Negligencias Médicas en Urgencias en Cádiz: Reclamación por Alta Indebida, Diagnósticos Erróneos y Demoras Injustificadas

La Lex Artis en Urgencias: Un Estándar Exigente Incluso Bajo Presión Asistencial

La sobrecarga asistencial no exime al profesional sanitario de cumplir con la lex artis ad hoc ni a la Administración de responder por los daños derivados de una organización deficiente del servicio de urgencias. El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece la responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento anormal de los servicios públicos, lo que incluye expresamente la saturación estructural de urgencias cuando deriva en perjuicio para el paciente.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente, exige que el enfermo reciba información suficiente sobre su diagnóstico provisional en urgencias y sobre los signos de alarma ante los que debe regresar, especialmente cuando se opta por el alta. La ausencia de estas instrucciones por escrito, o su entrega de forma incompleta o incomprensible, puede constituir por sí sola una vulneración de la lex artis indemnizable.

En el ámbito de la sanidad privada, la responsabilidad se exige conforme al artículo 1902 del Código Civil —responsabilidad extracontractual por culpa o negligencia— y al régimen de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007), que otorga al paciente la condición de consumidor ante centros sanitarios privados.

El Proceso de Reclamación por Negligencia en Urgencias: Vía Administrativa y Judicial

Cuando la negligencia se ha producido en un centro de la sanidad pública —como el Hospital Universitario Puerta del Mar o el Hospital de Jerez—, la reclamación previa obligatoria es la reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Administración sanitaria, regulada en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 65 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Esta reclamación se presenta ante el Servicio Andaluz de Salud y debe interponerse en el plazo de un año desde que se produjo el daño o desde que la víctima tuvo conocimiento del mismo y de su relación causal con la actuación sanitaria.

La Administración dispone de un plazo máximo de seis meses para resolver. Si transcurre ese plazo sin resolución expresa, la reclamación se entiende desestimada por silencio administrativo negativo, abriendo la vía del recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla —competentes territorialmente para reclamaciones frente al Servicio Andaluz de Salud—. En Tamayo Abogados coordinamos todo este proceso, desde la elaboración del escrito de reclamación con informe pericial médico hasta la interposición del recurso contencioso-administrativo si la Administración deniega o no responde.

Cuando la negligencia se imputa a un centro sanitario privado, la reclamación se ejercita directamente ante la jurisdicción civil ordinaria, interponiendo demanda ante el Juzgado de Primera Instancia. En estos casos es frecuente demandar conjuntamente al médico responsable, al centro hospitalario y a su compañía aseguradora, aprovechando la acción directa contra el asegurador que permite el artículo 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Si los hechos pudieran ser constitutivos de delito de imprudencia grave —supuesto previsto en los artículos 142 y 152 del Código Penal—, también puede optarse por la denuncia penal ante la Fiscalía o la presentación de querella, lo que abre la vía de la responsabilidad civil ex delicto.

El Triaje en Urgencias y las Patologías Tiempo-Dependientes: Cuando los Minutos Determinan el Pronóstico

El sistema de triaje estructurado —en Andalucía se aplica el Sistema Español de Triaje (SET), basado en el Manchester Triage System— clasifica a los pacientes según la urgencia real de su situación en cinco niveles, desde el nivel I (resucitación inmediata) hasta el nivel V (no urgente). Una clasificación errónea en el triaje —infravalorar la gravedad de un paciente que llega con sintomatología aparentemente banal pero que oculta una patología grave— puede tener consecuencias devastadoras en las llamadas patologías tiempo-dependientes: aquellas en las que cada minuto de retraso empeora significativamente el pronóstico del paciente.

Las principales patologías tiempo-dependientes en las que un error de triaje o una demora en urgencias puede generar responsabilidad son el ictus isquémico —en el que el tratamiento trombolítico tiene una ventana terapéutica de 4,5 horas desde el inicio de los síntomas—, el síndrome coronario agudo —en el que la apertura de la arteria ocluida en la primera hora reduce drásticamente la mortalidad—, la sepsis —cuya mortalidad aumenta entre un 7% y un 10% por cada hora de retraso en la antibioterapia— y el abdomen agudo quirúrgico, en el que la demora en la indicación quirúrgica puede provocar peritonitis difusa con compromiso vital.

Cuando se produce una demora en la atención de estas patologías por un triaje erróneo, por la saturación del servicio de urgencias o por la falta de protocolos adecuados de activación de los códigos de urgencia vital (Código Ictus, Código Infarto, Código Sepsis), la responsabilidad de la Administración sanitaria puede ser directa. En Tamayo Abogados hemos tramitado reclamaciones específicas en todos estos supuestos ante los hospitales de la provincia de Cádiz.

Cómo se Acredita una Negligencia en Urgencias: La Importancia del Informe Pericial

La historia clínica de urgencias es el documento central de cualquier reclamación. En ella constan el triaje, los tiempos de atención, las pruebas solicitadas, el diagnóstico emitido, el tratamiento pautado y las instrucciones al alta. Toda la cadena asistencial queda registrada y es susceptible de análisis pericial. Un médico perito especialista —habitualmente en urgenciología, medicina interna o la especialidad implicada— analiza si en cada paso se cumplió el estándar de cuidado exigible, determinando si la actuación fue correcta o negligente y si el daño sufrido es consecuencia directa del error.

El nexo causal es el elemento más complejo en las negligencias de urgencias: no siempre el paciente habría sobrevivido o se habría curado con una actuación correcta, pero sí puede acreditarse que la demora o el error privaron al paciente de una oportunidad real de curación o de un pronóstico sustancialmente mejor. Esta doctrina —conocida como pérdida de oportunidad— está consolidada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y permite obtener indemnizaciones incluso cuando no puede probarse con certeza absoluta que el resultado habría sido diferente.