El Albacea y el Contador-Partidor en una Herencia: Funciones, Plazos y Conflictos

Abre el testamento de su padre y en la última cláusula aparecen dos nombres y dos palabras que nadie de la familia sabe traducir: albacea y contador-partidor. A veces es la misma persona, a veces son dos distintas, y casi siempre alguien afirma con seguridad que eso significa que esa persona manda en la herencia. No es así. El albacea y el contador-partidor en una herencia desempeñan cargos con funciones diferentes, con facultades diferentes y con plazos diferentes, y confundirlos genera buena parte de los bloqueos que vemos en despachos de Cádiz, Jerez, San Fernando o El Puerto de Santa María. En estas líneas encontrará qué hace exactamente cada uno, cómo se les nombra, si cobran, hasta dónde llegan sus poderes, qué ocurre cuando el designado no acepta y por qué la partición hecha por un contador-partidor puede acabar vinculándole aunque usted no esté de acuerdo con ella.

Por qué se confunden el albacea y el contador-partidor en una herencia

La confusión tiene una explicación sencilla: en la práctica notarial española es habitual que el testador nombre a una sola persona para las dos cosas y que la cláusula diga algo parecido a «nombra albacea, contador-partidor y comisario». Al leerlo, la familia entiende que se ha designado a un administrador general de la herencia con poderes amplios. Lo que en realidad se han hecho son dos nombramientos acumulados en un mismo sujeto, cada uno con su propio régimen jurídico, su propio contenido y su propio plazo de duración.

La diferencia esencial es de función. El albacea es el ejecutor de la voluntad del testador: vela por que se cumpla lo que el testamento ordena, paga el funeral, entrega los legados en metálico, custodia los bienes y defiende la validez del testamento si alguien la discute. El contador-partidor tiene un cometido más concreto y más técnico: dividir el caudal, formar los lotes y adjudicarlos a cada heredero. Uno ejecuta; el otro reparte.

Esa distinción no es académica. Determina qué puede hacer cada uno sin pedir permiso, ante quién responde, cuánto tiempo tiene para terminar su encargo y qué remedios tienen los herederos cuando el cargo se ejerce mal. Un albacea que se pone a repartir sin tener atribuida la facultad de partir está actuando fuera de su ámbito, y una partición hecha en esas condiciones queda expuesta a impugnación.

Qué es el albacea y para qué lo nombra el testador

El punto de partida es el artículo 892 del Código Civil, que se limita a decir que el testador podrá nombrar uno o más albaceas. Es una designación puramente voluntaria: nada obliga a incluirla en el testamento y muchas herencias se tramitan sin albacea alguno. Se recurre a la figura cuando el testador prevé que su voluntad puede encontrar resistencia, cuando hay disposiciones que exigen un seguimiento en el tiempo, cuando hay legados que entregar a personas ajenas a la familia o cuando quiere que alguien de su confianza vigile el cumplimiento de lo dispuesto.

El albacea no es dueño de nada ni sucede al causante. Los herederos siguen siendo los titulares del patrimonio hereditario; el albacea es un ejecutor con facultades tasadas que actúa en interés de la voluntad del testador, no en el suyo propio ni en el de un heredero concreto. Por eso su nombramiento no priva a los herederos de sus derechos, ni convierte al albacea en propietario provisional del caudal.

Quien esté valorando incluir un albacea en su testamento conviene que entienda antes qué implica el cargo, porque una cláusula mal redactada puede dejar al designado sin facultades reales o, al contrario, generar un poder que la familia no esperaba. En el artículo dedicado a cómo hacer testamento en Cádiz, con sus tipos, costes y errores más frecuentes explicamos qué debe contener el documento para que estas designaciones funcionen de verdad.

Quién puede ser albacea, cómo se acepta el cargo y qué pasa si no se acepta

La capacidad exigida es la del artículo 893 del Código Civil: no podrá ser albacea el que no tenga capacidad para obligarse, y el menor no podrá serlo ni aun con la autorización del padre o del tutor. Fuera de esa exigencia, el testador tiene libertad total. Puede nombrar a un hijo, al cónyuge, a un amigo, a un profesional o a una persona jurídica. A diferencia de lo que ocurre con el contador-partidor, ser heredero no impide ser albacea.

El cargo es voluntario. El artículo 898 establece que el albaceazgo es cargo voluntario y que se entenderá aceptado por el nombrado si no se excusa dentro de los seis días siguientes a aquel en que tenga noticia de su nombramiento, o, si este ya le era conocido, dentro de los seis días siguientes al en que supo la muerte del testador. Es un plazo muy breve y en él está la primera trampa: quien no dice nada, acepta. El silencio del designado durante esos seis días equivale a la aceptación tácita del encargo.

Aceptar tiene consecuencias. Según el artículo 899, el albacea que acepta el cargo se constituye en la obligación de desempeñarlo, aunque podrá renunciarlo alegando causa justa a criterio del letrado de la Administración de Justicia o del notario. Y no aceptar también las tiene: el artículo 900 dispone que el albacea que no acepte el cargo, o lo renuncie sin justa causa, perderá lo que le hubiese dejado el testador, salvo siempre el derecho que tuviere a la legítima. Si el testamento le dejaba un legado como reconocimiento, ese legado se pierde; lo que corresponda por legítima, no.

Cuando nadie acepta, la herencia no se paraliza. El artículo 911 resuelve la situación atribuyendo a los herederos la ejecución de la voluntad del testador en los casos de terminación del albaceazgo y también en el de no haber aceptado el albacea el cargo. Dicho de otro modo, la falta de albacea devuelve el protagonismo a quienes lo tenían desde el principio.

Las facultades del albacea universal y las del albacea particular

El artículo 894 del Código Civil distingue dos modalidades al decir que el albacea puede ser universal o particular. Albacea particular es aquel a quien el testador encomienda una tarea concreta y delimitada: entregar un legado determinado, ocuparse del funeral, custodiar una colección o gestionar un asunto puntual. Albacea universal es quien recibe un encargo general de ejecución de todo el testamento, con las facultades que el testador le haya conferido.

Y ahí está la regla clave, que sorprende a mucha gente: el alcance real del cargo lo fija el testamento, no la ley. El artículo 901 dispone que los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes. Un albacea con una cláusula generosa puede tener un margen de actuación considerable; un albacea nombrado en una línea escueta tiene mucho menos poder del que la familia le atribuye.

Para el caso de que el testador no diga nada, la ley fija un contenido mínimo del cargo.

Conviene leer despacio ese listado, porque en él no aparece la facultad de partir la herencia, ni la de vender bienes libremente, ni la de decidir a quién se adjudica cada inmueble. El albacea sin facultades expresas vigila, custodia, paga el funeral y entrega legados en metálico contando con el heredero. Nada más. Todo lo demás necesita o bien una atribución expresa en el testamento, o bien el consentimiento de los herederos, o bien una autorización externa.

Cuando el testador nombra a varios albaceas

El propio artículo 894 permite que los albaceas sean nombrados mancomunada, sucesiva o solidariamente. Si el testador no aclara nada, el artículo 897 presume la mancomunidad: si no establece claramente la solidaridad ni fija el orden en que deben desempeñar el encargo, se entenderán nombrados mancomunadamente. Y ser mancomunados significa, conforme al artículo 895, que solo valdrá lo que todos hagan de consuno, o lo que haga uno legalmente autorizado por los demás, o lo que, en caso de disidencia, acuerde el mayor número.

Existe una válvula de escape para lo urgente. El artículo 896 permite que, en los casos de suma urgencia, uno de los albaceas mancomunados practique bajo su responsabilidad personal los actos que fueren necesarios, dando cuenta inmediatamente a los demás. Es una excepción estrecha, pensada para lo que no puede esperar a una reunión, y quien la utiliza asume personalmente el riesgo de que después se discuta si la urgencia existía.

Lo que el albacea no puede hacer sin autorización

El límite más importante afecta a la disposición de bienes. El albacea no vende el patrimonio hereditario a su voluntad. El artículo 903 contempla un supuesto muy concreto: si no hubiere en la herencia dinero bastante para el pago de funerales y legados, y los herederos no lo aprontaren de lo suyo, los albaceas promoverán la venta de los bienes muebles, y no alcanzando estos, la de los inmuebles, con intervención de los herederos. Obsérvese el orden, la finalidad tasada y la exigencia de que los herederos intervengan. Fuera de ese escenario, y salvo facultad expresa del testador, vender no entra en el contenido natural del cargo.

El propio artículo 903 añade una cautela adicional cuando estuviere interesado en la herencia algún menor, ausente, corporación o establecimiento público: la venta de los bienes se hará con las formalidades prevenidas por las leyes para tales casos. Y la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, prevé en su artículo 91 un expediente específico para la obtención de autorización para que el albacea pueda efectuar actos de disposición sobre bienes de la herencia, cuya decisión corresponde al juez.

Tampoco puede desentenderse del encargo trasladándolo a otro. El artículo 909 es terminante: el albacea no podrá delegar el cargo si no tuviese expresa autorización del testador. Puede, naturalmente, apoyarse en un abogado, en un asesor fiscal o en un perito tasador para el trabajo técnico, pero la responsabilidad del cargo sigue siendo suya y las decisiones que la ley le reserva no las puede tomar un tercero en su lugar.

Hay un tercer límite menos evidente y más conflictivo: el albacea no es juez de la herencia. Cuando surge una discrepancia sobre el sentido de una cláusula, sobre si un bien es o no ganancial o sobre si una donación anterior debe colacionarse, esa controversia no la resuelve él. El artículo 675 marca el criterio de interpretación del testamento, que se entenderá en el sentido literal de sus palabras a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador, pero cuando la duda persiste y las partes discrepan, la última palabra corresponde a los tribunales.

El plazo del albaceazgo y su prórroga

Muchos herederos descubren tarde que el cargo de albacea tiene fecha de caducidad. El testador puede fijar el plazo que quiera, pero si no lo hace la ley suple su silencio con una regla estricta.

Ese año se cuenta desde la aceptación, no desde el fallecimiento, y queda en suspenso mientras se sustancien litigios sobre la validez o la nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones. Es una precisión relevante: un albacea que se encuentra con una demanda de nulidad del testamento sobre la mesa no ve consumirse su plazo mientras el pleito dura.

Las prórrogas son de tres clases. La primera la decide el testador, y el artículo 905 exige que, si quiere ampliar el plazo legal, señale expresamente el de la prórroga; si no lo hubiese señalado, se entenderá prorrogado el plazo por un año. La segunda la deciden los interesados: el artículo 906 permite a los herederos y legatarios prorrogar de común acuerdo el plazo del albaceazgo por el tiempo que crean necesario, pero si el acuerdo fuese solo por mayoría, la prórroga no podrá exceder de un año. La tercera es la que, agotada la anterior, puede conceder el letrado de la Administración de Justicia o el notario por el tiempo que fuere necesario, atendidas las circunstancias del caso.

El cargo se extingue, además, por otras causas. El artículo 910 enumera la muerte, la imposibilidad, la renuncia o la remoción del albacea, y el lapso del término señalado por el testador, por la ley y, en su caso, por los interesados, precisando que la remoción deberá ser apreciada por el juez. Cuando el albaceazgo termina por cualquiera de esas vías, vuelve a operar el artículo 911 y son los herederos quienes ejecutan la voluntad del testador.

Qué es el contador-partidor y en qué se diferencia del albacea

El contador-partidor aparece en un lugar distinto del Código Civil y con una función distinta. La norma que lo regula es el artículo 1057, y su primer párrafo describe el encargo con una precisión que conviene retener, porque de esas pocas palabras derivan casi todos los límites del cargo.

La expresión «la simple facultad de hacer la partición» no es retórica. Delimita el encargo: dividir el caudal y adjudicarlo. No administrar la herencia con carácter general, no decidir controversias entre herederos, no reinterpretar el testamento a conveniencia. Cuando el contador-partidor se sale de ese perímetro, su actuación deja de estar amparada por el título que le legitima.

La segunda diferencia estructural con el albacea es la prohibición de que el contador-partidor sea uno de los coherederos. La razón es evidente: quien reparte no puede ser al mismo tiempo quien recibe, porque la imparcialidad del reparto es lo que justifica que la partición se imponga a los demás sin necesidad de su consentimiento. El albacea, en cambio, sí puede ser heredero, y de hecho suele serlo.

Cómo se nombra el contador-partidor y quién puede serlo

El nombramiento por el testador admite dos formas, y esto es una particularidad poco conocida del artículo 1057: puede hacerse por acto «inter vivos» o «mortis causa» para después de la muerte. Es decir, no es imprescindible que la designación figure en el testamento; cabe hacerla en un documento separado. Lo habitual, sin embargo, es que aparezca en la cláusula testamentaria, con frecuencia junto al nombramiento de albacea.

En cuanto a quién puede serlo, la ley solo excluye a los coherederos. Puede designarse a un abogado, a un notario, a un economista, a un familiar que no herede, a un amigo de confianza o a varias personas para que actúen conjuntamente. Conviene que sea alguien con conocimientos suficientes para valorar bienes y redactar un cuaderno particional, porque el trabajo es técnico y un error de valoración o de forma puede arruinar meses de gestión.

Hay un punto que suele plantear dudas: el cónyuge viudo. No es coheredero en sentido estricto por su cuota legal usufructuaria, pero sí lo será si el testamento le instituye heredero, y en ese caso queda excluido del cargo. Cuando además concurre una liquidación de gananciales previa, la posición del viudo en el reparto es lo bastante delicada como para que designarle contador-partidor genere problemas.

El testador puede también fijarle un plazo para cumplir el encargo. Si el contador-partidor designado renuncia, o si necesita más tiempo del previsto, la Ley 15/2015 y la Ley del Notariado prevén los cauces para tramitar la renuncia y la prórroga sin necesidad de un pleito.

Las funciones del contador-partidor: inventariar, avaluar, formar lotes y adjudicar

El trabajo del contador-partidor sigue una secuencia lógica que la práctica ha consolidado. Primero se determina qué compone la herencia, lo que exige localizar inmuebles, cuentas, participaciones sociales, vehículos, seguros y deudas, y separar previamente los bienes que no forman parte del caudal, señaladamente la mitad de gananciales que corresponde al cónyuge viudo. El artículo 1057 impone además el inventario con citación de los representantes legales cuando entre los coherederos hay alguna persona sujeta a patria potestad o tutela, y remite a lo establecido en las medidas de apoyo cuando el coheredero las tuviera dispuestas.

Después viene el avalúo, que es donde se juegan la mayoría de los conflictos. Valorar una vivienda en Cádiz capital, una parcela rústica en la campiña de Jerez o las participaciones de una sociedad familiar no es una operación mecánica, y cada euro de más o de menos altera el equilibrio del reparto. Cuando hay donaciones anteriores que deben colacionarse, el artículo 1045 precisa que no han de traerse a colación y partición las mismas cosas donadas, sino su valor al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios.

El tercer paso es la formación de lotes, y aquí el criterio legal es exigente. El artículo 1061 ordena que en la partición de la herencia se ha de guardar la posible igualdad, haciendo lotes o adjudicando a cada uno de los coherederos cosas de la misma naturaleza, calidad o especie. No basta con que los lotes sumen lo mismo en dinero: la ley pide homogeneidad cualitativa, de modo que no se entregue a uno todo el ladrillo y a otro todo el efectivo si puede evitarse.

El cuarto paso es la adjudicación, con los ajustes que exija la realidad de los bienes. Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, el artículo 1062 permite adjudicarla a uno a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero, aunque añade que bastará que uno solo de los herederos pida su venta en pública subasta, con admisión de licitadores extraños, para que así se haga. En el mismo momento se practican las compensaciones del artículo 1063 por rentas y frutos percibidos, impensas útiles y necesarias y daños causados por malicia o negligencia. Hecha la partición, el artículo 1068 produce su efecto característico: confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados.

Por qué la partición del contador-partidor vincula aunque los herederos no estén de acuerdo

Esta es la consecuencia que más sorprende y la que más consultas genera. Cuando el testador ha designado contador-partidor, la partición que este realice dentro de sus facultades produce efectos sin que los herederos tengan que firmar su conformidad. No es una propuesta sometida a votación; es el ejercicio de una facultad que el testador confirió y que sustituye al acuerdo unánime que en otro caso sería necesario.

El contraste con la partición convencional lo explica bien el Código Civil. El artículo 1058 solo permite que los herederos distribuyan la herencia como tengan por conveniente cuando el testador no hubiese hecho la partición ni encomendado a otro esta facultad. Y el artículo 1059 remite a la vía judicial cuando los herederos mayores de edad no se entienden sobre el modo de hacer la partición. Existiendo contador-partidor, ese camino queda cerrado: el artículo 782 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, permite reclamar judicialmente la división de la herencia siempre que esta no deba efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el letrado de la Administración de Justicia o el notario.

De ahí que el nombramiento de contador-partidor sea una de las herramientas más eficaces para prevenir el bloqueo hereditario. Cuando la familia ya está enfrentada y no hay contador designado, el reparto se convierte en una negociación en la que cualquier heredero puede paralizarlo todo, escenario que analizamos en detalle en el artículo sobre la partición de la herencia en Cádiz y los conflictos en el reparto de bienes.

Que la partición vincule no significa que sea intocable. Vincula mientras no se anule o se rescinda, y para eso existen los cauces de impugnación que se examinan más adelante. Lo que la ley evita es que un heredero disconforme pueda, por el solo hecho de no firmar, dejar la herencia indivisa indefinidamente.

El contador-partidor dativo y el papel del notario o del letrado de la Administración de Justicia

El segundo párrafo del artículo 1057 abre una salida para las herencias sin contador designado. Cuando no hay testamento, cuando el testamento no designó contador-partidor o cuando el cargo está vacante, el letrado de la Administración de Justicia o el notario pueden nombrar un contador-partidor dativo a petición de herederos y legatarios que representen al menos el 50 por 100 del haber hereditario, con citación de los demás interesados si su domicilio fuere conocido. La designación se hace según las reglas que la Ley de Enjuiciamiento Civil y la del Notariado establecen para la designación de peritos, es decir, por listas y turno, no por elección libre de los solicitantes.

El detalle del 50 por 100 es decisivo en la práctica. No hace falta unanimidad, pero tampoco basta con que lo pida un heredero minoritario: hay que sumar la mitad del haber. En una herencia con cuatro hijos por partes iguales, dos de ellos pueden poner en marcha el mecanismo aunque los otros dos se opongan; uno solo, no. Y ese umbral se calcula sobre el haber hereditario, no sobre el número de herederos, de modo que un heredero con cuota mayoritaria puede activarlo por sí mismo.

La tramitación puede seguirse por dos vías paralelas. La judicial la regula el artículo 92 de la Ley 15/2015, que atribuye al letrado de la Administración de Justicia la designación del contador-partidor dativo, los casos de renuncia o prórroga del plazo y la aprobación de la partición cuando resulte necesaria. Ese mismo precepto precisa que no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros, y fija la competencia del Juzgado de Primera Instancia del último domicilio o residencia habitual del causante, del lugar donde estuviere la mayor parte de su patrimonio o del lugar del fallecimiento, a elección del solicitante.

La vía notarial la regula el artículo 66 de la Ley del Notariado, que faculta al notario para autorizar escritura pública de nombramiento del contador-partidor dativo, de renuncia del designado o de prórroga de su plazo y de aprobación de la partición. Los criterios de competencia territorial son equivalentes a los del expediente judicial, con la ventaja añadida de que el solicitante puede acudir también a un notario de un distrito colindante. Para muchas familias de la provincia esta segunda vía resulta más ágil, aunque la elección conviene valorarla caso por caso.

La partición hecha por el dativo tiene un control añadido: requiere aprobación del letrado de la Administración de Justicia o del notario, salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios. Es una diferencia sustancial respecto del contador nombrado por el testador, cuya partición no necesita visto bueno externo. Esta vía resulta especialmente útil cuando no hay testamento y los herederos llevan años sin ponerse de acuerdo, situación que abordamos al hablar de los conflictos entre herederos en una herencia sin testamento en Cádiz.

Los límites del cargo: cláusulas dudosas, controversias y legítima

El contador-partidor no puede convertirse en intérprete definitivo del testamento ni en árbitro de los conflictos familiares. Su título le habilita para «la simple facultad de hacer la partición», y esa fórmula excluye las decisiones que impliquen resolver una controversia jurídica de fondo. Si una cláusula es oscura y los herederos discrepan sobre su alcance, si se discute la condición de heredero de alguno, si hay dudas sobre el carácter privativo o ganancial de un bien o si está pendiente la eficacia de una donación, esas cuestiones exceden del encargo. El artículo 675 fija cómo debe interpretarse el testamento, pero cuando la duda es real y las posiciones están enfrentadas, quien decide es el juez.

El segundo límite es la legítima. El artículo 806 la define como la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, y el artículo 813 le prohíbe privar a los herederos de ella salvo en los casos expresamente determinados por la ley, así como imponer sobre ella gravamen, condición o sustitución de ninguna especie, con las salvedades que el propio precepto contempla. Si el testador no puede vulnerar la legítima, menos aún puede hacerlo quien reparte por encargo suyo. El artículo 1056 lo confirma para la partición hecha por el propio testador, que se respeta en cuanto no perjudique a la legítima de los herederos forzosos.

El tercer límite tiene que ver con quienes no pueden defenderse por sí mismos. El artículo 1060 regula la intervención de menores y de personas con medidas de apoyo, exigiendo aprobación judicial en los supuestos que enumera, y el artículo 843 impone la aprobación por el letrado de la Administración de Justicia o el notario en la partición con pago en metálico de la legítima, salvo confirmación expresa de todos los hijos o descendientes.

Existe un cuarto límite que se olvida con frecuencia: los acreedores. El artículo 1082 permite a los acreedores reconocidos oponerse a que se lleve a efecto la partición hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos, y el artículo 1084 recuerda que, hecha la partición, podrán exigir el pago por entero a cualquiera de los herederos que no hubiere aceptado a beneficio de inventario. Repartir sin haber ordenado el pasivo es una forma segura de trasladar el problema a los adjudicatarios.

Cómo se impugna una partición hecha por contador-partidor y por qué motivos

La primera vía es la nulidad, que opera cuando la partición adolece de un defecto estructural. Ocurre si el contador-partidor actuó fuera de sus facultades, si era coheredero y por tanto no podía serlo, si la partición se hizo cuando su plazo ya había expirado o si se vulneró la legítima de un heredero forzoso. El artículo 1081 recoge un supuesto expreso de nulidad al disponer que la partición hecha con uno a quien se creyó heredero sin serlo será nula.

La segunda vía es la rescisión. El artículo 1073 remite a las mismas causas por las que pueden rescindirse las obligaciones, y el artículo 1074 añade la lesión en más de la cuarta parte, atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas. Es el cauce típico cuando el reproche es de valoración: un heredero sostiene que el lote que recibió vale sensiblemente menos de lo que le correspondía. El plazo es breve y perentorio, porque el artículo 1076 establece que la acción rescisoria por causa de lesión durará cuatro años contados desde que se hizo la partición.

El heredero demandado dispone de una alternativa que conviene conocer. Según el artículo 1077, podrá optar entre indemnizar el daño o consentir que se proceda a nueva partición, y la indemnización puede hacerse en numerario o en la misma cosa en que resultó el perjuicio; si se procede a nueva partición, esta no alcanzará a los que no hayan sido perjudicados ni percibido más de lo justo. Es decir, una impugnación con éxito no obliga necesariamente a rehacer todo el reparto.

No todo defecto abre la puerta a deshacer lo hecho. El artículo 1079 aclara que la omisión de alguno o algunos objetos o valores de la herencia no da lugar a que se rescinda la partición por lesión, sino a que se complete o adicione con los objetos o valores omitidos: aparecida una cuenta olvidada o una finca no inventariada, se hace una adición, no una partición nueva. Y el artículo 1080 dispone que la partición hecha con preterición de alguno de los herederos no se rescindirá a no ser que se pruebe que hubo mala fe o dolo por parte de los otros interesados, aunque estos tendrán la obligación de pagar al preterido la parte que proporcionalmente le corresponda.

La rendición de cuentas y la responsabilidad del cargo

Aceptar el albaceazgo o el cargo de contador-partidor no es solo asumir un trabajo: es asumir una responsabilidad. El artículo 907 impone a los albaceas el deber de dar cuenta de su encargo a los herederos, y añade que si hubieren sido nombrados no para entregar los bienes a herederos determinados, sino para darles la inversión o distribución que el testador hubiese dispuesto en los casos permitidos por derecho, rendirán sus cuentas al juez. El cierre del precepto es especialmente enérgico: toda disposición del testador contraria a este artículo será nula. Ni siquiera el testador puede dispensar al albacea de rendir cuentas.

Cuando el albacea no rinde cuentas voluntariamente, la Ley 15/2015 ofrece un expediente específico. Su artículo 91 contempla, entre los supuestos de su ámbito, la rendición de cuentas del albacea y su remoción del cargo, decisiones que corresponden al juez, así como la renuncia y la prórroga del plazo, que resuelve el letrado de la Administración de Justicia. Ese mismo artículo exime de la intervención preceptiva de abogado y procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros.

La remoción es el remedio más contundente. El artículo 910 la incluye entre las causas de terminación del albaceazgo y exige que sea apreciada por el juez, de modo que no basta con que los herederos pierdan la confianza en el albacea: hay que acreditar una conducta que justifique apartarle del cargo, típicamente la inacción prolongada, la gestión desleal o la actuación en beneficio propio.

En cuanto a la responsabilidad patrimonial, quien acepta un cargo de estas características queda sujeto a la regla general del artículo 1101, conforme a la cual quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas. Un contador-partidor que valora los bienes de forma manifiestamente arbitraria, un albacea que deja caducar un seguro o que permite el deterioro de un inmueble por no custodiarlo, pueden verse obligados a responder del perjuicio causado.

Si el cargo se remunera y quién paga los gastos de la partición

La regla legal sobre la retribución es clara y a menudo se ignora.

De este precepto se extraen tres consecuencias. La primera, que el albaceazgo en sentido estricto no se cobra salvo que el testador haya dispuesto otra cosa. La segunda, que el testador puede fijar la remuneración que estime oportuna, normalmente mediante un legado destinado a compensar el trabajo. La tercera, y la más relevante en la práctica, que la gratuidad del albaceazgo no impide cobrar por los trabajos de partición o por otros trabajos facultativos: quien además actúa como contador-partidor, o quien presta servicios profesionales de tasación, contabilidad o asesoramiento jurídico, tiene derecho a percibir lo que corresponda por ese trabajo. El mismo artículo añade que, si el testador lega o señala conjuntamente a los albaceas alguna retribución, la parte de los que no admitan el cargo acrecerá a los que lo desempeñen.

Sobre quién soporta el coste, el criterio es el del artículo 1064: los gastos de partición hechos en interés común de todos los coherederos se deducen de la herencia, mientras que los hechos en interés particular de uno de ellos corren a su cargo. Los honorarios del contador-partidor, la tasación de los inmuebles o los gastos de la escritura de partición son gastos comunes; el informe pericial que un heredero encarga por su cuenta para discutir una valoración, no.

Conviene pactar y documentar la retribución antes de empezar. Un contador-partidor dativo que acepta el nombramiento sin haber concretado cómo se calcularán sus honorarios se expone a que la discusión sobre la minuta acabe contaminando la discusión sobre el reparto, que es exactamente lo que se pretendía evitar al designarle.

El albacea y el contador-partidor en una herencia con bienes en la provincia de Cádiz

Las particularidades del patrimonio gaditano ponen a prueba estas figuras de forma muy concreta. Tres escenarios se repiten en los despachos de la provincia con una frecuencia que no tiene nada de casual: la finca rústica que no admite división, el inmueble de la costa que ha ido acumulando copropietarios generación tras generación y el negocio familiar que pierde su valor en cuanto se trocea. En los tres, la calidad del trabajo del contador-partidor marca la diferencia entre una herencia que se cierra y otra que se enquista.

Fincas rústicas indivisibles y unidad mínima de cultivo

En la campiña de Jerez, en la sierra de Cádiz o en los llanos de Medina Sidonia y Vejer es frecuente que la herencia incluya parcelas agrícolas que no se pueden trocear libremente. El artículo 24 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, establece que la división o segregación de una finca rústica solo será válida cuando no dé lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo, y declara nulos y sin efecto los actos o negocios jurídicos que la contravengan, sean o no de origen voluntario.

El mismo precepto añade una regla que desplaza incluso a la voluntad del testador: la partición de herencia se realizará teniendo en cuenta esa limitación, aun en contra de lo dispuesto por él, aplicando las normas del Código Civil sobre cosas indivisibles. El artículo 25 recoge las excepciones tasadas, entre ellas la disposición en favor de propietarios de fincas colindantes cuando ninguna de las resultantes queda por debajo de la unidad mínima.

El contador-partidor que se enfrenta a ese escenario no puede repartir la parcela entre los hijos como si fuese un solar. Debe adjudicarla íntegra a uno con compensación en metálico a los demás por el cauce del artículo 1062, buscar la salida del colindante o afrontar la venta, sabiendo que basta con que un heredero pida la subasta pública con admisión de licitadores extraños para que esta se imponga.

Viviendas en la costa compartidas por varias ramas familiares

El apartamento en Conil, en Zahara, en Chipiona o en Rota que los abuelos compraron hace décadas termina, dos generaciones después, en manos de seis o siete primos con usos y expectativas incompatibles: unos quieren venderlo, otros quieren seguir veraneando y otros quieren alquilarlo. Aquí la utilidad del contador-partidor es máxima, porque el artículo 1051 recuerda que ningún coheredero puede ser obligado a permanecer en la indivisión de la herencia, y prolongar la comunidad sin reglas suele acabar en un procedimiento largo y caro.

El trabajo, además, rara vez es solo de reparto. Estas viviendas arrastran descripciones registrales desfasadas, obras nunca declaradas, discrepancias con el catastro y a veces arrendamientos en vigor, y todo ello condiciona la valoración y la propia viabilidad de la adjudicación. El tratamiento registral y urbanístico de esas adjudicaciones exige el criterio de un abogado de derecho inmobiliario en Cádiz desde el momento mismo del inventario, y no cuando el notario ya tiene la escritura preparada.

El negocio familiar que conviene no trocear

La bodega en el marco de Jerez, la empresa auxiliar vinculada a la industria naval de la bahía, la explotación pesquera de Barbate o el comercio de toda la vida en el centro de San Fernando o de Algeciras plantean un problema propio. Repartir la titularidad entre varios herederos que no trabajan en la empresa suele ser la vía más rápida para destruir su valor, porque introduce en la gestión a personas con intereses divergentes y sin vínculo con la actividad.

Para esos casos el artículo 1056 permite al testador que, en atención a la conservación de la empresa o en interés de su familia, quiera preservar indivisa una explotación económica o mantener el control de una sociedad de capital, disponer que se pague en metálico la legítima a los demás interesados. No es necesario que exista metálico suficiente en la herencia, cabe abonarla con efectivo extrahereditario y el propio testador o el contador-partidor por él designado pueden establecer un aplazamiento que no supere cinco años desde el fallecimiento.

Hay una última precaución que atañe a los tres escenarios. El artículo 1067 concede a los coherederos un derecho de subrogación cuando alguno vende a un extraño su derecho hereditario antes de la partición, reembolsándole el precio en el término de un mes desde que se les haga saber, y el artículo 14 de la Ley Hipotecaria exige que, para inscribir bienes y adjudicaciones concretas, se determinen en escritura pública o por sentencia firme los bienes o la parte indivisa que corresponda a cada titular.

Una partición bien hecha por un contador-partidor solvente es, en la mayoría de los casos, la diferencia entre una herencia que se inscribe y se cierra en meses y otra que sigue abierta cuando fallece la siguiente generación. Si en su familia hay un testamento con estas cláusulas y nadie sabe cómo aplicarlas, revisar el título sucesorio y el alcance real de cada cargo antes de dar el primer paso es lo que hacemos habitualmente como abogados de herencias y testamentos en Cádiz.

Preguntas Frecuentes sobre el Albacea y el Contador-Partidor