Abogados para Divorcio Notarial en Cádiz

El procedimiento notarial paso a paso

Primer paso: verificación de los requisitos. El abogado examina con los clientes la composición familiar (presencia de hijos menores o con discapacidad, hijos mayores económicamente dependientes), la antigüedad del matrimonio (deben haber transcurrido al menos tres meses desde la celebración), el régimen económico matrimonial vigente y la disposición de ambos cónyuges a alcanzar acuerdo en todos los extremos del convenio. Si no concurre alguno de los requisitos, la vía adecuada es el procedimiento judicial del artículo 777 LEC.

Segundo paso: redacción del convenio regulador. A diferencia del procedimiento judicial, donde el juez y el Ministerio Fiscal revisan el convenio con cierta intensidad, en el divorcio notarial el control se centra en la concurrencia formal de los requisitos. Por eso el convenio debe ser técnicamente impecable: contenido completo del artículo 90 CC, redacción clara de las medidas, cláusulas de actualización y revisión, y previsión expresa de la liquidación del régimen económico matrimonial cuando proceda.

Tercer paso: contacto con la notaría y aportación de documentación. Una vez redactado el convenio, se contacta con la notaría elegida (libre elección entre cualquiera de los notarios del último domicilio común o del domicilio actual de cualquiera de los solicitantes). La documentación habitual es: DNI de ambos cónyuges, certificación literal de matrimonio, certificaciones de nacimiento de los hijos (para acreditar que no son menores no emancipados ni con la capacidad modificada), documentación acreditativa del régimen económico matrimonial, y el convenio regulador redactado.

Cuarto paso: otorgamiento de la escritura. En la fecha señalada, los cónyuges comparecen personalmente —no cabe representación, salvo casos excepcionales con apoderado—, asistidos por letrado en ejercicio (que puede ser uno solo de común designación o un letrado por cada parte). El notario lee la escritura, verifica la libertad del consentimiento y el cumplimiento de los requisitos legales, y autoriza el otorgamiento. La escritura incorpora el convenio regulador firmado por ambos cónyuges y por sus letrados.

Quinto paso: efectos inmediatos e inscripción. Desde el otorgamiento, el matrimonio queda disuelto a todos los efectos. El notario expide copias autorizadas para cada cónyuge y remite copia al Registro Civil correspondiente para su inscripción. La inscripción tiene efectos declarativos: el divorcio existe desde el otorgamiento, pero la oponibilidad frente a terceros se produce con la inscripción. La escritura es ejecutiva conforme al artículo 517 LEC para los casos de incumplimiento posterior.

Casos en los que el divorcio notarial no es posible

Aunque el divorcio notarial es una vía muy ventajosa, no todos los matrimonios pueden acudir a ella. La concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias obliga a tramitar el divorcio por la vía judicial del artículo 777 LEC.

Existencia de hijos menores no emancipados. Cuando la pareja tiene hijos comunes que no han alcanzado la mayoría de edad ni se han emancipado, las medidas relativas a custodia, alimentos y régimen de visitas exigen control judicial con intervención del Ministerio Fiscal. La protección de los intereses de los menores se considera de orden público y no admite la sola fiscalización notarial.

Hijos con la capacidad modificada judicialmente. Tras la reforma de la Ley 8/2021, hablamos de hijos con medidas de apoyo establecidas judicialmente. Cuando los cónyuges sean progenitores o representantes legales de un hijo, mayor de edad pero con su capacidad modificada o con medidas de apoyo establecidas, el divorcio debe tramitarse judicialmente para asegurar la salvaguardia de su situación.

Hijos mayores dependientes económicamente. Los hijos mayores de edad o menores emancipados que carezcan de ingresos propios y convivan en el domicilio familiar deben prestar el consentimiento ante el notario respecto de las medidas que les afecten. Cuando se niegan, el divorcio notarial es inviable.

Discrepancia en cualquier extremo del convenio. La esencia del divorcio notarial es el acuerdo total. Cualquier discrepancia sobre la cuantía o duración de la pensión compensatoria, sobre la atribución de la vivienda, sobre las cargas comunes, o sobre cualquier otra medida, exige la intervención judicial.

Falta de capacidad de uno de los cónyuges. Si uno de los cónyuges tiene su capacidad modificada o presenta indicios de no estar en condiciones de prestar consentimiento libre y consciente, el notario debe denegar el otorgamiento. La vía judicial, con sus garantías procesales y la posible intervención del Ministerio Fiscal, es entonces ineludible.

Matrimonios con elementos internacionales complejos. Si los cónyuges son extranjeros o si su matrimonio se celebró en el extranjero, el notario debe verificar la ley aplicable (Reglamento Roma III y reglamentos comunitarios sobre divorcio). En supuestos complejos, especialmente cuando hay menores con residencia en otro Estado, suele ser más prudente acudir a la vía judicial para asegurar el reconocimiento de la resolución en todos los Estados implicados.

Liquidación de la sociedad de gananciales en el mismo acto notarial

Una de las ventajas prácticas del divorcio notarial es la posibilidad de practicar en el mismo otorgamiento, o en una escritura inmediatamente posterior ante el mismo notario, la liquidación de la sociedad de gananciales. Esto evita dobles desplazamientos, doble facturación notarial y la incertidumbre de tener bienes en régimen de comunidad post-ganancial durante meses o años después del divorcio.

La sociedad de gananciales es el régimen económico legal supletorio en Derecho común (artículo 1316 CC). Está vigente para los matrimonios celebrados sin capitulaciones matrimoniales que pactaran otro régimen. Su disolución se produce con el divorcio, pero la liquidación —el reparto efectivo de los bienes y deudas comunes— es un acto distinto que requiere inventario, valoración y adjudicación.

La liquidación se desarrolla en cuatro fases. Inventario: identificación de todos los bienes y deudas comunes a la fecha de la disolución. Avalúo: valoración pericial o convenida de los bienes. Liquidación propiamente dicha: determinación del haber líquido a repartir, con compensación de reembolsos entre los patrimonios (por ejemplo, mejoras pagadas con dinero ganancial sobre un bien privativo, o viceversa). Adjudicación: reparto al 50% entre los cónyuges, en bienes concretos o en metálico, conforme acuerden.

La liquidación de la sociedad de gananciales practicada en escritura pública tiene una ventaja fiscal relevante: el artículo 45.I.B.3 del Real Decreto Legislativo 1/1993 (Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) declara exentas las aportaciones de bienes y derechos verificadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor se verifiquen y los traspasos derivados de las disoluciones del régimen económico matrimonial. La adjudicación a uno de los cónyuges de un inmueble que era ganancial no devenga ITP ni AJD, aunque sí debe practicarse la correspondiente liquidación del Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos en algunos supuestos.

El convenio regulador en el divorcio notarial: cláusulas esenciales

El convenio regulador incorporado a la escritura notarial debe cumplir con el contenido del artículo 90 del Código Civil. En el divorcio sin hijos menores ni con discapacidad —presupuesto del notarial—, los apartados a) sobre custodia y b) sobre régimen de visitas con abuelos son habitualmente innecesarios. Los demás (c, d, e y f) se mantienen.

Atribución del uso de la vivienda familiar. Sin hijos menores que protejan el uso de la vivienda, los cónyuges pueden pactar libremente la atribución temporal o definitiva del uso al cónyuge que más lo necesite, con cargo o sin cargo a la pensión compensatoria. Es habitual pactar un uso temporal durante el plazo necesario para la liquidación de la vivienda común o para que el cónyuge usuario obtenga otra residencia.

Pensión compensatoria. Procede cuando el divorcio produce un desequilibrio económico para uno de los cónyuges (artículo 97 CC). Su cuantía y duración deben fijarse con precisión, con previsión de actualización conforme al IPC. Cabe pactar el pago en forma de renta mensual, en un único pago capitalizado o en una combinación de ambos. Si los cónyuges discrepan en la cuantía o duración, el divorcio notarial no es viable.

Liquidación del régimen económico matrimonial. Puede practicarse en el propio convenio (con descripción concreta de los bienes adjudicados a cada cónyuge) o aplazarse a una escritura posterior. La liquidación en el propio convenio es ventajosa porque evita los costes de un nuevo otorgamiento; pero exige que se hayan acordado previamente las adjudicaciones y se conozcan las valoraciones.

Cláusulas sobre seguros, planes de pensiones y patrimonios financieros. Es habitual revisar las designaciones de beneficiarios de los seguros de vida y planes de pensiones, ya que el divorcio no las modifica automáticamente. El convenio puede prever expresamente la sustitución de beneficiarios y la coordinación con las entidades gestoras.

Cláusulas de revisión y modificación. Aunque las medidas pactadas son ejecutables y pueden modificarse por el procedimiento del artículo 775 LEC en caso de alteración sustancial de circunstancias, el convenio puede prever revisiones automáticas vinculadas a hitos concretos: jubilación, pérdida de empleo, traslado, ingreso de los hijos en la universidad.