura pública.
Prórroga de un contrato de arras por falta de licencia y retraso hipotecario
La situación
Una pareja compradora firmó un contrato privado de compraventa con arras sobre una vivienda cuyo plazo para escriturar era muy breve. El plazo se agotó por dos motivos ajenos a los compradores: la parte vendedora no había tramitado la licencia de primera ocupación del inmueble y la entidad financiera no pudo cerrar la hipoteca porque exigía un documento oficial procedente del extranjero, al ser uno de los compradores no residente fiscal en España. La parte vendedora condicionó la prórroga al pago de un porcentaje adicional.
Nuestra actuación
El despacho preparó la comunicación fehaciente a la parte vendedora en la que defendió que el plazo de dos meses para escriturar no podía computarse hasta la obtención efectiva de la licencia de primera ocupación, invocó la buena fe contractual y el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la vendedora, solicitó la prórroga sin coste económico adicional para los compradores y preparó además un escrito de ampliación de plazo. En el expediente constaba un anexo firmado por ambas partes que fijaba un límite máximo a los gastos de inscripción a cargo de la compradora.
Vicios ocultos en la compraventa entre particulares de una motocicleta usada
La situación
Una persona compró a un particular una motocicleta de segunda mano mediante contrato privado. A los pocos días de la entrega, al llevarla a un taller para cambiar los neumáticos, los mecánicos detectaron defectos graves en la suspensión delantera. Dos talleres coincidieron en que piezas de la horquilla habían sido intervenidas y lijadas poco antes de la venta, aparentemente para disimular la oxidación existente.
Nuestra actuación
El despacho formuló una oferta vinculante confidencial en el marco de los medios adecuados de solución de controversias, fundamentada en el saneamiento por vicios ocultos del Código Civil, reclamando el coste presupuestado de la reparación y dejando interrumpido el plazo de caducidad de la acción.
Requerimiento previo para impedir el paso por unas escaleras propias
La situación
La propietaria de una vivienda en la provincia de Cádiz venía soportando que los titulares de la finca colindante transitaran de forma continuada por unas escaleras de acceso al tejado situadas íntegramente dentro de su propiedad, pese a haber manifestado reiteradamente su oposición. No existía servidumbre de paso inscrita ni título constitutivo alguno.
Nuestra actuación
El despacho remitió burofax con oferta vinculante confidencial como medio adecuado de solución de controversias previo a la vía judicial, exigiendo el cese inmediato y definitivo del tránsito y el reconocimiento expreso del derecho de propiedad.
Defensa de la vendedora frente a reclamación por humedades
La situación
La parte compradora de una vivienda unifamiliar en la provincia de Cádiz reclamó judicialmente a la vendedora por defectos constructivos, en concreto humedades en una cámara situada bajo la vivienda, aprovechada como semisótano. El asunto se tramitó como juicio ordinario ante un juzgado de la provincia.
Nuestra actuación
El despacho asumió la defensa de la parte vendedora y se apoyó en un dictamen pericial de arquitecto que analizó el origen de las humedades, concluyó que la cámara no reunía las condiciones de altura libre exigidas para ser considerada espacio habitable ni semisótano y cuantificó el coste de la reparación propuesta.
Defectos y humedades en vivienda unifamiliar de nueva construcción
La situación
Una persona promotora de una vivienda unifamiliar aislada en la provincia de Cádiz detectó problemas de humedades en el inmueble. La obra se había contratado con una empresa constructora mediante contrato de ejecución de obra con suministro de materiales, con dirección facultativa de un estudio de arquitectura y un plazo de garantía pactado. El contratista había asumido además las garantías y arreglos de partidas mal ejecutadas por una empresa anterior.
Nuestra actuación
El despacho analizó el contrato de ejecución de obra y su régimen de responsabilidades, garantías, plazo de garantía y retenciones para articular la reclamación extrajudicial frente a la contratista por los defectos constructivos.
Revisión jurídica de escritura de compraventa de participación indivisa de finca rústica
La situación
Una persona iba a intervenir en la compraventa de una sexta parte indivisa de una finca rústica en la provincia de Cádiz, procedente de una adjudicación hereditaria previa. Antes de la firma necesitaba comprobar la titularidad, la situación registral, la existencia de cargas o de ocupantes y el encaje del valor declarado con el valor de referencia catastral.
Nuestra actuación
El despacho revisó el contenido de la escritura pública de compraventa y sus advertencias notariales: título de adquisición de la parte vendedora, inscripción registral, situación de cargas y gravámenes, manifestación de libre de arrendamientos y ocupantes y valor declarado frente al valor de referencia.
Defectos constructivos y retraso en la entrega de una vivienda de obra nueva
La situación
Un matrimonio compró sobre plano una vivienda de nueva construcción a una promotora, con unos planos y una memoria de calidades incorporados al contrato. La vivienda se entregó con retraso sobre el plazo pactado y, ya ocupada, los compradores fueron detectando que lo ejecutado no se correspondía con lo ofertado y que existían deficiencias de acabado y de instalaciones. Pusieron el listado de incidencias en conocimiento de la promotora y no obtuvieron reparación ni planificación de los trabajos.
Nuestra actuación
El despacho remitió a la promotora un requerimiento formal, articulado como oferta vinculante confidencial dentro del cauce previo de negociación, en el que reclamó la penalización contractual por la demora en la entrega y exigió el compromiso escrito de ejecutar a su costa las reparaciones y los trabajos pendientes para ajustar la vivienda a lo contratado, ofreciendo como alternativa la solución económica previa valoración técnica.
Defectos ocultados en la compraventa de una vivienda de segunda mano
La situación
Un matrimonio compró una vivienda usada y, poco después de la entrega, aparecieron filtraciones y humedades generalizadas en varias estancias. Antes de comprar habían preguntado expresamente por la existencia de humedades y se les respondió que no había problema alguno. Un informe técnico encargado por ellos situó el origen en la falta de estanqueidad de la cubierta y del cerramiento exterior y apreció indicios de que el daño venía siendo tapado con sucesivas intervenciones de pintura.
Nuestra actuación
El despacho remitió a la parte vendedora un burofax con oferta vinculante confidencial como medio adecuado de solución de controversias, reclamando el coste de las obras de reparación y del informe técnico.
Venta de una finca perteneciente a varios titulares en proindiviso
La situación
La clienta participaba, junto con otras personas, en la titularidad compartida de un inmueble y acudió al despacho en relación con la venta de esa propiedad común y con la salida ordenada de la situación de proindiviso.
Nuestra actuación
El despacho revisó la documentación contractual aportada y preparó la actuación extrajudicial previa exigida antes de acudir a los tribunales.
Resolución de la compraventa de un vehículo adquirido a un particular
La situación
El cliente compró un vehículo a un particular para su uso habitual como medio de transporte. Inmediatamente después de la entrega aparecieron disfunciones de funcionamiento y, llevado el vehículo a un taller, se detectaron averías que el taller situó como anteriores a la venta, junto con reparaciones previas ejecutadas de forma provisional.
Nuestra actuación
El despacho dirigió al vendedor un burofax con oferta vinculante confidencial ofreciendo la resolución del contrato con devolución del precio a cambio de la restitución del vehículo, y revisó internamente el encaje jurídico de la acción.
Ratificación de una escritura de rectificación de compraventa
La situación
La clienta adquirió hace años una finca rústica cuyo título se documentó de forma equivocada en cuanto a la identidad de la adquirente. La escritura otorgada después para rectificar ese error fue firmada por un representante sin poder de la parte vendedora, con la advertencia notarial de que debía ratificarse. Esa ratificación nunca llegó a otorgarse y la titularidad registral seguía sin reflejar la realidad.
Nuestra actuación
El despacho remitió a los transmitentes un burofax con oferta vinculante confidencial proponiendo una comparecencia notarial para otorgar la ratificación, ofreciendo coordinar la cita y asumir la clienta los gastos.
Avería en un vehículo de ocasión comprado a una empresa del sector
La situación
La clienta adquirió un vehículo usado a una empresa dedicada profesionalmente a la venta de automóviles, con garantía pactada en el propio contrato. Pocos meses después apareció una pérdida de aceite que, al hallarse oculta tras la protección inferior del vehículo, terminó dañando elementos mecánicos. La vendedora rechazó la cobertura sin llegar a examinar el vehículo, por lo que la clienta tuvo que costear la reparación.
Nuestra actuación
Tras una reclamación ante el servicio municipal de consumo y el archivo del expediente arbitral al negarse la empresa a someterse al arbitraje, el despacho remitió burofax de requerimiento de pago con oferta vinculante confidencial invocando la garantía legal de conformidad y, subsidiariamente, el saneamiento por vicios ocultos, y dejó ordenado el dossier documental para la demanda.
Defectos aparecidos en una vivienda a los pocos días de la compra
La situación
Un matrimonio compró una vivienda y, a los pocos días de tomar posesión, detectó dos defectos que no eran apreciables en las visitas previas: una fuga activa en el desagüe del baño de la planta alta, que filtraba al forjado y aparecía en el techo de la planta inferior, y el desprendimiento generalizado del revestimiento de la terraza, con riesgo de caída. El vendedor acudió a comprobarlo y, tras reconocer los problemas, dejó de responder.
Nuestra actuación
El despacho remitió burofax con oferta vinculante confidencial exigiendo la reparación integral de ambos defectos a cargo de la parte vendedora en un plazo determinado y preparó la demanda por vicios ocultos junto con el dossier documental y probatorio.
Retraso de una promotora en la entrega de una vivienda de obra nueva
La situación
Dos compradores suscribieron con una promotora un contrato privado de compraventa de una vivienda en construcción, con plaza de aparcamiento y trastero, destinada a ser su vivienda habitual. La entrega se demoró muy por encima de la fecha pactada e incluso de la prórroga extraordinaria prevista en el contrato, sin que se les comunicara causa justificada alguna, viéndose obligados mientras tanto a buscar una alternativa de alojamiento.
Nuestra actuación
El despacho remitió a la promotora un burofax con oferta vinculante confidencial como medio adecuado de solución de controversias, reclamando la indemnización por la privación del uso del inmueble durante la demora y por el daño moral, cuantificada a partir de los precios de arrendamiento de la zona y apoyada en la doctrina jurisprudencial sobre el daño derivado del retraso en la entrega.
Vicios ocultos estructurales aparecidos días después de comprar una vivienda
La situación
Una compradora adquirió a varios copropietarios una vivienda antigua en la provincia de Cádiz, primero mediante contrato privado con arras y después en escritura pública con entrega de llaves. A los pocos días de tomar posesión aparecieron filtraciones de agua a través de la cubierta y desprendimientos en la fachada, y las inspecciones técnicas encargadas revelaron daños estructurales y de estanqueidad que no eran apreciables en una visita ordinaria.
Nuestra actuación
El despacho remitió a los vendedores una oferta vinculante confidencial como requisito previo a la vía judicial, exponiendo las conclusiones periciales y las obras de reparación necesarias y proponiendo una compensación económica que permitiera a la compradora ejecutar la rehabilitación.
Defectos constructivos y retraso en la entrega de una vivienda de obra nueva
La situación
Un matrimonio compró sobre plano una vivienda de obra nueva a una promotora en la provincia de Cádiz. La vivienda se entregó con retraso sobre el plazo pactado y, una vez ocupada, fueron apreciando que determinados acabados no se correspondían con la memoria de calidades anexa al contrato y que algunas instalaciones no funcionaban correctamente. Pese a las reclamaciones repetidas a la promotora, las deficiencias no se corrigieron.
Nuestra actuación
El despacho encargó un informe pericial de arquitecto técnico que documentó las deficiencias y remitió a la promotora un burofax con oferta vinculante confidencial, como medio adecuado de solución de controversias previo a la vía judicial, reclamando la subsanación de los defectos y la penalización contractual por la demora en la entrega, y ofreció como alternativa que la propia promotora ejecutara las reparaciones a su cargo.
Humedades ocultas en una vivienda comprada y obras de reparación pagadas y no ejecutadas
La situación
Los clientes compraron una vivienda después de que los vendedores les indicaran que solo existía un problema puntual de humedad en una habitación, ya en vía de arreglo. Al tomar posesión comprobaron que la humedad afectaba a la cubierta y a varias estancias, que quedaron inutilizables. Además contrataron y pagaron por adelantado unas obras de reparación que nunca llegaron a ejecutarse.
Nuestra actuación
El despacho reunió presupuestos técnicos del coste de reparación, remitió burofax con oferta confidencial vinculante a los vendedores solicitando la rebaja del precio de compraventa y requirió también al contratista intermediario. Preparada la documentación, presentó las acciones correspondientes ante los tribunales.
Averías ocultas en la compraventa de una motocicleta de segunda mano entre particulares
La situación
El cliente compró a un particular una motocicleta de segunda mano. A los pocos días de la entrega el vehículo empezó a dar fallos mecánicos que obligaron a llevarlo al taller en varias ocasiones, apareciendo después averías en elementos internos del motor que exigían una reparación de mayor alcance y que impedían usar la moto con normalidad.
Nuestra actuación
El despacho recopiló las facturas y presupuestos de taller y las conversaciones mantenidas con el vendedor, remitió burofax con oferta vinculante confidencial ofreciendo el reembolso de las reparaciones o la resolución del contrato y, sin acuerdo, presentó demanda de reducción del precio de compraventa.
Reclamación de las arras tras denegarse la financiación de una compraventa
La situación
El cliente firmó un contrato privado de compraventa de una finca y entregó una cantidad en concepto de arras, repartida entre los dos copropietarios vendedores. El contrato preveía expresamente que, si no obtenía financiación de varias entidades, la compraventa quedaría resuelta y se le devolvería lo entregado. Le fue denegado el préstamo en todas las entidades a las que acudió, y uno de los vendedores se negó a devolverle su parte.
Nuestra actuación
El despacho remitió burofax con oferta vinculante confidencial como medio adecuado de solución de controversias y, al no ser atendida, presentó demanda de juicio verbal reclamando la parte no restituida, apoyada en las certificaciones bancarias de denegación y en el propio texto de la cláusula resolutoria. Con la otra copropietaria se formalizó previamente un finiquito por su parte de las arras.
Defectos y cargas ocultas aparecidos tras comprar una vivienda
La situación
Una particular compró una vivienda en la provincia de Cádiz y, tras tomar posesión, descubrió circunstancias que afectaban al inmueble y que no le habían sido comunicadas antes de firmar. Entre ellas, un gasto extraordinario ya aprobado por la comunidad de propietarios con anterioridad a la venta y una instalación de la casa que no funcionaba correctamente y exigía sustitución. La escritura declaraba, sin embargo, que la finca estaba al corriente y libre de cargas.
Nuestra actuación
El despacho remitió a la parte vendedora una oferta vinculante confidencial como medio adecuado de solución de controversias, exponiendo los defectos y proponiendo una salida extrajudicial. Al no alcanzarse acuerdo, preparó y presentó la demanda civil de saneamiento por vicios ocultos, acompañada de la prueba documental reunida.
Vivienda comprada con problemas de suministro y situación urbanística
La situación
Una compradora extranjera adquirió una vivienda en la provincia de Cádiz confiando en lo que se declaraba en la escritura. Después de la entrega comprobó que el inmueble no contaba con suministro eléctrico individualizado, sino compartido con otras viviendas, y que su situación urbanística real no se correspondía con lo declarado, lo que dificultaba enormemente cualquier regularización u obra.
Nuestra actuación
El despacho remitió burofax a la parte vendedora como intento previo de solución extrajudicial, reclamando la resolución del contrato y la devolución de lo pagado. A falta de acuerdo, presentó demanda civil, acompañada de informe pericial de la vivienda, documentación urbanística y las comunicaciones mantenidas entre las partes.
Reclamación al promotor por obras sin licencia en la terraza de una vivienda
La situación
Un particular adquirió una vivienda en la provincia de Cádiz a la entidad promotora, que además ejecutó y le facturó unas obras en la terraza y en la zona anexa antes y después de la entrega. Con posterioridad, la administración municipal consideró que parte de esas obras no se ajustaban a la normativa urbanística aplicable, lo que abrió un procedimiento sobre su legalidad. El cliente se encontró así con unas obras contratadas y pagadas cuya permanencia quedaba en entredicho.
Nuestra actuación
El despacho estudió el contrato de compraventa, la documentación de obra y los informes técnicos y elaboró un informe jurídico sobre las vías de reclamación frente a quien encargó y ejecutó las obras. Requirió formalmente de forma extrajudicial a la parte responsable y sostuvo la reclamación por incumplimiento contractual y saneamiento.

Negligencias médicas

Cancelación de tratamiento de ortodoncia y reclamación del importe abonado
La situación
Una paciente contrató un tratamiento de ortodoncia invisible en una clínica dental. Según expuso, eligió esa clínica por la trayectoria y acreditación concretas de la profesional que iba a llevar su caso. Una vez fabricadas las férulas y después de haber abonado un primer pago, se le comunicó que esa profesional dejaba la clínica y que el tratamiento sería asumido por otro profesional con acreditación distinta, por lo que solicitó cancelar el tratamiento y la revisión del importe abonado.
Nuestra actuación
El despacho recopiló y ordenó la documentación del caso (conversaciones con la clínica, consentimiento informado, historia clínica y factura) y reclamó a la clínica la entrega de la documentación completa del tratamiento como paso previo a la reclamación.
Asistencia médica recibida tras una rotura de tendón en el brazo
La situación
Una persona sufrió una lesión en el brazo al realizar un sobreesfuerzo en el trabajo. Fue valorada en distintos centros médicos, que inicialmente la trataron de forma conservadora. Meses después, una prueba de imagen confirmó una lesión que el tratamiento inicial no había abordado, y otro especialista descartó ya la cirugía reconstructiva por el tiempo de evolución transcurrido, quedando la persona con secuelas funcionales permanentes.
Nuestra actuación
El despacho recopiló y estudió toda la documentación clínica del proceso asistencial para valorar si el retraso diagnóstico y el enfoque terapéutico inicial podían sustentar una reclamación por mala praxis.
Reclamación por un tratamiento odontológico no finalizado y defectuosamente ejecutado
La situación
La clienta contrató en una clínica dental un tratamiento integral de rehabilitación bucal. Pasados varios años el tratamiento seguía sin terminarse y presentaba deficiencias, hasta el punto de que su estado era peor que el que tenía al iniciarlo, con repercusión en su alimentación y en su estado anímico. La clínica rechazó devolver lo abonado y atribuyó el deterioro a la propia paciente.
Nuestra actuación
El despacho remitió a la entidad titular de la clínica un burofax con oferta vinculante confidencial como medio adecuado de solución de controversias, reclamando la devolución de lo pagado y la indemnización de los daños causados, con fundamento en la doctrina que configura estos tratamientos como obligación de resultado y en la responsabilidad del centro sanitario.
Reclamación por tratamiento odontológico defectuoso y financiación vinculada
La situación
Una paciente contrató en una clínica dental un plan de tratamiento que financió a través de una entidad de crédito. Al no quedar conforme con el trabajo realizado, presentó hojas de quejas y reclamaciones, pidió la devolución de lo abonado, la cancelación de la financiación y la entrega de su historia clínica, y acudió después a otra clínica para que valorase el estado en que había quedado.
Nuestra actuación
El despacho reunió y ordenó toda la documentación clínica y contractual del caso, recabó una valoración pericial de la praxis odontológica y preparó la reclamación frente a la clínica y frente a la aseguradora de esta.
Reclamación por una cirugía ocular con resultado visual insatisfactorio
La situación
Una paciente fue intervenida en una clínica oftalmológica privada y, desde las primeras revisiones, comunicó de forma reiterada que no recuperaba visión útil en el ojo operado. Durante mucho tiempo no se le ofreció una solución, hasta que otra especialista de la misma clínica identificó la causa y le presupuestó una nueva intervención, cuyo coste la clínica no asumía por completo.
Nuestra actuación
El despacho intentó primero la vía de consumo y, después, remitió a la clínica un burofax con oferta vinculante confidencial como mecanismo adecuado de solución de controversias, planteando que asumiera la intervención correctora o, en su defecto, una indemnización, y dejando cumplido el requisito previo a la vía judicial.
Reclamación por un tratamiento de ortodoncia con resultado insatisfactorio
La situación
Un paciente se sometió a un tratamiento de ortodoncia prolongado en una clínica dental privada de la provincia de Cádiz. El resultado obtenido no fue el esperado y el paciente no disponía de copia de la documentación clínica generada durante toda la asistencia, lo que le impedía conocer con exactitud cómo se había planificado y ejecutado el tratamiento.
Nuestra actuación
El despacho remitió a la clínica un burofax requiriendo la entrega íntegra de la historia clínica y del expediente del paciente, con expresa mención del consentimiento informado, los presupuestos y las pruebas diagnósticas y de imagen, al amparo de la normativa de autonomía del paciente y de protección de datos, y preparó con esa documentación la reclamación por el resultado del tratamiento.
Reclamación por tratamiento dental de implantes con resultado insatisfactorio
La situación
Una paciente se sometió en una clínica dental privada a un tratamiento prolongado de implantes y prótesis. El resultado no fue el esperado y la propia clínica llegó a emitir facturas rectificativas por actuaciones que finalmente no se llevaron a cabo. La paciente acudió al despacho con dudas fundadas sobre la corrección del tratamiento recibido.
Nuestra actuación
El despacho remitió a la clínica un burofax requiriendo formalmente la entrega de la copia íntegra de la historia clínica, al amparo de la normativa de autonomía del paciente y de protección de datos, como paso previo imprescindible para que un perito pudiera valorar la asistencia prestada.
Diligencias preliminares para obtener la historia clínica tras una cirugía dental
La situación
Una paciente fue intervenida en quirófano, bajo sedación, en un centro hospitalario privado, para la extracción de piezas dentarias y la colocación de implantes. El resultado le generó dudas sobre la corrección de la asistencia recibida, hasta el punto de acudir a otro profesional para una segunda valoración.
Nuestra actuación
El despacho requirió primero la historia clínica por burofax y, al entregarse solo de forma parcial, presentó ante el juzgado una solicitud de diligencias preliminares para que el centro y el facultativo exhibieran la documentación clínica completa, incluidos el protocolo quirúrgico y la trazabilidad del material implantado, como paso previo al informe pericial.
Reclamación por un tratamiento dental con implantes de resultado insatisfactorio
La situación
Un paciente contrató un seguro dental y, a través de la clínica concertada, financió y abonó un tratamiento de rehabilitación bucal con extracciones, implantes y prótesis. Una vez concluido el tratamiento empezó a sufrir problemas con la prótesis y con los implantes colocados, sin que las revisiones posteriores resolvieran la situación. El cliente reclamó a la entidad y a la clínica sin obtener una solución satisfactoria.
Nuestra actuación
El despacho interpuso demanda de juicio ordinario por responsabilidad contractual y, subsidiariamente, extracontractual, acumulando la reclamación de daños y perjuicios, apoyada en el historial clínico, los presupuestos, las hojas de reclamación y prueba pericial odontológica. Formuló oposición a la intervención provocada de terceros planteada de contrario, presentó escritos de impulso procesal y asistió a la audiencia previa.

Accidentes, daños y seguros

Disconformidad con la oferta motivada de una aseguradora tras un alcance por detrás
La situación
Una persona sufrió un accidente de circulación al recibir su vehículo un impacto posterior por alcance mientras conducía. A consecuencia del golpe padeció lesiones cervicales que exigieron tratamiento rehabilitador y una baja laboral prolongada, con circunstancias personales que agravaron el cuadro y limitaron los tratamientos aplicables. La aseguradora del vehículo contrario asumió la responsabilidad pero ofreció una indemnización muy inferior a los días de baja realmente acreditados y sin valorar secuelas.
Nuestra actuación
El despacho formuló escrito de disconformidad con la oferta motivada y, tras recibir una segunda oferta que mantenía la misma cuantía, presentó un nuevo escrito razonado en el que exigió el cómputo de todos los días de incapacidad temporal acreditados por parte oficial de baja y alta, la valoración de las secuelas recogidas en el informe de alta, el lucro cesante acreditado con las nóminas y, subsidiariamente, informe pericial del Instituto de Medicina Legal a costa de la aseguradora.
Reclamación de una aseguradora a un inquilino por incendio en la vivienda
La situación
La persona ocupaba en alquiler una vivienda en la provincia de Cádiz cuando se declaró un incendio en una de las habitaciones, que tuvo que ser sofocado por bomberos. La aseguradora del propietario indemnizó los daños y después dirigió contra el inquilino una reclamación extrajudicial de recobro, exigiéndole el pago del importe abonado.
Nuestra actuación
El despacho recibió y analizó la reclamación extrajudicial de recobro remitida por el gabinete jurídico de la aseguradora, junto con el informe pericial de valoración y el detalle de los trabajos de reparación en que se apoyaba la cantidad exigida.
Filtraciones continuadas desde la terraza del piso superior a la vivienda de abajo
La situación
La persona era propietaria de una vivienda en la provincia de Cádiz situada justo debajo de otra cuya terraza estaba deficientemente impermeabilizada. Durante años las filtraciones fueron causando daños continuados y cada vez más severos en su vivienda, hasta afectar a la habitabilidad y al valor del inmueble, sin que los avisos reiterados a la propiedad de arriba surtieran efecto.
Nuestra actuación
El despacho remitió un requerimiento formal a la propiedad del piso superior exigiendo el inicio en treinta días naturales de las obras de impermeabilización y reparación por profesionales cualificados, la entrega de las facturas y la certificación técnica de los trabajos y un compromiso escrito de asumir los daños futuros derivados de una reparación insuficiente.
Disconformidad con la oferta motivada de una aseguradora tras un accidente de tráfico
La situación
Una persona sufrió un accidente de circulación al recibir un impacto lateral mientras conducía, siendo asistida en el lugar por la policía local. A consecuencia del golpe padeció dolor cervical irradiado al hombro con limitación de movilidad, necesitando tratamiento médico y rehabilitador durante varias semanas. La aseguradora del vehículo contrario le ofreció una indemnización que no contemplaba ni el tratamiento rehabilitador continuado ni las secuelas reflejadas en el alta médica.
Nuestra actuación
El despacho presentó escrito formal de disconformidad con la oferta motivada, razonando la incorrecta aplicación del baremo legal de tráfico, la falta de motivación exigida por la normativa y la omisión de la valoración de secuelas, y solicitando nueva oferta motivada y, subsidiariamente, informe pericial complementario del instituto de medicina legal a costa de la aseguradora.
Reclamación por daños causados en una vivienda durante una entrega de paquetería
La situación
Una persona compró por internet un bote de esmalte de cinco litros, catalogado como mercancía peligrosa a efectos del transporte por carretera. En el reparto, el personal de la empresa de transporte lanzó el paquete por encima de una cancela de más de dos metros, el envase se rompió contra el suelo y el producto químico se derramó sobre el pavimento y los muros. Además, el recipiente metálico quedó atascado en el mecanismo de la cancela automática y dañó el sistema de motorización.
Nuestra actuación
El despacho remitió burofax de requerimiento a la empresa de transporte reclamando la indemnización de los daños conforme al régimen de responsabilidad del porteador, la normativa de transporte de mercancías peligrosas y la normativa de consumidores, con apoyo en registro fotográfico, valoración pericial y presupuestos de reparación.
Reclamación por atropello a un peatón frente a la aseguradora del vehículo
La situación
El cliente resultó atropellado por un turismo cuando circulaba como peatón, en un accidente ocurrido en vía urbana. El vehículo implicado tenía cobertura de responsabilidad civil con una aseguradora. A raíz del atropello el cliente precisó asistencia sanitaria.
Nuestra actuación
El despacho fue designado para asumir la defensa y la representación del cliente y tramitó la reclamación extrajudicial frente a la aseguradora del vehículo y frente a su asegurada, recopilando la documentación del siniestro y de la asistencia recibida como paso previo a cuantificar y formalizar la reclamación.
Aseguradoras que rechazan el pago de las coberturas tras el fallecimiento del asegurado
La situación
La clienta acudió al despacho tras el fallecimiento repentino de su pareja, que tenía contratadas varias pólizas de vida y accidentes, una de ellas vinculada a la amortización del préstamo hipotecario de la vivienda. Las entidades aseguradoras se negaron a abonar las prestaciones amparándose en cláusulas de exclusión, pese a que existían antecedentes médicos previos que apuntaban a otra causa del fallecimiento.
Nuestra actuación
El despacho estudió cada una de las pólizas, sus coberturas y exclusiones, junto con la documentación clínica y forense disponible, con apoyo de los médicos que colaboran con el despacho, y preparó la reclamación extrajudicial dirigida a cada compañía solicitando oferta motivada.
Reclamación de un peatón atropellado frente a la aseguradora del vehículo
La situación
El cliente fue atropellado por un vehículo cuando circulaba como peatón por la vía pública, en la provincia de Cádiz. A consecuencia del atropello resultó lesionado y precisó atención en urgencias.
Nuestra actuación
El despacho asumió la dirección letrada y la representación extrajudicial del cliente y recopiló la documentación del siniestro y la asistencial para dirigir la reclamación frente a la aseguradora del vehículo y su asegurada.
Reclamación a dos aseguradoras por daños por agua y paralización de un local
La situación
El titular de un local comercial sufrió daños por agua procedentes de la vivienda situada encima del establecimiento. Los daños obligaron a interrumpir la actividad del negocio. Una de las aseguradoras implicadas rehusó el siniestro y la otra tramitaba el expediente por el origen de la fuga, de modo que el perjudicado se encontró sin cobertura efectiva pese a tener contratadas ambas pólizas.
Nuestra actuación
El despacho ordenó toda la documentación del siniestro, las pólizas, la carta de rehúse y las comunicaciones con ambas compañías y preparó la reclamación frente a las aseguradoras por los daños materiales y por el lucro cesante derivado de la paralización de la actividad.
Reclamación del capital de un seguro de amortización de préstamo por incapacidad
La situación
Una clienta suscribió con una entidad financiera un préstamo hipotecario y, junto a él, un seguro de amortización que cubría la invalidez permanente y absoluta. Años después le fue reconocida por la Seguridad Social una incapacidad permanente en ese grado, pero la aseguradora no había abonado el capital pendiente del préstamo.
Nuestra actuación
El despacho comunicó formalmente el siniestro a la aseguradora y a la entidad financiera, reclamó el pago del capital asegurado con los intereses que procedieran y atendió los sucesivos requerimientos de documentación de la compañía.
Reclamación de un seguro de vida denegado por supuestos antecedentes no declarados
La situación
Una asegurada tenía contratada desde hacía años una póliza de vida que cubría la incapacidad permanente absoluta. Cuando la Seguridad Social le reconoció ese grado a consecuencia de una patología sobrevenida, la aseguradora denegó el pago alegando que había ocultado antecedentes médicos, pese a que la contratación se hizo por teléfono y la póliza no incorporaba un verdadero cuestionario de salud.
Nuestra actuación
El despacho remitió a la compañía un burofax de reclamación, formulado también como oferta vinculante confidencial para cumplir el requisito previo a la vía judicial, en el que discutió la validez de la denegación y requirió el pago del capital con los intereses de demora.
Reclamación a una aseguradora de vida por el retraso y el destino del capital por invalidez
La situación
Una asegurada tenía contratada desde hacía años una póliza de vida vinculada a un préstamo hipotecario, con cobertura para el caso de invalidez absoluta y permanente. Reconocida judicialmente esa situación, comunicó el siniestro a la aseguradora, que tardó en tramitarlo y, cuando finalmente dispuso del capital, lo aplicó directamente a amortizar el préstamo sin contar con ella, cargándole además una comisión de cancelación y habiéndole seguido cobrando primas después del siniestro.
Nuestra actuación
El despacho remitió a la aseguradora un burofax con oferta vinculante confidencial como medio adecuado de solución de controversias, reclamando la devolución de la comisión de cancelación y de las primas cobradas tras el siniestro, el resarcimiento del exceso de intereses del préstamo soportado por el retraso y los intereses de demora del contrato de seguro.
Reclamación a una aseguradora por las lesiones de varios ocupantes de un vehículo
La situación
Varios miembros de una misma familia viajaban en un turismo cuando se produjo un accidente de circulación en la provincia de Cádiz. Todos ellos resultaron lesionados y precisaron asistencia, permaneciendo alguno de ellos de baja laboral. La tramitación del siniestro venía siendo llevada directamente por la aseguradora del vehículo.
Nuestra actuación
El despacho asumió la dirección letrada de los perjudicados y comunicó formalmente a la aseguradora la designación de abogado particular, centralizando en el despacho las comunicaciones del siniestro, y reunió la documentación médica y laboral de cada perjudicado para formular la reclamación.
Reclamación de lesiones sufridas por un peatón atropellado por un vehículo
La situación
Un peatón fue atropellado por un vehículo y sufrió lesiones que requirieron asistencia sanitaria. Acudió al despacho para reclamar la indemnización que le correspondía frente a la aseguradora del vehículo causante.
Nuestra actuación
El despacho solicitó el atestado instruido por los agentes que intervinieron en el siniestro, recopiló la documentación del accidente y atendió el trámite de reconocimiento por el perito médico designado por la aseguradora.

Bancario y consumo

Revisión de dos tarjetas revolving y sus intereses
La situación
Una persona consumidora mantenía dos tarjetas de crédito de tipo revolving con una entidad financiera, con sucesivas comunicaciones de modificación de las condiciones del contrato. Acudió al despacho con los extractos, la información precontractual y los cuadros de amortización para que se estudiara la posible reclamación de los intereses.
Nuestra actuación
Se formalizó la hoja de encargo profesional y se recopiló y ordenó la documentación contractual y los extractos de ambas tarjetas para su análisis.
Consumidor demandado por un fondo por el saldo de una tarjeta de crédito
La situación
Un fondo adquirente de carteras de crédito reclamó judicialmente a una persona el saldo impagado de una línea de crédito asociada a una tarjeta contratada años atrás con una financiera de gran distribución. El crédito había sido cedido sucesivamente a varias sociedades hasta llegar al fondo demandante.
Nuestra actuación
Se analizó el contrato de apertura de cuenta, el certificado de deuda y la cadena de cesiones del crédito aportada de contrario.
Oposición a un monitorio por un crédito de compra de vehículo
La situación
Una persona fue requerida de pago en un procedimiento monitorio promovido por una entidad financiera por el impago de un crédito destinado a la compra de un vehículo.
Nuestra actuación
El despacho presentó escrito de oposición al monitorio, que dio lugar a la incoación de un juicio verbal, y presentó también escrito de impugnación en el procedimiento.
Suplantación de identidad bancaria y deuda reclamada que el cliente no reconoce
La situación
Una persona recibió un aviso de acceso no autorizado a su aplicación bancaria y descubrió que terceros habían cambiado su contraseña y el teléfono asociado, quedando sin control de sus cuentas. Además de transferencias no autorizadas, meses después empezó a recibir cartas de una entidad financiera de la que nunca había sido cliente reclamándole importes derivados de productos contratados a su nombre. Una empresa de recobro le requirió el pago de esa deuda.
Nuestra actuación
El despacho preparó y presentó denuncia ante el juzgado de instrucción por presunta estafa, usurpación de identidad y delitos informáticos, y remitió escritos a la empresa de recobro y a la entidad financiera solicitando el archivo del expediente de reclamación y la cancelación de cualquier registro de impago, con aportación de copia de las denuncias policial y judicial.
Nulidad por usura de un crédito revolving contratado por internet
La situación
Un consumidor contrató por vía telemática una línea de crédito revolving con una entidad financiera. El contrato aplicaba una TAE muy superior al tipo medio publicado para este tipo de créditos, de modo que las cuotas apenas amortizaban capital y la deuda se prolongaba en el tiempo.
Nuestra actuación
El despacho recibió y ordenó la documentación económica del contrato, con las disposiciones y los pagos, el contrato de crédito y la sentencia dictada en el procedimiento ordinario de nulidad, asunto que llegó al despacho con la sentencia ya obtenida en un procedimiento dirigido por otro letrado.
Consumidora demandada por un fondo que compró su crédito al consumo
La situación
La persona había contratado por medios electrónicos una línea de crédito con una financiera de consumo y dejó de atender los recibos. La financiera vendió la cartera de créditos a un fondo extranjero, que reclamó judicialmente el saldo pendiente mediante juicio verbal ante el tribunal de su partido judicial, alegando haber intentado sin éxito la negociación previa.
Nuestra actuación
El despacho recibió y estudió la cédula de emplazamiento, el decreto de admisión a trámite de la demanda y toda la documentación aportada de contrario: el testimonio notarial de la cesión del crédito, el certificado de saldo deudor, el extracto de movimientos y el certificado de contratación electrónica.
Nulidad de un contrato de tarjeta revolving frente a la reclamación de un fondo cesionario Caso resuelto · 2025
La situación
Una persona consumidora había contratado años atrás una tarjeta de crédito con sistema de pago aplazado (revolving) con una entidad financiera. Tiempo después, un fondo que había adquirido el crédito por sucesivas cesiones le reclamó judicialmente el saldo pendiente en un juicio ordinario.
Nuestra actuación
El despacho asumió la defensa: se opuso a la demanda alegando falta de legitimación activa del cesionario y formuló demanda reconvencional solicitando la nulidad del contrato por usura y, subsidiariamente, la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio por falta de transparencia, con restitución de lo cobrado en exceso.
Resultado
La sentencia de primera instancia —cuya firmeza no consta en el expediente— estimó la demanda reconvencional: declaró la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio por no superar los controles de incorporación y transparencia y, al no poder subsistir el contrato sin ella, la nulidad del contrato de tarjeta. Como consecuencia, el cliente queda obligado únicamente a devolver el capital efectivamente dispuesto y la entidad debe reintegrar las cantidades percibidas por encima de ese capital, cuya cuantificación se remite a ejecución de sentencia. Se impusieron a la entidad las costas de la reconvención y no hubo condena en costas en la demanda principal.
Deuda de financiación de vehículo e inclusión en ficheros de solvencia
La situación
Una persona con un contrato de financiación de automóvil suscrito con una entidad financiera dejó de atender una cuota. La entidad comunicó el impago a dos ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, con la advertencia de que los datos quedarían accesibles para las entidades consultantes si persistía el incumplimiento, lo que comprometía su capacidad de obtener nueva financiación.
Nuestra actuación
El despacho analizó las comunicaciones de inclusión en los ficheros de morosidad y el importe reclamado por la financiera, con el fin de negociar con la entidad la regularización de la deuda y la baja de los datos en dichos ficheros.
Deuda reclamada por una entidad financiera con invitación previa a mediación
La situación
Un particular de la provincia de Cádiz dejó de atender un contrato de financiación suscrito con una entidad financiera. Esta dio por vencida la deuda y, antes de acudir a los tribunales, encargó a una entidad de mediación que le invitara a un procedimiento de mediación, advirtiéndole de que si no respondía en el plazo indicado se cerraría el expediente y se podrían iniciar acciones legales.
Nuestra actuación
El despacho asumió la defensa del cliente, analizó la reclamación y la documentación contractual y fijó la posición a mantener ante la invitación a mediación previa a una eventual reclamación judicial de la entidad.
Nulidad de una tarjeta de crédito revolving por interés usurario y falta de transparencia
La situación
Un consumidor contrató con una entidad financiera una tarjeta de crédito en la modalidad revolving. Durante años fue realizando disposiciones y abonando cuotas mensuales sin llegar a reducir de forma apreciable la deuda, al aplicarse un tipo de interés muy elevado. En el momento de la contratación no se le explicó el funcionamiento real del sistema de amortización ni sus consecuencias económicas.
Nuestra actuación
El despacho analizó el contrato y el histórico completo de movimientos, presentó reclamación previa ante el servicio de atención al cliente de la entidad solicitando la nulidad del contrato y la devolución de intereses y comisiones y, al no obtener respuesta satisfactoria, interpuso la correspondiente demanda.
Oposición a un monitorio de un fondo que reclama la deuda de una tarjeta de crédito
La situación
Un consumidor recibió del juzgado un requerimiento de pago derivado de un procedimiento monitorio promovido por una sociedad que decía haber adquirido, por cesión de una entidad financiera, el saldo de una antigua tarjeta de crédito. Nunca se le había notificado esa cesión ni se le había dado explicación del cálculo de la deuda, que además no coincidía con la que figuraba en la documentación aportada de contrario.
Nuestra actuación
El despacho presentó en plazo el escrito de oposición al monitorio, negando la legitimación de la reclamante por falta de notificación fehaciente de la cesión, oponiendo la prescripción parcial de los conceptos más antiguos, denunciando la discrepancia y falta de transparencia en la liquidación y el posible carácter abusivo de las penalizaciones e intereses aplicados, y solicitando la celebración de vista.

Arrendamientos

Propiedad que recibe una solicitud de prórroga extraordinaria del alquiler
La situación
Las propietarias de una vivienda arrendada desde hacía varios años comunicaron al inquilino que no renovarían el contrato al terminar el periodo de prórroga obligatoria. El inquilino respondió mediante burofax solicitando formalmente una prórroga extraordinaria de dos años al amparo de una norma estatal de medidas en materia de alquiler, sosteniendo que su aceptación era obligatoria para la propiedad.
Nuestra actuación
Se analizó el burofax recibido y el encaje de la prórroga extraordinaria invocada para preparar la contestación de la parte arrendadora.
Subrogación hereditaria en un alquiler y actualización de la renta
La situación
Tras el fallecimiento del arrendador de una vivienda en la provincia de Cádiz, sus herederos se constituyeron en comunidad de bienes y se subrogaron en la posición de la parte arrendadora. Necesitaban comunicar formalmente a la inquilina la continuidad del contrato, dejar claro que no se producía novación contractual y notificar la actualización anual de la renta conforme al índice legal, además de documentar por escrito la nueva situación jurídica.
Nuestra actuación
El despacho redactó y remitió un burofax certificado con acuse de recibo notificando la subrogación hereditaria al amparo del Código Civil y de la Ley de Arrendamientos Urbanos, comunicó formalmente la actualización de la renta conforme al artículo 18 de esa ley, precisó que la continuidad del contrato no constituía novación y ofreció la firma de un documento que formalizase la situación manteniendo la fecha de inicio original a efectos de plazos y prórrogas.
Reclamación de la fianza de un alquiler de temporada de estudiante
La situación
Una persona alquiló por temporada una vivienda para que su hija cursara estudios universitarios. Al finalizar el contrato y entregar la vivienda, la parte arrendadora no devolvió la fianza y pretendió retener cantidades por limpieza, por supuestos daños en el mobiliario y por suministros pendientes, sin aportar factura ni prueba alguna de esos conceptos. Además, la fianza no se había depositado en el organismo autonómico de vivienda.
Nuestra actuación
El despacho remitió un burofax de reclamación extrajudicial con oferta vinculante confidencial en el marco de los medios adecuados de solución de controversias, invocó la Ley de Arrendamientos Urbanos, la normativa autonómica sobre depósito de fianzas y las reglas de carga de la prueba, aceptó únicamente un descuento por limpieza y condicionó cualquier otra retención a que se acreditase mediante facturas originales.
Solicitud de rebaja de renta por defectos graves en la vivienda alquilada
La situación
Una pareja arrendataria de una vivienda con renta elevada detectó que varias de las prestaciones anunciadas no funcionaban: la calefacción resultaba inoperativa por obsolescencia, el sistema de riego tenía fugas que disparaban el consumo de agua, el cuarto de lavadero presentaba humedades y filtraciones que impedían su uso y el electrodoméstico entregado con la vivienda apenas funcionaba. Pese a comunicarlo al arrendador, no se realizó reparación alguna.
Nuestra actuación
El despacho remitió burofax con acuse de recibo en el que formuló una oferta vinculante confidencial como medio adecuado de solución de controversias: revocó la comunicación previa de abandono de la vivienda, pidió la reducción de la renta mensual con base en el deber de conservación del arrendador y en la rebaja proporcional por vicios, y renunció a reclamar retroactivamente a cambio del mantenimiento del contrato.
Inquilino que ejercita su opción de compra frente a una sociedad propietaria
La situación
La persona vivía de alquiler en una vivienda de la provincia de Cádiz cuyo contrato le reconocía un derecho de adquisición preferente u opción de compra por un precio cerrado y con un plazo de tres años para ejercitarlo. Al querer comprar se encontró con que la vivienda no figuraba inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de la sociedad vendedora, lo que impedía escriturar y obtener financiación hipotecaria.
Nuestra actuación
El despacho remitió un burofax a la sociedad propietaria en el que ejercitó formalmente y dentro de plazo el derecho de adquisición preferente por el precio pactado, y propuso un proceso de negociación directa entre las partes como medio adecuado de solución de controversias, fijando como objeto la regularización registral, la coordinación de los trámites hipotecarios y notariales y la fecha de otorgamiento de escritura.
Inquilina a la que no le devuelven la fianza tras casi cinco años de alquiler
La situación
Tras casi cinco años viviendo de alquiler en la provincia de Cádiz, la persona entregó las llaves firmando con la propiedad un acta en la que esta reconocía que la vivienda se devolvía en correcto estado de conservación salvo el desgaste propio del uso normal. Pese a ello, transcurrido con creces el plazo legal de un mes, la arrendadora no devolvió la fianza ni alegó motivo alguno para retenerla. Además, en el contrato figuraba una cláusula que trasladaba a la inquilina el coste de las obras de conservación y se le habían aplicado subidas de renta por IPC sin respetar las anualidades legales.
Nuestra actuación
El despacho remitió un burofax con oferta vinculante confidencial, como medio adecuado de solución de controversias previo a la vía judicial, reclamando la devolución íntegra de la fianza con sus intereses legales, invocando el reconocimiento del buen estado de la vivienda hecho por la propia arrendadora, la nulidad de la cláusula contraria al régimen imperativo de la ley de arrendamientos urbanos y la improcedencia de las actualizaciones de renta aplicadas antes de tiempo.
Consulta sobre alquiler con reclamación de deuda de rentas anteriores
La situación
La consulta se refería a un arrendamiento de vivienda en la provincia de Cádiz en el que la administración de la finca reclamaba una deuda pendiente. En el expediente obraban el contrato, las cartas de reclamación de la deuda, un justificante de ingreso en efectivo y la certificación de un burofax dirigido a la abogada de la otra parte.
Nuestra actuación
El despacho revisó el contrato de arrendamiento y la documentación de la reclamación de deuda y la certificación del burofax remitido.
Comunicación de no renovación y extinción de contrato de arrendamiento de vivienda
La situación
Unos propietarios que tenían arrendada una vivienda con garaje y trastero querían recuperarla al vencimiento de la anualidad en curso, sin que operase la prórroga automática. El contrato exigía preavisar con varios meses de antelación y por escrito, y un error en la forma o en el plazo del preaviso habría supuesto una prórroga no deseada.
Nuestra actuación
El despacho redactó y remitió un burofax de notificación formal de no renovación y extinción del contrato, calculando el plazo de preaviso conforme a la cláusula contractual y a la Ley de Arrendamientos Urbanos, y detallando las obligaciones de devolución del inmueble, entrega de llaves, baja de suministros y régimen de la fianza, con propuesta de inspección conjunta previa.
Prórroga extraordinaria frente al aviso de fin del alquiler
La situación
Una persona arrendataria de una vivienda habitual en la provincia de Cádiz, con un contrato de varios años de antigüedad prorrogado tácitamente por mensualidades, recibió de la parte arrendadora una oferta vinculante confidencial comunicándole que no se prorrogaría el contrato y que debía abandonar la vivienda en una fecha determinada, con advertencia de desahucio por expiración del plazo.
Nuestra actuación
El despacho revisó el contrato de arrendamiento y la oferta vinculante recibida y redactó un escrito fehaciente solicitando la prórroga extraordinaria del contrato al amparo de la normativa estatal de medidas en el alquiler entonces vigente, ejercitando expresamente ese derecho y reservando la posibilidad de pedir una segunda anualidad.
Burofax de no prórroga y requerimiento de desalojo de vivienda
La situación
La parte arrendadora de una vivienda con dos plazas de garaje en la provincia de Cádiz, vinculada por un contrato prorrogable por anualidades, no quería continuar con el arrendamiento a su vencimiento y necesitaba comunicarlo de forma fehaciente y en plazo para evitar la prórroga automática.
Nuestra actuación
El despacho redactó y remitió un burofax comunicando a la parte arrendataria, con la antelación exigida por el contrato, la decisión de no prorrogar el arrendamiento y requiriéndola para que a la finalización dejara libre la vivienda y las plazas de garaje y entregara las llaves en el estado pactado.
Reclamación de fianza no devuelta tras entregar las llaves
La situación
Una persona arrendataria de una vivienda en la provincia de Cádiz entregó las llaves al finalizar la ocupación, tras haber pactado por mensajería con la propiedad que se le devolvería íntegramente la fianza pese a salir antes de la fecha prevista. La propiedad no devolvió la fianza y alegó facturas de suministros pendientes sin aportar justificante alguno. Además se le había cobrado un importe adicional en efectivo al firmar, sin recibo.
Nuestra actuación
El despacho remitió sendos burofaxes a la propiedad y a la agencia inmobiliaria requiriendo la devolución de la fianza en un plazo de siete días naturales, invocando la novación contractual acreditada por los mensajes y la obligación legal de devolución.
Reclamación de rentas y suministros impagados tras abandono de la vivienda arrendada
La situación
La persona propietaria de una vivienda en la provincia de Cádiz la había arrendado como vivienda habitual. Al cabo de unos meses la parte arrendataria abandonó el inmueble dejando sin pagar varias mensualidades de renta y además varias facturas de suministro eléctrico a nombre del arrendamiento. Los intentos de solución amistosa por vía telefónica resultaron infructuosos.
Nuestra actuación
El despacho cuantificó la deuda por rentas y por suministros a partir del contrato y de las facturas y preparó una demanda de juicio verbal de reclamación de rentas frente a la parte arrendataria, con solicitud de condena al pago y de imposición de costas.
Opción de compra sobre locales comerciales rechazada por la propiedad arrendadora
La situación
El cliente es una sociedad que arrienda varios locales comerciales en los que desarrolla su actividad, con una opción de compra pactada en el propio contrato de arrendamiento. Al ejercitarla formalmente ante notario, la propiedad la rechazó alegando que el contrato se había extinguido por un procedimiento de desahucio anterior, pese a haber seguido cobrando y facturando las rentas y a haber estado negociando un nuevo contrato sobre los mismos locales.
Nuestra actuación
El despacho ejercitó la opción mediante acta notarial de requerimiento, formuló después una oferta vinculante confidencial por burofax ante la respuesta negativa de la propiedad y presentó demanda de juicio ordinario para que se declarara la eficacia de la opción y se condenara al otorgamiento de la escritura, tras una revisión interna del escrito y de la prueba.
Daños en maquinaria por filtraciones de agua en una nave arrendada
La situación
Una empresa explotaba su actividad en una nave industrial arrendada. La cubierta presentaba perforaciones por las que entraba agua de lluvia, que alcanzó los equipos del negocio y los dejó inservibles. El problema se comunicó al arrendador nada más detectarse, pero la reparación se demoró. La empresa acudió al despacho para reclamar los daños sufridos en la maquinaria.
Nuestra actuación
El despacho reclamó judicialmente los daños al arrendador y, dictada resolución en primera instancia, interpuso recurso de apelación. En él cuestionó la valoración de la prueba pericial, la apreciación del nexo causal entre las filtraciones y el deterioro de los equipos, y el alcance de la obligación legal del arrendador de conservar el inmueble en estado de servir para el uso pactado.

Familia

Ejecución de sentencia de divorcio para cobrar los atrasos del IPC de la pensión de alimentos Caso resuelto · 2025
La situación
Una persona divorciada desde hacía más de una década, con una hija en común, tenía reconocida en sentencia una pensión de alimentos actualizable cada año conforme al IPC. El otro progenitor venía abonando la pensión sin aplicar ninguna de esas actualizaciones, de modo que se habían ido acumulando atrasos a lo largo de varios ejercicios.
Nuestra actuación
El despacho presentó demanda de ejecución del título judicial, impugnó el escrito de oposición de la parte contraria —que alegaba la caducidad de la acción y un supuesto pacto verbal para no aplicar el IPC—, ajustó el cálculo de una de las anualidades reclamadas y defendió esa posición en la vista de oposición.
Resultado
El juzgado estimó solo en parte la oposición del ejecutado: redujo la cantidad inicialmente reclamada y acordó que la ejecución continuara, por el principal resultante, a favor de la parte ejecutante. Rechazó expresamente la alegación del pacto verbal para dejar de aplicar el IPC, por no constar documentado, y no impuso las costas a ninguna de las partes.
Medidas de guarda, custodia y alimentos de una hija de progenitores no casados Caso resuelto · 2024
La situación
Una pareja que no había contraído matrimonio puso fin a su convivencia teniendo una hija de corta edad y sin acuerdo sobre la patria potestad, la convivencia, el régimen de visitas ni el reparto de gastos. La situación exigía fijar medidas cuanto antes, mientras se tramitaba el procedimiento principal.
Nuestra actuación
El despacho presentó demanda de relaciones paterno-filiales, guarda y custodia y alimentos, y solicitó al mismo tiempo la adopción de medidas provisionales urgentes, que se resolvieron por auto en pieza separada. Posteriormente negoció el acuerdo que las partes alcanzaron en el acto de la vista.
Resultado
El juzgado dictó sentencia aprobando el acuerdo alcanzado por las partes en la vista, con informe favorable del Ministerio Fiscal por quedar salvaguardado el interés de la menor, y elevó a definitivas las medidas provisionales ya adoptadas: patria potestad compartida, guarda y custodia compartida por semanas alternas, visitas intersemanales para el progenitor no conviviente, reparto de los periodos vacacionales y asunción por cada progenitor de los gastos ordinarios de la menor mientras la tenga consigo, con los gastos de guardería y los extraordinarios al 50 %.
Divorcio con liquidación de gananciales y negociación de convenio
La situación
Un matrimonio con patrimonio ganancial, entre el que figuraba una finca rústica adquirida en común, afrontaba un divorcio en el que había que decidir entre la vía contenciosa y el acuerdo y repartir los bienes comunes. El asunto exigía además cumplir el requisito previo de negociación introducido por la reforma procesal de 2025.
Nuestra actuación
El despacho estudió y preparó el tipo de procedimiento más conveniente, inició el medio adecuado de solución de controversias con el letrado de la parte contraria y redactó y negoció un convenio regulador conforme a las instrucciones del cliente, remitiéndoselo para su aprobación.
Divorcio de mutuo acuerdo con custodia compartida por semanas alternas Caso resuelto · 2025
La situación
Un matrimonio con dos hijos de corta edad decidió poner fin a la convivencia de forma pactada, sin pleitear. Ambos progenitores querían mantener una implicación equivalente en el cuidado de los hijos y dejar reguladas con detalle las decisiones importantes, los periodos de convivencia y los regímenes de vacaciones, para evitar conflictos posteriores.
Nuestra actuación
El despacho dirigió a ambos cónyuges, redactó el convenio regulador con un reparto detallado de la convivencia, las visitas intersemanales, las vacaciones y el ejercicio conjunto de la patria potestad, y presentó la demanda de divorcio de mutuo acuerdo, tramitándola hasta la ratificación de ambas partes y el informe favorable del Ministerio Fiscal.
Resultado
Sentencia que estima la demanda, declara disuelto el matrimonio por divorcio con todos los efectos legales y aprueba íntegramente el convenio regulador presentado, con patria potestad compartida y guarda y custodia compartida por semanas alternas, sin condena en costas.
Reclamación patrimonial tras una convivencia sin matrimonio ni pareja de hecho
La situación
Una persona convivió durante años con su pareja, sin haber contraído matrimonio ni haberse inscrito como pareja de hecho, en una vivienda cuya titularidad no compartía. Durante la convivencia realizó aportaciones económicas al mantenimiento y mejora del inmueble y, tras la ruptura, reclamaba una compensación por esas contribuciones.
Nuestra actuación
El despacho inició el procedimiento previo obligatorio de negociación (MASC) mediante burofax con oferta confidencial, y después rebajó sustancialmente la pretensión inicial para intentar un cierre pactado, formalizando finalmente con la letrada contraria el documento conjunto acreditativo del intento de negociación.
Divorcio con discusión sobre el reparto de la vivienda común
La situación
Un matrimonio adquirió durante la convivencia una vivienda habitual en la provincia de Cádiz financiada con un préstamo hipotecario. Aunque cada cónyuge aportó fondos propios en proporciones distintas, la entidad financiera exigió inscribir el inmueble al cincuenta por ciento para poder aplicar condiciones bonificadas. Al plantearse la ruptura, el reparto real de la propiedad se convirtió en el punto de fricción.
Nuestra actuación
El despacho recibió y analizó la documentación aportada por la parte, en concreto un pacto privado firmado por ambos cónyuges sobre el porcentaje real de propiedad de la vivienda y la correspondencia con la entidad financiera que explicaba por qué la inscripción registral no reflejaba esas aportaciones.
Divorcio contencioso resuelto sin vista al no comparecer la otra parte
La situación
Una persona interpuso demanda de divorcio contencioso en la provincia de Cádiz. La única pretensión era la disolución del vínculo matrimonial, sin hijos comunes ni medidas económicas controvertidas. La parte demandada no contestó a la demanda dentro del plazo y fue declarada en rebeldía procesal por el juzgado.
Nuestra actuación
El despacho, tras la declaración de rebeldía, presentó escrito de alegaciones sobre la pertinencia de la vista en el que sostuvo que no procedía celebrarla: no había hechos controvertidos ni medidas en discusión, toda la prueba propuesta era documental y ya obraba en autos, y celebrar vista solo generaría dilaciones contrarias a la economía procesal. Solicitó que los autos quedaran vistos para sentencia.
Divorcio contencioso con vivienda adquirida antes del matrimonio
La situación
Una persona casada con cónyuge de nacionalidad extranjera afrontaba un divorcio contencioso. El expediente contenía únicamente documentación aportada por el cliente: certificación registral del matrimonio, contrato privado de compraventa de una vivienda firmado cuando aún estaba soltero, justificantes de pago a la constructora, copia simple y declaraciones de renta del periodo.
Nuestra actuación
El despacho recopiló y ordenó la documentación acreditativa de la situación matrimonial y de la adquisición de la vivienda con anterioridad al matrimonio.
Medidas paterno-filiales de mutuo acuerdo entre progenitores no casados Caso resuelto · 2026
La situación
Una pareja que no había contraído matrimonio ni estaba inscrita como pareja de hecho decidió poner fin a su convivencia teniendo una hija de corta edad en común. Necesitaban dar forma legal y estable a la patria potestad, la guarda y custodia, el régimen de visitas y la contribución económica a los alimentos de la menor. Al no existir vínculo matrimonial, no cabía un procedimiento de divorcio, sino un procedimiento específico de medidas paterno-filiales.
Nuestra actuación
El despacho negoció y redactó un convenio regulador completo —patria potestad conjunta, guarda y custodia, régimen de visitas y estancias, vacaciones, días especiales, pensión de alimentos con actualización anual y reparto de gastos extraordinarios— y presentó la demanda de medidas paterno-filiales de mutuo acuerdo, asistiendo a ambos progenitores hasta la ratificación judicial.
Resultado
Sentencia que aprueba íntegramente el convenio regulador presentado, con informe favorable del Ministerio Fiscal, y que fija la patria potestad conjunta, la guarda y custodia materna, un régimen de visitas de fines de semana alternos con estancia intersemanal, el reparto de los periodos vacacionales, una pensión de alimentos actualizable conforme al IPC y los gastos extraordinarios al 50 %. Sin imposición de costas.
Divorcio de mutuo acuerdo sin hijos y en régimen de separación de bienes Caso resuelto · 2026
La situación
Un matrimonio sin hijos, casado en régimen de separación de bienes y con los cónyuges residiendo en localidades distintas, decidió poner fin a su unión de común acuerdo. No existían bienes comunes, ni vivienda familiar, ni deudas conjuntas, de modo que buscaban tramitar la disolución del matrimonio de la forma más ágil posible y sin conflicto.
Nuestra actuación
El despacho redactó el convenio regulador —inexistencia de bienes y deudas comunes, ausencia de vivienda familiar, renuncia recíproca a la pensión compensatoria y reparto por mitad de los gastos del procedimiento— y presentó la demanda de divorcio de mutuo acuerdo, gestionando la ratificación de ambas partes pese a la distancia entre sus domicilios.
Resultado
Decreto que aprueba la propuesta de convenio regulador y declara el divorcio del matrimonio, incorporando todas las medidas pactadas y ordenando la remisión de testimonio al Registro Civil para su inscripción, sin imposición de costas.
Divorcio contencioso con atribución del uso de la vivienda familiar y pensión compensatoria Caso resuelto · 2025
La situación
Tras un matrimonio de larga duración, con hijos ya mayores de edad e independientes, una persona que llevaba muchos años sin actividad laboral y en una situación económica precaria se enfrentaba a un divorcio contencioso. Se discutía a quién se atribuía el uso de la que había sido vivienda familiar y si procedía fijar una pensión compensatoria, a lo que la otra parte se oponía.
Nuestra actuación
El despacho interpuso la demanda de divorcio y sostuvo en el juicio la atribución del uso de la vivienda familiar y el establecimiento de una pensión compensatoria, aportando en el acto de la vista la documentación acreditativa de la situación económica y personal de la clienta.
Resultado
Sentencia estimatoria en parte que declaró disuelto el matrimonio por divorcio, atribuyó a la clienta el uso de la que constituyó el domicilio familiar por un periodo determinado, con un régimen de uso posterior vinculado a la liquidación de la sociedad de gananciales, y fijó a su favor una pensión compensatoria de carácter vitalicio, actualizable cada año conforme al IPC, sin condena en costas.
Defensa en procedimiento familiar con pieza penal resuelta de forma absolutoria
La situación
Una persona inmersa en un procedimiento de medidas sobre guarda y custodia afrontó en paralelo un procedimiento penal por delito leve derivado de la ruptura. El despacho asumió la defensa en ambos frentes y trabajó también un convenio regulador.
Nuestra actuación
El despacho contestó a la demanda, negoció y presentó convenio regulador, y en la pieza penal impugnó el recurso de apelación interpuesto de contrario contra la resolución absolutoria de instancia, alegando defectos en su articulación y la corrección de la valoración probatoria realizada en primera instancia.
Medidas de custodia, patria potestad y alimentos de un hijo menor
La situación
Tras la ruptura de la convivencia, la clienta se encontraba sin un marco acordado sobre con quién debía residir el hijo común, cómo se repartirían los tiempos con cada progenitor y quién atendería los gastos del menor. La otra parte había dirigido a la clienta una propuesta de acuerdo a través de su letrado, dentro del cauce previo de negociación exigido antes de acudir al juzgado.
Nuestra actuación
El despacho contestó en plazo a esa propuesta, formulando una posición propia sobre la guarda y custodia, el régimen de comunicaciones y estancias, el reparto de los períodos vacacionales, la pensión de alimentos y los gastos extraordinarios.
Liquidación de la vivienda común y del préstamo compartido
La situación
El cliente compartía con otra persona la propiedad de una vivienda y la titularidad del préstamo hipotecario que la grava, tras haberse deshecho la convivencia. Necesitaba salir de esa situación de copropiedad y ordenar la aportación económica que en su día realizó a la adquisición.
Nuestra actuación
El despacho asumió la representación del cliente, revisó la documentación de titularidad y los justificantes de pago aportados y se dirigió a la otra parte para articular la venta del inmueble y la liquidación de lo común por vía de acuerdo.
Divorcio con atribución del uso de la vivienda y pensión compensatoria
La situación
La clienta, de edad avanzada, acudió al despacho tras romperse definitivamente la convivencia matrimonial. Se había dedicado durante el matrimonio a la atención de la familia y del hogar, no percibía ingresos propios y sus posibilidades de acceso al mercado laboral eran muy limitadas. Los hijos comunes son ya mayores de edad e independientes.
Nuestra actuación
El despacho remitió a la otra parte una oferta vinculante confidencial como medio adecuado de solución de controversias, proponiendo un divorcio de mutuo acuerdo con convenio regulador que contemplara la atribución del uso de la vivienda familiar y una pensión compensatoria. En paralelo dejó preparada la demanda de divorcio.
Solicitud de medidas judiciales de apoyo para una persona adulta con discapacidad
La situación
Una mujer de edad avanzada convivía con una hija adulta afectada por una patología que le impedía gestionar por sí misma su atención sanitaria y sus trámites administrativos. La madre venía asumiendo en solitario su cuidado como guardadora de hecho, pero esa vía informal se reveló insuficiente: la falta de un apoyo formal impidió tramitar solicitudes ante la Administración y derivó en la pérdida efectiva de reconocimientos y prestaciones.
Nuestra actuación
El despacho preparó la solicitud de provisión de medidas judiciales de apoyo, interesando una curatela delimitada y proporcionada, ceñida al ámbito sanitario y al de las prestaciones y trámites administrativos, con carácter meramente asistencial en el resto. Solicitó además el nombramiento de defensor judicial, la práctica del dictamen pericial y de la entrevista en el domicilio y la remisión de informes por los organismos implicados.
Divorcio de mutuo acuerdo con convenio regulador entre cónyuges de larga unión
La situación
Un matrimonio de muchos años de duración, con hijos ya mayores de edad, decidió poner fin a la relación de la forma más amistosa posible y acudió al despacho para ordenar por escrito los efectos de la ruptura antes de acudir al juzgado.
Nuestra actuación
El despacho articuló el convenio regulador firmado por ambos cónyuges, que recogió el cese de la convivencia, la atribución del uso del que fue domicilio familiar, una pensión compensatoria a favor de uno de ellos y el aplazamiento de la liquidación del régimen económico matrimonial. Preparó la demanda de divorcio de mutuo acuerdo para su ratificación judicial.
Liquidación del patrimonio común tras un divorcio con bienes de explotación
La situación
Una clienta se divorció tras un procedimiento contencioso y quedó pendiente el reparto del patrimonio común del matrimonio, en el que se integraban, además de bienes ordinarios, elementos propios de una actividad agropecuaria. La carpeta no contenía todavía documentación legible del asunto.
Nuestra actuación
El despacho recabó y ordenó la documentación del divorcio previo y el inventario de los bienes y deudas del matrimonio para preparar la liquidación del régimen económico.
Divorcio de matrimonio celebrado en el extranjero sin contacto con la otra parte
La situación
El cliente contrajo matrimonio en el extranjero y desde hacía tiempo vivía separado de hecho de su cónyuge, sin descendencia común y sin posibilidad de contacto directo con ella. Necesitaba disolver el vínculo matrimonial y regularizar su situación, pese a la dificultad de localizar a la otra parte.
Nuestra actuación
El despacho remitió un requerimiento previo de negociación directa por burofax y por mensajería certificada, dejó constancia documental de los intentos de localización mediante declaración responsable y presentó la demanda de divorcio junto con la documentación registral española y extranjera del matrimonio.
Modificación de medidas para atribuir al padre la custodia de un hijo adolescente
La situación
El cliente se divorció hace años y la custodia de los hijos quedó atribuida a la madre, con un régimen de visitas y una pensión de alimentos a cargo del padre. Transcurrido ese tiempo, el hijo adolescente manifestó de forma reiterada su deseo de residir de manera habitual con el padre, lo que alteraba las circunstancias que sirvieron de base a la sentencia.
Nuestra actuación
El despacho formuló a la otra progenitora una oferta vinculante confidencial por burofax, como trámite previo, proponiendo el cambio de custodia con un régimen amplio de comunicación con la madre y el reajuste de la pensión de alimentos. Sin acuerdo, presentó la demanda de modificación de medidas definitivas.
Medidas judiciales de apoyo para una persona mayor sin autogobierno
La situación
Varios hermanos acudieron al despacho porque su madre, de edad avanzada e ingresada en un centro residencial, había dejado de poder gobernarse por sí misma y dependía de terceros para las actividades básicas del día a día. La familia necesitaba una vía legal para poder actuar en su nombre en los asuntos personales y patrimoniales respetando su voluntad y sus preferencias.
Nuestra actuación
El despacho promovió un expediente de jurisdicción voluntaria para la adopción de medidas judiciales de apoyo de carácter estable, proponiendo el nombramiento de dos de las hijas con el consentimiento del tercer hermano. Solicitó que se delimitaran los actos en los que precisara asistencia y que se fijaran las medidas de control y vigilancia que el juzgado estimara oportunas.
Extinción de la pensión de alimentos a una hija ya mayor de edad
La situación
Una madre venía abonando la pensión de alimentos fijada en su día por sentencia a favor de la hija común, que convivía con el otro progenitor. La hija alcanzó la mayoría de edad y su dedicación a los estudios dejó de ser efectiva, al tiempo que la situación de salud e ingresos de la clienta cambió de forma permanente por causas ajenas a su voluntad, sin que existiera ya relación entre ambas.
Nuestra actuación
El despacho remitió al otro progenitor una oferta vinculante confidencial proponiendo el cese de la pensión como intento previo de acuerdo. Al no aceptarse, presentó demanda de modificación de medidas interesando la extinción de la obligación alimenticia, con la documentación oficial que acreditaba el cambio de circunstancias.
Liquidación de gananciales aplazada durante años tras el divorcio
La situación
Una clienta se divorció hace años y en el convenio regulador se acordó dejar para más adelante la liquidación de la sociedad de gananciales, que nunca llegó a hacerse. La vivienda común siguió en indivisión, con la carga hipotecaria sin atender por quien la tenía asignada y con anotaciones sobre la parte del excónyuge, de modo que la clienta quedó expuesta a perder el inmueble sin poder decidir sobre él.
Nuestra actuación
El despacho remitió al excónyuge una oferta vinculante confidencial proponiendo liquidar de mutuo acuerdo mediante inventario, valoración y escritura pública. Sin respuesta que permitiera el acuerdo, presentó la demanda de liquidación del régimen económico matrimonial con la documentación registral y bancaria reunida.

Herencias y donaciones

Donaciones de dinero entre familiares documentadas y liquidadas ante Hacienda
La situación
Una persona decidió donar dinero en metálico a varios familiares directos y necesitaba dejar cada donación correctamente documentada y tributada, evitando problemas posteriores con la administración tributaria autonómica. Cada persona donataria debía presentar y pagar su propia autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Nuestra actuación
El despacho redactó los contratos de donación de cada familiar, preparó la documentación acreditativa de las transferencias y confeccionó las autoliquidaciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones de cada persona donataria, ocupándose de su presentación y pago y del seguimiento del requerimiento de control de presentación notificado después por la administración tributaria autonómica.
Donación de vivienda entre padre e hijo con aplicación de la bonificación autonómica en el impuesto Caso resuelto · 2025
La situación
Una familia quería transmitir en vida una vivienda de un progenitor a un hijo. La operación tributa por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en su modalidad de adquisiciones inter vivos y, cuando concurren los requisitos legales, permite aplicar la bonificación autonómica prevista para las donaciones entre parientes directos.
Nuestra actuación
El despacho preparó y presentó telemáticamente la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (modelo 651) por la donación de la vivienda, declarando el valor del inmueble, aplicando la tarifa correspondiente al grupo de parentesco y haciendo valer la bonificación autonómica en cuota.
Resultado
La autoliquidación se presentó e ingresó aplicando la bonificación autonómica del 99 % sobre la cuota tributaria, de modo que el importe ingresado fue el 1 % restante de esa cuota. Se trata de una autoliquidación presentada por el despacho, sujeta como cualquier otra a la eventual comprobación de la Administración tributaria dentro del plazo de prescripción. La bonificación no es automática: depende del grado de parentesco y del cumplimiento de los requisitos legales y formales exigidos en cada operación.
Viuda usufructuaria frente a la reclamación de otro llamado a la herencia
La situación
La clienta era viuda y conservaba el usufructo sobre la vivienda que constituía su domicilio habitual, integrada en la herencia de su esposo, respecto de la cual ya existía una resolución judicial firme previa. Otro llamado a la herencia, a través de su letrado, le dirigió una comunicación instando la partición y anunciando una eventual venta o subasta del inmueble, sin concretar qué bienes ni qué cuota reclamaba. La clienta además había venido atendiendo con su propio patrimonio pagos que beneficiaban al inmueble y al caudal.
Nuestra actuación
El despacho contestó en plazo a esa comunicación, manifestando la disposición de la clienta a negociar de buena fe pero requiriendo a la otra parte que concretase y cuantificase su pretensión, e indicando que el usufructo de la clienta, el régimen de protección al que estaba sujeta la vivienda y los créditos que ostentaba frente al caudal debían computarse en cualquier operación particional, y apuntó como vía de acuerdo la extinción del proindiviso.

Comunidad de propietarios

Comunidad que exige paralizar la división de un local y restituir una medianera
La situación
La propiedad de un local en un edificio de la provincia de Cádiz promovió su reforma y división, contando con proyecto básico, proyecto de ejecución visado y licencia municipal de obras. Tras remitir esa documentación a la comunidad, la junta directiva le requirió formalmente para que cesara toda ejecución de la división sin autorización previa de la junta de propietarios y restituyera a su estado original una pared medianera ya demolida.
Nuestra actuación
El despacho recibió y estudió el burofax de requerimiento remitido por la administración de fincas en nombre de la comunidad, junto con los estatutos, las actas de las juntas y la documentación técnica y administrativa de la obra.
Oposición a la apertura de un acceso peatonal en el cerramiento de una urbanización
La situación
Varios propietarios de viviendas de una urbanización acudieron al despacho ante la pretensión de ejecutar la apertura de una puerta peatonal en el cerramiento perimetral, apoyada en un acuerdo comunitario muy antiguo. Esa apertura afectaría de forma directa a sus viviendas y a la zona ajardinada colindante. En la última junta el asunto figuraba en el orden del día y fue retirado antes de someterse a votación, pese a la oposición expresa de los clientes, sin que el acta recogiese esa circunstancia.
Nuestra actuación
El despacho dirigió a la presidencia de la comunidad una oferta vinculante confidencial, como cauce previo de negociación, en la que sostuvo la invalidez del acuerdo invocado por haberse adoptado fuera del orden del día y sin la mayoría legalmente exigida, y solicitó la subsanación del acta, la inclusión del asunto como punto autónomo en la próxima junta con votación nominal y la abstención de cualquier actuación material entretanto.
Aparatos de climatización colocados en zona común sin autorización
La situación
El propietario de una vivienda en un edificio en régimen de propiedad horizontal comprobó que desde otra vivienda del inmueble se habían instalado varias unidades exteriores de climatización adosadas a la fachada del patio interior, justo enfrente de su puerta y de sus ventanas. La instalación se hizo sin licencia municipal y sin acuerdo de la comunidad, pese a que el edificio tenía prevista otra ubicación para esa maquinaria, y le generaba ruido, calor y suciedad.
Nuestra actuación
El despacho requirió primero de forma fehaciente a la comunidad de propietarios la retirada de los aparatos y la reposición de la fachada. Sin respuesta, presentó ante el ayuntamiento denuncia en materia urbanística y ambiental, solicitando inspección técnica, medición de ruido, incoación de expediente de restablecimiento de la legalidad y personación del cliente como interesado.

Reclamaciones de cantidad

Requerimiento de pago a una empresa de espectáculos por gastos no abonados
La situación
Una artista fue contratada por una empresa de espectáculos para realizar una actuación en la provincia de Cádiz. En el contrato se pactó expresamente que, además del precio del trabajo, la empresa asumiría los gastos de desplazamiento generados por el encargo. Realizado el trabajo y abonada la factura principal, la empresa dejó sin pagar los gastos de desplazamiento y el alquiler del vestuario, reconociendo la deuda por mensajería pero negándose a abonarla.
Nuestra actuación
El despacho remitió un burofax de requerimiento formal de pago por los gastos de desplazamiento y el alquiler del vestuario, concediendo un plazo de siete días naturales.
Defensa de una empresa frente a la reclamación de gastos bancarios por recibos devueltos
La situación
Una sociedad fue demandada por su proveedora de combustible, que le reclamaba los gastos bancarios generados por la devolución de dos recibos correspondientes a facturas de importe elevado. La empresa demandada había subsanado después el retraso en el pago, pero las comisiones repercutidas superaban el siete por ciento del principal de las facturas.
Nuestra actuación
El despacho contestó a la demanda y, dictada sentencia desfavorable en primera instancia, interpuso recurso de apelación sosteniendo la falta de proporcionalidad de la indemnización, la vulneración de la normativa de transparencia bancaria, la incorrecta aplicación del criterio de previsibilidad del daño y la falta de prueba sobre el carácter real y proporcionado de los gastos repercutidos, pidiendo la desestimación de la demanda o, subsidiariamente, la moderación de la cantidad.
Reclamación de cantidad resuelta a favor del cliente y confirmada en apelación Caso resuelto · 2026
La situación
Unos clientes reclamaban judicialmente una cantidad de dinero frente a varios demandados. El asunto se tramitó como juicio ordinario y, dictada la sentencia de instancia, la parte contraria interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
Nuestra actuación
El despacho dirigió la reclamación en primera instancia, impugnó el recurso de apelación de la parte contraria y, una vez firme la sentencia con condena en costas, promovió las tasaciones de costas correspondientes tanto en la instancia como en la apelación.
Resultado
La sentencia de instancia fue favorable a los clientes y el recurso de apelación de la parte contraria fue desestimado, con imposición de costas a la recurrente. Alcanzada la firmeza, se tramitaron las tasaciones de costas a favor de los clientes en ambas instancias.
Reclamación de honorarios de intermediación inmobiliaria tras una venta cerrada al margen de la agencia
La situación
El cliente es una agencia de intermediación inmobiliaria que firmó una hoja de encargo con un comprador, le buscó y le mostró un inmueble y concertó la visita con la propiedad. Posteriormente el comprador cerró la operación directamente con el entorno del vendedor, sin intervención de la agencia y sin abonar los honorarios de intermediación.
Nuestra actuación
El despacho remitió un burofax con oferta vinculante confidencial como trámite previo obligatorio y, al no alcanzarse acuerdo, presentó demanda de reclamación de cantidad por incumplimiento contractual, y preparó la prueba documental y las grabaciones aportadas por el cliente.
Reclamación por la retirada de contenedores con maquinaria de una empresa
La situación
Una empresa dedicada al lavado de vehículos venía ocupando, en virtud de sucesivos contratos con la entidad pública titular de un recinto industrial, un espacio donde guardaba maquinaria y documentación en contenedores rotulados con su nombre comercial y cerrados con candado. Sin aviso previo, esos contenedores y su contenido fueron retirados y entregados a un tercero. Acudió al despacho tras no obtener explicación ni la devolución de los bienes.
Nuestra actuación
El despacho presentó demanda civil de reclamación por responsabilidad extracontractual frente a la entidad titular del recinto y frente a la empresa que recibió los bienes, apoyada en acta notarial, en la documentación contractual de los años previos y en una tasación pericial de lo desaparecido. Formuló además escrito de oposición a la declinatoria planteada de contrario.

Ejecuciones y subastas

Adjudicación de una vivienda a la mejor postora en una subasta judicial electrónica Caso resuelto · 2026
La situación
Una particular decidió participar como postora en la subasta judicial electrónica de una vivienda que se estaba ejecutando dentro de un procedimiento de ejecución hipotecaria promovido por una entidad financiera. La operación exigía intervenir en el portal de subastas, consignar el depósito y después el resto del precio, y completar toda la tramitación registral y fiscal para poder inscribir la vivienda a su nombre.
Nuestra actuación
El despacho asumió la personación y la dirección letrada de la clienta como postora en el procedimiento, impulsó los trámites hasta la aprobación del remate y la posterior adjudicación, y se ocupó de la tramitación complementaria: testimonio del decreto, mandamiento de cancelación de cargas y liquidación de los impuestos correspondientes.
Resultado
Se dictó decreto de adjudicación de la finca a favor de la clienta como mejor postora, acordándose además la cancelación de la hipoteca ejecutada y de todas las inscripciones y anotaciones posteriores. La puja fue inferior al 70 % del valor de salida y, al no presentar la parte ejecutada un tercero que mejorase la postura ni hacer uso la ejecutante de su facultad, el remate quedó aprobado a favor de la clienta.
Un embargo por una deuda exclusiva del excónyuge se limita al 50 % de la vivienda Caso resuelto · 2025
La situación
Una persona divorciada desde hacía años se encontró con que se había embargado y sacado a subasta la totalidad de una vivienda que figuraba inscrita a nombre de ambos excónyuges, por una deuda que correspondía exclusivamente a su excónyuge y que se había generado con posterioridad al divorcio. La sociedad de gananciales estaba disuelta, aunque no liquidada.
Nuestra actuación
El despacho interpuso recurso de reposición contra la resolución que acordaba la subasta, acreditando la titularidad registral de la finca, la fecha del divorcio y el carácter privativo y posterior de la deuda, y alegando la disolución legal de la sociedad de gananciales.
Resultado
El juzgado estimó el recurso de reposición: limitó el embargo a la mitad indivisa correspondiente al ejecutado, ordenó librar mandamiento al Registro de la Propiedad para modificar la anotación preventiva en ese sentido y la subasta quedó reducida a esa mitad, quedando fuera de ella la participación de la clienta.
Defensa frente a una ejecución hipotecaria sobre la única vivienda del cliente
La situación
El cliente firmó en su día un préstamo hipotecario con una entidad financiera sobre la que era su única vivienda. Tras un deterioro grave de su situación económica y de salud se inició la ejecución, el crédito fue cedido después a un fondo de inversión y, archivada una primera ejecución por defectos en las cláusulas del préstamo, se abrió un nuevo procedimiento de ejecución sobre el mismo inmueble.
Nuestra actuación
El despacho asumió la defensa, reconstruyó el historial completo de la ejecución anterior y de las cesiones del crédito, examinó las cláusulas del préstamo y presentó escritos ante el juzgado, trabajando además la acreditación de la situación de vulnerabilidad del cliente.

Administrativo y tributario

Defensa del carácter de vivienda habitual ante un requerimiento tributario
La situación
Una contribuyente que prestaba servicio en las Fuerzas Armadas se acogió al tipo reducido en el impuesto de una compraventa de vivienda. La administración tributaria autonómica abrió una comprobación limitada y le requirió que acreditara que había habitado la vivienda de forma efectiva y continuada durante los plazos exigidos, cuestionando su residencia por las ausencias derivadas de su profesión.
Nuestra actuación
El despacho preparó y presentó el escrito de respuesta al requerimiento, acompañado de un dossier documental numerado: certificado histórico de empadronamiento, facturas de luz de varios años, histórico de lecturas de agua, declaraciones de renta, documentación de un siniestro del seguro de hogar y acreditación profesional, argumentando que la normativa específica de las Fuerzas Armadas permite compatibilizar el servicio con la residencia habitual y que los consumos son prueba cualificada de ocupación.
Recurso contra una liquidación tributaria por la venta de un inmueble
La situación
Un matrimonio recibió de la Administración tributaria una liquidación provisional del impuesto sobre la renta después de transmitir un inmueble que les pertenecía con carácter ganancial. Abonaron la deuda liquidada y discreparon del criterio aplicado por la Administración al calcular la ganancia patrimonial derivada de esa transmisión. Su reclamación en vía económico-administrativa no prosperó.
Nuestra actuación
El despacho preparó el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo ante el tribunal competente frente a la resolución que confirmó la liquidación, solicitando la reclamación del expediente administrativo completo, incluido el del procedimiento de comprobación, para formalizar después la demanda y pedir la anulación de la liquidación y la devolución de lo ingresado.
Reclamación patrimonial a un ayuntamiento por daños en un vehículo estacionado
La situación
El vehículo de un particular se encontraba estacionado en la vía pública, en un municipio de la provincia de Cádiz, cuando se desprendió sobre él la rama de un árbol situado en terreno de titularidad municipal. El vehículo sufrió daños materiales que fueron valorados por peritos. El cliente reclamó al consistorio y no llegó a recibir respuesta expresa a su solicitud.
Nuestra actuación
El despacho presentó la reclamación previa de responsabilidad patrimonial ante el ayuntamiento y, ante la falta de resolución, interpuso recurso contencioso-administrativo, aportando el atestado policial, los informes periciales, los presupuestos de reparación y la documentación gráfica. Impulsó el procedimiento y solicitó la citación de los peritos y de los agentes actuantes para su ratificación en la vista.

Mercantil y societario

Defensa de una socia frente a su baja en una cooperativa de viviendas protegidas
La situación
Una persona socia de una cooperativa de viviendas de protección oficial, que había abonado su aportación y cuota de inscripción, recibió una comunicación por la que la cooperativa pretendía darla de baja o expulsarla alegando un supuesto incumplimiento de requisitos económicos. La decisión se le comunicó de forma unilateral, sin seguir el procedimiento previsto en los estatutos ni en la normativa autonómica de cooperativas, poniendo en riesgo su derecho a la vivienda de la promoción.
Nuestra actuación
El despacho asumió la defensa en vía extrajudicial: estudio de los estatutos y de la normativa autonómica de cooperativas de viviendas, redacción y remisión de burofax con acuse de recibo exigiendo el mantenimiento de la condición de socia, solicitud de cita y presentación de escrito ante la administración autonómica competente en materia de vivienda y cooperativas, y negociación con la cooperativa y su entidad gestora.
Defensa de los administradores frente a la calificación culpable de un concurso
La situación
Una sociedad mercantil de la provincia de Cádiz llegó a una situación de insolvencia que le obligó a cesar su actividad y a extinguir los contratos de su plantilla, arrastrando deudas con proveedores, entidades financieras y las administraciones tributaria y de Seguridad Social, con embargos ya en curso. Sus administradores acudieron al despacho para encauzar ordenadamente la situación.
Nuestra actuación
El despacho preparó y presentó la solicitud de concurso voluntario con todo el inventario, la relación de acreedores y la documentación contable, atendió los requerimientos del juzgado y aceptó la propuesta de liquidación de la administración concursal. Formuló además alegaciones oponiéndose al informe que calificaba el concurso como culpable y defendió la actuación de los administradores.

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