El Marco Legal de la Protección del Consumidor Bancario en España

La lucha contra las cláusulas abusivas en los contratos bancarios tiene en España un sólido respaldo normativo, reforzado de manera decisiva por el Derecho de la Unión Europea. La Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, transpuesta al ordenamiento español mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), constituye el eje sobre el que pivota toda la protección del consumidor frente a la banca. El artículo 8 LCGC declara nulas de pleno derecho las condiciones generales que sean abusivas, esto es, aquellas que, en perjuicio del consumidor, causen un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones derivados del contrato. Esta nulidad opera ipso iure y puede ser declarada de oficio por los tribunales.

En el ámbito específico de la contratación con consumidores, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), complementa este régimen con una lista ejemplificativa de cláusulas abusivas en sus artículos 85 a 90. Merece especial mención el artículo 87, que califica como abusivas las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos del consumidor. Por su parte, la regulación hipotecaria se ha visto profundamente transformada por la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que introdujo nuevas exigencias de transparencia, limitó las comisiones aplicables y trasladó a las entidades el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, del coste de tasación y de los gastos de notaría y gestoría —con la única excepción de la primera copia de escritura, cuyo coste sigue siendo del prestatario—.

En materia de crédito al consumo —que regula, entre otros productos, las tarjetas revolving y los microcréditos—, la norma de referencia es la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, que exige una información precontractual normalizada, la entrega de la Información Normalizada Europea (INE) y la evaluación de la solvencia del solicitante. La Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908 —conocida como Ley Azcárate— sigue siendo, más de un siglo después de su promulgación, el instrumento jurídico más eficaz para combatir los intereses desproporcionados, declarando nulos los contratos de préstamo con un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.